Como Bustamante en el pasado, ahora Ledesma le clausura carteleras En su avidez por acaparar espacios públicos para la colocación de carteleras, el ex alcalde Carlos Bustamante no midió límites. Se auto adjudicó espacios propiedad de la nación, de forma ilegal, además de conceder a otros particulares permisos a todas luces irregulares. La situación ahora es investigada por CONAGUA. En una de sus últimas sesiones, el XX Cabildo de Tijuana asignó ilegalmente 42 concesiones para la colocación de carteleras en la vía pública. Más de una decena de éstas sobre el talud de la canalización del Río Tijuana y otras tantas a la altura de la línea Internacional, zona federal fuera del alcance del municipio. Entre las agencias favorecidas se encuentran Publi-Cyr, propiedad de Carlos Bustamante; y Anuncio e Imagen, de Miguel Ledesma Romo, hermano de Eduardo Ledesma, delegado de CONAGUA, y de Arturo Ledesma Romo, Síndico Procurador de Tijuana. Las autorizaciones se dieron sin las licencias de uso de suelo correspondiente y sin delimitar un término, cuando la ley establece un máximo de cinco años. Seis fueron las empresas beneficiadas con las concesiones otorgadas el 22 de noviembre. A la mitad, CONAGUA les clausuró sus anuncios publicitarios y les inició un procedimiento administrativo, aunque no presentará demanda por la invasión a zona federal. A la fecha, la dependencia federal ha clausurado 10 carteleras, seis propiedad del ex alcalde y una de la empresa de Miguel Ledesma. Los otros anuncios pertenecen a Roger Sistemas Exteriores e Intermediaciones Publicitarias, esta última no incluida en el paquete de concesiones ilegales dadas por el XX Ayuntamiento. A pesar de la violación federal y del posible daño que la colocación de las estructuras pudo ocasionar en la infraestructura la canalización del Río Tijuana, la sanción de CONAGUA sólo será de tipo administrativo, cuyo monto fluctuará entre los 5 mil y los 50 mil pesos, dependiendo del resultado del peritaje. Y es que para Ledesma Romo, que el gobierno de Carlos Bustamante otorgara concesiones por tiempo indefinido, sin los dictámenes técnicos correspondientes y en zona federal, sólo constituye “una irregularidad”, que no amerita ser llevada a los tribunales federales. Ante CONAGUA las empresas beneficiadas únicamente tendrán que acreditar los estudios técnicos que avalaron la colocación de las estructuras sin causar un daño a la propiedad de la nación, para lo cual cuentan con un lapso de casi un mes. Caso contrario serán sancionadas. Por su parte, el gobierno municipal, ahora en manos de Jorge Astiazarán Orcí, sostiene que las concesiones dadas de última hora por Bustamante serán revisadas para determinar si hubo o no irregularidad en su asignación, pero no menciona una posible revocación de éstas. Que Astiazarán investigue concesiones Desde 2011, el gobierno de Carlos Bustamante inició el levantamiento de un censo para determinar cuántos anuncios y de qué tipo se encontraban instalados en Tijuana. Para ello contó con el apoyo de la recién creada Asociación de Medios Exteriores Profesionales y Telemarketing, dirigida por José Luis López. A cambio, el organismo solicitó simplificación administrativa, condonación de recargos y multas para regularizar sus licencias, así como participación en las licitaciones para la asignación de nuevas concesiones de la vía pública. “También le facilitamos espacios para que publicitara los programas del DIF y algunas obras que el municipio desarrollaba”, precisó José Luis López. De las promesas, el gobierno municipal sólo les cumplió la condonación de recargos y multas, así como un descuento en la renovación de permisos, efectivo a mediados del presente año. De la transparencia y mayor apertura en el otorgamiento de concesiones, sólo recibieron la sorpresa de saber que el alcalde saliente se había autobeneficiado con 9 de las 42 autorizaciones entregadas. “Nos sentimos traicionados y utilizados”, señaló José Luis López en entrevista con ZETA. El comerciante ya solicitó una audiencia con Jorge Astiazarán Orcí, para que el nuevo gobierno municipal revise los criterios en los que se basó la anterior administración para dar las concesiones. “Sabemos que hay irregularidades en esos permisos porque no fueron licitados”, anotó, mientras espera respuesta del alcalde. La deslealtad de Bustamante La empresa Publi-Cyr, del ex alcalde Carlos Bustamante, recibió seis licencias –sin costo alguno– para la colocación de anuncios espectaculares en las áreas más cotizadas de publicidad en Tijuana: Línea Internacional y Zona Río. Pero en su voracidad llevó la penitencia. En un afán de que sus espacios fueran más notorios y con ello lograr una cotización mayor, acaparó áreas verdes de la Línea Internacional y el talud del Río Tijuana. 
En sábado y de noche, apenas unas horas de concluido su gobierno, las estructuras metálicas estaban siendo colocadas. Al detectar esta acción, las direcciones Jurídica y Administración de Agua del Organismo de Cuenca de la Península de Baja California de CONAGUA, procedieron a la clausura de los anuncios por poner éstos en riesgo el talud y el cuerpo del canal del río Tijuana. Por ser zona federal prohibida, se inició un procedimiento administrativo que evidenció la falta de permiso federal para la instalación de estos anuncios. Otra irregularidad detectada: la falta de sustento técnico con el que el municipio permitió la colocación de las estructuras en el lomo de la canalización y/o a menos de veinte metros del talud. “No puede el municipio dar concesiones de terrenos federales, como tampoco puede entregar permisos sin contar con el sustento técnico avalado, en este caso, por CONAGUA”, aseveró Noé Rivera Domínguez, director de Administración de la dependencia. Por si fuera poco, las concesiones aprobadas el 22 de noviembre fueron asignadas por tiempo indefinido, cuando, en el caso de áreas federales, el tiempo máximo de los permisos es de cinco años. En el caso del permiso de operación de las carteleras de Bustamante, su empresa Publi-Cyr sólo pagó a la hacienda municipal la cantidad de 637 pesos, cuando el municipio tiene estipulado un cobro de 50 mil pesos por permiso nuevo y de 22 mil si se trata de una renovación.
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