Bustamante la hizo, Astiazarán la pagará

Ayuntamiento recurrió a un crédito por 300 millones de pesos para solventar el primer mes de gobierno El desorden administrativo con el que Carlos Bustamante condujo el XX Ayuntamiento de Tijuana, aflora en los primeros días de gobierno de Jorge Astiazarán Orcí. Anomalías que la nueva administración no está dispuesta a pasar por alto, por lo que efectúa una revisión “con lupa” de cada situación que detecta, y advierte: “Si hubo desvío de recursos, se turnará a Sindicatura para que reúna los elementos que permita interponer una denuncia por peculado ante Ministerio Público”. El caos no solo se ha detectado en las finanzas, con una Hacienda prácticamente vacía y deudas a proveedores superiores a las reconocidas por el anterior alcalde; también en obras de infraestructura del Ramo 33, entregadas como concluidas y que físicamente no están terminadas. Y ni qué decir del pésimo estado de los vehículos oficiales y mobiliario. En un intento de camuflar las irregularidades, la administración bustamantista mutiló expedientes, mismos que se negó a entregar a su relevo durante el periodo de transición, como es el caso de la Sindicatura de Procuración. A sabiendas que dejaba prácticamente vacía el arca municipal, Bustamante sometió a la aprobación del último Cabildo que presidía, dos puntos en los que facultó al próximo gobierno a contratar y ejercer créditos y empréstitos hasta por un año, por el diez por ciento del total de su presupuesto de egresos autorizado; además de solicitar y ejercer recursos derivados de anticipos de participaciones federales hasta por 200 millones de pesos. Sin solvencia en caja, pero con la puerta abierta para endeudarse, el XXI Ayuntamiento tuvo que recurrir a un crédito bancario del orden de los 300 millones de pesos para solventar el primer mes de gobierno: 200 millones solo para el pago de nómina y aguinaldos a los más de 8 mil 700 trabajadores. Desde el jueves 12 de diciembre, Jorge Astiazarán inició un cabildeo en la Ciudad de México para que el Gobierno Federal le anticipe aportaciones de 2014 para concluir el año fiscal de 2013. Irregularidades en obras sociales Una revisión somera permitió al nuevo gobierno detectar que, sin culminarlas, Carlos Bustamante entregó obras a los residentes de colonias populares, mismas que contaban con un presupuesto etiquetado por el Gobierno Federal, dentro del programa social del Ramo 33. Ranier Falcón Martínez, director de Desarrollo Social Municipal, dependencia que coordina las acciones que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, indicó que se eligieron tres obras del Ramo 33 al azar, para corroborar físicamente lo que les fue entregado en papel durante la transición. El área técnica verificó algunas obras de colonias como Altamira y Alemán, encontrando que aún no están terminadas, a pesar de que ya fueron entregadas a los vecinos, lo cual es una irregularidad, porque los lineamientos marcan que no se debe entregar ninguna obra a la comunidad sin estar concluida, como se estableció en el programa. Las acciones inconclusas corresponden a calles, pluviales y baños de una escuela. Ante esta situación, se optó por revisar en forma exhaustiva cada uno de los 373 expedientes del listado de obras aprobado para su ejecución en 2013 con recursos del Ramo 33, que para este año fue de 70 millones de pesos. De la revisión surgió otra situación anómala, un faltante de documentos en cuando menos 30 expedientes de proyectos sociales. Y contando. En los archivos no se encontraron estudios socioeconómicos de las obras, ni documentación de los beneficiados, requisitos indispensables para que las acciones pudieran ser ejecutadas y el recurso invertido, señaló Ranier Falcón. “Cada expediente encontrado ha sido turnado a la Secretaría de Desarrollo Urbano, instancia que se encargará de revisar a fondo las cuestiones técnicas de las obras realizadas, algunas no terminadas”. Una vez encontrados los porqués, de ser necesario, las irregularidades serán turnadas a Sindicatura Municipal. “No se vale que se desvíen recursos federales que están etiquetados para grupos vulnerables”, lamentó el funcionario. En el resto de los programas con recursos federales que maneja la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, como Hábitat y el de Rescate de Espacios Públicos (PREP), entre otros, hasta el momento no se han detectado irregularidades en su ejecución. Sin embargo, anotó Javier Camarena Moreno, titular de SEDESOM, durante el primer mes de gobierno se revisará cada acción. “Nos apegaremos a la Ley y haremos los señalamientos ante Sindicatura, quién tiene otros treinta días para citar a los ex funcionarios, para que éstos aclaren esas irregularidades; además, tenemos un año fiscal para hacer lo conducente”, abundó. Para el funcionario, la urgencia es corroborar que los contenidos de las actas de entrega y recepción sean reales, que las obras se hayan ejecutado conforme se programó, que físicamente existan, y así poder contar con los elementos para turnar a Sindicatura. Y concluyó: “No sé dónde vaya a terminar esto, pero si es necesario que actúe Sindicatura, se turnará, para que ésta haga lo conducente: llevar el caso ante Ministerio Público”. Por su parte, el secretario de Gobierno, Bernardo Padilla Muñoz, asentó que tanto las cuentas públicas como las obras son revisadas una a una, y cualquier falla “se tendrá que notificar inmediatamente a Sindicatura (Municipal)”. “Más que una instrucción del alcalde, es lo que marca la Ley, y él lo que dice es que se cumpla la Ley. Es Sindicatura quien tiene la enorme responsabilidad de revisar y vincular estas fallas”, subrayó. Y es precisamente en Sindicatura Municipal donde se registró una mayor desorganización, comenzando por la negativa del anterior gobierno de facilitar los archivos durante el periodo de transición al síndico electo, Arturo Ledesma Romo. “Incluso pretendió limitar mis facultades”, se quejó Ledesma. Fue hasta la medianoche del 30 de noviembre de 2013 cuando Yolanda Enríquez de la Fuente, síndico saliente, le hizo entrega de la oficina y de los archivos. El orden que la ex funcionaria ponderó, con el que entregaría la dependencia, fue una falacia. Armar un expediente completo en Sindicatura es todo un caos. “Nos damos a la tarea de poner orden y, si hay irregularidades les daremos el seguimiento de Ley, vine a trabajar, no a ser comparsa de nadie”, aseveró el síndico procurador. Administración endeudada Contrario a lo que pregonó, el gobierno Bustamantista dejó un municipio más endeudado de cómo lo recibió. A la gran deuda de más de 2 mil 700 millones heredada a Tijuana, se suman pagos pendientes a proveedores por un monto superior a 700 millones de pesos, que exigen ser pagados en el corto plazo. Y contando, advierte Bernardo Padilla, secretario general de Gobierno. Previo a la entrega de la administración, Carlos Bustamante admitió que heredaría una deuda a proveedores de aproximadamente 400 millones de pesos, justificando que ésta “será mucho menor que la que se tenía cuando asumí el cargo”. No fue así, Bustamante recibió pendientes de pago del orden de los 316.7 millones de pesos, menos de la mitad de la deuda a proveedores que él deja a Jorge Astiazarán. A esa urgencia financiera hay que añadir el pago de nómina y aguinaldo, esta última, prestación a cubrir esta misma semana. Por ello, Jorge Astiazarán tuvo que recurrir a una línea de crédito bancaria, haciendo valer uno de los puntos aprobados por el anterior Cabildo, recursos que le permitirán pagar hoy viernes 13 de diciembre, la nómina y los aguinaldos pendientes. Pero el empréstito obtenido no es suficiente para solventar la emergencia económica del primer mes, apenas alcanzará para nómina y gratificaciones de fin de año. Por ello, el presidente municipal de Tijuana partió ayer jueves 12 a la capital de la República para gestionar ante el Gobierno Federal, adelantos en las participaciones, “un milloncito nos vendría bien”, dijo, cuando en realidad su necesidad inmediata es de mil millones de pesos, de los cuales ya logró solventar 300 millones, con una deuda que tendrá que cubrir en el primer año de su gobierno. Para colmo, el gobierno saliente le aprobó un Presupuesto de Egresos del orden de los 4 mil 919 millones de pesos, similar al autorizado para el presente año, sin contar el crecimiento poblacional del municipio y sus necesidades. No obstante, se comprometió a no elevar impuestos, particularmente el Predial, por lo que proyecta una campaña para captar más recursos provenientes de este gravamen, aplicando un programa de descuento a grandes morosos. “Con austeridad, pero sin carencias, saldremos adelante”, garantizó Astiazarán. Actualmente su gobierno hace un análisis del por qué no se pagó a proveedores, mientras busca cubrir pendientes con lo que ingresa de remanente a la Hacienda. Así, lo pagos extemporáneos de licencias, Impuesto Predial y recursos retenidos por el Gobierno del Estado durante la transición, permiten a la actual administración municipal cubrir el faltante, con la expectativa de comenzar de ceros el año 2014. Y mientras el Ayuntamiento busca salir adelante, cada dependencia intenta poner orden. En caso de reunirse elementos que supongan malversación de fondos, el caso se pasará de inmediato a Sindicatura, para que indague y reúna los elementos necesarios; y a su vez, turnar el caso ante Ministerio Público, instancia que deberá iniciar un procedimiento por posible peculado.