Pleito por tierras en El Sauzal

De nueva cuenta, la delegación de El Sauzal de Rodríguez fue escenario de un conflicto al interior del conocido como Rancho Villarreal, donde un actuario del Poder Judicial del Estado puso en efecto la mañana del jueves 31 de octubre, una orden de desalojo de las cinco viviendas que existen en el lugar, para luego descubrir que no podía llevar a cabo la acción. En los últimos dos años, el rancho en mención ha sido el centro de un pleito por la posesión de ocho a veinte hectáreas de terreno, que según Andrés Avelino Villarreal Agúndez y sus aproximadamente 15 familiares que viven en el lugar, proviene de engaños de su otrora contador familiar, Martín Ramos Cruz, y uno de sus parientes, de nombre Antonio Villarreal Agúndez. Poco antes del mediodía del jueves, el actuario arribó al lugar, resguardado por una veintena de policías municipales. Se hizo acompañar de varios sujetos, algunos vestidos de traje y corbata, y otros con pantalón de mezclilla y camisetas de manga corta. En el lugar, se encontraba el abogado de la familia Villarreal, Carlos Alonso Cadena Luna, quien desde julio de 2011 denunció, bajo el oficio AP/2020/11/300, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que la familia era objeto de amenazas e intimidación por parte de un comando armado. La demanda no prosperó, y tampoco disminuyeron los conflictos en el Rancho Villarreal, pues el 3 de febrero de 2012, Cadena denunció que dos sujetos armados habían acudido a amenazar a los Villarreal, y entre la discusión, dispararon una de sus armas en contra de Andrés Avelino. En esa fecha, policías municipales, estatales, federales, un helicóptero y hasta la Secretaría de Marina, se involucraron en una persecución de los presuntos agresores de Villarreal, la cual culminó con su detención en el municipio de Playas de Rosarito. Fueron identificados como Cosme Remigio Herrera García y Manuel de Jesús de los Santos León, este último, agente ministerial, quien luego fue suspendido por la propia PGJE, derivado de ese suceso. La Procuraduría no confirmó la identidad de Herrera como agente de su corporación, y poco se supo de los motivos por los que fue liberado al día siguiente junto con De los Santos León. Herrera reapareció el jueves 31 de octubre acompañando al actuario que ejecutaba la orden, y se decía apoyado en el Exhorto 177/13 del Juzgado Octavo Civil con sede en Tijuana, girado al Juzgado Primero de lo Civil en Ensenada, para que fueran removidos todos los bienes de los Villarreal del predio, y retirados los residentes del lugar. El abogado Cadena reconoció de inmediato a Herrera, quien vestía sudadera color café y pantalón azul claro de mezclilla, señalándolo como el que disparó en su contra en febrero de 2012, bajo la acusación de ser parte de los sujetos que habían estado amenazando a los residentes del rancho. A diferencia del actuario, Herrera no se identificó ante los Villarreal, ni dijo cuál era su función en el sitio. Simplemente se enfocó a comenzar a sacar del predio los bienes de la familia, junto con un pequeño grupo de obreros contratados para esa tarea. Cadena y Andrés Avelino aseguraban al actuario poseer un amparo y una orden de suspensión de actos de embargo. No obstante el arribo de los documentos al lugar, tomó cerca de una hora, y finalmente, con pruebas documentales en mano, el retiro de sus muebles y demás propiedades se tuvo que suspender. Los muebles de una recámara completa, incluyendo colchón, fotografías y plantas ornamentales, ya estaban apiladas en el exterior del rancho. Una grúa retiraba una pequeña lancha montada en un jalón para embarcaciones. Sumamente molestos, los Villarreal reclamaron a los funcionarios no haberlos esperado para que presentaran los documentos, y exigieron que Herrera respondiera, en calidad de que había ido; sin embargo, fueron ignorados. El amparo presentado por la familia Villarreal venía bajo el título de Suspensión Provisional 338/2012-5, y no aparecía bajo el nombre de alguno de ellos, sino de “SEDES DESARROLLOS INTEGRALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, contra actos del Juez Primero de lo Civil en Ensenada. El documento bajo el que operaba el actuario, era el 177/13, cuyo actor es el ex agente ministerial Manuel de Jesús de los Santos León, y el demandado, Martín Ramos Cruz.