Mineras acechan

22 proyectos en el listado de la SE y SEMARNAT La Paz, Baja California Sur. A un año de gestión, el gobierno de Enrique Peña Nieto palomeó dos proyectos mineros que el próximo año cobrarán vigencia en el norte y el sur del estado. Según datos de la Dirección General de Desarrollo Minero del Servicio Geológico Mexicano (SGM), dependiente de la Secretaría de Economía, los proyectos de minería a cielo abierto “El Arco” y “Los Cardones” pasaron la etapa de exploración y actualmente se encuentran en estatus de desarrollo para después, estimando una aprobación, detonar la producción de oro en 2014. Las propuestas mineras planeadas dentro y en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera del “Desierto de Vizcaíno” y de la “Sierra de la Laguna”, son solo dos de un listado de 22 proyectos mineros que -según datos de concesiones y planes presentados en las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)- acechan a Baja California Sur. De acuerdo al anuario estadístico del Servicio Geológico Mexicano, el estado  “tiene un gran potencial minero que data del Siglo XIX,” y “tradicionalmente ha tenido poblaciones enteras mineras que viven de la explotación de minerales y de la extracción de metales del subsuelo”. El informe estadístico indica que la media península ocupa tres primeros lugares a nivel nacional, un tercero, un cuarto y un vigesimocuarto sitio en el ranking de la explotación de recursos minerales: * Primer lugar en producción de sal, con 7 millones 335 mil 658 toneladas anuales. * Primer sitio en producción de yeso (un millón 899 mil 147 toneladas por año). * Primer escaño en producción de fosforita (un millón 690 mil 606 toneladas al año). * Tercer lugar en producción de arena (8 millones 241 mil 758 toneladas cada año). * Cuarto puesto en producción de agregados pétreos (4 millones 310 mil 168 toneladas anuales). * Vigesimocuarto sitio en producción de grava (320 mil 403 toneladas por año). Sin embargo, el coordinador de la oficina regional noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Agustín Bravo Gaxiola, expuso: “No todo lo que brilla es oro, los pobladores no reflejan esa riqueza en su modo de vida, infraestructura urbana y servicios en su comunidad, porque más allá del sueldo de los trabajadores, las compañías mineras exhibieron que no han dejado ningún tipo de beneficio social durante treinta años de operaciones que se viera retribuido a favor de la población”. Datos recabados por ZETA refieren que de los 22 proyectos mineros, solo uno está en producción, dos en desarrollo, 12 están en exploración y siete suspendidos. Son los siguientes: * Las empresas canadienses y coreanas Baja Mining Corp, Korea Resources y Hyundai Hysco, actualmente extraen sulfato de zinc, manganeso, cobalto y cobre a través de la minera “El Boleo”, en la población de Santa Rosalía. * Las compañías nacionales y canadienses Empresa Mexicana del Arco, S.A. de C.V., Desarrollos Zapal, S.A. de C.V. e Invecture Group, pretenden extraer oro a través de las mineras “El Arco” y “Los Cardones”, en el Desierto del Vizcaíno y la Sierra de la Laguna. * Innophos Inc., Argonaut Gold, Inc.,Azures Minerals, Ltd., La Pitalla, S.A. de C.V.; Productos Metálicos y Derivados, S.A. de C.V., Explotación Minera El Éxito, S.A. de C.V., Cortez Resources, S. de R.L de C.V., Las Cacachilas, S. de R.L. de C.V., Echo Bay México, S.A. de C.V.; Compañía Minera Ameca, S.A. de C.V., Compañía Minera El Triunfo, S.A. de C.V. y Compañía Minera Huajicari, S.A. de C.V., son las firmas que actualmente trabajan en la exploración en las poblaciones de Santo Domingo, San Antonio, Loreto y La Paz. * Noront Resources Ltd., Minera Paredones Amarillos, S.A. de C.V., Minera Concordia, S.A de C.V.; además de los particulares Julián Rafael Méndez Deward, Marco Antonio Martínez Mora, Martín Soto Moran y socios, Cayetano Álvarez Rodríguez, Sebastián Díaz Encinas y Darío Renán Pérez Priego, aparecen en el estatus de suspendidos. No obstante, todos buscan ingresar al listado de empresas que actualmente explotan la minería, como Exportadora de Sal, S.A. de C.V. en Guerrero Negro; Caopas, S.A. de C.V. en Isla San Marcos; y Roca Fosfórica Mexicana, S.A. de C.V. en San Juan de la Costa, en La Paz. La polémica La actividad minera -calificada como tóxica por la mayoría de los ciudadanos- encuentra desde hace cinco años una dura resistencia de la población, sobre todo porque el 40 por ciento del territorio se encuentra en estatus de área natural protegida. La propia sociedad civil ha logrado organizarse y rechazar la entrada de proyectos -principalmente canadienses- una y otra vez. El propio secretario de Fomento y Desarrollo Económico del gobierno de Baja California Sur, Joel Ávila Aguilar, tiene sus dudas y expone que “no se trata de autorizar proyectos mineros nada más por autorizarlos”, porque “debemos respetar la normatividad que está establecida de manera muy clara y precisa en el uso y aprovechamiento del suelo, donde el principal cuidado se centra en el recurso hídrico que es vital, ya que a diferencia de otras regiones, estamos en un desierto donde el agua es donde determina la vida y la subsistencia humana, y el aprovechamiento debe estar orientado a favor del agua”. A decir por el funcionario, la posición del Estado es “bienvenida la minería ambiental y responsable, siempre y cuando se atiendan primero las vocaciones regionales, y no la que deteriore el recurso natural y degrade a la sociedad. “No podemos ser oportunidad de ocasión para diez o quince años, y después de ese tiempo, no sepamos cómo atender a una sociedad que vivió de la minería, y después no podamos ofrecer alternativas, porque a diferencia de otros estados, nosotros solo tenemos turismo, pesca, agricultura y ganadería, y cualquier crecimiento poblacional debe estar equilibrado en cuanto a las oportunidades de subsistencia”, complementó. La muestra más clara de la perseverancia y el acecho es el caso de la Minera “Los Cardones”, cuyo proyecto, después de dos rechazos oficiales, fue rediseñado y reingresado en la SEMARNAT en la Ciudad de México. Con más de mil hojas en el expediente, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto minero a cielo abierto, reingresó por tercera ocasión, después de que el 27 de noviembre de 2012, la firma canadiense Invecture Group, a su vez propietaria de la empresa Desarrollos Zapal, S.A. de C.V. y titular del citado proyecto minero, decidió por voluntad propia retirar la solicitud de autorización para el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para la operación de la mina. La petición -según el expediente- había sido ingresada el 6 de septiembre de 2012, la cual fue desechada el 6 de noviembre, es decir, dos meses después, con fundamento en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento, así como del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y es que de acuerdo a la MIA, la empresa pretendía desarrollar el proyecto en una extensión de 422 hectáreas 725 metros y 1 centímetro dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna, protegida y administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). El polémico proyecto tuvo que ser sometido incluso a una Reunión Pública de Información, donde el 25 de octubre de 2012, participaron 48 ponentes en relación al proyecto de “Los Cardones”. La mayoría manifestaron su rechazo total por las inconsistencias, omisiones y errores del proyecto de minería a cielo abierto, sobre todo en el uso del agua, la construcción de una planta desaladora y la distribución del arsénico y mercurio en sedimentos de la cuenca de San Juan de Los Planes y La Ventana. Después de ese evento público, el cual quedó registrado bajo un acta circunstanciada, el propio titular -en aquel entonces- de la SEMARNAT, Juan Rafael Elvira Quesada, anunció que “el caso de la mina había sido concluido y estaba cancelado”, y desde su punto de vista, “no podría ser viable la operación del proyecto por la cercanía a la costa, y la rica flora y fauna que rodeaba el proyecto”. El funcionario federal fue más allá: “No se abrirían más puertas por donde se pudiese poner en riesgo a la Sierra de la Laguna”, sobre todo porque “el proyecto minero estaba planeado en terrenos nacionales que -en aquel tiempo- eran jurisdicción de la Secretaría de la Reforma Agraria, y estaban en la fase de pasarlos a formar parte de la SEMARNAT y destinarlos única y exclusivamente para la conservación de flora y fauna del lugar”. Por esa situación, el 27 de noviembre del año anterior, la compañía minera retiró la solicitud y anunció que pediría un recurso de revisión y presentaría -en su momento- una nueva solicitud de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, pero en el estrenado gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Según el comunicado de “Los Cardones”, la solicitud de la nueva MIA era para que la administración federal “tuviera a la mano todos los elementos necesarios para evaluar el proyecto y estuviera involucrada en el proceso, desde el inicio hasta la aprobación”. El proyecto “Los Cardones” Hoy por hoy, y según datos recabados por ZETA, Invecture Group, propietaria de la mina “Los Cardones”, cerró el 6 de octubre de 2013 una operación multimillonaria, vislumbrando la posible autorización del proyecto. Con plena seguridad y anticipándose a lo que se viene, el corporativo adquirió el proyecto de la minera “Vista Gold” en una extensión de 3 mil 710 hectáreas de terreno, en una operación de compraventa de 13 millones de dólares (aproximadamente 170 millones de pesos mexicanos). El proyecto original de “Los Cardones” y el de “Vista Gold” son los únicos que estaban estimulados para desarrollarse en los límites de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna. El resto, como el de la compañía minera La Pitalla, está contemplado en la comunidad de San Antonio, y el de Cacachilas, S. de R.L. de C.V., en un terreno entre Las Cruces y Bahía de la Vinorama, por el lado del Golfo de California. Datos recabados por este Semanario indican que originalmente la compañía minera presentó el proyecto bajo el nombre de Paredones Amarillos, y cuando fue rechazado por la sociedad, en un evidente cambio de imagen corporativa, pasó a la razón social Concordia. Ahora el controvertido proyecto fue rebautizado como minera “Los Cardones”. Según el estudio de la Manifestación de Impacto Ambiental, el proyecto minero a cielo abierto está contemplado dentro de los límites de Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna, en los predios identificados como “Jesús María” y “La Junta”, ambos propiedad de Desarrollos Zapal, S.A. de C.V. El proyecto localizado a 58 kilómetros de La Paz y 28 de Todos Santos, está contemplado a desarrollarse en cuatro etapas: exploración, explotación, beneficio y restauración del sitio. La primera fase consiste en la autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal, el cual empezó a correr desde a mediados de octubre pasado, cuando ingresó la solicitud, aunque la compañía minera aún tiene pendiente entregar un documento a la SEMARNAT. La segunda etapa abarca la explotación del yacimiento de oro por medio de dos tajos a cielo abierto, minado y separación de tepetate y mineral, con las características de desmonte y retiro de roca estéril, apertura de tajos, plan de minado, acarreo de mena, empleo de tepetate en la estructura de la presa de jales, y obras de desvío de escurrimientos de agua. La tercera fase es el beneficio del procesado del mineral del tajo en triturado y molienda de bolas para liberar los minerales, así como extracción del cianuro, recuperación de metales preciosos y almacenamiento, preparación y distribución de reactivos usados en el proceso como cianuro sódico, sosa cáustica, floculante, sulfato ferroso, sulfuro, ácido clorhídrico y cal.  Mientras que la cuarta etapa, comprende la rehabilitación física del lugar, restitución del relieve, recuperación y estabilización del suelo, traslado de flora rescatada y monitoreo de seguimiento, donde el proyecto estima invertir 43 millones de dólares en la preservación del entorno y restauración requerida. ZETA solicitó una entrevista con los directivos de Desarrollos Zapal, S.A. de C.V., pero al cierre de esta edición no recibió respuesta, únicamente un directivo expuso que la postura oficial sería fijada en caso de que el proyecto tuviera que ser sujeto a una nueva Reunión Pública de Información. No obstante, aclaró que a diferencia del penúltimo proyecto, el de ahora comprende, entre otras cosas, la construcción de una planta desaladora con capacidad de abasto diario de 7 mil 500 metros cúbicos, la cual será obtenida a través de la explotación de agua salobre de cinco pozos playeros, cada uno con capacidad nominal de mil 500 metros cúbicos y la edificación de un acueducto en forma independiente y por separado. Las reacciones El propio delegado de la SEMARNAT, José Carlos Cota Osuna, indicó que “no hay que satanizar la actividad minera”, sobre todo cuando no va en contra del medio ambiente y del entono natural, porque el estado necesita crecimiento económico, inversión y generar fuentes de empleo. “Nosotros no decimos de entrada no a todo, porque la SEMARNAT debe decir el cómo sí a las cosas y tiene la obligación de orientar a los inversionistas de cualquier actividad económica para que pueda consolidarse la inversión y traiga crecimiento, pero con un respecto absoluto a las leyes ambientales, porque no podemos violentar la Ley”, dijo textualmente. El funcionario informó que la nueva MIA de “Los Cardones” ya fue publicada en el Boletín Oficial, para que la propia sociedad revise y analice el contenido, y pueda formarse un criterio u opinión sobre el proyecto. No obstante, según el delegado José Carlos Cota Osuna, hasta la fecha más de 4 mil personas enviaron una carta curiosamente con el mismo texto y argumento, pero con nombres y firmas distintos, en una acción evidentemente dirigida, solicitando la realización de una Reunión Pública de Información. “Una sola carta es suficiente para poder determinar si vamos o no a consulta pública”, expresó Cota, para agregar: “Aunque yo creo que lo mejor es que todo mundo hable y opine para que haya consenso y se enriquezca el proyecto minero”. Durante una entrevista con ZETA, anotó que el proyecto se encuentra en estudio, en espera de un resolutivo y enmarcado con los tiempos de Ley. “Quiero ser claro, es una propuesta que todavía no está aprobada, sino en estudio, y se le ha dado entrada como a cualquiera, porque tenemos la obligación de recibirlo y revisarlo”. Asimismo, el delegado federal aclaró que el de “Los Cardones”, es por ahora el único en estudio o desarrollo en el caso de Baja California Sur, porque el proyecto de la minera de “El Arco” está siendo revisado por la delegación de Baja California, al estar contemplado en el municipio de Ensenada, el cual abarca del Acuífero Llanos del Berrendo hasta la cuenta del Vizcaíno al norte de Baja California Sur, porque requiere “de 9.5 millones de metros cúbicos de agua por año, donde previamente se perforaron ocho pozos para pruebas de producción y bombeo dentro del predio denominado Parcela del Ejido El Costeño”, indica el expediente BCA-0-1228-22-06-09. Como ya es costumbre, y como era de esperarse, apenas se supo del reingreso del proyecto “Los Cardones”, los ambientalistas fueron los primeros en reaccionar, sobre todo porque está contemplado dentro de la única cadena montañosa con la riqueza hídrica más grande del estado, y actualmente protegido por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). De ahí que la única selva sudcaliforniana -donde existe una enorme variedad de especies endémicas de flora y fauna- sea el centro de la disputa entre las mineras y los ambientalistas. El coordinador de la oficina regional de CEMDA, Agustín Bravo Gaxiola, expuso que “ahorita estamos analizando la Manifestación de Impacto Ambiental, donde de entrada observamos algunos aspectos positivos en la nueva presentación, como haber sacado la presa de jales de los limites del área natural protegida, y la construcción y utilización de una planta desaladora, en vez de usar los acuíferos de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna”. Bravo agregó que todavía existen algunos aspectos que “siguen siendo de preocupación”, aunque especificó que revisar y analizar el documento llevará todavía algún tiempo. El caso más controvertido -con todo y mejoras y replanteamientos en el nuevo proyecto-, es que el tema del Artículo 13 de la Ley de Creación de la Reserva de la Biosfera, el cual prohíbe actividades contaminantes como el depósito y la generación dentro del área natural protegida, cuyo proyecto habrá de enfrentar una barrera infranqueable para su autorización. De igual manera, reconoció que el programa de manejo de la Reserva de la Biosfera permite la minería en la zona de amortiguamiento, aunque es objetable en su constitución y legalidad, porque va más allá de los términos del decreto de creación de la Reserva de la Biosfera y contraviene, el cual deberá ser valorado partiendo de los principios de convencionalidad contemplados en el Artículo 1 de la Constitución Mexicana. Los habitantes de las poblaciones de San Antonio, El Triunfo y El Rosario, expusieron su preocupación por la posible entrada del proyecto minero, sobre todo por la herencia de “arsénico” en el suelo de estas comunidades, cuando en el Siglo XIX estuvo en apogeo la actividad minera. No obstante, el comisionado para Protección contra Riesgos Sanitarios en el estado, Jorge Lorenzo Hernández Flores, reconoció que desde hace más de un siglo el agua de las poblaciones contiene arsénico en un nivel de pentavalente, lo que de entrada descarta cualquier riesgo en la salud. “Los niveles de arsénico que hemos detectado son relativamente altos, pero no tóxicos o fuera de lo permitido por la norma de la Organización Mundial de la Salud que está en 0.025 miligramos por litro de agua,  los cuales a la fecha no han generado daños en salud o muertes de los habitantes”, concluyó el entrevistado.