Llevan al Congreso de la Unión peticiones para combatir adicciones

En el marco del 12 aniversario de la asociación civil Centro de Rehabilitación y Reintegración para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (CRREAD), su dirigente, Marco Antonio Morales Nava, aseguró que solicitaron ante el Congreso de la Unión, 41 millones de pesos para solventar los gastos en centros de rehabilitación en el estado. La petición no es en vano, Baja California ocupa el primer lugar en el país en cuanto a índices de consumo de drogas. Según la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), en una encuesta realizada en 2011, el 2.7 por ciento de los bajacalifornianos consumen metanfetaminas, el porcentaje más alto en todo México. En segundo lugar, se encuentra el consumo de cocaína, con el 3.9%, y con 7.5%, el tercer lugar corresponde a la marihuana.   Debido a estos índices, y a la situación de deportaciones y migración en la región, integrantes de CRREAD decidieron exponer el caso ante la Cámara de Diputados. Auspiciada por el diputado panista Andrés de la Rosa Anaya, la agrupación compuesta por 44 centros de rehabilitación, presentó un proyecto ejecutivo ante el presidente de la Comisión de Salud, el legislador Isaías Cortés Berumen. El recurso solicitado pretende cubrir la alimentación y aseo personal de los internos, la nómina para médicos y especialistas, entre otros insumos. En entrevista para ZETA, el también dirigente del centro “El Campito”, Antonio Morales, aseguró que autoridades municipales y estatales no atienden el problema de las adicciones, por lo que ellos mismos decidieron solicitar los recursos a nivel federal. “Nada más en este centro tenemos 200 personas, y los gastos ascienden a cerca de los 100 mil pesos mensuales, el gobierno estatal solamente nos subsidia el agua”, explicó Morales Nava. Agregó que el 13 de octubre de 1995, se publicó la Ley de Rehabilitación y Reintegración Social de Personas con Problemas de Drogadicción y Alcoholismo para el Estado de Baja California, la cual es “letra muerta”. En su Artículo 11, la Ley estipula que al ingresar por cuenta propia una persona con problemas de drogadicción a uno de estos centros, el Estado se hace cargo de los servicios de rehabilitación y capacitación, lo cual indica Morales, “nunca se ha cumplido”. Estudios realizados por la agrupación, revelan que una persona adicta en efectúa en promedio cinco robos diarios, lo que equivale a 112 mil delitos del fuero común por semana. “Le estamos previniendo a la sociedad cantidades enormes de crímenes, y aun así, las autoridades no quieren tratar el tema”, declaró Antonio Morales. CRREAD cuenta con más de 3 mil 200 internos en la entidad, la mayoría, mexicanos deportados de Estados Unidos, o bien, migrantes varados en la región, en espera de cruzar a la Unión Americana. El 11 de noviembre de 2013, el senador Ernesto Ruffo Appel presentó un punto de acuerdo donde se exhorta a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud de la Cámara de Diputados, a considerar y aprobar el incremento  al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, destinado para las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Baja California, que ofrecen tratamientos integrales a todo toxicómano y/o alcohólico que lo requiera y/o solicite.