La herencia de la PGJE

Homicidios y secuestros, temas pendientes Al ex procurador Rommel Moreno Manjarrez, abogados mexicalenses lo acusan de dedicarse a buscar reflectores y evadir su responsabilidad principal: investigar los delitos del fueron común. Lo critican por escudarse en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (solo en Mexicali), que no termina de cuajar y de ser mayormente ineficiente en la investigación de homicidios y desapariciones; de ahí que piden a la recién designada procuradora estatal, Perla Ibarra, un trabajo más eficiente que su antecesor. Sugieren iniciar por la depuración de funcionarios y agentes ministeriales en la Procuraduría, planteando este problema como una de las principales deficiencias del ex funcionario, quien ni siquiera intentó limpiar la corporación. De hecho, el propio Moreno Manjarrez se negó a presentarse a sus últimas evaluaciones por parte del Centro de Control y Confianza. En materia de indagatorias, acusan los especialistas en Derecho, ni siquiera se aplicó en las investigaciones de casa, como el asesinato del ex comandante de la Policía Ministerial del Estado, Juan Cristóbal Aguilar Aispuro, ocurrido dentro del casino Caliente, o la quema de patrullas ministeriales que involucró a Cristóbal Ruiz León, entonces titular de Política Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y a los agentes José López Hurtado y Jaime Everardo López Sánchez; aunado a la colocación de narcomantas en la capital del estado, en las que amenazaban a Francisco Valdez Verdugo. Todos, hechos ocurridos en Mexicali durante octubre de 2012. El rezago para la procuradora La lista de pendientes que el ex procurador deja a Perla Ibarra -sea por cobardía, ineficiencia o complicidad-, data del primer día de su gestión, en 2007.  De entrada, la investigación del ex procurador Antonio Martínez Luna, la cual Moreno decidió evadir, pese a conocer el contenido del  narcovideo publicado en mayo de 2007, donde  aparece el ex comandante de la Policía Judicial del Estado, José Ramón Velázquez- asesinado y cuyo cuerpo fue abandonado frente a la casa de la novia del ex funcionario-, admitiéndose corrupto, y denunciando a una veintena de agentes ministeriales involucrados con el crimen organizado. En la delación también liga al ex fiscal con el Cártel de Sinaloa. Moreno no retiró a ninguno de los mencionados del servicio activo, la mayoría de los agentes presuntamente corruptos fueron asesinados de manera violenta, o fueron detenidos tiempo después, por cometer algún delito. La PGJE no hizo nada con la información, ni siquiera incluyó a los ministeriales de la lista en un programa de depuración. Apenas hace dos semanas fue ejecutado fuera de la casa del Obispo de Mexicali -donde estaba asignado como guardia- Antonio Ruiz Vargas, agente con 25 años de carrera, pero casi con el mismo tiempo de antecedentes involucrados en el narcotráfico. La PGJE tampoco actuó ministerialmente contra quienes intentaron asesinar a los secretarios de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Alberto Capella (noviembre 2007), y de Rosarito, Eduardo Montero (diciembre 2007). Menos aún abrió expedientes para perseguir a los hombres que en los mismos meses amenazaron de muerte a los entonces alcaldes de esos municipios, Jorge Ramos y Hugo Torres Chabert. Ya en 2008, no existió registro de avances en las medidas ministeriales que debieron tomarse en contra de más de una veintena de policías municipales, federales y agentes ministeriales denunciados en abril de ese año, por el General Sergio Aponte Polito, quien reveló actos de corrupción específicos y la participación de oficiales en el asesinato de varios elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) ocurridos a finales de 2007; así como la muerte de Juan Soriano, comandante de la Policía Municipal de Tecate; y el enfrentamiento entre policías federales y sicarios del Cártel Arellano Félix el 30 de octubre en un restaurante Mariscos Godoy de Tijuana. Esos expedientes no prosperaron, al final solo quedaron en “recabando medios probatorios y agregando copias de averiguaciones previas”. Algunos de los elementos señalados, fueron retirados de la PGJE, pero no les fincaron cargos por los delitos que se les imputaban. En marzo de 2008, Armando “El Gordo” Villarreal fue ligado a los robos de cajeros automáticos y a la muerte de un policía municipal que intentó impedirlo. Fue detenido en 2011 y deportado, pero las autoridades locales no procesaron cargos en su contra. En agosto de 2008, la PGJE colocó espectaculares con las caras de los secuestradores más buscados, los letreros contenían imágenes de: Manuel Garibay Espinoza “Don Manuel”; José Luis Cárdenas López y/o José Luis Valencia Leyva; Saúl Camacho Cota; José Rafael Méndez Gutiérrez “El Güero Jícama”; Sergio Tirado Herrera; Guillermo Octavio Sánchez Camacho; Ángel García Herrera “El Tata” o “El Abuelo”; Diego Alcaraz Muciño “El Yeyo”; José Manuel García Galván “El Tiburón”; Francisco Manzo Morán “El Billy”; Eduardo González Tostado “El Mandil”; además de José Andrés López Guadiana y Jando Chávez. Algunos resultaron detenidos por cargos federales, pero la fiscalía local no ejerció acción penal en su contra. La mayoría siguen libres, evidenciando que se trató de una medida puramente publicitaria. En diciembre de 2008, la captura -incidental- del narcotraficante Víctor Serrano Galván generó que este hombre delatara a diversos agentes ministeriales, entre ellos a Plascencia Aguilar y los agentes Lomelí, Rincón y Negrete. En conferencia de prensa le atribuyeron responsabilidad en una docena de homicidios, pero de los agentes corruptos no hubo mayores indagatorias. La investigación se dio por finalizada hasta la ejecución de cinco personas en el bar La Resaca, localizado en Calzada Aviación. Entre los muertos estaba Arturo Salazar Aispuro “El Tury”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, y años después, se confirmaría que la mitad de los homicidios en que se involucró a “El G1” realmente fueron cometidos por “El Tury” luego de mantener una disputa a muerte por el control de la plaza. En 2009 destacó la impericia en el manejo del expediente del homicidio de Angélica María Muñoz Cervantes -14 de agosto-, pareja sentimental de uno de los hijos del empresario y ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, quien fue acusado por un testigo protegido del asesinato de la joven por motivo pasional. Jorge Hank Rhon fue capturado en agosto de 2011-dos años después- por posesión de armas, pero un juez federal ordenó su liberación. La PGJE recibió órdenes de la procuradora de la República, Marisela Morales, para dar curso a la investigación pendiente por el asesinato de Angélica, en tanto, otro juez determinó que la fiscalía no aportó elementos suficientes y lo liberaron. Rommel Moreno declaró que la indagatoria seguía abierta, pero dos años después, se fue sin avanzar. Otro caso álgido, cuya investigación se evadió, fue el asesinato de Rogelio Sánchez Jiménez, jefe de la Oficina de Licencias y Placas Vehiculares del Estado -9 octubre- y la entrega de licencias con nombres falsos a líderes de células del crimen organizado, en la que inicialmente se implicó a Isaac Alcalá, hermano de la sub-recaudadora de Rentas del Estado, Norma Angélica Alcalá Pescador. La impunidad también destacó en los siguientes casos de 2009: 6 de enero. Tres jóvenes adolescentes fueron asesinados frente a su escuela preparatoria. Autoridades ligaron el homicidio con la venta de drogas y el tío de uno de los menores acribillados, pero a la fecha, nadie ha sido consignado. 22 de enero. Eduardo García Simental “El Teo” y 40 elementos de su célula delictiva realizaron una fiesta en el hotel Baja Seasons de La Misión, en Ensenada. Militares llevaron a cabo un operativo. Mientras los detenidos hablaron de homicidios y cuerpos de victimas desechos en ácido, la Procuraduría local no ha concretado algún expediente de desparecidos. 30 de junio. El presunto narcotraficante Candelario Arceaga fue detenido en Ensenada, y declaró que siendo candidatos a la alcaldía de Rosarito, los panistas Luis Enrique Díaz Félix y Antonio Macías Garay le pidieron apoyo para el proceso electoral, pagándole con permisos de transporte; declaraciones que no se investigaron. Asimismo, Dariel García Ontiveros, sobrino de “El Teo”, es identificado por la PGJE como  presunto autor intelectual de una serie de extorsiones, secuestros y asesinatos de policías. No ha sido detenido. 6 de noviembre. Agentes federales robaron 300 libras de la droga conocida como cristal a miembros del crimen organizado en Tijuana. En respuesta, los siguientes días,  uniformados fueron baleados en dos ocasiones distintas, mientras se hospedaban en dos hoteles. Un civil resultó herido en uno de los ataques. Este expediente de lesión, no fue investigado por la PGJE. En 2010, en medio de un discurso en el que pretendían vender a Tijuana como ejemplo de seguridad, el Grupo Coordinación se echó para atrás y los delincuentes siguieron adelante. En ese marco se suscitó, el 18 de octubre, la balacera de traficantes contra policías municipales, que concluyó con el decomiso de 134 toneladas de marihuana. Nueve criminales fueron consignados por la posesión del enervante, ninguno por el ataque contra los uniformados, y aunque oficialmente uno de los detenidos fue vinculado al asesinato del comandante de la PGJE, Antonio Sánchez, no existe registro de que se haya ejercido acción penal en su contra. Tampoco se ha solicitado orden de aprehensión en contra del ex policía Israel Vergara  “Marquitos” por el secuestro de las sobrinas de Ismael “El Mayo” Zambada, perpetrado el  18 de octubre de 2010. Ni se ha localizado -y menos judicializado- a los asesinos que el 24 de octubre de ese año, asesinaron a 13 hombres en el centro de rehabilitación El Camino, A.C., de la colonia Buenos Aires de Tijuana. Menos aún se ha juzgado la negligencia de los policías que asesinaron violentamente a un porcentaje de los 30 internos  (17, según cifras oficiales) en los motines de septiembre de 2010 en la Penitenciaría de La Mesa en Tijuana. En 2011, destacaron las acciones ministeriales en torno al homicidio del regidor de Ensenada, Arturo Castellanos Ruiz, frente a un bar de Ensenada el 6 de enero. La fiscalía de Rommel Moreno detuvo a dos presuntos responsables materiales del asesinato del edil priista, sin embargo, hasta el momento los presuntos autores intelectuales (líderes transportistas) continúan libres. De manera extraoficial se informó que ya se tenían órdenes de aprensión, sin que esto derivara en capturas. También en Ensenada, el 19 de septiembre de 2012,  el transportista José de Jesús Jiménez López (de 72 años de edad), consuegro de Enrique Pelayo, alcalde de Ensenada, fue asesinado en el patio trasero de su casa. Ese expediente también sigue congelado. Secuestros y desaparecidos Para Miguel Ángel García Leyva, representante de la Asociación Esperanza contra Desapariciones Forzadas, la Procuraduría estatal de Moreno deja a Perla Ibarra más de 2 mil casos documentados de personas desaparecidas sin esclarecer. Durante esta administración, dijo, se creó la Fiscalía Especializada para Víctimas de Desapariciones Forzadas pero a los días se percataron del engaño. Poco a poco los casos se canalizaron a CAPEA (Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes), dejando a un lado las desapariciones. Afirmó que en este sexenio se potencializó el delito, pasando de 400 casos documentados, a 2 mil 400.  El abogado recordó que luego de años de lucha, se logró tipificar el delito de desaparición forzada, pero antes de publicarse, entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal, dejándolo nuevamente en el limbo. García Leyva refirió que otro de los pendientes fue la implementación de la Ley de Victimas para la entidad, ya que luego de aprobarse por el Poder Legislativo, fue vetada por el entonces gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, y agregó que no se puede cuantificar a las víctimas que hay en Baja California, pero la cifra es bastante alarmante. En cuanto al tema de privaciones de la libertad, existen serias deficiencias. El publicitado Grupo Antisecuestros (depurado en 2008) que defendió Rommel Moreno Manjarrez, dejó de dar resultados en 2011, año en que aseguraron, habían terminado con las bandas de secuestradores y dejaron de hacer labor de inteligencia. Las privaciones de la libertad continuaron en los últimos tres años del sexenio, pero no se contabilizaron todas. Las principales víctimas han sido comerciantes con negocios en la periferia, que no tenían contacto directo por el procurador, razón por la cual no los contabilizó, a pesar de que al ser detenido algunos de los secuestradores, confesaban varias privaciones -no incluidas en el expediente del fiscal-, pero Moreno no los incorporó en las estadísticas, justificando que las familias “no denunciaban”. El procurador también logró reducir sus números de incidencia en este delito, haciendo interpretaciones jurídicas no justificadas en la Ley: sacó de las cifras los secuestros de migrantes y lo que calificó de “levantones” cuando las víctimas, según el juicio de los investigadores PGJE -sin expediente ministerial que lo valide-, están relacionados con la venta de droga al menudeo. Habrá que esperar para conocer la estrategia de la licenciada Perla Ibarra, para saber si la nueva fiscal está interesada en reducir sus estadísticas, o en realmente combatir el delito. De muertos y asesinos Conforme a cifras oficiales de la Secretaria de Seguridad del Estado, durante la gestión de Rommel Moreno en la PGJE de Baja California se registraron 4 mil 416 averiguaciones previas de homicidio, que incluyen una cantidad no publicada de muertos, ya que un expediente puede contener varias víctimas.  En 2013, Rommel Moreno aseguró que el 35 por ciento de los asesinatos violentos se resolvían, lo cual implica que del total, durante el sexenio, en mil 545 expedientes se consignó a un presunto responsable o se giró una orden de aprehensión, dejando 2 mil 878 expedientes impunes y pendientes de resolver, como regazo para la administración de Perla Ibarra. Sin embargo, el número podría ser mayor, ya que la efectividad en homicidios de la PGJE, alcanzó el 35% hasta el último año de gestión. Un elemento que prueba esta deficiencia, es la falta de solicitudes de órdenes de aprehensión solicitadas por delitos del fuero común -homicidio, secuestro, extorsión-, cometidos por los 18 lugartenientes de Cártel Arellano detenidos durante el sexenio. En seis años, solo solicitaron órdenes de captura en contra de Fernando Sánchez Arellano (secuestro), Alfonso Arzate (dos por homicidio) y Ángel Jácome Gamboa (por homicidio) De hecho, en contra de Alfonso Lira “El Atlante” y Javier Beltrán Cabrera, líder del grupo Los Pelones -señalados por la propia PGJE como responsables del 25% de los asesinatos ocurridos durante 2013-, no existe orden de aprehensión, y concretarlas será una de las primeras tareas obligadas de la procuradora estatal. NSJP La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en Baja California, el principal tema de Rommel Moreno Manjarrez y su tarjeta de presentación para conseguir trabajo en el Gobierno Federal en 2013,  es acorde a los abogados de Mexicali, otro de los grandes pendientes, ahora heredados a la procuradora Perla Ibarra. Desde el inicio del sexenio de Guadalupe Osuna Millán, Moreno se vendió al estado como uno de los primeros que implementarían el sistema penal acusatorio. La realidad se impuso cuando se percataron de que el proceso de implementación tenía un costo muy elevado, además de que los delitos del fuero común aumentaron desproporcionadamente. El ex procurador nunca aceptó una realidad tangible para cada mexicalense, que significó el aumento sistemático de la delincuencia desde que el sistema penal acusatorio inició operaciones. Tuvo que ser  el alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla, el que aceptó que fue por este nuevo sistema que sus cifras se dispararon, pero a la vez advirtió: “Lo mismo ocurrirá cuando los demás municipios lo implementen”. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Pedro Ariel Mendívil García, calificó al NSJP de ineficiente e inoperante, al llevar a cabo apenas 53 juicios orales en tres años. Agregó que las grandes deudas que deja el procurador, crean un ambiente de impunidad en Mexicali, luego de que la PGJE apostara por la justicia por acuerdos y la negociación de casos, abandonando totalmente a la víctima. En la opinión del especialista, el delincuente fue favorecido con acuerdos reparatorios, perdones obligados y juicios abreviados, mientras el ex procurador “se dedicó los seis años a posicionarse social y públicamente a nivel estado-país, prácticamente convirtió un escaparate público de su figura y se olvidó totalmente de la investigación, de perseguir a los delincuentes, y un sistema tradicional totalmente abandonado como si fuera un aborto del sistema de justicia”. Para concluir, Mendívil García consideró que el retraso en la implementación del NSJP se debe a un problema de operatividad y de visión.