Disputa en el Valle

Residentes inconformes se enfrentan con gobierno de Pelayo El conflicto entre un grupo de residentes de los valles vitivinícolas y las autoridades municipales de Ensenada está en un punto crítico. La disputa es por el destino de las tierras del Valle de Guadalupe (VG). Los funcionarios del gobierno de Enrique Pelayo Torres y el propio alcalde, han sido señalados a lo largo de los últimos meses, principalmente por empresarios vitivinicultores de Ensenada, de promover cambios de densidades urbanas en las zonas de San Antonio de las Minas, El Porvenir y Francisco Zarco, violando procedimientos y desestimando las opiniones ciudadanas. Los acusan de tener intereses particulares en la zona. El presidente municipal se defendió a mediados de octubre de los reclamos hechos por los vitivinicultores. Su argumento fue la ignorancia. Aseguró desconocer por completo las modificaciones que se estaban proponiendo para una de las zonas turísticas más importantes del Estado de Baja California. Modificaciones que los vitivinicultores gritaban a los cuatro vientos eran irregulares y que se originaban desde la misma presidencia municipal. El 16 de octubre Pelayo tuvo su participación, pero fue su propio secretario particular, Rodrigo Morteo Ortiz, quien a través del oficio PM/1407/13 del 4 de septiembre de 2013, entregó al coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), Juan Pablo Valenzuela, la carpeta conteniendo el anteproyecto de la actualización y complementación del denominado “Programa sectorial de desarrollo urbano-turístico de los valles vinícolas de la zona norte de este municipio”. Las declaraciones del alcalde encendieron aún más los ánimos entre el grupo de residentes del VG, cuando en dicho documento, aparecían las modificaciones a las densidades habitacionales y a los destinos de las tierras del VG que ellos denunciaban. Lo habían dicho semanas atrás, y habían pedido públicamente que se revisara. Sentían que Pelayo simplemente se estaba burlando de ellos. El 9 de octubre el Copladem intentó realizar una rápida consulta pública en las oficinas de Palacio Municipal, relacionada con el Programa Sectorial de esa zona, el mismo programa incluido en la carpeta, mismo que había sido elaborado por un despacho privado denominado Piñera y Asociados Arquitectos, S.A. De C.V. Consulta que a los ojos de los vinicultores y residentes inconformes del VG no se hizo adecuadamente, no se convocó como debería y solo serviría como justificación para que las modificaciones ocurrieran antes de que terminara la actual administración municipal. Personal de Copladem les aseguraba que de cualquier manera, aun cuando se hiciera la consulta, legalmente no podían modificar los usos de suelo del valle, que sería un tema para la siguiente administración. Aunque eso no los convenció. Temían que el Cabildo se apoyara en dicha consulta para justificar lo que sería una aprobación a como diera lugar. Los inconformes denunciaron que detrás de estos cambios había intereses particulares de Pelayo, negocios ocultos en conjunto con funcionarios de su gabinete, para favorecer un proyecto de viviendas del empresario de Playas de Rosarito Carlos Lagos Yagües, quien busca la construcción de un desarrollo de hoteles de lujo y viviendas en la zona denominado Rancho Olivares, aunado a la construcción de un campo de golf. Rodolfo Mellado Pérez, actual director de comercio, alcoholes y espectáculos públicos en el Ayuntamiento, ya había asesorado en la construcción de un campo de golf que está en proceso en el corazón de la ruta del vino. Y era precisamente uno de los funcionarios acusados por los vitivinicultores de formar parte de este gran negocio. Además de Mellado aparecen otros funcionarios del gabinete de Pelayo involucrados en este proyecto. En el campo de golf está Ricardo Zazueta Villegas, vinculado en negocios con Carlos Lagos, y quien durante el gobierno de Pelayo Torres ha ocupado el cargo de subsecretario de gobierno y delegado de Francisco Zarco, una de las zonas en conflicto. Este mismo año, la directora de Control Urbano del gobierno municipal, Olga Oliva Valdez, compró un terreno de 15 mil 305.84 metros cuadrados, cercano al proyecto de Carlos Lagos, en el Ejido El Porvenir, a un precio de 15 mil pesos. Algo así como, a un peso el metro cuadrado, lo que sería una ganga. La consulta de Copladem nunca se logró, las declaraciones de Pelayo apuntaban a que el asunto no sería tratado en los últimos días de su administración. Que los usos de suelo del VG se mantendrían tal como estaban. Pero no fue así. La noche del 7 de noviembre, en una Sesión de Cabildo extraordinaria, de extrema urgencia y programada como privada, los regidores presentaron el tema al pleno. Y no fue a través de la aprobación del Programa Sectorial. Los regidores de la Comisión de Gobernación y Legislación, coordinada por el priista Luis Raymundo de la Mora Arvide, incluirían los cambios a las densidades permitidas para la construcción y aprovechamiento de las tierras del VG, a través de un nuevo estatuto municipal denominado: “Reglamento de zonificación y uso de suelo para el programa sectorial de desarrollo urbano-turístico de los valles vitivinícolas de la zona norte de Ensenada, Baja California”. Fue el dictamen 74/2013. En este documento se establecieron densidades habitacionales mayores a las que existían hasta ese día en el VG, y fue tomado de una propuesta previa para la creación de un reglamento en la zona, que había solicitado la regidora panista María del Carmen Íñiguez Casanova. Los regidores tomaron la propuesta de Íñiguez, y la modificaron a modo. En este reglamento se establecía para asentamientos humanos, densidades de 20 viviendas por hectárea y 60 a 100 cuartos por hectárea, con una superficie mínima de 300 metros cuadrados. Misma densidad para las áreas urbanizables. Mientras que en zonas condicionadas al desarrollo, la densidad es de una vivienda por hectárea. El objetivo y lo denunciado finalmente se hizo. Cambiaron las densidades y con ello, el multimillonario proyecto de Lagos y otros similares ya encajan. 183 viviendas entre viñedos, 206 viviendas entre olivares, 37 haciendas, 4 hoteles, 298 unidades de tiempos compartidos, 20 bodegas, 127 hectáreas de zonas verdes y espacios libres, cerca de 3 hectáreas de viñedos, 250 hectáreas de reservas agrícolas, y un campo de golf de 9 hoyos con golf club mirador. Los residentes del VG inconformes con los oscuros acuerdos del gobierno municipal se sintieron traicionados. Los regidores les habían dicho que el Programa Sectorial no sería abordado, pero fue una verdad a medias. El asunto de fondo no era el título de la iniciativa, era la modificación a las densidades urbanas, eso sí fue tratado por el Cabildo. El único voto en contra vino de la regidora Íñiguez Casanova, mientras que Pelayo Torres, autoproclamado ignorante del tema, votó en abstención. Los detalles del reglamento aún siguen siendo analizados por abogados del sector vitivinícola inconforme. Mientras tanto, el 9 de noviembre, las manifestaciones comenzaron a darse en las calles de la ciudad. Cientos de residentes de los valles vitivinícolas se manifestaron ese sábado, y realizaron una caravana de rechazo por el actuar del cabildo ensenadense. Recorrieron a bordo de unos 200 vehículos diversas calles de la ciudad, sonando los cláxones y con leyendas pintadas en las ventanas acusando de corruptos a regidores y alcalde. Una de las calles que recorrieron los manifestantes fue la que pasa justo enfrente de una de las casas del alcalde Enrique Pelayo Torres, sin que se registrara ningún incidente, salvo chiflidos y pitidos. El recorrido terminó en el Valle de Guadalupe minutos después. “Pelayo, qué bueno que te vas… ¡a la cárcel!”, decía uno de los mensajes pintado en la ventana de un automóvil. En otros de los mensajes que exhibían los manifestantes se podía leer los siguiente: “Pelayo traidor”, “No al cambio de uso de suelo”, “Rata de dos patas”, “Pelayo corrupto”, “Traidores”, “Basta de corrupción”, “Quieren destruir el Valle de Guadalupe”, “Pelayo, cuánto te dieron por vender el Valle de Guadalupe”. Luego de esta manifestación, el lunes 11 de noviembre, un grupo de regidores intentó dar una explicación del asunto. Alberto Moreno Garayzar del Partido Nueva Alianza; Hilda Chanes Miranda del Verde Ecologista; Antonio Lomelí Sedano, Raymundo De la Mora Arvide, Adriana Lencioni Ramonetti del PRI; Joaquín Bolio Pérez del PRD, y Lorenzo Cárdenas Zertuche del Partido del Trabajo, armaron una rueda de prensa en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, y defendieron entre contradicciones su atropellado proceso. “El afán de linchamiento ha sido a través de los medios […] ellos han utilizado los medios para generar este afán de linchamiento”, aseguró el regidor Moreno. Enterados a través de rumores sobre la realización de la Sesión de Cabildo el 7 de noviembre, algunos vitivinicultores se presentaron al Palacio Municipal. Fue ahí, antes del inicio de la sesión cuando Moreno Garayzar les aseguró que no sería abordado el tema del programa sectorial del VG. El programa no fue emprendido pero sí el reglamento, y en esencia, el asunto central que preocupaba a los vitivinicultores fue el mismo. En la rueda de prensa del 11 de noviembre, el regidor Lomelí Sedano admitió lo opuesto a Moreno. Dijo que sí tenía contemplado abordar el tema del Programa Sectorial, pero luego lo quitaron del orden del día. Raymundo De la Mora, afirmaría que había sido el mismo reglamento, pero con leves modificaciones, que solicitó revisar la regidora del PAN Íñiguez Casanova, a quien le habían negado turnar a comisiones ese tema en sesiones anteriores. Minutos después de que el regidor De la Mora dijera que todo se había elaborado siguiendo las formas y la legalidad, la regidora de su partido, Adriana Lencioni Ramonetti afirmaba que por la comisión que ella preside, la de Desarrollo Urbano y Ecología, el documento simplemente nunca se abordó. Aun cuando tenía relación directa con los temas que en esta comisión se deben revisar. “Aclaro primeramente que (el reglamento, a la comisión de) desarrollo urbano y ecología no fue pasado. Porque era un reglamento que vino del Estado y se tenía que pasar a (la comisión de) gobernación, no sé por qué. Sé porque un reglamento (desarrollo urbano y) ecología no lo puede llevar”, atinó a decir entre un enredo de palabras la regidora Lencioni. Luego el regidor del PRD comenzó un elaborado monólogo que lo llevó a las historias de vida de los jornaleros y su derecho de tener una casa digna en el Valle de Guadalupe, de los malos sueldos de los trabajadores y del dinero que se gastaron sus patrones en la caravana de repudio hacia los regidores, el fin de semana pasado, en vez de gastarlo en otra cosa. Bolio, acusó al abogado y vinicultor Jaime Palafox Granados solo de buscar los reflectores de la prensa. “Mas sin embargo (sic), sí nos piden un reglamento como traje a la medida de 20 o más, algunos empresarios de la zona, y los demás si no están con ellos no entran en este reglamento o el reglamento no puede ser perfeccionado a raíz de que pueda ser también en beneficio de los demás actores que residen o viven en el Valle, incluyendo algunos empresarios de gran peso de la zona, que están de acuerdo que se haga un reglamento que permita el desarrollo de todo en conjunto y no de algunos cuantos como lo ha venido mencionando el señor Palafox, y que ha utilizado este conflicto para salir en los reflectores y salir a la opinión pública después de haber estado en la congeladora. Que ese es el fondo del asunto del señor y que debe de asesorar puntualmente si es que le pagaron, así como él ha manifestado, pues que diga cuánto le pagaron para asesorar a todos estos agricultores”, acusó Bolio. “Yo nada más quiero que quede muy claro que nosotros como regidores no somos los que estipulamos si una sesión es ordinaria o extraordinaria, ni la hora ni el día en que vamos a sesionar”, manifestó la regidora Chanes del Partido Verde, en lo que fue una de sus más largas intervenciones en el Cabildo. Los argumentos fueron variados entre los regidores presentes, todos justificando y asegurando haber hecho lo correcto a pocos días del cierre de la administración actual. Moreno Garayzar advertiría durante los últimos minutos de la rueda de prensa, que el Congreso del Estado no tenía facultades para detener la publicación del reglamento, y que el Ejecutivo del Estado, encabezado ahora por Francisco Arturo Vega de Lamadrid, está obligado a publicar el reglamento, “no es una consideración”, dijo. Envuelto en la polémica, el empresario Carlos Lagos Yagües aseguró que existe “mucha desinformación” respecto a su proyecto, Rancho Olivares en el Ejido El Porvenir. Comentó a ZETA, que será la próxima semana cuando emitirá un posicionamiento sobre lo que está ocurriendo en el Valle, y los desencuentros entre grupos de vinicultores. Los grupos inconformes, y como lo han mencionado Palafox Granados y Alberta Ceja, del Sistema Producto Vid, continuarán buscando que se dé marcha atrás a los cambios en la reglamentación de las tierras del Valle. Existen ya peticiones de audiencia con el actual gobernador Vega. Esperan que sea el Ejecutivo quien frene este proceso, y han hecho un llamado al Poder Legislativo del Estado para que también se involucre. El 10 de noviembre vitivinicultores, hoteleros y empresarios del VG, sostuvieron una reunión con un grupo de diputados locales, siendo el tema central los cambios de densidades en las tierras del Valle. Al día siguiente, el diputado ensenadense Marco Antonio Novelo Osuna, anunciaría su apoyo a los residentes de estas tres delegaciones. La petición, dijo Novelo en un comunicado, era que los diputados solicitaran al Gobernador Francisco Vega, a través de la Junta de Coordinación Política, se detuviera la publicación del reglamento en el Periódico Oficial del Estado. El diputado emanado del PRI, “manifestó su apoyo solidario a los vitivinicultores, expresando que en este caso en particular, se violenta no solo un ordenamiento legal creado para cuidar las actividades económicas y laborales de una región, sino que se violenta el derecho soberano, para que las comunidades decidan con plena determinación, las actividades que más se apegan al desarrollo que aspiran”, decía el comunicado. Y agrega: “También declaró, que el pasado mes de octubre presentó un oficio ante Cabildo y al Síndico Procurador, solicitando a la brevedad la oportunidad para que el Cabildo recibiera a una comitiva de ciudadanos y productores del Valle que denunciaban actos arbitrarios de la autoridad al margen de la ley. Solicitud que nunca fue respondida”. En esa misma reunión, los vinicultores y diputados tuvieron comunicación vía telefónica con el gobernador Vega de Lamadrid, quien les aseguró que de presentarse violaciones a las normatividades para la elaboración del documento, el gobierno del Estado no lo publicaría. Sin embargo, a la fecha no ha definido si existen o no, legal o normativamente, fallas en el mismo. Por otro lado, el comité directivo del PRD en Ensenada se deslindó de apoyar la postura del regidor del PRD Joaquín Bolio, a quien ya le habían sido suspendidos sus derechos como militante de ese partido desde el 2012, cuando decidió sumarse a la campaña del PRI, y apoyar abiertamente a Fernando Castro Trenti. “El Regidor Joaquín Bolio Pérez votó a favor de este proyecto, ante dicho suceso el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se deslinda de la decisión de uno de nuestros representantes, quien desde el pasado proceso electoral traicionó los principios y estatutos del partido al apoyar a candidatos de otras fuerzas políticas”, refirió el PRD local a través de un comunicado. “La actuación del Cabildo en lo oscurito es un acto de agresión al Valle de Guadalupe y a los ciudadanos ensenadenses, al permitir otorgar permisos de construcción para poder realizar edificaciones violentando el uso de suelo ya establecido. El atractivo turístico del Valle de Guadalupe genera una enorme derrama económica en beneficio del estado y ha puesto a Ensenada como un atractivo turístico nacional. En el PRD, no estamos de acuerdo con dicho proyecto. Queremos nuestro Valle libre de construcción urbana”, concluye el comunicado, firmado por Arturo Serratos Tejeda, Secretario General del PRD en Ensenada y actual regidor electo. El miércoles 13 de noviembre por la tarde los integrantes del Comité Provino en Ensenada cerraron filas y advirtieron que si el Alcalde Enrique Pelayo Torres y/o el Cabildo de Ensenada no daban marcha atrás al reglamento que aprobaron la semana pasada, no organizarían las Fiestas de la Vendimia en 2014. Este fue uno de los acuerdos a los que llegaron, y la postura formal emitida por su actual presidente, el ingeniero Joaquín Prieto. El Comité Provino es uno de los principales promotores de las actividades vitivinícolas en Baja California, y está integrado por 24 vinícolas que son: Rincón de Guadalupe; Hacienda La Lomita; Las Nubes Bodegas y Viñedos; Pernod Ricard México; Vinos Pedro Domecq; Viñas de Garza; Vinisterra; Viñas Pijoan; Norte 32; Vitivinícola Tres Valles; Villa Montefiori; Vena Cava; Sinergi-VT; Vinos Shimul; Viñedos Lafarga; Aborigen; Viña de Liceaga; El Mogor; Monte Xanic; Château Camou; Bibayoff; Santo Tomás; Cavas Valmar; Casa de Piedra; y Adobe Guadalupe. Su medida refleja una postura radical en torno al tema de la nueva reglamentación del Valle, que a decir de los regidores que votaron a favor de la misma, ya está vigente, aun cuando no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado. Las Fiestas de la Vendimia son una serie de eventos celebrados anualmente y organizados por Provino durante el mes de agosto, que incluye muestras de vinos, seminarios, recorridos por viñedos, eventos artísticos de todo tipo, y cenas de gala. Una fuerte derrama económica para el sector turismo. Con información disponible en los portales de Internet de gobierno del Estado, el más reciente de 2010, se estima que este evento produjo una derrama económica de 42 millones de dólares, según cálculos de la Secretaría de Turismo del Estado. Y más de 30 mil visitantes en ese entonces. La pugna continúa y de entre la serie de posturas sobre este asunto, la del gobernador Vega, aún se desconoce. Sesionan solo dos regidores en anteproyecto del Valle Sin quórum formal para sesionar, el 29 de octubre de 2013, únicamente dos de los cinco regidores que integran la Comisión de Gobernación y Legislación del XX Ayuntamiento de Ensenada -Raymundo de la Mora Arvide y Alberto Moreno Garayzar-, iniciaron con los trabajos relativos al anteproyecto del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo para el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte de Ensenada, B.C. Legalmente, las comisiones no pueden sesionar sin mayoría de sus integrantes, sin embargo, ese día lo hicieron y arrancaron con una reunión formal de trabajo donde estuvieron presentes personal del IMIP, vitivinicultores y regidores de otras comisiones. Ese día, por motivos del fallecimiento de un familiar cercano, el regidor Aníbal Santana Chaires solicitó permiso para ausentarse, mientras que las regidoras Hilda Chanes Miranda y Livia Couttolenc Plazola, no se presentaron a los trabajos de arranque. Todos son integrantes de la Comisión que aprobaría el dictamen. Habían sido convocados desde el 24 de octubre por el regidor De la Mora, bajo el oficio C.G.L./138/2013, para sesionar a partir de las 10:30 am. Y así fue. El resto de los regidores, Guillermo Arámburo Vizcarra, titular del IMIP, y Jaime Palafox Granados por parte de los vinicultores, estuvieron puntuales. Los regidores trabajaron una sesión que, de acuerdo a los reglamentos municipales, como primer punto debió haber verificado la asistencia y quórum legal, y no había tal.