Lo primero que le detectaron fue la infidelidad. Estableció relaciones pasionales con una mujer de la oficina de Presidencia Municipal. Se enviaron hartos mensajes que de lo amoroso, pasaron a la transgresión de las leyes y la buena administración pública. Después, investigando los ilícitos ya encontrados, se reveló que había utilizado a cercanísimos familiares para otorgar en concesión contratos de obras a sus amigos, compadres y conocidos, siempre a cambio -por supuesto- de una comisión de los millonarios convenios. Siguiendo el hilo de la mala administración, el alcalde malversó fondos públicos, y hubo quien desde la Iniciativa Privada y en la tramitación de permisos, lo denunció por extorsión. Para colmo, también le detectaron fraude fiscal en las cuentas y contratos firmados por el Municipio. Si la historia le suena conocida, es probable que Usted sea residente de Tijuana y haya leído los periódicos en los últimos tres años -particularmente en el último mes-, que dan cuenta de ese tipo de excesos en la administración municipal del XX Ayuntamiento de Tijuana -finalmente y gracias a la Ley, concluye el 30 de noviembre-, a cargo de Carlos Bustamante Anchondo. Pero no, la historia que relato al inicio de esta columna, es la de Kwame Kilpatrick, quien como alcalde de la ciudad de Detroit, cometió esos delitos, por los que hace unos meses fue condenado a 28 años de prisión. La primera ocasión que me enteré del final de proceso legal de Kwame, fue en Reno, Nevada, donde me encontraba invitada por la Universidad de Nevada en Reno, y la Escuela Reynolds de Periodismo. En uno de los actos organizados, mis anfitriones invitaron a uno de los periodistas que develó el affair del alcalde de Detroit, Michigan. Cuando comenzó su plática, enumerando las acciones consideradas ilícitas por parte del ex funcionario norteamericano, la historia también me sonó conocida. Compartí con el periodista los hechos que sucedieron en Tijuana durante los últimos tres años: los contratos del alcalde para sus compadres en obras públicas, más asfalto que cemento en manos de sus amigos, las comisiones que le dio a otros amigos por “conseguirle” fondos federales, los 19 millones de pesos que pagó para endeudar más a la ciudad con un cuestionado refinanciamiento de la deuda pública municipal; las jóvenes que metió en la nómina y posteriormente basificó, las juntas de gabinete donde funcionarios atestiguaron la presencia del hijo del alcalde en la toma de decisiones, el millonario y fallido convenio para cambiar todas las luminarias que hoy están a oscuras. Sorprendido, por las similitudes entre las acciones de un alcalde y otro, el periodista de Detroit lo estuvo más cuando supo que en México, no se lleva a juicio a los funcionarios por abusar del poder, de la nómina y de los recursos públicos. Después de todo, el ex alcalde de Detroit lo pagará con 28 años de cárcel, mientras lo más seguro es que en Tijuana, a Bustamante solo le esperan tres años de ignominia. Hace unos días, en su derecho y fundamentados en la Ley, regidores del Partido Acción Nacional en lo que ha sido el XX Ayuntamiento, demandaron al Órgano Fiscal Superior investigar a fondo las tropelías de las que acusan a Bustamante, como las aquí señaladas. Sin embargo, ese mismo ORFIS trucó documentos para aprobarle las cuentas públicas que no pasan una auditoría privada al saliente alcalde. Hoy, dicen que es intención del Gobierno del Estado de Francisco Vega de Lamadrid, y del Congreso del Estado, resarcir esos errores y reanalizar esas cuentas públicas, que dicha acción, si se hace correctamente -aseguran-, sentaría las bases para enjuiciar por lo menos en términos políticos a Carlos Bustamante. De igual manera, la futura Sindicatura Municipal del XXI Ayuntamiento, está dispuesta a investigar las irregularidades señaladas públicamente durante los últimos tres años en Tijuana; por eso no extraña que en los últimos momentos de su administración, Bustamante quiso meter gol a la siguiente administración, restándole facultades al síndico, entre ellas, la de iniciar investigaciones. Son cosas de los sistemas políticos, mientras en Detroit un presidente municipal que cometió excesos y abusos del erario con amigos, familiares, es llamado alcalde corrupto y paga con 28 años de cárcel, en México, los ex alcaldes, como es el caso, quieren ser representantes diplomáticos… y en tiempos del PRI, cualquier cosa puede suceder. Hasta eso. Es una pena lo que sucede en el país.
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