En riesgo de aterrizaje

A mes y medio de que termine la administración municipal en Mexicali –encabezada por el priista Francisco Pérez Tejada– la implementación de uno de sus los principales proyectos, el BRT (Bus Rapid Transit) o Sistema Ruta Troncal, está en riesgo. Se trata de un moderno y ambicioso proyecto que busca agilizar el transporte masivo  a través de un sistema de rutas principales, con nuevos camiones, carriles especiales, modernos paraderos –algunos refrigerados–, terminales especiales, sistema de boleto pre pagado, horarios definidos y rutas conectadas a las principales. En suma, un transporte de primer mundo para la capital bajacaliforniana. Para esto ya está lista y remozada, con carril especial, la Ruta 1, que va desde el Centro de Mexicali a través del boulevard López Mateos y el Corredor Industrial Palaco, hasta el Ejido Puebla. Son 18.4 kilómetros que están completamente renovados, con carril especial –a las orillas en la primera parte, en el centro la segunda– que significó una inversión millonaria. Pero han surgido las quejas, sobre todo de grupos de taxistas y camioneros, que aseguran no haber sido considerados para el millonario proyecto; que han encabezado paros y manifestaciones y finalmente beneficiados con dos amparos federales que presuntamente les otorga la suspensión definitiva del acto. Se trata de verdades a medias ya que –de acuerdo al texto de los resolutivos de la justicia federal– en uno de los amparos interpuesto por el ex dirigente empresarial, Javier Gallego García, quien tiene una concesión por diez años de los paraderos, que culmina en el 2004, pidió parar la convocatoria “la disposición de la infraestructura especializada”, pero le fue negada la suspensión definitiva. En otra parte de la solicitud, donde pretendía detener el procedimiento de licitación de la concesión por 25 años para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de terminales y paraderos, el Juez de Distrito acordó otorgar la suspensión definitiva, sin paralizar el procedimiento, para que no se lleve a cabo la etapa culminante –la firma del contrato– hasta que ese XII Juzgado no determine el fondo del asunto. En el otro amparo, interpuesto ante el Juzgado II por la empresa Integración Inteligente del Noroeste, donde reclama la “aprobación, publicación y procedimiento de licitación pública”, les fue negada la suspensión provisional por tratarse de actos consumados.  El juez resolvió en forma similar al otro amparo al conceder la suspensión provisional, pero la autoridad puede continuar con el procedimiento de licitación “absteniéndose de emitir la resolución correspondiente y formalizar el contrato de servicios con el que resulte vencedor”, hasta que el Juzgado defina el fondo del asunto. Pero el amparo lo interpusieron contra el XIX Ayuntamiento de Mexicali, siendo que el vigente es el XX. Mientras, el alcalde Francisco Pérez Tejada asegura que el proceso sigue, que se recibirán propuestas  el 21 de octubre y que habrá fallo el 4 de noviembre, tres semanas antes que concluya su trienio. A la vez, el lunes 7 de octubre, se aprobó en comisiones el Nuevo Reglamento de Tránsito y se programó para votarlo  en cabildo, este viernes 11 de octubre de 2013. Ensortijado Benjamín Garza es arquitecto de profesión, pero ahora está metido en el área de transporte, en Integración Inteligente del Noroeste (IINSA), empresa dedicada al sistema prepago. Desde su oficina en Mexicali, Garza se refiere a los dos amparos, uno promovido por el ex líder empresarial Javier Gallego y el otro por IINSA: “Ellos se están amparando porque están licitando la misma concesión que está vigente”. Que los transportistas concesionarios ya tenían un contrato con el ayuntamiento donde participarían en la modernización en forma equitativa. Se refiere a un convenio firmado en julio del 2008 con el entonces alcalde Rodolfo Valdez y ratificado en abril del 2001, ya con Pérez Tejada en la presidencia. Entre los acuerdos se incluyó –continúa Garza– implementar un fideicomiso, el sistema de prepago, y la construcción por parte de los transportistas de los “encierros”. A cambio, la autoridad municipal  pondría 281 millones de pesos destinados a los carriles confinados, paraderos, mejora en vialidad de todas las rutas de la ciudad, alimentadoras y remanentes, pasos peatonales, sincronización de semáforos, nomenclatura y la difusión de las rutas de transporte público. “Nosotros cambiamos toda la flota, cerca de 600 millones de pesos y metíamos lo que era el prepago. Por la parte del Ayuntamiento no se manejaron cantidades, se manejaron compromisos”, refiere Garza, y explica que así se tramitó el segundo amparo. El empresario asegura que –de acuerdo al fallo del juez– no puede haber contrato con el licitante, el ganador y no permitir el dar fallo al respecto. “Lo mismo que firmamos en los acuerdos, es muy parecido a lo que están licitando”, asegura Garza Fernández, por ejemplo menciona el caso de los llamados “encierros” –talleres, almacén de resguardo– donde la mayor parte de los concesionarios han invertido. Garza insiste en que la autoridad debió haber invertido 320 millones de pesos, pero en las rutas de toda la ciudad, aunque ahora la posición oficial ha virado para invertir 800 millones de pesos, pero fundamentalmente en una sola ruta. “El problema aquí es que ya hay un concesionario para los paraderos, al que debieron convocar primero, antes de la licitación”, explica a su vez  Luis Carrillo, de la Liga de Choferes, añadiendo que la otra parte cuestionada es porque ya hay convenios del Ayuntamientos con los transportistas, porque no se tendría que licitar el BRT ya que todos entrarían en el proyecto. “Vieron la lana que se están llevando, entonces buscaron personas que ya tienen etiquetadas”, considera los transportistas en referencia a las tres únicas empresas implicadas. “Le mintieron a Banobras –sostiene Audomaro González, de Getusmex–, dijeron que había 120 mil pasajeros, luego la bajaron a 60 mil, después a 35 mil, no los tiene esa ruta. Lo que querían era bajar el recurso”. En ese contexto, los trasportistas reclaman que deben ser tomados en cuenta en el proyecto, que se debe transparentar y que en este momento el gobierno municipal no puede emitir ningún fallo hasta que no se aclare el tema de fondo. “Le hemos dicho al alcalde, sino no lo vas a hacer, porque licitar y dejar emboletado al que sigue”, comenta Garza, Sigue adelante: Pérez Tejada “Estamos todos en tiempo y forma –asume el alcalde Pérez Tejada–, no hay ninguna suspensión de la licitación. Benjamín Garza ha tratado de mal informar a la ciudadanía”. El edil aseguró que estaban a punto de concretarlo, que no es cosa fácil. “En el tema del transporte hay muchos intereses, no solo en el transporte colectivo, también en el transporte de personal, radiotaxis, taxis de ruta. Son concesiones que tienen más de 40 años y este tipo de cambios pueden hacer ruido y, sobre todo pisar algunos callos. El tema de la licitación va a seguir, la vamos a concretar”. El alcalde se refirió a los dos amparos, y dijo que el de Garza Fernández ya había sido desechado, y que el de Gallego –quien tiene un convenio de prestación de servicios por 10 años con los paraderos–, el ayuntamiento estaba en la mejor disposición de que los instalados por la ruta se puedan ir a otras vialidades donde pase el transporte. “Ellos están buscando temas que puedan hacer ruido, o parar esta situación. La cosa es trabajar en equipo y no tratar de tumbar un proyecto a base de mentiras”, sostuvo Pérez Tejada, asegurando que en una semana estarían recibiendo las propuestas para los paraderos para la línea 1 y 2, y el fallo se estaría emitiendo los primeros días de noviembre, firmando contratos a mediados del próximo mes y arrancando la construcción a principios de diciembre y terminados en mayo del 2014. “Con el nuevo reglamento me voy a sentar con todos los transportistas para ver quién le va a entrar el BRT y con eso, ya podríamos estar trabajando a finales de este mes o a principios del otro en las primeras pruebas del BRT, López Mateos y el Corredor Industrial Palaco”, dijo el alcalde cachanilla., asegurando en torno al nuevo reglamento que “no vamos a salir con ninguna sorpresa, todo ha sido visto con ellos”. Martín Martínez, Coordinador de Directores en el Ayuntamiento, explica que desde agosto se abrió el proceso para licitar paraderos y terminales, lo que denomina una asociación público-privada donde el municipio aportaría 100 millones de pesos y los inversionistas alrededor de 220 millones. No se trata de una concesión sino un contrato de prestación de servicios a 25 años. Dice que hay 6 licitantes y que el fallo estaría definido para el 8 de noviembre.</p> “La fuente  de ese contrato es un porcentaje de la tarifa del transporte público, de todo lo que se recaude en el sistema integrado” dice Martín Martínez en alusión a los cerca de 150 mil viajes que se realizan diariamente en Mexicali. Comenta que esos ingresos los administraría un fideicomiso integrado por los propios concesionarios, con reglas del juego claras y transparentes, asegura. “Queremos que se conforme un solo ente, para que el negocio se quede en Mexicali”. Coincide con su jefe, en que iniciarían trabajos a final de noviembre, para concluir en mayo de 2014, “estamos hablando de que esta administración estaría dejando todo el armado. No solo va a entregar la obra pública de la vialidad, va entregar la reestructura de las rutas, la concesión, el reglamento, la asociación público-privado. Todo se queda armado”. En el caso de los amparos, Martín Martínez dice que Javier Gallego originalmente firmó un convenio en el 2004 –con Jaime Díaz como alcalde– por cuatro meses en cuanto a los paraderos, pero que antes de terminar la administración lo prorrogaron por diez años. El compromiso era instalar 200 paraderos y nunca demostró instalar ni siquiera 100, asegura el funcionario. “Las administraciones lo dejaron operar”, dice en relación a ese tipo de acuerdos, y que de acuerdo al convenio, con cinco días de anticipación el ayuntamiento puede avisar para mover cualquier paradero a solicitud de la autoridad. “Desde hace meses le ofrecimos la reubicación en todas las alimentadoras”, explica Martínez, pero ello devengó en el amparo presentado. Dice que los dos amparos son similares en la primera parte, se quejan del proceso y dicen que es anticonstitucional, “El juez resuelve en ambos amparos que no es procedente y que la publicación de las bases de la licitación (para paraderos y terminales) es un acto consumado”, dice el director, señalando que lo declarado por el arquitecto Garza, “no es cierto”. Que el juez sí da una suspensión provisional, pero no para el proceso de licitación, sino para las consecuencias que no se pueden consumar hasta que no se resuelva en definitiva. “El fallo quedara supeditado a que se resuelva el amparo”, comenta Martínez, asegurando que lo dos amparos no tienen fundamento. “Por eso estamos confiados en que el juez resuelva a favor del Ayuntamiento” aunque dice estar consciente de que el privado pueda irse a otra instancia, lo que retrasaría por meses el proyecto. “El próximo ayuntamiento tendría que seguir el mismo camino, hay acuerdos firmados con los bancos”, considera el funcionario, quien calcula que en el mejor de los escenarios, el BRT estaría funcionando en mayo del próximo año. “A lo que le estamos apostando es a recuperar el trasporte masivo en la ciudad, viene en picada, cada vez menos gente se sube al camión” En lo obscuro La regidora panista Claudia Ramírez comenta que para el lunes pasado estaba programada una reunión de la Comisión de Legislación y Gobernación, a la una de la tarde, donde se analizaría y discutiría  el nuevo reglamento de tránsito. A las tres de la tarde no se había realizado y ella se retiró. Después supo que sí se efectuó, y aprobaron el documento. Ramírez, durante las últimas semanas ha sostenido reuniones con los grupos de transportista, precisamente del proyecto de reglamento, “que va a llevar a cabo una modificación del transporte público y que va a dar pie a licitaciones que son cuantiosas, no se toma al vapor”. En el nuevo Reglamento, dice la Regidora, hay temas controversiales, como que el término de las concesiones quede al arbitrio del alcalde y no del Consejo, mientras las rutas sí serían autorizadas por el cuerpo colegiado, explicó: “Es una modificación que a todos los trasportistas les hizo mucho ruido”, por lo que piensa, la situación debió dejarse como estaba y en todo caso, hasta la próxima administración. “Esperaba que el proceso de licitación se detuviera que fuera retomado en su momento por la próxima administración, hay varias irregularidades, varios acuerdos que en su momento el alcalde hizo con los trasportistas y que no duraron más de 24 horas”, dice Ramírez, quien considera que Jaime Díaz recibirá una herencia difícil en ese tema. “Va a ser un caos tomar las riendas de la próxima admiración, no solo por el transporte, hay problemas con las finanzas, con los recursos de los pensionados, con los bomberos, la basura, la seguridad pública, los laudos pendientes en el Tribunal de Arbitraje con resolución pero sin recursos para entregar”, comenta la regidora panista y de colofón retoma el tema del BRT: “Era la gran obra que el alcalde iba a entregar y no va a ser así, creo que estamos entregando muy malas cuentas a los mexicalenses…”.