Son entre 700 y mil personas en ñongos (casas improvisadas), hoyos, alcantarillas, puentes y laderas. La gran mayoría, el 91 por ciento, fue deportada de Estados Unidos y desde entonces, han encontrado en la canalización del Río Tijuana, un lugar donde vivir. Con el objetivo de conocer las condiciones de vida de estos habitantes, El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) realizó un estudio sociodemográfico entre agosto y septiembre a través de 401 encuestas. El estudio, dirigido por la investigadora Laura Velasco, fue presentado el 14 de octubre ante la diputada federal Amalia García Medina y la senadora Ana Gabriela, así como representantes de organizaciones civiles que han unido esfuerzos para atender a una de las comunidades más vulnerables en la ciudad. Con dos kilómetros de extensión, “El Bordo” ha sido hogar del 42 por ciento de esta población durante un año o menos. Más de la mitad es bilingüe -la mayoría vivió más de seis años en Estados Unidos- y el 6 por ciento habla una lengua indígena. Más allá de los datos estadísticos que arrojó el estudio, los investigadores del COLEF hicieron un llamado a las autoridades a atender este problema desde una perspectiva de derechos humanos. Para el doctor Óscar Contreras, la canalización ha sido considerada una “zona conflictiva” sin una previa profundización en los motivos. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que las faltas administrativas son la causa de hasta el 92 por ciento de los arrestos a deportados, cifra que triplica al promedio nacional. De ahí que entre los encuestados, solamente el 6 por ciento respondió no haber sido arrestado por la Policía Municipal, mientras que el 94% restante fue detenido por no portar una identificación o por deambular, y el 15% por su aspecto. Como lo ha denunciado Sergio Tamai, director de Ángeles sin Fronteras, el 44% de los deportados detenidos ha sufrido alguna agresión física por parte de agentes municipales, y el 70% es arrestado una vez a la semana. Contrario a la percepción de criminalización, solamente el 10% reportó como modo de subsistencia el pedir dinero en las calles. Del resto, el 44% se concentra en trabajos relacionados con albañilería y reciclaje, mientras el 41% limpia automóviles, y solamente el 20% ha obtenido trabajos en establecimientos fijos. Al respecto, el doctor Óscar Contreras explicó que debido a los repetidos arrestos, muchos han perdido estos empleos “que con muchas dificultades logran conseguir en comercios, talleres y mercados”. Aunque el 71% de los encuestados admitieron haber consumido drogas, solamente el 20% de ellos inició su adicción en “El Bordo”. Actualmente la Secretaría de Salud de Baja California provee tratamientos de rehabilitación a quienes así lo soliciten, pero de acuerdo a la encuesta, quienes han sido internados en centros de rehabilitación, lo han hecho en contra de su voluntad, por lo que la recuperación no se ha logrado en la totalidad de los casos. Aunque estudios nacionales como la encuesta sobre migración en la frontera norte de México, revelan que hasta el 71% de los deportados son víctimas de separación familiar, en “El Bordo” solamente el 29% continúa en contacto con su familia. De quienes ahí habitan, solamente el 26% expresó su intención de permanecer en Tijuana y conseguir un empleo. El 38% busca ingresar nuevamente a Estados Unidos, mientras una minoría (6%) intenta regresar a su lugar de origen. La doctora María Dolores Paris afirmó que la Policía Municipal es el principal violador de derechos humanos, a la par de denunciar operativos realizados por la SSPM y los arrestos arbitrarios que atentan contra la libertad de tránsito, seguridad e integridad física de los deportados. Así, el estudio concluye con las acciones que autoridades de los tres niveles de gobierno deben conducir para atacar este problema de seguridad y salud pública. Por ejemplo, la creación de programas de albergues, credencialización y comunicación fronteriza; programas de reinserción laboral, prevención y rehabilitación; apoyos para retorno a lugar de origen y una evaluación del sistema de detenciones de la Policía Municipal.
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