“El Chan”: Consignado por “portación de arma”

La denuncia la recibió el Ejército el domingo 20 de octubre, el hombre que habló informó de la presencia del narcotraficante Alfonso Arzate García “El Aquiles” en una casa ubicada en una calle cerrada con entrada por avenida del Bosque, entre calles Abeto y Fresno, del fraccionamiento Chapultepec en Tijuana. El denunciante explicó que se estaba realizando una reunión y aparentemente por la cantidad de gente, todos eran criminales importantes, los soldados no aparecieron sino hasta el día siguiente, el lunes 21 de octubre acordonaron el área con patrullas militares, y el denunciante se quejó “…lo hicieron todo para dejarlos ir”. Considerando la línea de acción de la II Zona Militar, distinta a la ejercida en Comandancias anteriores, cuando recibieron la denuncia anónima, los uniformados no acudieron para atender el reporte de manera inmediata. De haberlo hecho, habrían llegado a la reunión criminal. Lo que hicieron los soldados: solicitar una orden de cateo para la casa denunciada. Las horas que tardó la autoridad en conceder la orden, fueron cruciales para la huida de los buscados por las corporaciones policíacas. Cuando los soldados llegaron con su orden judicial, ya se habían retirado. En el lugar solo quedaba Gallardo. Aun así, intentó escapar. Fue detenido dos cuadras adelante, armado. La estrategia militar, que contrasta con aquella campaña de “nosotros sí vamos”, iniciada en la entidad por el General Sergio Aponte Polito, y continuada por el General Alfonso Duarte Múgica, ahora fue de retrasar la atención a la denuncia anónima; no acudiendo en tiempo tras la flagrancia, sino buscando la orden de cateo, lo cual alertó a los buscados para huir. Desde hace más de un año que Vargas empezó a ser visto en la zona, no era raro verlo circular en autos ostentosos y menos observar el arribo de personas armadas en la zona, reclamaron. La presencia militar se dio hasta la mañana del 21 de octubre en la avenida Del Bosque en el fraccionamiento Chapultepec Novena Sección, muy cerca de la casa del alcalde electo, Jorge Astiazarán. Al menos ocho vehículos del Ejército permanecieron hasta tarde, estacionados desde la esquina con calle Abeto hasta llegar a la avenida Del Fresno. ZETA abordó a los soldados al mediodía de ese lunes para preguntar por el motivo de su presencia, los militares argumentaron un operativo de vigilancia y seguridad que se instala normalmente en distintas zonas de la ciudad. “Algo de rutina”, tenían entendido los uniformados atrincherados en sombras y paredes de “La Chapu”. La vigilancia trasnochó. Sin la presencia de otras corporaciones policiacas, los militares esperaron hasta el día siguiente para presentar un nuevo movimiento: obstruyeron el tránsito en el mismo tramo de 200 metros sobre la avenida Del Bosque en espera del Ministerio Público Federal. Dos unidades estacionadas para impedir el paso en cada dirección de la avenida, vehículos y peatones eran enviados de vuelta a la avenida principal del exclusivo fraccionamiento residencial. Ni residentes, ni visitas mucho menos a curiosos se les permitió el paso. Así, quedó resguardada la calle cerrada –sin nombre, pero que se extiende desde la avenida Del Bosque– donde, el martes 22 de octubre, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) se apersonaron en el lugar para efectuar un cateo. Horas después fueron subidos paquetes y mochilas a una unidad oficial resguardada por armas y elementos policiacos. El vehículo y los bultos extraídos de la casa tuvieron el destino hacia las oficinas de la delegación de la PGR en Zona Río. Oficialmente A la PGR fue presentado la noche del martes 21 de octubre; conforme al parte informativo entregado por los militares, previa orden de cateo solicitada. Habían ingresado a una casa en busca de un miembro del crimen organizado. Mientras ellos ingresaban al domicilio el residente intentó huir saltando por la barda, mientras brincaba llevaba al hombro un cuerno de chivo, rifle calibre 7.62 por 39 y, fajada, una pistola calibre 9 milímetros. Después del mediodía empezó a circular la versión de que el MP le estaba pidiendo 100 mil dólares a la esposa de Gallardo, para no consignarlo por delincuencia organizada, para no ligarlo a los narcotraficantes buscados, como “El Aquiles”, y para no asegurar la casa donde fue capturado. El abogado incluso, fue alertado por la esposa del detenido, que en el Ministerio Público Federal, le dijeron que si no tenía dinero, podían aceptar propiedades. ZETA se comunicó con autoridades federales que confirmaron la captura de “El Chan”, explicaron que todos los titulares en la procuraduría sabían de la detención del presunto delincuente, que nadie podía ofrecer dejarlo en libertad y aseguraron que Gallardo sería consignado. Se les preguntó por qué delitos. Y respondieron que solo por las armas. Porque habían preguntado y el Fuero Federal no tenía ningún cargo o expediente en su contra. También habló la PGJE, donde lo han mencionado en repetidas ocasiones como parte de los cárteles, y resulta que el estado tampoco tiene ningún proceso judicializado, u orden de aprehensión en su contra. De hecho, pese a las versiones públicas, y de haber sido corrido por falta de confianza en el año 2006 de la corporación, en los expedientes de la procuraduría local su nombre solo está incluido en la AP 606/10/201 como testigo, no presencial, en el homicidio de dos de sus primos. En estas condiciones fue consignado ante el juez XVI de Distrito por el delito de Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Se preguntó si por ese delito podría ser liberado. Y la respuesta fue: “…sí pero en el juzgado, no la PGR. Y solo si el abogado puede desmentir la versión del Ejército”. Si lo declaran penalmente responsable, conforme al artículo 83 de la Ley Federal de armas de Fuego y Explosivos, se le sancionará: “Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes”. Antecedentes de Gallardo La madrugada del 17 de diciembre de 2009 un grupo armado, presuntamente encabezado por delincuentes al servicio de Eduardo García Simental “El Teo” (detenido 12 de enero de 2010) entró a la casa del veterano agente ministerial Lorenzo Vargas Romero, se lo llevaron violentamente. ZETA se comunicó el 18 de diciembre con los jefes de la PGJE para verificar cómo actuarían ante la agresión a la corporación y respondieron que no se trataba de un ataque a la institución. Detallaron que el hombre secuestrado era padre de un ex ministerial corrupto –se dio de baja en 2006– que delinquía para el Cártel Arellano Félix y se llamaba Juan Lorenzo Vargas Gallardo, lo apodaban “El Chan”. Explicaron que de acuerdo a las primeras indagatorias “el levantón” se trataba de una medida de presión, mediante la cual “Los Teos” intentaban  que Gallardo liberara a uno de sus cómplices –que tenía secuestrado– y también dejara de apoyar a Juan Sillas (capturado 4 de noviembre 2011) en la pugna interna contra los García Simental. Lo único que se supo después fue que el padre del presunto criminal fue liberado sano y salvo el 20 de diciembre. El nombre de Gallardo surgió después en declaraciones de varios detenidos, fue mencionado por las autoridades del Grupo Coordinación como parte de las células operativas del CAF, pero no le fincaron ningún cargo. Por ello, el 21 de diciembre de 2010, cuando fue detenido después que sus primos Adrián Vargas Gómez y Omar Alejandro Vargas Gómez fueron asesinados frente a su domicilio en la calle Génova número 14416 del Fraccionamiento Chapultepec Californias, únicamente fue presentado como testigo. Declaró ante el Ministerio Público del Fuero Común que el día del crimen él: “… estaba en compañía de mi compadre de nombre Juan Carlos Salgada y dos amigas de ésta de nombres Liliana Sevilla y Elizabeth, ya que estábamos conviviendo, bebidas embriagantes, pero se nos terminaron las cervezas y le hablé por teléfono a mi primo de nombre Adrián Vargas Gómez que fueran a mi domicilio para ver si me podían llevar una cervezas”. Siguió “… llegando a mi domicilio mis primos Adrián y Omar Alejandro de apellidos Vargas Gómez, a los cuales les pedí que me fueran a comprar unas cervezas dándoles dinero para que fueran a comprarlas, por lo que una vez que se fueron mis primos nos quedamos en la casa mi compadre Juan Carlos y sus amigas…” Y concluyó: “… minutos después tocaron la puerta de mi domicilio, percatándose mi compadre Juan Carlos que eran oficiales de la policía municipal a los cuales mi compadre les permitió el acceso, manifestando que los oficiales al entrar a mi domicilio sin permiso alguno me aseguraron así como a mi compadre de Juan Carlos y nos trasladaron a la delegación municipal y después al cuartel militar, en donde me enteré que a mis primos de nombres Adrián Vargas Gómez y Omar Alejandro Vargas Gómez, habían sido privados de la vida, y que en cuanto a la privación de éstos ignoro el motivo por el cual los privaron de la vida”. “El Mono”, sin cargos en su contra Como resultado de la misma falta de trabajo ministerial –sea por impericia, cobardía o complicidad– ante la no judicialización de los casos, otro presunto criminal, señalado por las autoridades públicamente como líder del narcomenudeo en la zona norte de Tijuana  y cabecilla del grupo identificado como Los Pelones, fue detenido y liberado esta semana, se trata de Luis Manuel Toscano Rodríguez “El Mono”, la PGR lo liberó porque no había cargos en su contra. La policía municipal lo detuvo la madrugada del domingo 20 de octubre de 2013, después de un reporte por detonación de arma de fuego en el fraccionamiento Lomas Virreyes, según el parte policiaco al llegar al lugar, Toscano y Julián Ramírez estaban en el patio de una casa y corrieron al interior dejando en el suelo una bolsa donde encontraron el arma, la cual Ramírez admitió era de su propiedad y él había accionado, por eso “El Mono” quedó libre de cargos, aunque al ser detenido dio un nombre falso, se presentó como Manuel Barajas. Lo mismo había sucedido después de haber sido capturado el 3 de junio de 2012, el ejército lo apresó en la zona norte con una pistola, un rifle, 20 mil dólares en efectivo y 38 gramos de cocaína. A pesar de que ninguno de esos delitos alcanza fianza, quedó en libertad. Antes, en  julio de  2010, la Procuraduría del Estado había solicitado una orden de aprehensión en su contra como presunto autor intelectual del secuestro de una mujer estadounidense, lo habían delatado sus cómplices Ernesto Palma y Érika Medina. En ese expediente se sabe que estaba amparado y no se concretó la detención. Y tampoco fue presentado el 8 de  enero de 2010 –para que declarara como víctima–  cuando intentaron matarlo a balazos en la colonia Altamira de Tijuana.