Las mujeres que han cumplido con los estudios de la Academia de Seguridad Pública del Estado, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, y que acreditaron sus exámenes de control y evaluación de confianza para prestar servicio como custodias en los distintos penales de Baja California, están siendo hostigadas, presionadas y castigadas, por sus mandos superiores, quienes “nos hostigan poniéndonos, por largos periodos de tiempo, en lugares donde las condiciones como persona y como guardia, son inhumanas”. Acusan además que si se incapacitan, las cambian de adscripción, las hacen trabajar largas jornadas, hasta 36 por turno, y recomiendan que les den un trato duro para “tronarlas” y “obligarlas a renunciar”. Las mujeres, entregaron una carta a ZETA, que se publica en esta edición en la página 14 A, y solicitaron el anonimato por temor a más represalias. Lo que solicitan es que Daniel de la Rosa, el Secretario de Seguridad, las atienda, les dé audiencia y las escuche. El problema, es que la presión para las mujeres, parece ser precisamente por eso. O sea, un hostigamiento por género. Lo cual, en el Gobierno del Estado de Baja California, sería grave. Mucho.
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