Carlos Bustamante se aprovecha

Un gobierno de pocas obras y muchos beneficios propios, es como puede resumirse la gestión emprendida por el alcalde Carlos Bustamante Anchondo, al frente del XX Ayuntamiento de Tijuana. Infraestructura vial y celosa vigilancia policiaca en las inmediaciones de sus tantos bienes inmuebles, como de los de sus familiares, son solo algunos de los beneficios propios en los que ha incurrido el presidente municipal en turno. Los logros empresariales obtenidos en los últimos años, es otra característica que contrasta con su trienio como gobernante, el cual ha destacado por sus yerros e inconsistencias, a los que se suma una deuda pública superior a 2 mil 500 millones de pesos, de mil 497 millones que el XIX Ayuntamiento de Tijuana le heredó en compromisos financieros. Así, mientras los tijuanenses habrán de pagar el incremento en créditos bancarios por un periodo ampliado a 20 años, Carlos Bustamante logró liberar en 2013 una deuda particular contraída desde principios del año 2000, la cual ascendía a 13 millones 228 mil 833 dólares con GE Real Estate México, S. de R. L. de C.V. Uso segado de recursos públicos El revestimiento de calles con reciclado de pavimento asfáltico, constituyó una de las primeras y principales obras con las que Carlos Bustamante arrancó su gobierno. Esta acción se llevó a cabo en la delegación Centro, pero no a las zonas populares, sino en beneficio de colonias como Chapultepec, principalmente en los accesos de la Quinta Sección de ese asentamiento y las calles que colindan con la residencia de los Bustamante Anchondo, por la calle Buena Ventura y Jerez. Con esta acción, el alcalde dejó colgada su acérrima crítica hacia el Programa Integral de Repavimentación (PIRE), obra cumbre de su antecesor, Jorge Ramos Hernández, que calificó como elitista, porque su alcance no llegó a las colonias populares. Es precisamente la propiedad ubicada en la Quinta Sección de Chapultepec, heredada por Don Alfonso Bustamante Labastida a sus cuatro hijos, Norma Socorro, Emma Olga, Carlos Walterio y Alfonso Ernesto, en la que se puede observar una afanosa vigilancia policiaca. El despliegue de cuando menos diez elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en cinco patrullas, se observa a todas horas, los siete días de la semana, afuera de la casa. La guardia pública a la propiedad del alcalde contrasta con el escaso patrullaje en las colonias de más alta incidencia delictiva. Las estadísticas de delitos reflejan esa desproporción. Solo para ejemplificar, mientras en los asentamientos del Este de Tijuana, como Mariano Matamoros Centro, los delitos en el primer semestre de 2013 sumaron 475; en la colonia Chapultepec, la cifra en el mismo periodo fue de 56. Bustamante no limita el uso de seguridad pública municipal a la casa familiar, también la extiende al resto de sus propiedades y de sus allegados, como es el caso de su “pareja oficial” y actual directora del Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER), Lourdes Inzunza Medina, quien además de ser favorecida en esta administración con un licencia de venta de bebidas embriagantes para que su negocio de crepas Lou-Lou se convirtiera en restobar, cuenta con una escolta de cuatro patrullas que vigila tanto su persona, como su local ubicado en Plaza Conquistador, sobre Bulevar Salinas. No solo eso, el alcalde también ha hecho uso de la fuerza pública arbitrariamente, como fue el desalojo del que fue objeto David Borroel, el 16 de abril de 2013. Con lujo de violencia, agentes municipales a bordo de varias patrullas y de una unidad blindada, propiedad del Municipio, llegaron hasta la propiedad Borroel, en el Ejido Tampico, justo frente al hangar de Inmuebles Especializados Matriz, propiedad de Bustamante, para sacarlo a él, a su familia y a sus trabajadores, ya que el terreno que ocupa se lo disputa quien funge como presidente municipal de Tijuana. El 29 de mayo de este año, el regidor Erwin Aréizaga interpuso una denuncia ante Sindicatura Municipal por uso indebido de recursos públicos, a la que la titular de la dependencia, Yolanda Enríquez de la Fuente, simplemente no dio seguimiento, quedando en el olvido. En el segundo semestre de 2013, el XX Ayuntamiento anunció que ejercería un presupuesto de 875 millones de pesos en el programa municipal de obra, principalmente para rehabilitar vialidades; nuevamente la atención a las colonias populares de las nueve delegaciones quedó relegada a un presupuesto de 180 millones de pesos. El grueso de la inversión nuevamente se concentró en delegaciones como Centro y Mesa de Otay. En el nuevo presupuesto de obra se incluyó una amplia partida para trabajos de repavimentación con concreto hidráulico de calles, así como de pluviales y remozamiento que mejorara la imagen de la Zona Centro. Es precisamente en este sector donde los Bustamante Anchondo cuentan con una amplia cantidad de propiedades de uso comercial, como la manzana 1 a la 16, 35, 41, 53, 60, 64, 66, 74 y 77. En la recta final del gobierno bustamantista, se incrementó la atención en obra en la Zona Centro, tanto pública como particular, ya que en la esquina de la calle Séptima y Constitución, el inmueble que se asienta en los lotes 6 y 7 de la manzana 64, a nombre de Sergio Rosas Bustamante, sobrino del hoy alcalde, se realizaron varias obras por parte de la empresa Inmobiliaria C.B.A. S.A. de C.V., propiedad de Carlos Walterio Bustamante Anchondo. Sin más, la empresa retiró el área destinada para estacionamiento, con todo y parquímetros, para ampliar las banquetas y remozar el lugar donde la inmobiliaria oferta departamentos en renta y venta. El viejo pavimento de las vialidades que dan acceso al Grand Hotel y al embargado hotel El Conquistador, también pertenecientes al alcalde, fue sustituido por reciclado de pavimento asfáltico. Con algunos baches que disminuían la plusvalía el valor de los locales comerciales  ubicados en ellos, el gobierno municipal consideró necesario reparar en su totalidad las calles que conducen al Grand Hotel y a la plaza El Conquistador: Francisco Sarabia, Emiliano Carranza, Rovirosa y Pablo S., entre otras. El presupuesto ejercido por el Municipio en obras públicas en asentamientos de colonias populares, fuera de los recursos federales como Ramo 33, etiquetados para favorecer a las zonas marginales, ha sido limitado y su manejo también ha servido para obtener dividendos particulares. Tal es el caso de la pavimentación de un tramo de calle Orión, a la altura de la calle Venus, justo donde se ubica el lote 35, manzana 43, del fraccionamiento Nueva Aurora, cuyo título de propiedad se expidió a favor de Miguel Ángel García Gutiérrez, esposo de Carolina Bustamante Aubanel, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y yerno del alcalde. La propiedad del terreno le fue expedida por 30 mil pesos en noviembre de 2003, por el fraccionamiento de Colonias Proletarias de Tijuana, S.A., y fue regularizado a través de la Comisión de Tierra del Estado (CORETTE), hoy INDIVI. Salva hipotecas De 2010 a la fecha, la mala racha que como empresario arrastraba Carlos Bustamante desde el año 2000, con todo y el rescate del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), parece haber terminado. En 2001, el empresario metido a político modificó los términos de una hipoteca, incluyendo como garantía de pago de un préstamo de 14 millones 267 mil 703 dólares, el lote 9 del Parque Industrial Internacional Tijuana; la fracción 1, 2 y B de un predio rústico en Cerro Colorado; así como una propiedad asentada en la delegación La Presa. Este adeudo contraído con GE Real Estate México, S. de R.L. de C.V. en 2005 disminuyó a 13 millones 651 mil dólares en 2005. En julio de 2010, la cuenta registró otra modificación mínima, al descender a 13 millones 228 mil dólares. No fue hasta finales de junio de 2013 cuando Carlos Bustamante pudo liberar de la hipoteca las cinco propiedades empeñadas que, de acuerdo a los términos del convenio de crédito signado, su titularidad se encontraba en propiedad del fiduciario, en este caso, GE Real Estate México. Una década no fue suficiente para saldar el compromiso financiero, pero sí un trienio, periodo en el que el alcalde de Tijuana aumentó su patrimonio, con la adquisición de una casa ubicada en Cumbres de Juárez, a un costo de 2.3 millones de pesos. El inmueble le fue enajenado por Fraccionadora Arnaiz, S.A. de C.V., una de las empresas favorecidas con recursos públicos durante el gobierno bustamantista.