En “La Gallera” pretenden construir un memorial El último día de agosto, el poblado Maclovio Rojas recibe más visitantes de lo habitual. Una veintena de personas estaciona sus vehículos sobre el callejón Cioac, para ingresar con sillas, flores y lonas a uno de los predios. La escena podría volverse recurrente, pues “La Gallera” -como se identificó al terreno- se convertirá en un memorial a los desaparecidos en Baja California. Los crímenes ahí perpetrados, permanecieron ocultos durante cuatro años, entre sencillas casas de madera y ladrillo, en una zona rural, pero a escasos metros de una escuela secundaria y a tres kilómetros de la Carretera Libre Tijuana-Tecate. Agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), localizaron, en noviembre de 2012, el terreno en la Zona Este de Tijuana, al ser señalado por Santiago Meza López “El Pozolero”, como uno más de los utilizados para disolver 300 cuerpos en sosa cáustica. Mediante un sistema de ductos, los restos de los cadáveres eran vertidos en tuberías de las dos edificaciones que permanecen de pie. De ahí, eran enviados a un depósito subterráneo de tres metros de profundidad, por otros tres de largo. La fosa clandestina se mantuvo cubierta por una pieza de concreto. La Procuraduría General de la República (PGR) informó a la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, el hallazgo de 18 kilogramos de hueso, ocho más de dientes, prótesis dentales y tornillos quirúrgicos, entre otros residuos humanos. Un día después del Día Internacional del Desaparecido, familiares y amigos comienzan a clavar en los interiores de la barda del predio, algunas lonas con imágenes de hijas, padres, hermanos y esposos que no volvieron a ver. “Nunca había estado aquí, ni siquiera sabía que éste existía”, dice una de las mujeres en referencia al predio, vistiendo una camiseta con la leyenda “No más Impunidad” en la espalda. Las cintas de precaución han perdido su amarillo y se encuentran enredadas entre la maleza del lugar. El grafiti ha invadido las paredes del pequeño cuarto donde los restos de las víctimas eran vertidos por un conducto. Un grupo de mujeres ingresa y coloca tres veladoras encendidas sobre la pileta, mientras fotografían el lugar e inspeccionan entre basura, pañales sucios y torsos de muñecas en el piso. Al mediodía inicia la misa en memoria de los desaparecidos, 290 documentados por Fernando Ocegueda, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, entre los años 2003 y 2011. Al finalizar la eucaristía, el Padre Roldán Sánchez recorre el sitio para rociarlo de agua bendita. Entra al pequeño cuarto, llega hasta la esquina del predio y regresa al lado de una estructura que parece haber albergado gallos. “No sé qué haya más allá, pero los que estamos aquí vamos a hacer algo para que podamos saber la verdad de nuestros familiares”, pronuncia con dificultad, durante su discurso, Fernando Ocegueda. “Ya no buscamos a los responsables, solo a nuestros desaparecidos” Muchos de los presentes no han sabido nada de sus familiares desde hace más de cinco años. Pero el tiempo no ha servido para aminorar la angustia y la incertidumbre. “No paras de sufrir la pérdida de tus seres queridos, cada vez es más el dolor y más por la manera en que nos los arrebataron”, afirma entre lágrimas Gloria, quien sigue en busca de su esposo y de su hijo. Acompañada de su hijo menor, quien la abraza durante la misa y le ayuda a sostener una sombrilla para protegerla del sol, la mujer relata cómo una noche de 2007, un comando armado entró a su domicilio en la colonia Guerrero, buscando a Rigoberto y a Óscar Oropeza, padre e hijo, respectivamente. De los 30 hombres que se esfumaron del lugar en camionetas Yukon y Suburban, Gloria logró identificar a uno que no llevaba capucha. De nada sirvió. En el grupo Antisecuestros, a pesar de iniciar una averiguación previa, la investigación no ha arrojado resultados. Pero eso no ha impedido la sospecha de Gloria sobre un policía municipal, quien días antes del secuestro, inició amistad con Óscar, su hijo de entonces 20 años. El agente municipal frecuentó el hogar de los Oropeza los días previos al secuestro, platicaba hasta tarde con Óscar. A Gloria recién le informaron de la detención del policía que ella acusó durante las indagatorias, pero aún no lo han llamado a comparecer. ¿Si se detiene y sentencia a los responsables, encontraría paz?, pregunta la reportera. “Mire, ya no buscamos a los responsables, solo a nuestros desaparecidos. Cuando nos digan dónde están los cuerpos, hasta ese día tendremos paz”. 
Luego de cinco años del secuestro de su esposo, Karina puede narrar su experiencia sin llorar. Mientras recibía una llamada de felicitación de su natal Sinaloa por su cumpleaños, el 21 de septiembre de 2007, su concuña entró corriendo a su casa: “Se los llevaron, se los llevaron”. Pero Joel Eguino López no fue el único. Ocho personas fueron secuestradas por un comando armado, en un domicilio de la colonia Independencia. Cuatro de la familia Orpinela Osuna -vecinos de Karina-, y la otra mitad, de la familia Eguino López. A pesar de que los familiares recibieron una llamada para pedirles 50 mil dólares de rescate por cada uno de los secuestrados, nunca supieron más de ellos. Karina abraza constantemente a su hijo, quien lleva el nombre de su padre. “Tenía tres años cuando pasó, pero dice que todavía se acuerda de su papi”, cuenta la joven mientras deja ver una sonrisa. Lo que ha pasado desde entonces ha sido un proceso “lento y muy difícil”. De las misas y eventos en memoria de los desaparecidos, Karina se dice confiada: “Me hacen sentir bien porque son los lugares en que te puedes desahogar sin que la gente me diga que ya pasó mucho tiempo y que lo olvide”. Sin embargo, la madre de familia asegura: “Conforme pasan los años, sigue vive la esperanza”, no hacia la Procuraduría General de Justicia, “ellos no van a resolver el caso, pero yo tengo la esperanza de saber de él”. Tanto Karina como Gloria quieren ver convertida “La Gallera” en un espacio dedicado a sus familiares. “Las personas queremos venir aquí a recordarlos siempre, aunque no estamos seguros de que aquí estén, pero pues de algo sirve”. El terreno que nadie quiere Fernando Ocegueda solicitó directamente a la PGR en la Ciudad de México, la donación del predio para construir un memorial a las víctimas. En febrero, en reunión con el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, éste le instruyó conocer la situación jurídica del terreno. Ya en Tijuana, buscó a Hortensia Hernández, lideresa de la colonia Maclovio Rojas, donde se encuentra la edificación. Los colonos de la zona votaron a favor de la donación del terreno, “hasta nos dijeron que nadie lo iba a querer”. El presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California solamente espera la carta de posesión del terreno para avanzar con el proyecto. Aunque el terreno continúa bajo cuidado de la SEIDO, la PGR ya autorizó la construcción de un proyecto -aún sin definir-– en memoria de las víctimas, costo que también solventará. El simbolismo de la ubicación del memorial -el lugar donde fueron destruidos los cuerpos de 200 víctimas- es esencial para el proyecto. “Es significativo porque aquí están restos, no vamos a ir a un lugar con un pedazo de cemento o con una placa, sino al sitio donde descansan sus cuerpos”. Localizan 50 predios con posibles restos humanos Desde el lunes 2 de septiembre, Fernando Ocegueda inició la identificación de 50 predios en Baja California, señalados por informes recolectados por la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, como lugares con restos humanos. De éstos, 40 se encuentran en Tijuana, entre la Zona Este y Playas de Tijuana, principalmente. Personal de la SEIDO iniciará la búsqueda de materia humana en estos sitios, aunque Ocegueda estima que las posibilidades de que encuentren restos, son del 80 por ciento. “Recuerda que los familiares nos hemos convertido en investigadores, entonces tendremos más información sobre cuerpos enterrados en la ciudad”, comentó para ZETA. El activista dejó claro que los nuevos predios no están relacionados con los crímenes cometidos por Santiago Meza López “El Pozolero”, “porque ya agotamos esas líneas de ubicación, ahora estamos enfocados en nuevos hallazgos”. Incluso, las tomas de ADN sirven como una esperanza para la Asociación. La PGR tiene un banco de información genética de 400 bajacalifornianos que esperan encontrar a sus familiares desaparecidos. De la misa del 31 de agosto, Ocegueda espera “haya servido la bendición del lugar para el eterno descanso de las almas que se encuentran ahí, fue un pequeño agradecimiento a todos nuestros seres queridos por lo mucho que nos dieron”.</p> “El duelo que viven ustedes es muy particular porque no tienen un muerto a quien llorar, no han podido despedirse de su cuerpo”, expresó el sacerdote durante la misa. Y es que lo vivido durante los últimos años por más de 200 familias es un duelo inconcluso. El descanso, tanto para familiares como para desaparecidos, llegará hasta que su paradero sea conocido.
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