Tijuana en manos de despachos particulares

Alcalde despilfarra presupuesto en asesores; no se ven los resultados Los resultados de su trabajo no se palpan, pero su oneroso costo, aunque indeterminable por la opacidad con la que lo cubre el XX Ayuntamiento, sí se siente en el erario de Tijuana: Son los asesores de la administración de Carlos Bustamante. Sin precisar la cantidad destinada para el pago de asesoría externa, es evidente que lo presupuestado este año no le es suficiente al gobierno bustamantista, por lo que tuvo que incrementarlo en 2 millones de pesos más los servicios de consultoría administrativa y procesos. De acuerdo al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, el gobierno de Tijuana destinó 30 millones de pesos para asesoría en materia jurídica, económica y contable, así como para servicios de consultoría administrativa y procesos. A ese dispendio hay que añadir poco más de 200 millones establecidos como retribución de servicios profesionales que fueron desembolsados en los ejercicios 2011 y 2012. El beneficio de tan caros asesores es cuestionable, ya que sustentan su labor con la obtención de fondos federales que es obligación de los funcionarios del XX Ayuntamiento gestionar, y en la restructuración de una deuda por la que los habitantes de este municipio tendrán que pagar 400 millones de pesos adicionales. Los contratos Desde el inicio de su gestión y hasta mediados de febrero de 2013, Carlos Bustamante había signado oficialmente 17 contratos con nueve empresas, por un monto de cuando menos 35 millones de pesos, solo para recibir asesoría en diferentes áreas de su gobierno, particularmente en Administración y Finanzas, Oficialía Mayor y Dirección Jurídica. De las arcas municipales se destinaron alrededor de 31 millones 172 mil pesos para el pago de 14 de esos convenios. En dos acuerdos más, ambos con la empresa de su compadre, Gustavo Almaraz Montaño -Grupo de Especialistas Políticos, S.C.-, no se determinó monto, ya que la remuneración se estableció por porcentajes no establecidos “sobre el monto logrado en gestiones”. En otro contrato, también con el compadre Almaraz, Bustamante no tuvo reparo en entregar 3.6 millones de pesos por la obtención de 36 millones de pesos del subsidio de Seguridad Pública, que de suyo no requiere la gestión de un tercero, incumpliendo con reglamento de la Administración Pública Municipal y que le ameritó la observación del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS). Tesorería Municipal es una de las dependencias que más ayuda externa ha requerido, convenios que optan por mantener en la opacidad. Muestra de ello es el contrato establecido con Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V., a razón de un millón 663 mil 800 pesos más IVA, cuyo fin se encuentra clasificado como información confidencial. El servicio de este despacho se pactó el 14 de noviembre de 2012, mediante adjudicación directa, sin que el convenio se localice en la relación de contratos de prestación de servicios profesionales. La empresa, con razón social TDS-070109-D89, y dirección en Palenque número 25 Altos, Narvarte, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal 3020, se dedica a la valoración socioeconómica investigación, diseño de metodologías, encuestas, entrevistas y estudios de opinión; asía como a la evaluación del impacto de proyectos y programas sociales, diseño, ejecución y seguimiento de proyectos para el desarrollo comunitario, capacitación y formación de recursos humanos en tecnología social. Pero los contratos y ampliaciones presupuestales indican que es mayor el presupuesto público destinado para este fin. En los tres años de gobierno, el alcalde en turno ha dispuesto una partida de 265 millones de pesos para el pago de servicios profesionales, sin definir exactamente qué monto se destina a la remuneración de ayuda por asesoría externa. El secretario de Finanzas, Sergio Rosete Weben, admite la aprobación de un presupuesto de 40 millones de pesos para el pago de asesores, de los cuales, a su decir, solo se han ejercido 14 millones. Además, sostiene que en este mes de septiembre serán contratados los servicios de despachos de asesores, cuando hay convenios que culminan con el periodo de gobierno, como son los firmados con Allie, Alianzas Estratégicas y Collect de México. El funcionario también relega los 19 millones de pesos que estas gestoras del cobro del Impuesto Predial están reclamando por sus servicios de cobranza, los cuales se empalmaron con los requerimientos de pago efectuados por Tesorería Municipal. Presupuesto insuficiente A pesar de la asesoría que en materia administrativa recibe el gobierno de Carlos Bustamante, los números no le dan y el presupuesto le alcanza menos. Por ello fue necesario requerir la aprobación del consentidor Cabildo de Tijuana para ampliar a los 30 millones de pesos presupuestados en 2013 para consultoría administrativa, jurídica, económica y contable, un millón 980 mil pesos más. Ya entrados en derroche, en la última sesión de Cabildo el alcalde también obtuvo la anuencia del cuerpo edilicio para un pago de honorarios del orden de los 231 mil 304 pesos a la empresa calificadora Standard and Poor’s, misma que se encarga de calificar en forma positiva el desempeño administrativo y financiero del XX Ayuntamiento de Tijuana. Solo las regidoras Claudia Ramos y María Luisa Sánchez, de la fracción de Acción Nacional, así como Najla Wehbe Dipp, de Nueva Alianza, rechazaron este gasto, pero en lo general, avalaron las ampliaciones y transferencias presupuestales del ejercicio fiscal 2013, que a la fecha suman 5 mil 323 millones de pesos, de los cuales solamente el 20.2 por ciento se destina a obra pública. En 2011, el Presupuesto de Egresos del municipio de Tijuana ascendió a 3 millones 887 mil pesos, de los cuales 50 millones de pesos se etiquetaron para el pago de honorarios a profesionistas y técnicos. En 2012, el monto a ejercer por el gobierno de Bustamante incrementó en forma considerable para llegar a 5 mil 774 millones de pesos; 103 millones se destinaron al pago de personal contratado en forma externa. Para este 2012, el presupuesto global autorizado fue de 4 mil 699 millones de pesos, pero con las transferencias, remanentes no ejercidos el año anterior y ampliación de partidas, el monto ya supera los 5 mil millones de pesos, de los cuales 61.6 millones se dispusieron para el pago de servicios profesionales; partida a la que se sumaron 2 millones de pesos más. El desglose de esos pagos no los especifica el gobierno en turno, tampoco los recursos etiquetados para otros rubros y que son transferidos al pago de asesoría externa, como los 500 mil pesos que recientemente se aprobaron para el apoyo recibido por un despacho, no especificado, a Oficialía Mayor; dinero que se tomó de la Dirección de Recursos Humanos y que se encontraba etiquetado para la adquisición de software.