No investigan, porque no los mataron

Impunes atentados contra jefes policiacos Miembros del crimen organizado ordenaron e intentaron matarlos. Eran los jefes de las corporaciones policiacas que se dedicaron a combatir la actividad delictiva del Cártel Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa en Baja California, entre 2006 y 2011. Fiscalías cómplices de los narcotraficantes decidieron no investigar, y dejar a los fallidos homicidas y a sus jefes impunes. No importó que los criminales trataran de matar a figuras de autoridad ni que atacaran al gobierno. Si el Ministerio Público decidía iniciar alguna indagatoria, era contra las víctimas, por haber usado las armas “en exceso” para defender su vida. Otro factor que compartieron estas víctimas, fue que no tuvieron el apoyo de sus jefes, alcaldes y gobernadores, ni la fuerza política para presionar a las autoridades ministeriales – ni estatales, ni federales- para obligar a las procuradurías a investigar, procesar y consignar a los criminales que los atacaron cuando cumplían con su deber de salvaguardar a la ciudadanía. Conforme a las versiones de las víctimas entrevistadas por ZETA, la mayoría de los homicidas que participaron en los ataques en su contra ya están muertos o presos, pero en ninguno de los casos enfrentan cargos por intentar quitarles la vida. A Gómez lo investigaron El 17 de diciembre de 2005, en representación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, el Grupo Coordinación emitió un boletín asegurando: “Estas cobardes agresiones no quedarán impunes…”. Se referían al ataque sufrido la noche del 16 de noviembre de ese año por el comandante de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Carlos Gómez Miguel, y a las 3:45 am del mimo día 17, el asesinato de dos de sus escoltas asignados frente a su casa: Juan Hernández Gutiérrez  y Jesús Noé Rosas Zúñiga. Como resultado de la primera balacera hubo un criminal muerto. Gómez reaccionó, pidió apoyo, llegó una patrulla con la que persiguió a los fallidos asesinos hasta que los alcanzó, se enfrentaron a balazos y el policía estatal abatió al criminal. En la Procuraduría local informaron que por los tatuajes- incluido un apellido Mendoza-, todo indicaba que el atacante abatido pertenecía al Barrio Logan y se trataba de un “personaje importante”, debido a la rapidez con que vengaron su muerte. La autoridad ministerial incluso tenía las huellas del hombre en otras armas decomisadas.  Pero después, nada. Se le preguntó al Gómez, actual director Operativo de la PEP, si hubo algún detenido por los asesinatos de quienes fueran sus escoltas y si su atentado había sido investigado: “(Jesús) Quiñónez era el encargado de Homicidios en aquel tiempo, y lo que hizo fue abrirme una averiguación previa porque consideró que disparé de más. Mis armas me las regresaron tres meses después y el carro pasó más tiempo” Jesús Quiñónez Márquez fue detenido por autoridades de Estados Unidos en julio de 2010, cuando era director de Enlace Internacional de la Procuraduría del Estado de Baja California. Fue procesado y sentenciado como miembro colaborador del Cártel Arellano Félix. — ¿Y la patrulla donde los escoltas fueron asesinados?, se cuestionó a Gómez. “Esa la recuperamos hasta mayo de 2006, además, en la indagatoria no dice en ninguna parte que uno de los muchachos alcanzó a disparar”. — ¿Impulsaste la investigación? “Era Sansón contra los novatos”, resumió. Contra Díaz Lerma por millones de dólares Poco después de las nueve de la mañana del martes 25 de abril de 2006, la camioneta blindada donde viajaba el entonces secretario de Seguridad Pública de Baja California, Manuel Díaz Lerma, fue atacada por un grupo de sicarios a lo largo de varias cuadras de la Avenida Internacional, en la zona del fraccionamiento Hípico en Mexicali. Ahí quedaron heridos tres de los guardias, mientras el secretario -apoyado por la pericia de su chofer escolta, y el blindaje de la camioneta oficial- libró la lluvia de balas y salió ileso. Oficialmente se dijo que se dispararon cerca de 658 tiros, y trascendió que los sicarios pertenecían al Cártel Arellano Félix (CAF). Tres meses después, Díaz Lerma dejó el cargo. Se trasladó como asesor económico en la Embajada mexicana en Suiza, donde permaneció dos años para regresar a Mexicali en el verano de 2008 y reintegrarse a la actividad empresarial y política. “Lo primero que a mí me preocupaba saber era qué había pasado, por qué había pasado”, explica desde su oficina Manuel Díaz Lerma. “Antes de ese evento, me habían dicho: ‘Mientras tú estés limpio, tu estés haciendo tu trabajo, nadie se va a meter contigo’. Conmigo se rompió la regla porque yo estaba haciendo mi trabajo tal cual”, refiere el abogado, quien encabeza un despacho corporativo y dos empresas, un comedor industrial y una agencia de seguridad privada. “Nunca he robado, nunca robé y nadie trató de corromperme”, insiste Díaz Lerma. Sobre el atentado se presentaron -basadas en trabajo de inteligencia- varias teorías, algunas descartadas por descabelladas, pero él maduró una opción de la que parece convencido: “Lo que pasó aquí es que alguien de adentro agarró dinero y dijo que me lo había dado a mí. Como seguíamos haciendo detenciones por parte de la PEP y les seguíamos pegando, pues alguien ha de haber reclamado, esta persona que agarró el dinero dijo ‘no, pues yo ya abrí, yo ya  se lo di a él…’. Ahí quedó sobre mí”. Posteriormente, entre amigos y contactos, con información aquí y allá, armó el rompecabezas de la historia. Recuerda que renunció en mayo, pero el entonces gobernador, Eugenio Elorduy, le pidió que se quedara hasta después del proceso electoral federal (en el que ganó el ex Presidente Felipe Calderón) y viajó a Europa el 21 de julio de ese 2006, pero estuvo al tanto del seguimiento al expediente del atentado. “Los que aparecieron y los que están detenidos, los detuvieron por otra cosa, no andaban buscando a los actores físicos del atentado ni mucho menos. En los interrogatorios salía que habían estado involucrados, y así hubo muchos. Estamos hablando que más de ocho declararon de esa forma, que están en la cárcel, están siendo procesados incluso por otros delitos”. Díaz Lerma considera que la veintena de sicarios participantes en el atentado eran  gente del Teodoro García Simental “El Teo” -quien luego se integró al Cártel de Sinaloa-, y ahora está encarcelado en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, en el Estado de México. En enero de 2007 hubo una serie de detenciones relacionadas con el atentado, cerca de ocho involucrados, entre éstos dos ministeriales adscritos a Mexicali y un subjefe operativo de la Policía Municipal. Pero el resto de los participantes -una docena- no están detenidos, e incluso “El Teo” (capturado en enero de 2010) está encarcelado por otros delitos. “La realidad es que dejé de preguntar en la Procuraduría, como cualquier afectado… se lo dejé a Dios, que Él sea, yo ya ese tema lo cerré, independientemente, pase lo que pase, si salen libres…la verdad es que yo ya no le estoy dando seguimiento en la actualidad”, la averiguación que sigue abierta. “Me pasaron la información cuando estuve en Suiza, varios aparecieron muertos, y los identificaron, se dieron cuenta de que habían sido los que participaron. Es difícil tener el dato exacto de cuantos, pero fueron varios. Nunca me ha hablado ningún autoridad para algún trámite sobre el tema”, argumenta el ex funcionario estatal. Dice que optó por regresar debido a informes recibidos: “Esta gente ya sabe que se equivocaron, que nunca recibiste dinero, ya lo saben, ya no tienen nada contra ti; puedes regresar sin ningún problema’. Muchas de esas gentes me decían que ni siquiera me tenía que ir, pero era una cuestión de sanidad”. — ¿Y de cuánto estamos hablando? “Nunca supe con exactitud,  sé que hablaban que se había entregado cuatro millones de dólares, a repartir… había un alto funcionario, y no (era) de la Secretaría”. Finalmente, Díaz Lerma reflexiona y asegura que durante algún tiempo pensó en contratar un abogado penalista para darle seguimiento al tema, pero optó por dejarlo así. Aunque sí considera que hay participantes que siguen libres. Capella: “Cabrón, estás vivo… para qué le buscas” La noche del 27 de noviembre de 2007, apunto de amanecer 28, un grupo armado intentó ingresar a la casa de Alberto Capella, entonces Consejero Ciudadano de Seguridad Pública, que en 72 horas sería nombrado secretario de Seguridad Pública en Tijuana. Hombres con armas largas, a bordo de por lo menos ocho vehículos, intentaron ingresar al domicilio de la víctima, localizado a un costado de la Unidad Antisecuestros del Estado y atrás de las oficinas de la Policía Municipal. Capella, que había sido amenazado, escuchó ruidos. Tomó una de las armas largas que sus escoltas le dejaban por la noche al llevarlo a su casa, y empezó a disparar. Los vecinos pidieron ayuda a los números de Emergencia, las fuerzas del orden tardaron 35 minutos en llegar. Los criminales abandonaron la escena sin completar la fechoría. En el lugar, la Procuraduría General de Justicia del Estado recolectó casquillos de 11 armas, además de la usada por Capella para defenderse. Cinco armas habían sido utilizadas el 20 de noviembre del mismo año, en el asesinato del policía  federal de Caminos Carlos Mario Breach Shcultz, en una emboscada bajo una lluvia de balas en la colonia libertad. Este hallazgo no importó. Este expediente tampoco tuvo conclusión, ni arranque. En 2009, tras la captura de Ángel Jácome Beltrán “El Kaibil” -8 de marzo-, uno de sus presuntos cómplices consignados, el ministerial Ricardo Flores, declaró respecto al intento de homicidio contra Capella: “Estuvieron involucrados los agentes ministeriales de nombre Domingo Herrera, Ulises Meza, así como agentes de la Policía Municipal, de los cuales no recuerdo sus nombres, que dicha célula que realizó el atentado referido, estuvo dirigido por un ex agente ministerial de apodo ‘El Negro’”. También aseguró que en el operativo homicida, Herrera fue herido y después atendido como accidente de trabajo en el ISSSTECALI. En versiones extraoficiales de policías municipales, se mencionó también la participación del entonces jefe de Enlace de la Municipal y compadre del traficante Jorge Briseño “El Cholo”, Javier Enrique Cárdenas Salgado -detenido en noviembre de 2008 por sus presuntas relaciones con el CAF ,-como quien ordenó a los policías “abrirse” para dejar el camino libre a los criminales. “Fue un tiempo bastante complicado, doloroso, porque aparte de que vives momentos de terror y te salvas de milagro, terminas siendo víctima tres veces, la más importante, cuando te quieren matar; la segunda cuando te crucifican mediáticamente por temas de carácter político, manejando la teoría de un auto-atentado (según informes que recibió posteriormente, esa versión saldría de la Secretaría General de Gobierno del Estado)  para mover tanta gente, ni modo que alguno no dijera algo; y la tercera, que no hay justicia”, considera Alberto Capella. “Eran tiempos tan complicados, que incluso una autoridad de primer nivel, de quien omito su nombre, me dijo con estas palabras: ‘Cabrón, si ya te salvaste, deja concentrarnos en cosas verdaderamente importantes, y no en cosas que no tienen relevancia, porque finalmente estás vivo’. Y a las 72 horas me convertí en autoridad por primera vez en mi vida, y entras en una dinámica de mucha responsabilidad, de mucho estrés, de muchos problemas, que tiene otras prioridades”. — ¿Y qué fue lo que se investigó? “Sé que en alguna ocasión me llegó un citatorio por parte de la PGR, en aquel tiempo de que informara cómo demonios tenía yo una R-15 y G3 en mi casa, y por qué. O sea, terminé procesado. Hablé con Medina Mora, le expliqué -eran de sus escoltas y se los dejaban en la noche- y dejaron el asunto sin efecto, pero lo que les interesaba era ese tema.   “A los dos años aparecen estos detenidos con esta información y sustentan con un señalamiento directo la participación de cuatro policías ministeriales del Estado, y presumiblemente, ocho policías municipales de Tijuana corruptos, y es básicamente al punto que llegamos”. — Al ex ministerial Francisco Manzo Morán “El Negro” o “El Billy”, detenido en julio de 2009, ¿lo acusaron por su expediente? “Hasta donde yo sé, no; yo no he comparecido ante ninguna autoridad judicial”. — ¿Hay algún detenido por el atentado contra su vida? “Ninguno, por lo menos por mi asunto ninguno. Hay dos expedientes, uno en el Estado y otro en la PGR, y las dos investigaciones deben estar durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué impresión tengo? que la mayor parte de los que participaron, o están muertos o están detenidos, porque ya no hubo nada. Y te da el efecto que tienen todas las víctimas de cuál va a ser la reacción si le mueves -al expediente-, y más con esos criterios de ‘para qué si estás vivo’.  “Ahora llega gente y me trae una pieza del rompecabezas que yo no tenía -pero no aceptarían declarar porque sería ponerse en riesgo-, lamentablemente una cosa es la realidad y otra la verdad jurídica, de saber a poder acreditar hay una gran distancia; al final el único link importante que tengo es esta declaración, y la balística de las armas”. Al inicio de la indagatoria, Capella tuvo un enfrentamiento verbal con palabras altisonantes con Jesús Nelson Rodríguez García, subprocurador contra la Delincuencia Organizada, porque estaba desestimando el tema intencionalmente. Víctimas en el tema de secuestro habían señalado a este funcionario en repetidas ocasiones de corrupción y colusión con el crimen organizado, sin embargo, fue protegido por los procuradores Antonio Martínez Luna y Rommel Moreno, hasta abril de 2008, cuando el General Sergio Aponte Polito, entonces Comandante de la Región Militar, lo señaló en una carta pública con detalles de averiguaciones y declaraciones, como  un funcionario corrupto con ligas criminales. Sin embargo, ni lo corrieron ni denunciaron. Nelson renunció. Montero: Presuntos responsables liberados Lo mandaron amenazar a partir que tomó posesión como secretario de Seguridad Municipal en Rosarito, el 1 de diciembre de 2008. Los mensajes le llegaron a través de sus escoltas, lo atacaron a balazos en las oficinas centrales de la Policía el día 18 del mismo mes. Como sobrevivió, otro mensaje llegó una semana después vía un agente ministerial, quien le dijo que tenía que negociar con los narcotraficantes y podía llegar a un acuerdo sin corromperse. Conforme al análisis balístico, algunas de las armas de su atentado, se habían usado en el asesinato del agente federal Carlos Mario Breach Shcultz y en el atentado contra Capella. Cuando Montero fue a declarar, lo recibió Nelson Rodríguez García, quien le advirtió que no conocía de “su asunto” porque tenía mucho trabajo y que lo iba a mandar a la Procuraduría General de la República porque eran pocos agentes y no querían correr riesgos. A pocos días del ataque, como resultado de una serie de entrevistas realizadas entre policías municipales de Rosarito, con apoyo del Ejército, el General Aponte, ante la intencional inmovilidad de los investigadores estatales y federales, dio a conocer una lista de los uniformados corruptos que habrían participado presuntamente en el intento de homicidio del Capitán Montero. José Luis Lugo Báez, César Beltrán Saldívar y Mario Alberto Herrera Sánchez; José Luis Lucas Rodríguez, Júnior Ernesto Escobar Knight, Manuel Miguel Díaz Ayala, Carlos Peraza Vergara, Marco Antonio Arias Hernández, José Luis Ballesteros Sánchez, Mario de Jesús Lizán Nájera, Eduardo Bustos Rodríguez y Karlo Omar Herrera Sánchez. Los policías lo negaron públicamente. Algunos de ellos fueron detenidos. Incluso, César Beltrán Saldívar fue asesinado -3 de octubre de 2008- mientras comía en una taquería con Ángel Jácome Beltrán “El Kaibil”, detenido como miembro del crimen organizado en marzo de 2009. Cuando el Ejército capturó a “El Kaibil”, le permitieron a Eduardo Montero entrevistarlo. “Me dijo que él no había participado en mi asunto, pero quien pidió permiso para hacerlo fue César Beltrán, a través de Raydel López ‘El Muletas’, y que ‘El Teo’ (Eduardo García Simental) lo había aprobado”. Cuando le preguntó el por qué, Jácome respondió: “Porque los grupos que ya estaban al interior -de la Policía- los estaba empezado a desintegrar, y no estaba dejando trabajar”. — De la lista que se publicó, ¿alguno de esos policías fue detenido por su atentado y el homicidio de su escolta, Guillermo Castro Corona? “Precisamente por lo de mi atentado yo lo desconozco, supe de la participación por el General Aponte, pero de que estén en la averiguación, no sé. Es más, yo nunca volví a ver la averiguación”. — Formalmente, ¿le preguntaron a Jácome Beltrán del ataque en su contra y de su escolta o no? “Ahí desconozco, lo que pasa es que nunca hubo una unidad de criterio en la elaboración de los interrogatorios a los detenidos, la unidad que los detenía obtenía su información -lo que a ellos les interesaba-, y no le permitía a las otras instancias estar por lo menos presentes para ver qué otros temas se podían despejar”. — ¿Acusaron a César Beltrán Saldívar del atentado? “Sí estaba en la lista, pero nunca estuvo detenido porque renunció. Cuando publican los nombres, él renuncia y jamás lo vuelvo a ver, hasta que muere”. — ¿Usted declaró? “Fui y puse mi denuncia con el General Aponte Polito. Fue la única vez que me escucharon, incluso no me querían recibir la denuncia, estaba a cargo el que estaba de Enlace y luego lo agarraron en Estado Unidos- Jesús Quiñónez-. Lo hizo porque hubo mucha presión del General”. — Posterior a esa lista capturaron por temas de droga a los hermanos Herrera y… “Y ya están sueltos”. — ¿Liberados? “Andan en Rosarito”. — ¿Y Usted por qué no impulsó el expediente, Capitán? “No cuestioné, más bien propuse que en cada detención se invitara a todas las unidades, para que una en presencia de todos preguntara sobre lo que a cada una le interesaba. En el caso de Rosarito me interesaba saber qué policías estaban involucrados, qué autoridades estaban involucradas, cuál fue la razón por la que mataron a Pedro o a Miguel, para resolver lo que estaba en mi municipio, pero no había eso”. Leyzaola: Sin averiguación previa abierta El trabajo de coordinación con el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) le permitió al Teniente Coronel Julián Leyzaola como secretario de Seguridad Pública de Tijuana, conocer de la planeación de dos atentados en su contra. Uno en septiembre de 2009 y otro el 31 de octubre de 2009, ambos fueron desmantelados a tiempo, en el segundo hubo detenidos, pero cuando fueron consignados, no les fincaron responsabilidad por planear matarlo. — Primera amenaza, ¿de la coacción del carro-bomba hubo investigación? “No, de eso se presentó una denuncia ante la PGR por intento de homicidio y lo que resulte. Ahí llegó la información de la DEA de que iban a volar el edificio de ‘La Ocho’ -oficina de Seguridad Pública que estuvo ubicada en la calle Octava de la Zona Centro-  con un vehículo  con explosivos; fue cuando decido trasladar la Secretaría de Seguridad al edificio de la Zona Río. Pero no hubo consignación, hubo datos de un video, pero nunca detuvimos a nadie”.     — ¿Había una camioneta con huellas digitales? “Pero no le encontraron explosivos, y si no hay nada ahí, no se puede integrar nada”. Respecto al fallido atentado programado para el 1 de noviembre de 2009  y los detenidos, Edgar Zúñiga Nuño “El Mono” y otros 11 criminales detenidos, el Teniente Coronel Leyzaola confirmó: “No están profesados por el atentado”. Fueron capturados tras un enfrentamiento, vestidos de soldados en carros militares apócrifos, mientras esperaban la orden para salir a la calle, acercarse al comando escolta de Julián Leyzaola y matarlo. “Inicialmente que me llegó la información, supimos que ellos iban a clonar los vehículos, y fueron detenidos por otros motivos, por declaraciones sabíamos que ellos estaban a la espera de poder ir sobre mi vehículo, traían montados los barrets en sus autos, pero no se llevó a cabo el atentado; por eso no se concretó finalmente el intento de homicidio”. — Pero se encontraron videos con la arenga que habla de la intención de asesinarlo y declaraciones, ¿nadie está siendo investigado a pesar de toda la información alrededor del operativo criminal? “Realmente ahí, yo no se cómo operó la situación, nosotros nada más actuamos en la detención por delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, creo que por usurpación de funciones y uso de uniformes/colores de las fuerzas armadas  Se supone que el MP les iba a configurar el intento de homicidio, pero no sé cómo haya operado el Ministerio Público en el tema de toda la planeación del intento de asesinato”. — Había videos y declaraciones, ¿a Usted le hablaron para declarar?  “Todo eso se lo dimos a la PGR, todo se les entregó para que hicieran la integración, pero no sé en qué terminó, y no me mandaron llamar nunca” Oficialmente: sin investigación Se solicitó información a la Procuraduría Estatal de Baja California del seguimiento y avances últimos de todos los casos antes descritos, y la respuesta fueron los siguientes oficios: – En el caso Montero, con fecha 12 de octubre de 2009, la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada informa al Ministerio Público de la Federación que envíe todas y cada una de las constancias originales a la representación social de la Federación, ya que ejercieron la facultad de atracción de la indagatoria 4035/07/207. El MP responde el 23 de octubre, argumentando que ya lo hizo. – Otro documento escrito a mano con fecha 8 de mayo de 2006, indica que remitieron un oficio “con desglose”  al Ministerio Público Federal con el expediente del caso Díaz Lerma, por tratarse de un delito del orden federal. Hasta ahí.  (Sergio Haro) Amparan a falsos militares Protección a sicarios de “El Muletas” regresa proceso penal por delincuencia organizada al inicio. “La Loba” y Leonardo Salvador Hernández, dos de los que participarían en un atentado contra Julián Leyzaola en 2009. Otros de los pistoleros se convirtieron en dolor de cabeza para autoridades del penal de “El Hongo”, al desarrollar conductas tendientes a establecer un autogobierno carcelario. Por una formalidad mal atendida durante el recurso de apelación interpuesto por dos presuntos sicarios de la célula delictiva de  Raydel López “El Muletas” en contra de un auto de formal prisión dictado hace más de tres años, un Tribunal Unitario concedió amparos al par de procesados y ordenó la reposición del procedimiento. Los beneficiados por el fallo son José o Jesús Adolfo Lugo Quiroz “La Loba” y Leonardo Salvador Hernández García, quienes presuntamente atentarían contra la vida del ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Julián Leyzaola Pérez, el primero de noviembre de 2009, pero fueron detenidos el día anterior por elementos de la II Zona Militar. Ambos sujetos formaban parte de un grupo de aproximadamente 40 sujetos que organizaban un operativo para privar a de la vida al actual jefe policial de Ciudad Juárez y utilizaban uniformes apócrifos del Ejército Mexicano. Se encuentran presos en el Centro de Reinserción Social “El Hongo”, en Tecate, acusados de delincuencia organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud. Mejorar la defensa Tras permanecer arraigados durante casi tres meses, a Lugo Quiroz y Hernández García se les remitió a dicho reclusorio, donde vía exhorto, el Juez de Primera Instancia Penal de la localidad, en auxilio del Juez Decimosexto de Distrito de Tijuana, les dictó auto de formal prisión el 2 de febrero de 2010. Los pistoleros apelaron al fallo que los declaraba formalmente procesados, y el juzgador de Tecate los previno para que nombraran un abogado para la segunda instancia. Al no contar con un profesionista particular, tanto “La Loba” como su cómplice designaron al defensor de oficio que estuviese adscrito en el Tribunal Unitario al que le tocara conocer de la apelación. El exhorto dio cumplimiento a la formal prisión y regresó al Juzgado Decimosexto de Tijuana, su titular convalidó la decisión de los procesados de designar al defensor de oficio para que los patrocinara durante la segunda instancia, y así remitió el expediente al tribunal de apelación, que también dio por bueno el nombramiento, y el 26 de julio de 2010, confirmó el auto de bien presos a Lugo y Hernández. Inconformes con la resolución, los sicarios interpusieron hasta este año los amparos indirectos 17/2013 y 22/2013, ante el Octavo Tribunal Unitario, que hace unos días otorgó la protección de la justicia federal a los quejosos y ordenó reponer el procedimiento hasta la etapa inmediata posterior al dictado de la formal prisión; es decir, continúan procesados, pero se les dará oportunidad de designar nuevamente abogados. Para el magistrado que resolvió el amparo debió ser el Juez de Distrito de Tijuana el que tenía que prevenir a los inculpados para nombrar a los litigantes que consideraran oportunos, y no el juzgador de Tecate. Considera irregular que el juez federal convalidara la designación del defensor de oficio, y que tampoco el magistrado de apelación lo haya advertido. Según el tribunal de amparo, lo anterior “se traduce en una omisión grave de la defensa en perjuicio de los inculpados, que trasciende al resultado del fallo y amerita su reposición”. El sentido del amparo, que pareciera intrascendente al fondo del asunto, finalmente permitirá a quienes sean los defensores de estos sicarios perfeccionar los agravios en busca de revertir la resolución que los mantiene en prisión. Tipos de cuidado A más de tres años de los hechos y la reclusión de los criminales, su estancia en el Centro de Reinserción Social “El Hongo” se ha convertido en un potencial riesgo para las autoridades y población penitenciaria, puesto que algunos de los señalados no han cesado en sus conductas ilícitas aun dentro de la prisión, lo que ha motivado diversas sanciones y medidas en su contra. Pablo Houston Barceló tuvo que ser castigado en febrero de 2012 por el Consejo Técnico Interdisciplinario por su conducta antisocial, al organizar y liderar un grupo al interior del centro carcelario con intenciones de controlar espacios y servicios hacia el resto de los presos, ejerciendo un poder indebido. No se dieron a conocer mayores detalles. El recluso fue sancionado con 60 días de aislamiento en celda diferente a la suya y suspensión de visita familiar e íntima durante ese periodo. Fue removido del edificio H-C116, al diverso H7-A310. Su madre, Juana Barceló Ochoa, promovió un amparo debido a la prohibición de visita familiar, la falta de atención médica a su hijo y el riesgo de que éste pudiese perder la vida. Así se conoció de su situación. Por su parte, Alejandro Ignacio Corona Manzo “El Gordito” también fue sancionado en julio de 2011 por desobedecer las normas generales de conducta del penal de Tecate y por poseer sustancias ilícitas. El castigo fue de 60 días de observación en celda propia, sin visita íntima ni familiar. Corona y sus familiares demandaron el amparo denunciando presunta incomunicación, prohibición de visitas y encierro bajo llave las 24 horas del día. Un juez le concedió la protección constitucional porque las autoridades no especificaron qué tipo de órdenes no obedeció, ni tampoco señalan tipo de sustancias, tiempo, modo y lugar de posesión. Otro interno conflictivo es Gustavo Gil Díaz, quien fue sancionado por cometer faltas de disciplina en “El Hongo”. Se le prohibieron visitas y se le restringió el uso del teléfono, según sus propios lamentos. Promovió diversos amparos, entre ellos uno en el que se quejó de “incomunicación, segregación, aislamiento, malos tratos” y la internación en las celdas denominadas “tumbas o bartolinas”. (Luis Carlos Sáinz)