Vendedores de droga: más de 8 mil detenidos y 8 mil en la calle Alberto Zavala es un joven de 17 años, residente del poblado Guadalupe Victoria en Mexicali. Fue detenido tras pasarse un alto en el poblado, asegura que el 29 de julio de 2013 fue hostigado por agentes municipales a quienes acusa le robaron 600 dólares y después lo trasladaron al cuartel militar en Mexicali donde lo torturaron para que les dijera “quién vende droga en el Valle”; no sabía, entonces sin más trámite, lo liberaron. Uno de los dos agentes que lo detuvo justifica la captura en que lo vio “fumando mota”. Situación ilegal, dado que en Baja California la posesión para el consumo no está penada. Su caso quizá ni siquiera aparezca en los datos oficiales que muestran cómo, a un año –21 de agosto de 2012– de que el tema del narcomenudeo pasó a la esfera oficial, han sido detenidos en Baja California 8 mil 204 personas, de los cuales 5 mil 234 han sido consignados, según informa Abel Galván, titular de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada de la PGJE, de donde depende la Unidad de Atención contra el Narcomenudeo. Un año después Galván reitera lo dicho por el Procurador Rommel Moreno en agosto de 2012: el narcomenudeo en la entidad representa ganancias arriba de los 22 millones de pesos diarios, y el delito está directamente relacionado con el 80 por ciento de los 518 asesinatos registrados en la entidad en este año, de los cuales 350 corresponden tan solo a Tijuana. La novedad en épocas recientes sería la incorporación de personas de la tercera edad a la venta de droga al menudeo. “…hemos detenido a muchos y todos nos dicen que es la falta de oportunidades, que no les dejó otro camino. Y para los criminales son una cortina de humo porque difícilmente, los policías ven a un abuelito como una amenaza”. El funcionario sostiene que en la entidad el Cártel de Sinaloa es el que mantiene el poder y que el pleito –que ha derivado en tanta sangre– se presenta de manera intestina entre los narcomenudistas. Calcula que en la entidad podrían existir cerca de 2 mil puntos de venta de droga al menudeo, aunque cada “tiendita” podría tener tres o cuatro vendedores callejeros. Pero también han evolucionado, los distribuidores ya no portan grandes cantidades, prefieren hacer varios recorridos al día para evitar a su vez el decomiso de grandes cantidades y a la vez evadir un delito de mayor impacto. Otro es la movilidad y el uso de bicicletas y otros vehículos, a la par de celulares y radios. Dice que las drogas predominantes son el cristal y el ice, las que caracteriza como drogas fuertemente adictivas, con intoxicaciones que pueden durar hasta 8 horas y que pueden significar al adicto varios días sin dormir, además que son preparadas de manera relativamente fácil pero que resultan muy dañinas. “Ese es el problema que está teniendo nuestro estado”, sostiene el titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada. A la par en Baja California existen cerca de 200 centros de rehabilitación con una población de alrededor de 7 mil 500 internos, los cuales le cuestan al estado cerca de 14 millones de pesos anualmente, expone por su parte el titular de Salud en la entidad, José Guadalupe Bustamante. Resaltan más datos: en este año han decomisado cerca de 40 mil dosis –entre ice y cristal–, 5 mil 800 de heroína, 9 mil 500 de mariguana, 514 de cocaína, en una espiral de cifras que parece nunca acabar. Rebasaron a reactivos De acuerdo a modificaciones a la Ley General de Salud aprobadas y publicadas en agosto del 2009, a partir del 21 de agosto del 2012 las autoridades estatales de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia “conocerán y resolverán los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad” que tienen que ver con el narcomenudeo. “En la cuestión del narcomenudeo, la policía municipal sigue al mismo ritmo”, dice de entrada Alejandro Montreal, Comandante de la Dirección de Seguridad Pública en Mexicali. Comenta que aunque ahora corresponde a la Procuraduría Estatal el seguimiento de estos delitos, la Federación no se ha deslindado, por eso es que implementaron una guía muy práctica: a los detenidos en la zona oriente y Valle de Mexicali los trasladan a las instalaciones de la Subdelegación de la PGR y a los de la zona Poniente y Central, a las instalaciones de la UECO en la colonia Hidalgo. El jefe policiaco refiere que mensualmente en Mexicali, remiten entre 300 a 350 personas que decomisan con pequeñas dosis. De acuerdo a la Ley General de Salud, hay una tabla que maneja en cuanto a la dosis máxima de consumo personal, en el caso de mariguana 5 gramos –cerca de 3 cigarrillos–, de cocaína 500 miligramos y de cristal o ice 40 miligramos. Las cantidades arriba de esta medida se consideran narcomenudeo y deben ser atendidas por la PGJE, por ejemplo la mariguana hasta cinco kilos le corresponde a la fiscalía local, arriba de ese peso el tema corresponde a la procuraduría, para cada droga existe una tabla. Pero en todos los casos de detenciones en Mexicali, los agentes municipales remiten a la Unidad de Combate al Narcomenudeo –de la PGJE– y ahí determinan si es competencia de ellos o de la instancia federal. “Nosotros no tenemos pesa para poder verificar la cantidad de enervante que estamos deteniendo, nosotros detenemos y la presentamos ante la autoridad competente, ellos hacen el pesaje, manejan los reactivos químicos”, expone el jefe policiaco comentando que en los primeros meses de la reforma las detenciones que ellos realizaron rebasaron el número de reactivos químicos que contaban la unidad de periciales. “Tuvimos pláticas en cuanto a lo que es la tabla, pero el procedimiento es el mismo”, comenta en relación a la capacitación previa. Según Montreal, salvo que sea una cantidad muy poca –como una “bachicha” de mariguana– lo remiten al juez calificador quien lo sanciona como una falta administrativa que puede devenir en una multa o detención por 36 horas. Procuraduría, propuesta más seria “No era un tema que estuviera contemplado en nuestro techo presupuestario, era más trabajo sin recursos”, comenta por su parte el Procurador General de Justicia del Estado Rommel Moreno Manjarrez, quien añade cómo tuvieron que hacer un esquema de administración para enfrentar ese reto. Arrancaron con el presupuesto estatal y con elementos seleccionados dentro de las propias filas de la corporación. Se abrieron tres centros, uno en Mexicali, otro en Ensenada y el tercero en Tijuana pero abarcando Tecate y Playas de Rosarito. Hay un coordinador estatal, dos coordinadores –uno por Mexicali y otro por Tijuana–, 8 agentes del Ministerio Público, 22 secretarios de acuerdos, 30 policías ministeriales, dos administrativos y un canalizador. “Creo que el balance es positivo, ahí están los números. Haciendo un comparativo a nivel nacional, tenemos más de mil 200 consignaciones con auto de formal prisión”, dice Moreno y comenta que en el tema presupuestal mínimo le costaría al estado 60 millones de pesos –que debe ser un tema compartido entre el estado y la federación– aunque virtualmente tendría que analizarse para el presupuesto 2014, aparte de que la actual administración estatal fenece el 31 de octubre de 2013”, dijo Moreno Manjarrez. “Es un asunto que se requiere mucho trabajo y obviamente estamos buscando nuevas formas, como son los Tribunales contra las Adicciones, que es una propuesta que me parece mucho más seria que la legalización de la mariguana”. Por su parte el titular de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, Abel Galván, expone que hasta la primera semana de septiembre, tenían un aproximado de 8 mil 204 personas detenidas –sea por autoridades municipales, estatales o federales– de los cuales 5 mil 234 fueron consignados. Comparativamente menciona otros casos, como el de Sinaloa con 547 consignados, Guanajuato 55, el DF 2020 o el Estado de México con solo mil 503. El mismo funcionario expone que llevan procesadas en el laboratorio 5 mil 800 dosis de heroína, 9 mil 500 de mariguana 514 de cocaína, casi 12 mil de ice y 29 mil de cristal. Galván señala que todo esto ha derivado en 3 mil 128 autos de formal prisión y dos mil 237 sentencias condenatorias. Explica además que en el caso de drogas se trata de delitos graves cuando implica comercio o la posesión con fines de venta, lo que significa que no alcanza fianza y son remitidos a un juzgado de fuero común. En cuanto a la diferencia –cerca de 5 mil– entre las personas detenidas y los consignados, Galván expone que hay gran cantidad de personas que siguen en proceso y que esperan sentencia. “Arrancamos con un procedimiento bajo las reglas del sistema tradicional, no hemos tenido reformas para que el narcomenudeo se encuentre dentro del nuevo sistema”, dijo el funcionario en alusión a que no hay salidas externas en cuanto a sentencias a corto plazo. “Es una gran tarea el tema del narcomenudeo, no solamente se quedó la droga por la condición geográfica en nuestro estado, en cruce hacia Estados Unidos sino que está en nuestros ciudadanos. Hay un problema de adicción”, sostiene Galván quien considera hay que apostarle a otros rubros preventivos ya que la procuración de justicia es solo un eslabón. Galván considera que esas más de 2 mil sentencias condenatorias es un gran paso, comparado con otros estados que no han llegado a ese nivel. “El tema de consumo, la venta, el narcomenudeo es un problema, es un tema a nivel nacional y que está traspasando fronteras, es un trabajo no a corto plazo, donde se tiene que hacer inyección de varios rubros. Tiene que haber un programa donde se abarque diversas áreas, fuentes de empleo, desarrollo social, salud”, dice el funcionario añadiendo que se trata de un trabajo colegiado donde debe agotarse primero la prevención a corto, mediano y largo plazo. “Sí tenemos un problema con las drogas sintéticas, hay que crear estos programas en primera fase, y a la par combatirlos con programas de seguridad y justicia”, sintetiza el funcionario.