Más delincuentes, menos cárteles

Oculta gobierno de Enrique Peña Nieto, información de inseguridad y narcotráfico La detención de Alberto Carrillo Fuentes “Betty la fea”, presunto líder del Cártel de Juárez, sirvió de preámbulo para que en el primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se informara que, de 122 narcotraficantes considerados como “objetivos relevantes” en la lista elaborada por el gobierno federal, sumaban 65 los capturados.  El nuevo “capo” está entre ellos. Se informó que la detención de este hombre, de 46 años de edad, prácticamente desconocido para muchos, pero que ya se le había mencionado en narcomantas colocadas en Ciudad Juárez, ocurrió en el estado de Nayarit. Simultáneamente, dice la autoridad, en el municipio de Zapopan era aprehendido su cómplice Alejandro Arias Barrera. Ambos personajes fueron consignados ante un juez de distrito en el interior del Centro Federal de Readaptación Social número 3 Noreste, en Matamoros, Tamaulipas, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, portación de arma de fuego  de uso exclusivo del ejército y contra la salud. Para el Gobierno Federal, “Betty la fea” ocupaba el lugar de su hermano Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, quien huyó de Chihuahua y del norte del país ante la presunta persecución oficial y la de sus contras encabezados por Joaquín “El Chapo” Guzmán. La detención fue, como se ha puesto de moda decir en las últimas acciones, “sin violencia y sin que se haya efectuado un solo disparo”. De hecho, la captura no fue nada espectacular, pues ni Carrillo Fuentes, ni Arias Barrera, tenían escoltas. Al primero le aseguraron dos fusiles AK-47, una pistola 357 Magnum, algunos cargadores, dos teléfonos celulares y dos paquetes con polvo blanco; mientras que al cómplice no le incautaron arma alguna, pero se asegura que es secuestrador y homicida. Trascendió que el Cártel de Juárez actualmente está aliado con Los Zetas y lo que queda de la organización criminal de los Beltrán Leyva. A pesar de que se ha  insistido en que no se darían a conocer nombres, apodos, imágenes ni detalles de la organización delictiva a la que pertenecen las personas detenidas para su investigación, cada vez han sido más frecuentes las novedades en este sentido debido a la crisis de credibilidad que existe en el actual gobierno y han recurrido a los tradicionales recursos de los cuerpos de seguridad de dar a conocer estas capturas. Así ocurrió con las detenciones de Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40”, Mario Alberto Ramírez Treviño “El X-20” o “El Pelón” y el regreso de Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Pacífico”, deportada de los Estados Unidos. En el caso del “X-20” se rindió una extensa conferencia de prensa en domingo y en un canal de televisión nacional de Televisa se transmitió en vivo la noticia durante más de 25 minutos, en un hecho inédito. Lo curioso es que después de que se dio a conocer la captura de Alberto Carrillo Fuentes, a quien bautizan como “Betty la fea” y pasado el informe gubernamental de Peña Nieto, el  subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación y vocero del Gabinete de Seguridad, Eduardo Sánchez Hernández, informó que ahora sí, ya, dejará de darse a conocer los nombres que los delincuentes dan a sus organizaciones porque “los cárteles no forman parte de la agenda”. En lo que parece una nueva estrategia de comunicación, de cambiar el concepto de “cártel” por el simple de “banda de delincuentes”, el vocero argumentó que esas etiquetas pertenecían a las administraciones anteriores y que ahora la estrategia contra el crimen organizado “no está encauzada a determinadas bandas de delincuentes” y que el objetivo trazado, más que a grupos específicos, se enfoca a través de delincuentes que están lastimando a la sociedad”. Tampoco se ha informado con claridad la lista con los 65 nombres de presuntos capos relevantes detenidos durante la presente administración, trascendiendo exclusivamente los ya mencionados y el de José Ángel Carrasco Coronel “El Changel”. Casacambistas denuncian Dueños de casas de cambio en Tijuana, refieren inconformidades  por ser objeto de decomisos de la Policía Estatal Preventiva, además, aseguran que la Cámara Nacional de Comercio no les ha apoyado en la solución de este conflicto, pese a haberlo denunciado. Uno de esos casos es de William Coronado, dueño de un centro cambiario ubicado sobre el Bulevar Salinas de esta ciudad, donde dos de sus empleados fueron sujetos de un decomiso de la PEP de 147 mil pesos, mismos que aún no puede recuperar, ya que la Procuraduría General de la República argumenta que las pruebas  presentadas  son insuficientes para demostrar la procedencia del efectivo. Fue el viernes 23 de agosto cuando los hermanos Jorge y Juan López Coronado resultaron detenidos en la colonia Aviación, por agentes estatales. Según información oficial difundida en su momento por la corporación, las acciones fueron motivadas por una denuncia anónima de dos sujetos que “contaban demasiado dinero en la vía pública”, mismos que al no poder comprobar el origen legítimo del monto, fueron turnados al Ministerio Público federal. La inconformidad también versa en que los hermanos López Coronado fueron exhibidos en los diarios locales como delincuentes presentados por la PEP. Con una fianza de 20 mil pesos, los detenidos fueron liberados el 25 de agosto, según cuenta William Coronado, sin embargo, hasta le fecha no ha podido recuperar su dinero. Sostiene que de esos 147 mil pesos, 140 mil son por un vehículo que vendió, y 700 dólares por compraventa de dólares hecha con un cliente de su negocio. “Mediante un abogado (procederá) meter un amparo, porque lo que se presentó es lo que es, no sé por qué no creen”, manifiesta. Asegura que su negocio es lícito, que se encuentra asociado con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, misma que los audita durante todo el año. Cuenta que hay otros dueños de casas de cambio que se quejan de ser interceptados constantemente por la Policía Estatal Preventiva y no se atreven a hablar por miedo a represalias, pero subraya que él ya no ha tenido problemas con esta institución. Otro casacambista expuso que los uniformados del estado los extorsionan y los detienen cuando se niegan a pagar. José Manuel Ripa, presidente de Centros Cambiaros en la Cámara, acepta que dos personas le han referido lo anterior, no obstante, no ha tenido oportunidad de reunirse con las autoridades pertinentes para conocer el tema. “Yo no puedo realmente decir qué es lo que ha estado sucediendo ahí, no sé si está fundado o no fundado, lamentablemente negocios de este sector se prestan para otros negocios también, entonces yo ahí sí no sé si hay investigación por parte de las autoridades y no quisiera entorpecer nada de eso”, justificó.  Ante la denuncia pública de presuntas extorsiones,  durante 15 días a partir de la última semana de agosto,  ZETA solicitó en varias ocasiones las opiniones  del secretario de Seguridad estatal, Daniel de  la Rosa, y de Marco Montoya, titular de la PEP, sin obtener respuesta positiva. Por versiones al interior de la Policía Estatal Preventiva, este Semanario pudo conocer  que a la fecha solo existen dos investigaciones activas por extorsión  al interior de la corporación, una incluye a dos comandantes de la PEP en Tijuana, en la que se menciona un presunto enriquecimiento ilícito, el cual no han comprobado; y otro comandante de Tecate que realizó un operativo en Rosarito, donde un empresario fue detenido en presunto estado de ebriedad y aseguró haber sido despojado de dinero. En los tres casos, los oficiales fueron removidos del cargo y la indagatoria interna está en proceso. (Saúl Ramírez Esparza) Piden a Procuraduría de Baja California investigarlo Priistas denuncian a Hank por amenazas Una nueva corriente popular en el Partido Revolucionario Institucional, que se hace llamar Coordinación Priista de Colonias Populares A.C., se erigieron como grupo de autodefensa y presentaron, el miércoles 4 de septiembre, una denuncia contra Jorge Hank Rhon, para que sea investigado como el principal sospechoso de amenazar la vida del ex candidato al Gobierno de Baja California, Fernando Castro Trenti. ZETA publicó en su última edición el detalle de una denuncia anónima que se recibió en estas oficinas, y donde un hombre que se identificó como Policía Municipal, informó de la orden de asesinar a Castro Trenti, que provino de un grupo de ex policías presos en el Penal de El Rincón Nayarit. Los ex agentes, informó el denunciante anónimo, sirvieron en su momento a la célula criminal de Teodoro García Simental, preso también por narcotráfico y delincuencia organizada. Ésa fue la tercera ocasión en que se vertió una amenaza contra Fernando Castro Trenti, y al igual que los priistas populares la sospecha ha recaído sobre el dueño de Grupo Caliente en Baja California. En la denuncia presentada ante la Procuraduría de Justicia del Estado, enviada a Rommel Moreno Manjarrez, Procurador, y a Ricardo Salas, subprocurador, los representantes populares a través de su abogado Joel Núñez García, documentaron la nota de ZETA publicada en la sección de DICHOZ Y HECHOZ, y solicitaron: * Que se les tome por presentada la denuncia. * La designación de un fiscal especial para la investigación. * La protección de Fernando Castro Trenti y de su familia, asignándole elementos de seguridad. * Que se cite a declarar para que rinda testimonio a Jorge Hank Rhon. Mario Alberto Sánchez Cruz, fue quien en representación del “Grupo de autodefensa Coordinación Priista de Colonos Populares A.C”, se apersonó el jueves 5 de septiembre en la Unidad Orgánica de Lesiones de la PGJE para solicitar el inicio de la Averiguación Previa (8175/13/211/AP). Ante los medios de comunicación Mario Sánchez Cruz negó ser enviado del ex candidato a gobernador del PRI y, aseguró, su actuar es como miembro del partido. Sánchez anteriormente se identificaba como secretario de prensa de Democracia 2000, un grupo Coordinado por Rubén Ovando Ulloa, el cual se auto denominaba “Corriente Crítica del PRI en Baja California”. Los priistas inconformes han publicado desplegados criticando la posición y actitud de Jorge Hank Rhon, a quien acusan de traidor al PRI con la leyenda: “Castro Trenti sí prendió… solo que Hank lo traicionó”.   La misma semana de la publicación de ZETA en relación a las amenazas a Castro Trenti, el Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, instruyó al Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, para proveer de seguridad con elementos de la Policía Estatal Preventiva al ex candidato priista, y protegerle físicamente en lo que la investigación continúa. (Isaí T. Lara Bermudez/Adela Navarro Bello)