La amenaza del IVA

Consumidores, comercios e inmobiliarias, los sectores más afectados en BCS En el balance y análisis de la propuesta de Reforma Hacendaria anunciada el primero de septiembre por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, resaltan cuatro puntos que afectarían a los habitantes del Estado de Baja California Sur: – La homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 11 al 16 por ciento. – Impuesto al Valor Agregado del 16% por concepto de la compra de vivienda. – IVA del 16% por concepto de comisiones e intereses de créditos hipotecarios y ya contratados. – Aumento al 32% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para ingresos superiores a 500 mil pesos anuales. Datos recabados por ZETA, en base a opiniones de empresarios, contadores, economistas y legisladores, coinciden en el argumento de una homologación del IVA considerada como una verdadera amenaza, ya que “el consumo de esta región -dentro de la Franja Fronteriza-no se presenta en idénticas condiciones como en el resto de México, derivado de la cercanía con Estados Unidos, lo que evidentemente alteraría el patrón de comercio e interdependencia económica y social, por su posición geográfica de casi una isla”. Apenas el 20 de marzo de 2013, la firma consultora Mercer colocó a Baja California Sur como el estado más caro para vivir de todo México, particularmente el destino de playa de Los Cabos, por encima de ciudades como Monterrey, Cancún, Guadalajara, Tijuana y el Distrito Federal. El ranking agrupa 42 ciudades del país, y en su estudio tomó en cuenta indicadores como vivienda, alimentos, transporte, educación, entretenimiento, vestimenta, calzado, cuidado personal, accesorios domésticos, salud, aparatos electrónicos y de línea blanca. En la investigación, denominada Costo de la Vida Nacional, y tomando como punto de partida el 100%, la consultora global líder en talento, salud, retiro e inversiones, situó a Los Cabos en primer lugar, con un promedio de 108.66%; seguido de Monterrey (108.61%), Cancún (104.03%) y Querétaro (101.20%). La encuesta nacional “fue proporcional un indicador exacto, real y confiable, que refleja la diferencia del costo de la vida entre las ciudades de México, a partir del gasto actual de las familias mexicanas”, se justifica. Por lo anterior, el Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos es el primero en fijar una postura formal y oficial sobre las posibles repercusiones que podría traer la Reforma Hacendaria en el estado. En una carta dirigida a diputados federales y senadores, los empresarios en su conjunto solicitaron el análisis de su postura y la conveniencia de sus representados, y “con su voz, trabajo legislativo y voto, eviten debilitar una industria turística que hoy por hoy está sacando la cara por el estado y el país, dando vida digna y un ingreso a miles de familias, y actuando como motor económico en el crecimiento regional”. Los firmantes son: – Julio Castillo Gómez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos. – Renato Silva de Mendonca, presidente de la Asociación de Hoteleros de Los Cabos. – Jorge Téllez Landín, titular de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido de Los Cabos. – Raúl Padilla Padilla, director de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Los Cabos. – Carmen Carbajal Arteaga, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Los Cabos. –  Enrique Fernández del Castillo, titular de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Los Cabos. – Luis Fernando Quintero Rocha, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Los Cabos.} – Francisco Parra Carriedo, líder de la Asociación de Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios de Los Cabos. – Iván Cota López, titular del Colegio de Arquitectos de Los Cabos. – Óscar Alonso Sánchez Hernández, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Los Cabos. En la misiva, los empresarios expresan su sentir y pensar, asentando que su postura tiene un principio justo y razonado, en base a que “mientras no cambien las condiciones y principios que dieron origen a este impuesto preferencial en la región fronteriza no se debe modificar, por el bien de todos los que vivimos aquí”. Desde su punto de vista, expresaron que “la adquisición en el país vecino de insumos de uso ordinario para la operación del sector turístico, lo que provocaría de entrada, es que al homologar el IVA, traería como repercusión en cascada del encarecimiento en el nivel de vida de los ciudadanos y los gastos de operación de la industria turística, acotando seriamente la posición de competencia con el resto de destinos del país e internacionales”. Los empresarios dejaron en claro que están conscientes y son proclives a cambiar las formas de hacer las cosas, porque así se han expresado siempre, y cuya visión no varía de ver el presente y futuro de la región y del país, pero “tenemos que cuidar no afectar las bases que nos empujan a ser más competitivos, productivos en beneficio de todos y que en los puntos específicos de desacuerdo, los representantes populares sean sensibles a escuchar, analizar y reconsiderar cada caso, a fin de que los cambios se sustenten en la razón”. El desglose Sobre estos hechos, ZETA consultó a un economista, quien advirtió que el impuesto a la vivienda afectará seriamente el sector inmobiliario, porque cualquier persona que pretenda adquirir una casa, simplemente tendrá que pagar el 16% más de su valor real y otro 16% por el crédito hipotecario. En suma, un 32% por encima de lo que actualmente paga en el estado, lo que desde su punto de vista, hace imposible hacerse de un patrimonio familiar. En un ejercicio realizado, bajo el supuesto de que se aprobara tal gravamen, una vivienda -de clase media- valuada en 700 mil pesos, a partir de la entrada en vigor de la nueva tasa costaría 112 mil pesos más cara, lo que obviamente elevaría el enganche y las mensualidades. Peor aún, según el economista, el impacto también llegaría a la clase trabajadora, que en promedio compra casas de INFONAVIT e ISSSTE, con costos que oscilan entre 350 mil y 500 mil pesos. Estas viviendas elevarían sus precios entre 56 mil y 80 mil pesos, respectivamente, lo que significa el sueldo de todo un año de cualquier trabajador asalariado que en promedio gana un sueldo de mil 800 a 3 mil pesos a la quincena. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI) en La Paz, Ricardo Eloy Valdéz, dijo a ZETA que la situación actual en el mercado “es muy difícil” y está por debajo de lo programado por el cambio de sexenio, derivado de que el financiamiento bancario comenzó a fluir hasta mediados del presente año. Asimismo, expuso que actualmente el mercado de la vivienda de interés social está contraído, ya que el derechohabitante de INFONAVIT y del ISSSTE, simplemente no está comprando y se muestra más atento en resolver sus situaciones económicas familiares. No obstante, comentó que ahora tienen una oferta de vivienda mayor a 800 casas, entre proceso de construcción y terminada, más otras 200 del llamado mercado libre, que no es otra cosa que las casas que se desarrollan de dos, tres y hasta diez en algún punto de la ciudad. De acuerdo al desarrollador, la economía actual se mueve lentamente, y el parámetro está en el número de viviendas construidas, porque cuando en otros años se han construido hasta dos mil, en este tiempo, ahora solo llevan la mitad. Pero las repercusiones negativas también vendrán en cascada en contra de los consumidores y comercios. Según el contador público Jesús Miguel Cervantes, la homologación del IVA impactará principalmente en el bolsillo del consumidor y los comerciantes. Desde su punto de vista, la eliminación del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), es mera estrategia de recaudación, porque quieren quitarlo, pero subir el IVA en la zona fronteriza. El contador mencionó que algo de lo que no se ha hablado es de que con la Reforma Hacendaria, el Gobierno Federal pretende aumentar la plantilla del ISR, y “si sube el IVA y sube la plantilla, ahora todos vamos a pagar y la vida va a ser más cara, porque el más perjudicado de todo esto es el consumidor final”. Actualmente se analiza la información de la reforma, y la postura del gremio, finalmente, tendrá que ser fijada por el Colegio de Contadores. No obstante, dijo que es preocupante que con la reforma también se pretenda pasar del régimen intermedio al de cuota fija, porque así el gobierno tendría un ingreso seguro y permanente de todo el sector. Consideró que algo que los contadores tienen en la mira es el ISR, algo de lo que poco se habló, pero seguramente vendrá al final de la reforma. Los legisladores En la víspera del proceso electoral de 2015, el tema de la Reforma Hacendaria cayó como anillo al dedo y se debate entre legisladores de Baja California Sur. Evidentemente alineados al Presidente Peña Nieto, los senadores del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Barroso Agramont e Isaías González Cuevas consideraron que la reforma es necesaria, porque casi la mitad de la población mexicana viven en situación de pobreza, y más del 60 por ciento no tiene seguridad social. Sin definir su voto, Barroso vanaglorió la eliminación del IETU y del Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE), los cuales lastimaron el bolsillo de los sudcalifornianos. No quiso hablar la homologación del IVA y de los impuestos de la vivienda y de créditos hipotecarios, pero destacó que “el PRI desde siempre rechazó el IVA a alimentos y medicinas, ya que el bienestar de millones de mexicanos debe descansar en la alimentación y salud”. Por su parte, Isaías González Cuevas consideró que “la iniciativa beneficiará a los mexicanos que menos tienen, por ser altamente progresiva, lo que contempla que pagarán más por los que más ingresos perciban”. El legislador tampoco definió su voto, pero declaró que con la reforma se acabarán los privilegios que no tienen justificación y se gravarán las utilidades obtenidas en la Bolsa de Valores  además de cobrar impuestos a las ganancias que pagan las grandes empresas. Quien sí definió su postura fue el senador panista Carlos Mendoza Davis, quien políticamente está capitalizando el descontento social sobre la reforma. Asegura que votará “en contra”, porque evidentemente afectará a la zona fronteriza e, incluso, junto con los senadores Víctor Hermosillo y Ernesto Ruffo Appel, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados para que en el análisis y discusión de la Reforma Hacendaria, no se considere aumentar la tasa del IVA por los efectos negativos que tendrá el comercio en la zona. El senador esperaba que el tema “urgente y de obvia resolución” fuera analizado, en el marco del debate de ideas y discusión “con argumentos”. La que no fijó una postura oficial fue la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo de Baja California Sur. Atrapados en rencillas internas y sin sesionar formalmente desde el 13 de junio pasado, los integrantes Omar Zavala Agúndez, Alberto Treviño, Jesús Verdugo, Guadalupe Olay, Edith Aguilar, Arturo Torres Ledesma, Carlos Castro Ceseña, Sergio Barrón Pinto y Juan Domingo Carballo, guardaron silencio sobre el tema. No obstante, el diputado del Partido Acción Nacional, Luis Martín Murrieta, convocó a la creación de un “Frente contra la Homologación del  IVA”, donde participen empresarios, organizaciones sociales y colegios de profesionistas para evitar que el gobierno de Enrique Peña Nieto pueda salirse con la suya. Según el legislador, entre los focos rojos se observa que los sudcalifornianos van a perder el poder adquisitivo del dinero, se afectará la generación de empleos y habrá repercusión en la creación de nuevas empresas. El diputado de Guerrero Negro apuntó que el Gobierno Federal está hablando con medias verdades, porque el seguro de desempleo tiene una serie de candados, como tener mínimo dos años en el mismo trabajo, y solo podrá recurrirse al mismo cada cinco años. “Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el beneficio? En esos términos no favorecen a nadie, o de plano, muy poco”, planteó Murrieta, para puntualizar: “Lo que hemos visto y analizado es que donde más nos va a pegar es en la homologación del IVA, porque estamos en zona fronteriza, y por lo tanto, debemos unirnos y cambiar lo que se pretende hacer desde la Ciudad de México”.