Extorsión y corrupción en el ayuntamiento de Tijuana

Cobros fuera de caja por permisos de alcoholes Obed Silva Sánchez, Secretario General de Gobierno del XX ayuntamiento de Tijuana, fue denunciado el 29 de agosto de 2013 por “extorsión en grado de tentativa” ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, lo acusan de haber pedido cuotas “fuera de caja” a los dueños de negocios que venden alcohol. Lo señalan también por haber ofrecido liberar la venta de alcohol a negocios que no tengan permisos autorizado por el cabildo, todo a cambio de una cuota mensual por la que no recibirían recibo. La cotización fue diferente para cada giro: 3 mil 500 pesos para abarrotes; 4 mil pesos para Abarrotes y Loncherías, 5 mil pesos los negocios dedicados a la venta de Clamatos; 900 dólares para Billares; 1 mil 500 dólares para bares. Incluso piden 2 mil 500 dólares para dejar operar Table-Dance, sitios sobre los cuales hay una moratoria, conforme a los acuerdos edilicios desde 2012 no se aprueban permisos de este tipo, aunque es público el hecho de que continúan permitiéndose, y la prueba más reciente es la denunciada apertura del Caribean de la Sexta, sitio que fue exhibido, solo porque fue denunciado el 31 de agosto de 2013 por el resto de los comerciantes de la zona por considerar que el giro no corresponde al uso que pretenden darle a la zona. La denuncia indica también que si el deseo del empresario es hacer las cosas legales, además de reunir los requisitos y pagar todos los impuestos y derechos en la Ley de Ingresos, también deberá hacer un pago a los funcionarios de la Secretaría General que no se registrará en las cajas municipales. Les piden 4 mil dólares por una autorización de permisos de alcohol que, garantizan, pasará la votación del cabildo. Estas acusaciones fueron interpuestas por el tramitador Francisco Armenta Apodaca, quien también acusa a Silva Sánchez de los delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y difamación, explica que el dinero se lo pidió cuando era Director de Gobierno y Alcides Beltrones Rivera Secretario General. Se trata del expediente 7984/13/21/AP y como coacusados, Armenta incluyó a: Daniel Arturo León Ramos (Director de gobierno, ex jefe de Reglamentos); al Regidor Eduardo Enrique Parra Romero; Fernando Adolfo Bejarano Pesqueira, director de bebidas Alcohólicas; y los inspectores Pedro Orozco Velázquez, Eduardo Ayala Alejandré, Alejandro Flores Palomares y Juan Ignacio Macías Miranda. Asunto viejo e ilegal Las extorsiones permanentes de parte las secretarías Generales de Gobierno Municipales a los dueños de negocios donde se vende alcohol es histórica, por razones ilegales  comerciales y políticas los empresarios usualmente pagan sin chistar. En los últimos 22 años, algunos de los comerciantes extorsionados, en diferentes tiempos  han denunciado a ZETA pero han solicitado ocultar su nombre por temor a represalias, es la primera vez que uno de los afectados interpone una denuncia penal y la hace pública. Previo a esta las únicas denuncias oficializadas datan del 9 de abril de 1991 cuando Carlos Martín Gutiérrez Ruiz renunció como secretario del XIII ayuntamiento de Tijuana oficialmente por “razones personales” mientras la Contraloría lo investigaba por una extorsión de 10 mil dólares” denunciada por comerciantes, quienes aseguraban les cobraba por “anuencias” para permisos de bares. Los investigadores aseguraban tener elementos por considerar que el funcionario estaba “prolongando la autorización” a manera de presión. Este asunto no llegó a sanción, el señor Armenta Apodaca espera un mejor resultado para él. Dado que los primeros intentos de extorsión y amenazas que denuncia datan de agosto de 2012 y las negativas o dilaciones intencionales del ayuntamiento de Tijuana para otorgarles permisos de venta de alcohol a sus clientes, quienes desde tiempos del ayuntamiento de Jorge Ramos reunían los requisitos se le pregunta por qué no denunció antes y argumenta: “Cierto que los tres meses que tenia el ayuntamiento para responder a mis clientes se vencieron también en el tiempo de Jorge Ramos, pero yo no quería problemas con ellos, como no los quería con la administración de Bustamante, por eso traté de hacer las cosas sin enfrentamientos” algunos trámites de permisos para venta de alcohol iniciaron desde 2008. “Además en el ayuntamiento pasado estaba Julián Leyzaola (Secretario de Seguridad Pública) y le tenia miedo, se decía mucho de él y era muy tenebrosos”. “Con este gobierno seguí los trámites y tampoco me dieron respuesta. Y sí me pidieron dinero desde el año pasado y no se los di, preferí solicitar amparos para mis clientes porque sabía que cumplía los requisitos y tenían que darles el permiso legalmente. Al final Armenta se decidió a denunciar porque se vio amenazado como explicó a quienes recibieron la denuncia, detalló que 5 de julio de 2013 recibió la vista de los 4 inspectores de alcoholes en su despacho y el de nombre Pedro Orozco le informó que traían un recado de Silva y León: “… te mandan decir que te dejes de estar presentando amparos porque si no lo haces te van a matar”. Tras la advertencia hizo las cuentas: “…la ley me da hasta un año para denunciar el delito de extorsión y decidí hacerlo”. Las reuniones y la versión de Armenta Armenta explica que se reunió con los funcionarios siempre acompañado de dos testigos, David Noé García Ávila y Luis Alfonso Magallanes. Acorde a su dicho, la primera cita fue con Obed Silva y Daniel León en la Dirección de Inspección y Verificación Municipal el 29 de agosto de 2012 y ahí le dijeron que necesitaban informarle las reglas para los tramitadores y gestores con el ayuntamiento. Ahí Sánchez le dijo que Jorge Ramos había dejado el ayuntamiento en quiebra y por esa razón necesitaban recabar recursos. Le advirtieron que cualquier permiso, desde uso de suelo hasta alcohol pasaba por la Dirección de la secretaría y si quería el visto bueno tenían que pagar y se trataba de tributaciones “fuera de caja”. Como se negó, asegura que le advirtieron que en adelante todas las gestiones que realizara iban a ser obstaculizadas sin importar si cumplía o no los requisitos. Al día siguiente tuvo una reunión similar pero con León Valdez, quien le advirtió “estamos autorizados” por el alcalde para hacer los cobros y le dio las tarifas para permitir la venta de alcohol a los negocios sin permisos. Cuando reiteró la negativa detalla que el funcionario le advirtió que todos los demás tramitadores y dueños de diferentes giros estaban cooperando y tenía el apoyo de la PGR y la PEP y que si insistía en la actitud no le autorizarían ni actas de nacimiento.   El 4 de septiembre de 2012 acudió a una cita con el director de bebidas alcohólicas, Fernando Bejarano, quien le explicó el costo extra de un permiso pero con la certeza de que sería aprobado por los regidores, lo rechazó y de nuevo le advirtieron que para él, ni cambios de domicilio. El tramitador también acusa una reunión con el regidor Parra Romero el 26 de junio de 2013 donde le pidió una respuesta por “los cobros excesivos y sin fundamento constitucional” que le estaban haciendo a sus clientes por los permisos de autoservicios. Según él, la repuesta del edil fue acusarlo de panista, amenazar su vida y reclamarle los amparos que tramitó para sus clientes.  Asimismo, relató que desde el año pasado y parte de 2013, los funcionarios empezaron a contactar a sus clientes y a decirles que no les aprobarían nada, que mejor contactarán  a otro tramitador de apellido Kim que estaba autorizado por el ayuntamiento, también les ofrecieron rentarles permisos para venta de alcohol a la Tecate y la corona que ya los tiene autorizados y por los cuales deberían pagar mensualmente 3 mil 300 pesos. “Después el Tribunal Contencioso les concedió a mis clientes el amparo que yo tramité (algunos desde mayo de 2012), donde obligaba al ayuntamiento a responder conforme a la Ley y como cumplían desde el principio, les otorgaron los permisos, los funcionarios les volvieron a llamara para ´mentirles y decirles que el permiso se los habían dado porque el alcalde así lo había decidido y que yo no estaba cumpliendo con mi obligación de tramitar”. Por eso los denunció por difamación. “Si cumplieron sus amenazas de extorsionarme e intimidarme, causándome un perjuicio patrimonial al tener que afrontar y tramitar diversos juicios, toda vez que la mayoría de mis representados (clientes) se negaron a pagarme y me vi obligado a demandarlos por la vía ejecutiva mercantil…y otros clientes me demandaron también…”, describió así la situación en su denuncia. Al respecto ZETA se entrevistó con el regidor Eduardo Enrique Parra Romero, quien admitió que los permisos a los clientes de Armenta se otorgaron a partir del amparo pero aclaró: “El contencioso no nos ordena darles el permiso, solo nos ordena responderles en función de las leyes vigentes, y por eso decidimos aprobar los permisos”. — ¿Por qué cumplían los requisitos de ley, y siempre los han cumplido, desde tiempos de Jorge Ramos y cuando empezaron los tramites con ustedes? “Sí”. —Entonces ¿por qué no se los habían aprobado? “Porque empezaron a verlo por otra vía con los amparos”. — ¿Pero los trámites seguían en proceso en el ayuntamiento? “Y se los otorgamos”. — ¿Pero hasta que giró instrucciones el Tribunal Contencioso? “Mira ahí el asunto problema de origen es de dinero”. La respuesta de los denunciados ZETA buscó a través de la Secretaría General de Gobierno y de la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento, primero se les explicó a detalle la acusación y se solicitó la versión de los funcionarios señalados, 24 horas después de la petición la respuesta desde el área de atención a prensa, fue “El secretario no quiere hablar del tema”. Se pidió hablar con el Consejero Jurídico que se tiene conocimiento ha estado buscando al licenciado Armenta, pero tampoco hubo respuesta. Ante la ausencia del alcalde Carlos Bustamante, que informaron estaba en la Ciudad de México tramitando recursos de seguridad, mientras atendía agenda pública el 4 de septiembre, en el edificio de la CANACO este semanario habló con el Coordinador de Gabinete, Antonio Cano Jiménez, se le comentó el tema y lo primero que respondió fue “…desconozco, no lo hemos tratado”. “La única respuesta oficial que te puedo dar es que vamos a revisarlo, se va a revisar detenidamente y en su momento se emitirá un comunicado donde se fije una postura, en su caso, ¿no? Es lo que te puedo decir, vamos a revisarlo, ahorita no tengo yo mayores elementos para dar una opinión. “Es, son varios servidores, tendrá que reunirse, tendrán sentarse con los abogados y hacerlo conforme a derecho y lo que resulte”. — Dices que el ayuntamiento no tiene conocimiento. Porque Armenta comenta que Ordorica (Roberto) intentó comunicarse con él, entonces si el Consejero jurídico trató de contactarlo significa que el ayuntamiento como institución ya tiene conocimiento de la denuncia. “Eso habría que preguntárselo a Ordorica”. Se le explicó a Cano que ya se había hecho la solicitud a Comunicación de hablar con el abogado del municipio,  y ahora se le hacía a él la misma petición, en su calidad de coordinador de gabinete, al tiempo que le reiterábamos la petitoria de hablar con el Secretario General. Pero esta vía tampoco dio acceso a los funcionarios. Enrique Parra Romero, el regidor, fue el único que aceptó hablar del tema, cuando se le contactó vía telefónica para la cita, comentó entre sonrisas que ya sabia de qué denuncia se trataba. Como Armenta dijo que se había asegurado de que cada uno de los acusados recibiera copia de la denuncia la última semana de agosto, se le preguntó al edil si la tenía, Parra refirió que el denunciante no le había entregado nada, pero ya la había visto por otro lado.  “…dice que yo lo amenacé, que le dije palabras altisonantes, y eso nunca sucedió, y está mis empleados que pueden atestiguar, porque por falta de espacios trabajan en la misma oficina que yo. “Para empezar yo nunca he hablado con él, he recibido a sus representados –los empleados del regidor estaban en la misma oficina, asegura y pregunta–, ¿si sabes cuál es el origen del problema?”. Los permisos retrasados y los amparos, responde ZETA. “Son permisos de 2008 que nosotros ya resolvimos favorables”, reitera. Recuerda que son permisos que se solicitaron desde el anterior ayuntamiento panista y que entonces no se pelearon. “Traíamos un rezago importantísimo de permisos del alcohol del XIX ayuntamiento, lo que hicimos fue clasificar los permisos según su impacto social y la problemática que pudieran generar en las zonas. Primero a supermercados eran el 80 por ciento del rezago. “Y el resto son permisos de orden particular ubicados en colonias y fraccionamiento que es el caso de los que representa el señor Armenta” El regidor recuerda que recibió a 5 o 6  de los representados de Armenta, quienes le plantearon la inconformidad porque querían pagar sus permisos para venta de alcohol al precio que estaban en 2008 cuando los tramitaron y se los estaban cobrando al precio 2013 cuando se los concedieron. “Pero eso no se puede hacer, se ampararon y se los negaron porque eso nadie se los puede conceder”. —El señor Armenta segura que ustedes trataron de convencer a sus clientes de cambiar sus permisos de tienda de autoservicios por abarrotes para que les saliera más barato (porque se les reduce el horario de venta de alcohol). “Eso no es cierto, la gente vino a decir que tenía abarrotes”. En este punto el tramitador explica que efectivamente, algunos de sus clientes si tienen abarrotes pero que se solicitó permiso de autoservicios para que tuvieran un horario más amplio. Y la queja es porque subieron el precio del permiso de  113 mil a 600 mil, sin que ese costo estuviera justificado en la Ley de Ingresos. “Ése es el precio, la cantidad no la referimos nosotros, no es arbitrario, no es un capricho, está en una Ley aprobada por el Congreso”. Consultada la Ley de Ingresos 2013 del ayuntamiento de Tijuana se encontró que el permiso nuevo para venta de alcohol se tasa de la siguiente manera: para abarrotes 1616.20 veces el salario mínimo, que equivale a 104 mil 665.11 pesos; mercados 2426.35 veces salario mínimo, igual a 157 mil 130. 42 pesos; supermercados, autoservicios y licorerías, 5 mil 384.20 veces salario mínimo, igual a 348 mil 680.79 pesos; y sub agencia, 3701.20 veces salario mínimo, 239 mil 696.18 pesos. Parra concluyó diciendo: “Entiendo su inquietud –la de Armenta–, pero no se vale que en base a esa inquietud genere una serie de infamias y difamaciones, que dice que yo le dije y no sé qué tanto que leí en la denuncia, porque jamás traté ningún asunto con él, yo traté con los interesados”.