En la PGJE sigue su curso el expediente 7984/13/21/AP, abierto por “extorsión en grado de tentativa, abuso de autoridad y coalición de servidores” en contra de Obed Silva Sánchez, secretario general del XX Ayuntamiento de Tijuana, y otros funcionarios municipales acusados de pedir dinero por anuencias para permiso de venta de alcoholes y por permitir la venta bebidas alcoholadas en negocios sin permiso. Contrario a lo manifestado por la síndico Yolanda Enríquez, quien en defensa de sus funcionarios aseguró que quienes acusan debían presentar pruebas documentales, no solo dichos, en la PGJE informaron que el denunciante y sus testigos fueron citados para la próxima semana, y que la falta de documentos -si se trata de cobros fuera de caja evidentemente no dejarán rastros por escrito- no significa que el expediente se va a archivar. Reiteraron que las documentales no son las únicas pruebas, están las testimoniales de los afectados que deben concatenarse con circunstancias de tiempo, modo y lugar, y todo se va a investigar respetando el derecho de los señalados a su defensa; porque al ser imputado directamente, Silva Sánchez y los coacusados están obligados a declarar, lo cual sucederá en el transcurso de los próximos 15 días. Pero Sánchez no se llena tratándose de pleitos jurídicos -debe tener mucho dinero o mucho apoyo del Ayuntamiento para pagar abogados-, porque ZETA pudo conocer que el secretario, quien se ha negado a hablar con los representantes de este Semanario respecto a la denuncia en cuestión, ha manifestado su deseo -sin fundamento legal- de acusar a la autora del trabajo periodístico judicialmente por “obstruir una investigación en curso”. Señores, ante la falta de oficio político, hablar por las vísceras no debería ser opción.
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