El API paga casi un millón más en trabajos de remodelación de la Terminal 2 La Paz, Baja California Sur. Desde hace 45 años, la terminal marítima de Pichilingue nunca había sido sometida a un proceso de reparación y modernización, pese a ser el principal punto de conexión con el resto de México. En 1968, el entonces Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, construyó e inauguró el primer puerto de altura -junto con el de Puerto San Carlos- en el Estado de Baja California Sur, diseñado y proyectado para extraer y exportar toda la producción agrícola que en ese tiempo era cosechada en el próspero municipio de Comondú. Desde entonces y a la fecha, el 80 por ciento de las personas y productos que se desplazan en los sectores turismo, pesca, comercio, minero y agrícola, entran y salen por ese embarcadero. Ante el evidente retraso y la obsoleta infraestructura, el Gobierno del Estado -y titular de la concesión federal- creó en 1996 la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A de C.V. (API), con el objetivo de hacer más eficientes los servicios, modernizar la infraestructura, promover activamente la colaboración de la Iniciativa Privada, desarrollar nuevas marinas, puertos de abrigo y comerciales; así como implementar otros servicios náuticos y formar parte de la cadena logística del transporte. Ahora, el llamado Puerto de Pichilingue es considerado por primera vez en un plan integral de remodelación, modernización y ampliación de la terminal marítima. En el marco del Programa Maestro, el muelle es, desde enero de 2013, sujeto a un proceso de renovación planeado a cinco años y encaminado a mantener el título de concesión expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el cual estaba en problemas desde 2010, cuando en una revisión y evaluación de la Dirección General de Marina Mercante, se descubrió que no había políticas, estrategias, planes y programas encaminados al desarrollo integral. Dentro de ese plan está considerada la remodelación de las siguientes terminales marítimas: – Puerto de Pichilingue, en La Paz. – Puerto Escondido, en Loreto. – Muelle Fiscal, en La Paz. – Puerto San Carlos, en Comondú. – Puerto de Santa Rosalía. Según el director general de API, Jesús Robles González, la inversión contemplada es de 158 millones de pesos provenientes del Gobierno Federal, y 18.5 millones del Gobierno del Estado. El propio directivo expuso a ZETA que la inversión de una parte de ese dinero prácticamente no se ve, o no puede palparse a simple vista, porque “las primeras obras fueron de mantenimiento correctivo, en trabajos como el dragado de la dársena en el Puerto de Pichilingue, y la rehabilitación de 156 pivotes en Puerto San Carlos, lo cual no es otra cosa que demoler y volver a construir en el mismo lugar”. La licitación El reparto y entrega de obras de remodelación, principalmente en la terminal del Puerto de Pichilingue, trajo consigo sospechas sobre los siguientes integrantes del Comité de Adquisiciones de API: – Jesús Robles González, director general. – Rodolfo Garza Espíritu, director de Ingeniería e Infraestructura Portuaria. – Kenia Quijada Magdaleno, coordinadora del departamento de Control de Obras. – Ruth Lorena Olachea Valencia, directora de Contraloría y Seguimiento Administrativo. Y es que, según uno de los cuatro participantes en las licitaciones públicas nacionales, bajo los números EO-903014987-N7-2012 y EO-903014987-N11-2012, relativo a la Remodelación del Edificio de la Terminal 2 de Transbordadores del Puerto de Pichilingue en La Paz, los concursos fueron dirigidos para favorecer a las compañías Nautilia, S.A. de C.V. y Marinas JMH, S.A. de C.V. Según datos recabados por ZETA, en base al expediente de las licitaciones, API lanzó las convocatorias, y el 14 de noviembre de 2012, citó a los participantes para dar a conocer el fallo definitivo de los concursos en la Sala de Juntas del Edificio Número 1, ala sur, de la terminal marítima, donde se encuentran las oficinas de la institución descentralizada. En las licitaciones participaron estas compañías: – Construcciones y Acabados de BCS, S. de R.L. de C.V., en co-participación con Román Pozo Juárez y Romina Malibé Pozo Jordán, cuya propuesta fue de 17 millones 400 mil 789 pesos con 89 centavos. – Villagómez Jurado, S.A. de C.V. con presupuesto de 20 millones 564 mil 173 pesos con 67 centavos. – Lira y Asociados, S. A. de C.V., cuya propuesta fue de 21 millones 116 mil 414 pesos con 97 centavos. – Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A de C.V., con presupuesto de 17 millones 413 mil 258 pesos con 45 centavos. – Integradora Peninsular de Constructores, S.A. de C.V., y cuya propuesta fue de 16 millones 975 mil 419 pesos con 14 centavos. Ruth Lorena Olachea Valencia y Adrián López Atondo, directora de Contraloría y jefe del departamento de Ingeniería de API, respectivamente, anunciaron que “la dependencia había determinado declarar desiertas las licitaciones, por considerar que no se habían presentado propuestas solventes, y por lo tanto, no adjudicaría la obra pública”. No obstante, se volvió a lanzar la convocatoria, y el 21 de noviembre de 2012, el fallo fue emitido nuevamente. De acuerdo con el expediente en poder de ZETA, ya sin la empresa Lira y Asociados, S.A. de C.V., la compañía Integradora Peninsular de Constructores de BCS, S.A. de C.V., presentó por segunda vez la mejor propuesta económica, pero esta vez, los representantes de API, Adrián López Atondo y Jesús Facundo Castro Beltrán, jefe del Departamento de Ingeniería y supervisor del Departamento Jurídico, respectivamente, volvieron a declarar desiertas las convocatorias, aun cuando éstas fueron catalogadas “solventes”; solo que en esta ocasión, el criterio de cancelación se debió a que “las proposiciones no reunían las condiciones conforme a los criterios de adjudicación del contrato, y basada en la mayor puntuación por precio, calidad y oportunidad, siempre y cuando no excediera del 7 por ciento respecto de la propuesta más baja”. Sin embargo, la mayor sorpresa devino el 10 de diciembre de 2012, cuando en la última convocatoria de las licitaciones, es decir, la tercera vuelta del concurso, apareció un nuevo participante: Nautilia, S.A. de C.V., en co-participación con la empresa Marinas JMH, S.A. de C.V., la cual casualmente fue seleccionada como “la propuesta económica más viable”, pese a tener un costo 886 mil 550 pesos con 31 centavos más arriba que la proposición más baja del último concurso. Los propios participantes de estas licitaciones relevaron a este Semanario que el motivo de las primeras dos licitaciones anuladas, se debió a que algunas empresas “no consideraron algunos tornillos” y “materiales de bajo costo”, pero el verdadero trasfondo era incluir de última hora a la empresa favorecida porque -según comentó uno de los participantes- “desde que se registró, supimos que iba ser la ganadora, y así sucedió, pese a que algunos de nosotros tenemos mayor infraestructura, experiencia, y hemos participado en obras complicadas”. El fallo, firmado por Rodolfo Garza Espíritu y Kenia Quijada Magdaleno, director de Ingeniería e Infraestructura Portuaria y coordinadora del Departamento de Control de Obras, respectivamente, transcribe que la propuesta de Nautilia, S.A. de C.V. y Marinas JMH, S.A. de C.V., es considerada la más conveniente, y por lo tanto, con fundamento en el Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas, el contrato es adjudicado a dichas compañías, estableciendo lo siguiente: – 12 de diciembre de 2012, firma del contrato. – 13 de diciembre de 2012, entrega de anticipo. – 13 de diciembre de 2012, inicio de trabajos. – 12 de marzo de 2013, terminación del trabajo. Tras cinco meses de retraso, la obra presenta un avance del 75%, y podría ser terminada -según el director de API-“a finales de año o a principios de 2014”. El rechazo de API Sobre estos hechos, el director general de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A de C.V. Jesús Robles González, rechazó que las licitaciones hayan sido torcidas, porque van de acuerdo a la Ley de Obra Pública para que todo sea transparente. Según el titular de API, los concursos “fueron apegados al librito” y “no hubo preferencia por ninguna empresa”, ya que “cuando tienes preferencias por alguna, inmediatamente se nota, pues no puedes exigir calidad y no puedes penalizar”. Sacando un reporte de obra, dijo tener “los pelos de la burra en la mano”, y presumió que históricamente, al día de hoy, de todas las obras contratadas, solo el 2% estaban abiertas, y el 98% completamente cerradas; es decir, ya habían cumplido con todos los requisitos marcados por la Ley. Según el funcionario, “llegar a ese punto nos ha costado bastante desgaste, porque cuando asumimos la responsabilidad, todo estaba patas para arriba y tuvimos que cambiar la actitud sistemática de los proveedores, de dejar todo hasta el último, y pretender cobrar antes de iniciar los trabajos”. En las licitaciones participa todo un Comité de Adquisiciones, y “no nos podemos dar el lujo de favorecer a una empresa, sobre todo, tomamos decisiones sobre precios competitivos y viables, donde todas las propuestas son entregadas en sobre cerrado y se abren en presencia de todos”, explicó. “Yo delegué responsabilidades y pedí que se hicieran las cosas de la forma más transparente posible, y creo que así fue”, dijo textualmente. Durante una entrevista con ZETA, Robles indicó que las obras de remodelación son “muy especializadas”, y por lo tanto, “tenemos que cuidar que las empresas que trabajan conozcan al pie de la letra el tema, porque hemos tenido muy malas experiencias y no queremos pasar por esos tragos amargos”. Tan no se ha dirigido el reparto de obras, que actualmente más de siete empresas trabajan en las obras de remodelación: Villagómez Jurado, Baja Constructora, Geobaja Ingeniería, Mares y Proyectos de Construcciones, y Comsa. Con la modernización, el Puerto de Pichilingue tendrá dos terminales marítimas, una de embarque y otra de desembarque, muy similares a lo que es un aeropuerto, con sala de espera, balcón, área de alimentos y bebidas; área comercial, dos puntos de revisión en la terminal de desembarque y un nuevo muelle que se construye sobre un terreno ganado al mar, para agilizar maniobras en la zona. Las propuestas económicas Empresa Participante Precio Integradora Peninsular de Constructores de BCS, S.A. de C.V. 15 millones 646 mil 766 pesos con 48 centavos Nautilia, S.A de C.V. en co-participación con Marinas JMH, S.A. de C.V. 16 millones 513 mil 316 pesos con 79 centavos Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A de C.V. 17 millones 262 mil 511 pesos con 74 centavos Construcciones y Acabados de BCS, S. de R.L de C.V. 17 millones 633 mil 215 pesos con 15 centavos Fuente: APIBCS Las obras en la terminal 2 de Pichilingue Concepto Descripción Tech-0004 Demolición en carpeta asfáltica Tech-0007 Barandal de tubo a base de 2” Tech-0017 Fabricación de cenefa en banqueta con concreto, con terminado en ácido Civ-0018A Muro de 15 centímetros de espesor de block Civ-003 Fabricación de muro de 20 centímetros a base de duroblock Est-004 Suministro y colocación de celosía, perfil R-200 2”x2”, calibre 14 Estb-004 Losa de entrepiso para tapar hueco de escalera con concreto EO1 Fabricación e instalación de montacargas a base de canal U de 4”, PTR 3×11/2 Aca-014 Fabricación y colocación de tubo mecánico de 2”, cédula 30 G-001 Suministro, instalación y conexión de tanque de gas de 1000 kilogramos E-0011, E-0012, E-0020, E-0023, E-0024, E-0031, E-0038, E-0057, E-0067, E-0070, E-0075, E-0080, E-0098, E-0099, E-0100, E-0107, E-0108 y E-0109 Colocación de tuvo PVC ,cédula 40 Fuente: APIBCS
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