Desde el hogar hasta el trabajo, violencia persigue a mujeres

PGJE: Ningún feminicidio en Tijuana. Muertes están relacionadas con narcomenudeo o crímenes pasionales La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en 2011, revela que de este grupo de mujeres violentadas, solamente el 9 por ciento han pedido ayuda o presentado una denuncia. De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), alrededor del 70 por ciento de las víctimas que denuncian este delito, otorgan el perdón a sus agresores. “No solo es porque la mujer se retracte en el momento crucial, también se puede arrepentir, regresar a su casa o simplemente, no quieren ver a su pareja en la cárcel”, comenta María Antonieta Beguerisse, de la Fundación Internacional de la Comunidad (FIC). Al respecto, Sergio Lagunas Molina, director de averiguaciones previas de la PGJE, explica de las 2 mil 5 denuncias recibidas por violencia familiar en 2013, en Tijuana, solamente 475 casos han quedado determinados con la consignación de los acusados o bien, con los expedientes archivados. El resto de la denuncias, no fueron ratificadas por las víctimas. Aunque el número de denuncias ha disminuido respecto al mismo periodo en 2012 –472 casos menos registrados–, para el titular de averiguaciones previas, el problema de la violencia familiar conlleva la proliferación de otros crímenes. “Es una situación preocupante, ya que se relaciona con otros hechos delictivos como robo, abuso de sustancias ilícitas por parte de los menores en el hogar y hasta abuso sexual a menores”, consideró Lagunas Molina. Desde 2008, en Baja California se publicó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entre las medidas estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, la PGJE entregó 30 teléfonos celulares en Tijuana a mujeres que denunciaron este delito. Desde abril de 2013, las seleccionadas entraron al programa diseñado como una “orden de restricción” en contra de los agresores, para evitar ser molestadas, amenazadas y violentadas; cada línea telefónica tiene enlace directo con agentes ministeriales, quienes ya están familiarizados con los casos individuales de agresión para intervenir en caso de que así lo solicite la víctima. Hasta el momento, solamente tres mujeres han hecho uso del teléfono celular y aunque sus parejas han sido consignadas, se encuentran el libertad bajo caución mientras libran el proceso penal. De ahí, que diversas asaciones civiles exijan mejores resultados. Rebeca Maltos, directora de Gente Diversa, explica “cuando se trata de sanciones, necesitamos que ya no haya impunidad, que los agresores vean que sí hay consecuencias para hombres violentos”. Para la activista mexicalense, la atención brindada en el ministerio público “es parcial porque muchos agentes son hombres con una cultura violenta hacia la mujer, que piensan que quienes llegan a denunciar son solamente mujeres revoltosas”. Huyendo desde Guatemala Melany es una de las 18 mamás en un albergue para mujeres maltratadas en Baja California. Después de 20 días de transitar por territorio mexicano desde la frontera con Chiapas y su país, Guatemala, encontró un espacio seguro para ella y sus tres hijos. La travesía de esta madre de familia la ha llevado a trabajar en lavanderías de Cancún, Quintana Roo, cruzar la frontera con Estados Unidos por Sonora, ser rescatada después de 15 días perdida en el desierto de Arizona y hasta recibir asilo humanitario en Estados Unidos. Durante su relato, Melany no puede evitar repetir “estoy huyendo del papá de mis hijos, sé que está ofreciendo dinero para saber dónde estoy”. Aunque sus tres hijos nacieron en Estados Unidos, donde la mujer vivió durante 14 años con su cónyuge, la madre tomó a sus hijos para huir de su esposo cuando éste golpeó a su hija mayor. De regreso en Guatemala, Melany logró instalar un negocio propio y sostener a su familia, “se enteró que me iba bien y que podía sacar adelante a mis hijos sin él, que éramos felices, entonces fue cuando me empezó a amenazar”. Hasta 15 llamadas diarias recibía la mujer, en todas palabras insultantes, amenazas de muerte, gritos. Aunque emocional y psicológicamente agotada, Melany intentaba continuar su vida, hasta que se enteró que su esposo había llegado a Guatemala. “Tenía miedo porque muchas veces había intentado matarme en Estados Unidos”. Sin sus hijos y con 3 mil quetzales –casi 5 mil pesos–, la mujer dejó Guatemala con la promesa de enviar por sus hijos posteriormente. Tres años después, con asilo humanitario en Estados Unidos y esperando su residencia temporal para salir del país por sus hijos, su agresor la localizó y las llamadas reiniciaron. “Cuando los golpeaba, me hablaba por teléfono para que escuchara, yo sentía que no podía hacer nada”. Desesperada, la madre de familia abandonó el programa de asilo y llegó hasta Guatemala por sus hijos. Ahora espera en algún punto de la frontera mexicana hasta que un grupo de abogados regularice su situación migratoria en Estados Unidos. Aunque agradecidos con el refugio, la familia centroamericana siente miedo. “A pesar de que estamos protegidos, tenemos cama y comida, tenemos miedo que nos vaya a encontrar y si no podemos cruzar hacia Estados Unidos, tampoco podemos regresar a Guatemala”. Sin seguridad Muchas de las mujeres que llegan a albergues, mantienen a sus parejas. “Entonces, sufren violencia económica, porque el marido les quita el dinero y las controla, las golpea si llegan dos o tres minutos tarde”, explica la directora del refugio del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Lucía Quiroz. En Baja California, el resto de los albergues son administrados por asociaciones civiles. “Apoyar y regular este tipo de refugios, es una parte del proceso de atención a la violencia (por parte del gobierno), pero lo ideal es que no haya ninguna mujer en ningún refugio, sino que se trabaje en políticas de prevención”, apunta la activista Rebeca Maltos. Sin embargo, la violencia no se vive solamente dentro de los hogares. Gloria Meza, directora del Instituto para la Mujer de Baja California, explica que la entidad ocupa el primer lugar nacional en agresiones contra mujeres en las escuelas y el séptimo en los centros de trabajo. “En Baja California, el 35.6 por ciento de las mujeres han vivido violencia en el ámbito comunitario, contra 31.8 por ciento de la media nacional”, explica la ex diputada de Acción Nacional. Los tipos de violencia más frecuente son discriminación, agresión emocional, ofensas, comentarios sobre el aspecto físico, acoso sexual y hostigamiento por estar embarazadas. “Las mujeres son mayormente violentadas en los ambientes donde se desempeñan y no en sus hogares”, insiste la funcionaria estatal. Sin embargo, al reconocer la falta de denuncia de violencia familiar en sectores alejados de la zona, han invertido 5 millones de pesos para instalar módulos de atención especializados. El programa incluye unidades móviles que recorren Rosarito, Tecate, San Quintín y Ensenada. En los próximos meses, se habilitarán dos más para atender las comunidades del Valle de Mexicali y San Felipe. En la ENDIREH, coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se detalla que de las 253 mil mujeres que respondieron haber sufrido algún tipo de violencia dentro de su ámbito familiar, la mitad fue “pateada, amarrada, tratada de ahorcar o asfixiar, agredida con cuchillo o navaja o hasta disparado con arma”. Del mismo grupo de mujeres, el 37 por ciento recibió algún tipo de atención médica o psicológica y el 30 por ciento fue obligado a sostener relaciones sexuales mediante el uso de la fuerza. Aunque ya se han impartido programas de sensibilidad a funcionarios públicos, la Coalición de Grupos para el Monitoreo de la Ley de Acceso, conformado por 17 asociaciones estatales, insiste en la falta de capacitación de policías, funcionarios y especialistas sobre el tema de violencia contra la mujer. PGJE: Ningún feminicidio en Tijuana En junio de 2012, quedó tipificado el delito de feminicidio en el Código Penal de Baja California. Las sanciones incluyen sentencian de 20 a 50 años de prisión, así como multas de hasta 500 días de salario mínimo. El delito se especifica “perpetrará feminicidio quien dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por motivos o razones de género”. Entre las razones de género, se consideran las manifestaciones de misoginia o desprecio al género femenino realizados por el sujeto activo, también los antecedentes de amenazas y acoso. Sin embargo, ninguna de las 40 mujeres asesinadas en la ciudad en 2012 ni las 25 más en lo que va de 2013, han sido consideradas víctimas de feminicidio por la PGJE. La mayoría muertas por medio de armas de fuego o por estrangulamiento, la Fiscalía ha considerado el 100 por ciento de las averiguaciones previas relacionadas con narcomenudeo o crímenes pasionales.