Burocracia succiona al Estado

Secretario de Salud se basifica antes de dejar el puesto; luego recula Contra su voluntad, año con año el Gobierno del Estado de Baja California engrosa su base sindicalizada. Aquellos trabajadores inamovibles que heredarán su privilegiado espacio. El Gobierno panista acrecentó la nómina y ahora ya no puede sostenerla. Lo lastima en finanzas y en cotos de poder. Y esa es una preocupación para el Estado, un basificado cuesta más, goza de mejores prestaciones y el plus ideal: su trabajo no tiene temporalidad, es decir, no hay gobierno, ni partido en el gobierno que pueda desprenderse de un empleado con plaza, adquiere sus derechos laborales. Por ello, para la autoridad, los derechos laborales no son tan buen negocio. Raúl Leggs, Oficial Mayor, lo dice desde el inicio: “El gobierno del Estado no tiene una política de basificación, estamos en contra de ella”. En cambio, cada plaza nueva -agrega el encargado del tema- “desangra” el presupuesto. Además, toda base en el gobierno significa ingresos, plazas y recursos para el Sindicato de Burócratas de afiliación priista. El mismo que consigue candidatos, espacios, poder. Tan solo para mantener a los empleados del gobierno que desempeñan algún cargo en el Sindicato (los llamados comisionados), se destinan millones de pesos al año. Por si fuera poco, para conseguir una base en el gobierno hay que demandarlo y exigir reinstalación vía los tribunales. A eso se le suma el costo del laudo que representa miles de pesos, en ocasiones cientos de miles de pesos, en manos de los empleados y en perjuicio del patrón-gobierno. De esto y más, surge esta especie de rivalidad no dicha entre empleados de confianza y quienes optan por la comodidad de una plaza. En todo caso, se entiende: los que demandan sus derechos laborales están quebrantando la confianza que el gobierno les otorgó al colocarlos en su nómina temporal. Al margen, no solo empleados sino personal literalmente de confianza de los funcionarios, compañeros de partido o hasta familiares, olvidan su posición y luchan por asegurar su chamba por el resto de sus vidas. Caso particular es el del secretario de Salud, José Guadalupe Bustamante Moreno, quien solicitó una base en el Sector Salud como médico antes de concluir su segundo periodo como secretario de Estado. Doce  años de funcionario de primer nivel, y la plaza salió a su favor. Prioridad de gobierno: Él mismo Ni sumando todo el recurso que se destina en un presupuesto anual a obras públicas y ayudas sociales, se compara con lo que el gobierno -cualquiera que sea su nivel– destina a sueldos. Cualquier nómina pública costará más de la mitad del total de los pesos que atesore. Por poner un ejemplo, del presupuesto total de la oficina de José Guadalupe Osuna Millán, el 57 por ciento es para mantener a su personal (entre ellos a él mismo, con un sueldo de 132 mil 700 pesos al mes), que no supera los 150 empleados. El total en 2012 fue de 116 millones 250 mil pesos, y lo destinado para la nómina, 65 millones 525 mil pesos. El resto se destinó a materiales, servicios, gasolinas, rentas, viajes, vehículos, mantenimiento, hospedajes y toda necesidad que se pueda ocurrir. Funcionarios viven para pagarse Peor aún es el caso de los ayuntamientos, donde el comparativo entre nómina y obras es abismal. El caso más drástico es Tecate. Considerando únicamente las dependencias de Administración Central, el Ayuntamiento encabezado por Javier Urbalejo trabaja prácticamente para mantenerse. El 74% de su presupuesto de 2012 (algo así como 315 millones y medio de pesos) fue para nómina, es decir, más de 233 y medio millones de pesos. Mientras que a obra pública, destina el .19%, es decir, 610 mil pesos. En 2013, Tecate excede aún más la cantidad, el 78.5% para sueldos y prestaciones de los empleados, y ni el 1% para obra (.82%) Le sigue Mexicali, que usa el 62%  de su presupuesto para pagar empleados, y solo el 8.23% para obra pública. Rosarito -en estos momentos sin liquidez para cubrir su pago nominal-, utiliza la mitad de sus egresos, y para obra, el .27%. Mismo caso de Tijuana, que destina 2 mil 200 millones de pesos en “servicios personales” al año. El 15% de todo su capital es para obra. Ensenada ni siquiera transparenta sus presupuestos anuales. Solo está público que en 2012, el puerto gastó 815 millones en pagos nominales de sus mil 300 millones de pesos del presupuesto total. Es decir,  62.7%. En obra, únicamente un décimo y fracción de su dinero. El Gobierno del Estado únicamente tiene público su presupuesto de egresos hasta 2012. El ejército del Estado Los montos que los gobiernos dilapidan en mantener al personal salen de las dimensiones del ciudadano común, pero el número de beneficiados-trabajadores también. Es prácticamente un ejército que catorcena tras catorcena, durante años, devenga sus salarios oficiales. Tan solo el Gobierno del Estado tiene actualmente 68 mil 910 empleados. Podría llenar casi tres cuartas partes del Estadio Azteca. O bien, llenar tres veces el Estadio Caliente, u ocupar 14 veces el Auditorio Municipal de Tijuana. El número de empleados del Gobierno del Estado es superior por 12 mil 853 integrantes en comparación a la matrícula total de alumnos de la UABC en todo Baja California. Se ocuparían mil 530 camiones de pasajeros para trasportarlos, y si se acomodaran los camiones uno tras otro sin guardar espacio, podría hacerse un desfile de burócratas de seis kilómetros de largo. Así se distribuyen: las dependencias de la administración central, tienen 2 mil 800 empleados con base sindicalizada, 3 mil 355 empleados de confianza y 3 mil 387 de “relación administrativa”, para un total de 9 mil 992 burócratas. La nómina de las dependencias paraestatales es casi dos veces más grande: 20 mil 845 empleados, de los cuales 10 mil 164 son de base, 5 mil 071 de confianza, 4 mil 477 de contrato y 38 mil 73 del magisterio. 38 mil 910 empleados estatales, es todo un ejército de burocracia, y más tomando en cuenta que el total de policías federales en todo el territorio mexicano es de 34 mil 846 elementos. Sindicato: El golpe de Estado Los empleados que ostentan una base sindicalizada en el Gobierno de Baja California son de los más privilegiados del país. Además de su eternidad en el puesto y su salario por arriba del promedio (un barrendero en la base del gobierno en el nivel más bajo gana 16 mil 22 pesos más prestaciones de miles de pesos). Por ejemplo, algunas prestaciones y estímulos para los sindicalizados son: salario mensual por encima del promedio, canasta básica, previsión social, bono del trasporte, fomento educativo, aguinaldo, bonos de buena disposición, prima vacacional, ayuda escolar y estímulos a la eficiencia. La cantidad a pagar de cada rubro varía según el puesto y nivel en el escalafón burocrático. En el nivel más bajo del escalafón, un empleado percibía (antes de que el gobierno modificara recientemente las condiciones) 248 mil 732 pesos al año, un promedio de 20 mil al mes. El nivel más alto, 354 mil 211 pesos anuales, o sea, 88 mil 522 mensualmente. Eso por un lado, los beneficios de los empleados. Pero por otro, el Estado otorga aportaciones al Sindicato, empezando por pagar los sueldos de burócratas comisionados en el gremio, posiciones políticas, direcciones y puestos clave. Los números cobran dimensiones: por los 118 comisionados en el Sindicato y que no laboran técnicamente en las funciones del  gobierno estatal, se deben cubrir sueldos que ascienden a 4 millones 85 mil pesos por mes. Al año son 62 millones 971 mil 250 pesos los que se pagan para cubrir el sueldo del “personal” comisionado. Eso sin contar las “aportaciones” del Estado a empleados de base para el “plan de beneficios” que asciende al millón 300 mil pesos al año. Faltan las aportaciones para “festejos”, fomento deportivo y fondo de ahorro, por encima de 2 millones de pesos al año. Se le avisó al dirigente estatal del Sindicato de Burócratas para solicitar su opinión. Hasta el cierre de esta edición, no contestó. Además de ser el secretario general del Sindicato, Ricardo Medina Fierro es también diputado. Tiene una dieta mensual de 105 mil pesos, 45 mil de “asistencia legislativa”, 28 mil de “atención ciudadana” y un aguinaldo de 198 mil 187 pesos; sin contar su “base” como “auxiliar administrativo” en el Ayuntamiento de Ensenada, con sueldo de 21 mil 146 pesos. “Demandas y Ganas”: Slogan de lotería A los seis meses de trabajo, un empleado de confianza puede demandar al Estado por una plaza basificada en los tribunales de Conciliación y Arbitraje, apegándose a la Ley de Servicio Civil. Generalmente se gana siempre y cuando el empleado tenga ciertas características, por ejemplo, que su trabajo sea mecánico, que no tenga personal a su cargo, que mantenga un horario, entre otros aspectos. Cuando el tribunal da el fallo a favor del empleado (laudo), obliga a la autoridad a reinstalarlo, pero con base sindicalizada “en el nivel más bajo” del escalafón, que hasta hace meses, era de 16 mil 22 pesos. Pero no es el golpe más duro para el Estado, porque además deben pagarse sueldos caídos o compensaciones suspendidas, primas vacacionales, días de descanso, entre otros. Eva Isabel Rojas Beltrán demandó al Estado en 2006. El tribunal falló a su favor seis años después, y desde 2012, es empleada de base como “analista”. El pago por el  laudo costó al Estado 700 mil 856 pesos. Otro ejemplo, Leticia Gámez Martínez, cajera de la Secretaría de Planeación de Finanzas que acudió a los tribunales en 2010. Ganó el juicio este año, de pagos por el laudo de 393 mil 280 pesos que desembolsó el Estado, y su reinstalación como empleada de base. Rosas Martínez Raúl es un archivista de la Procuraduría General de Justicia del Estado, su caso devengó 264 mil 800 pesos por su demanda. Hoy goza de su base de 17 mil pesos al mes. Tan solo el año anterior, el Estado sufrió 377 demandas de base. De 2008 a 2012, ha tenido que pagar un monto de 170 millones 89 mil pesos por “laudos”. Abogados la coyotean No solo es el personal que logra su base y sus compensaciones retenidas, indemnización o sueldos caídos, los que ganan en el proceso de demandas. Los abogados laborales llevan parte de las ganancias. Personal que ha sido beneficiado con el laudo, detalló que el litigio les cuesta entre el 20 y 35%, dinero en el que los abogados han encontrado el camino de la demanda laboral. Magaña Torres Gildardo obtuvo  medio millón de pesos tras dos años de esperar fallo a su favor. En este caso, el abogado pudo cobrar entre 125 mil y 75 mil pesos. Revisando los expedientes de demandas por bases, nombres de abogados se repiten constantemente. El Estado ha sido demandado 501 veces en lo que va del año, entre demandas por base, horas extra, cuotas de ISSSTECALI, reinstalaciones, indemnización constitucional, entre otras. Tres nombres de litigantes se repiten: Arnoldo Ramos López, Rafael López Román y el abogado Marco Antonio Campos Aguilar. Leggs: “Los combatimos” En entrevista con ZETA, Raúl Leggs es claro: “No solamente no otorgamos bases; combatimos a quienes las buscan”. Según el Oficial Mayor, la administración de Osuna Millán no ha otorgado una sola base por voluntad. Todas han sido vía demanda. Leggs ha sido el ejecutor de la defensa del Gobierno del Estado frente a las exigencias de la burocracia. Básicamente dos caminos ha tomado Oficialía Mayor para contrarrestar el “sangrado” que producen el Sindicato y sus agremiados. Uno, fue “depositar las condiciones generales de trabajo” ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Antes se negociaban con el Sindicato los aumentos y diversas peticiones, después del acuerdo, ambas partes firmaban las condiciones. Leggs lleva dos años consecutivos  “depositando” sin la firma del Sindicato las condiciones: “Es lo que me permite la Ley”. Argumenta que se atendió al Sindicato, pero “la última palabra la tiene el patrón”. La otra táctica para contrarrestar las demandas de base fue colocar tres subniveles en el escalafón sindical. Dado que el Tribunal ordena al Estado otorgar al empleado el nivel “número uno” del escalafón (que antes era de 16 mil pesos mensuales de salario), Leggs hizo escalones hacia abajo, ahora, en todo caso pude atender al Tribunal y dar una base a partir de los 9 mil 443 pesos al mes. El monstruo que crearon ahora los asusta Pero si por algo el gobierno necesita combatir a los que buscan una base, es por el gran número de empleados, nómina que ha venido creciendo año con año. De pronto, esa nómina -parte afiliada a la posición priista- se levanta y exige al Estado sus bases. Osuna Millán recibió la administración con 8 mil 353 plazas (únicamente de base y confianza). A casi seis años de gobierno, tiene 9 mil 908 empleados. Es decir, mil 555 trabajadores más. En los seis años se han basificado 721 trabajadores, y a la par, se han creado 949 plazas de confianza. Doctor corazón En medio de la contienda interna electoral del PAN, cuando Francisco Vega de Lamadrid se comenzaba a definir  como candidato a la gubernatura, José Guadalupe Bustamante Moreno, quien ha sido secretario estatal de Salud, solicitó una base de médico en el Sector Salud. La base de “pie de rama”, es decir, la más baja que se otorga a los médicos, fue a favor del secretario de Salud. No es tan fácil hacerse de tal beneficio, hay que concursar el espacio, reunir requisitos, presentarse ante el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud y ante la autoridad federal, pues gran parte del personal de Salud depende de la Federación. De hecho, cada plaza en el Sector Salud se boletina, y los aspirantes ingresan sus documentos en la Comisión Mixta de Escalafón, conformada por el Sindicato y la autoridad. Entre los aspirantes se evalúa y se otorga al mejor “interesado”. En esa ocasión, “la base se dictaminó a favor del doctor”, confirmó la diputada del PRI, Elia Cabañas, encargada del Sindicato en la Sección Tijuana. El propio secretario de Salud  confirmó a ZETA el martes 17 de septiembre, que su plaza no tenía nada de extraordinario ni “nada que ocultar”, y que al día siguiente (debido a que estaba en una reunión) explicaría las dudas. Efectivamente, el miércoles 18 envió un corto texto publicado en la Sesión de Cartas, donde Bustamante niega haber solicitado la base, que en todo caso se la dieron y él la rechazó. La respuesta del funcionario contradice el dicho de la parte sindical, que asegura, el doctor Bustamante la solicitó y posteriormente, ya que se dictaminó a su favor, declinó. Elia Cabañas reflexiona sobre la inicial solicitud del doctor secretario: “No hay que satanizarlo, pienso que es una forma de demostrar que de corazón está ahí trabajando en el Sector Salud. Otros, después de tener un cargo así, simplemente no vuelven, y menos bajo las órdenes de otros”. Otros vacunados Mientras el Gobierno del Estado combate a su personal de confianza que termina por demandarlos, panistas y familiares aseguran sus lugares, no solamente Bustamante Moreno. Personal del Sector Salud identifica a su administradora, Olivia Castro Migoni, como otra recién basificada, entre otros de su personal. En la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), los propios administrativos informan que una vez que Kiko Vega quedó como candidato, comenzaron a solicitar bases por el temor a ser despedidos. Ahí mismo, la hermana del actual gobernador, Norma Osuna Millán, ya tiene su base sindicalizada. En el Registro Público, varios familiares de Héctor Magaña aspiran a lo mismo. Son muchos los casos, y en todos lo mismo se dice: el Estado se encuentra “preocupado” por tener más sindicalizados que succionan sus apretadas finanzas.