La región de los contrastes, de los olvidados del gobierno Al sur del estado hay habitantes que para llegar hasta su cabecera municipal tienen que recorrer 650 kilómetros, hasta la alcaldía de Ensenada. En ese largo camino cruzan una veintena de poblados con más de cien mil habitantes y donde destaca la producción de fresa y tomate a nivel nacional. Pese a eso se trata de una región empobrecida, con déficit en servicios, escasa infraestructura, con la mitad de sus moradores de origen indígena, una buena parte analfabetas, malnutridos, explotados. Es la región de los contrastes, hay dinero y pobreza a la vez, pero sobre todo sus habitantes se dicen marginados, olvidados de sus gobernantes. Es el tema que ha polarizado –una vez más– al poder Ejecutivo con el Legislativo y que tiene que ver con la posibilidad de que la región de San Quintín sea convertida en el sexto municipio de Baja California. De un lado, los diputados –sobre todo la fracción del PRI– han tomado la bandera de la municipalización de San Quintín y apenas protestaron como legisladores empujaron los trabajos previos, aplicaron el plebiscito y con los resultados –que no llegaron al necesario 10 por ciento de participación– aprobaron el dictamen. En el lado contrario el panista y Gobernador José Guadalupe Osuna Millán en su carácter de titular del Poder Ejecutivo vetó el acuerdo –es el veto 43 en estos tres años– bajo la premisa que el procedimiento no cumplió con la parte legal, aun así, se dice, estará favor de la municipalización. Pero se trata de un tema que aún no concluye ya que los legisladores aprobaron el viernes 9 de agosto la respuesta a las observaciones, al veto, en una sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y agendaron el punto para llevarlo al pleno este viernes 16 de agosto, considerando que reúnen los mínimos 17 votos requeridos para validar su respuesta. Durante toda la legislatura el sector priista, y sus aliados, reunió 16 votos –les faltaba una para lograr la mayoría calificada–, pero de enero a la fecha sumaron a su causa al diputado por el Panal Gregorio Carranza, quien incluso en este periodo funge como Presidente del Congreso. Se trata de una pugna no resuelta, pues al Ejecutivo aún le queda una carta: la controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque antes tendría que publicar el acuerdo en el Periódico Oficial, para lo cual tiene un plazo de 30 días hábiles, lo cual significaría irse hasta fines de septiembre, en la coyuntura que el 30 de ese mes concluye el periodo de la actual XX Legislatura. Pero además el 30 de octubre termina el ciclo de la actual administración estatal, ya que el 1 de noviembre asumirá el cargo el también panista Francisco Vega de la Madrid, quien en su campaña y bajo el slogan de que “La gente manda” dijo apoyar abiertamente la municipalización de San Quintín. Concreto y singular Si se llega a aprobar con las dos terceras partes de los votos y se remontan las observaciones que hizo el Ejecutivo, el paso siguiente es que el Congreso, con el acta que hace constar que se han reunido los 17 votos lo remita al Gobernador para su publicación el Periódico oficial, explica el subsecretario jurídico del gobierno estatal, Luis Irineo. Ante este “acuerdo administrativo” del Congreso –no es decreto ni ley– el Ejecutivo aún tiene el recurso de la controversia Constitucional, pero por regla, antes tendría que publicarse oficialmente y a raíz de la publicación tendrían 30 días hábiles para promover la controversia. “Pero también podrían promover amparo los particulares, sobre todo ahora con las nuevas disposiciones de la Ley de Amparo”, explica el funcionario estatal y especialista en el tema. Ante la inminente llegada de la XXI Legislatura –donde la bancada panista y sus aliados podrían lograr 12 de los 25 escaños–, Irineo comenta que el legislativo tendría la posibilidad jurídica de “allanarse” ante lo que se reclama en controversia. El allanamiento supone “la declaración expresa de voluntad del demandado de no formular oposición, de conformarse con la pretensión planteada por el demandante, y, en consecuencia, de que se dicte sentencia estimatoria”, define la Enciclopedia jurídica. “Aquí hay que tener presente que la naturaleza jurídica del asunto que estamos hablando, no es una reforma o la creación de una Ley, que tienen un tratamiento diferente en las controversias Constitucionales o el amparo, estamos hablando de un acto concreto y singular, un acto administrativo”, explica el subsecretario jurídico. El mismo funcionario asegura que se trata de procedimientos más rápidos, que pueden durar, de acuerdo a la dinámica de la Suprema Corte, alrededor de tres meses, lo cual significa que de continuar el pleito legal el desenlace sería a mediados, fines de noviembre, ya con otros diputados, ya con otro gobernador. Largo camino El camino para municipalizar San Quintín inició hace por lo menos 20 años, aunque formalmente los trabajos en el legislativo datan de 1998 –con Héctor Terán como Gobernador– cuando el gobierno estatal solicitó a la legislatura partidas presupuestales para realizar un estudio de factibilidad para la creación de un municipio en la región del Valle de San Quintín. El estudio se aplicó pero no hubo seguimiento y hasta mayo del 2003 la XVII aprobó la creación de una comisión para que siguiera el tema y en julio de ese año el Comité Pro municipalización presentó la solicitud formal de municipalización ante el Congreso. Hubo mesas, foros, encuestas, análisis y fue hasta septiembre del 2004 cuando el diputado perredista Alejandro Ruiz Uribe envió un oficio al Comité Pro municipalización donde anotan los requisitos faltantes pero anota que ya se aprobó el dictamen de factibilidad económica. En enero del 2009 la XIX legislatura aprobó la realización de un plebiscito, pero realmente el ritmo fue retomado hasta noviembre del 2010 al asumir la actual XX Legislatura –dominada por priistas– quienes crearon la Comisión Especial de Seguimiento a la solicitud de la municipalización –encabezada por la ahora líder del PRI Estatal Nancy Sánchez– siguieron los pasos y el 28 de octubre se aplicó el plebiscito. El punto fue que en el plebiscito podían participar los 332 mil 979 ciudadanos inscritos en el padrón electoral de Ensenada –municipio que hoy incluye a todo el Valle de San Quintín–, aunque de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana para validar el “Sí” a la municipalización debían de participar al menos el 10 por ciento del total de empadronados, es decir, cerca de 33 mil ciudadanos. De acuerdo a los resultados, participaron 25 mil 351 ciudadanos, de los cuales 17 mil 580 votaron por el “Sí”, 7 mil 547 por el “No” y 224 anularon la papeleta. Parecía que ahí terminaba todo. Pero los diputados priistas retomaron el tema, para lo que elaboran el voluminoso Dictamen 206 –son 148 hojas– donde aprobaron el viernes 28 de junio, una semana antes de la elección local, la creación del Municipio Libre de San Quintín. El Decreto marcaba la fecha del 15 de noviembre del 2013 para entrar en vigor y el primer Ayuntamiento sería electo hasta el 2016, por lo que se tendría que crear un Consejo Municipal Fundacional integrado por Siete consejeros propuestos por el Gobernador pero aprobados por el Congreso. La propuesta del Ejecutivo tendría que enviarse durante los siguientes 15 días de la entrada en vigor del Decreto, entre el 15 y el 30 de noviembre, lo que significaba que la propuesta la turnaría el próximo gobernador bajacaliforniano, el cual los priistas tenían por seguro que sería de su mismo partido. Según el mismo documento, el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín entrará en funciones el 6 de enero del 2014. Carrera de obstáculos Entre los requisitos para la municipalización se incluye –aparte del plebiscito y la participación del 10% de la ciudadanía– la delimitación del territorio y la opinión fundada del Ayuntamiento afectado, en este caso el de Ensenada. Sobre el caso de Ensenada el Alcalde –priista también– Enrique Pelayo bajo el argumento que el plebiscito no reunió la mínima participación requerida consideró no procedente el emitir la opinión respectiva. El problema es que la respuesta la hizo a título personal, sin tomar la opinión del Cabildo, por lo que los abogados del Congreso retomaron la Ley del Régimen Municipal, concretamente el artículo 27 donde se estipula que si en 30 días no hay respuesta, se entenderá como opinión favorable. De la parte relativa al 10 por ciento de la participación necesaria, se basaron en el artículo22 de la Ley de Participación Ciudadana donde se asienta que “los resultados del plebiscito tendrán carácter vinculatorio para los actos del Poder Ejecutivo solo cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida y ésta corresponda al 10 por ciento de los ciudadanos incluidos en la lista nominal…”. Aquí el argumento fue que el caso atendible en el plebiscito “es facultad competencial” exclusiva del Poder Legislativo. Sobre la realización de los proyectos de viabilidad, los legisladores se basaron en la comisión de diputados conformada en julio del 2005 –por la XVII Legislatura– y los estudios realizados tanto por la UABC como por el INDETEC (Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas), donde los resultados se contraponían. Mientras el INDETEC sostenía que “…bajo cualquier escenario el nuevo municipio exhibirá un déficit presupuestario de magnitud tal que no sería factible la municipalización…”, la UABC, con un enfoque más social observó: “Coincidimos en cuanto a que la región de San Quintín se encuentra gravemente rezagada (pero) considerando escenarios alternativos, el déficit que experimentaría el nuevo municipio sería menor al propuesto en el estudio realizado por INDETEC, de tal forma que cabría la posibilidad de trabajar en un sentido dirigido a la municipalización…” En el documento elaborado por la UABC se puntualizaba en la necesidad de prestar más atención a las poblaciones migrantes e indígenas y resumían que “la municipalización no es eficiente dentro de los escenarios más conservadores. Sin embargo, la misma sería eficiente si se cristalizan algunos cambios en el patrón de ingreso de la región, que surgen a partir de un incremento en el dinamismo económico del Valle…”. Vetado Todo eso está integrado en el Dictamen 206, aprobado como Decreto 490 el 28 de junio de este 2013 y turnado al Ejecutivo el 5 de julio. La respuesta estatal vino el martes 17 de julio con el veto –las observaciones– del Ejecutivo, documento donde Osuna Millán incluye que “…el Ejecutivo a mi cargo reconoce y comparte la plausible pretensión de los legisladores de contribuir a través de la medida legislativa a dotar de Autonomía a la región de San Quintín”, pero a la vez en el mismo documento-veto aclaraba que para la creación de un nuevo municipio se requiere “ceñirse estrictamente a los parámetros legales correspondientes, situación que en la especie se estima que no aconteció, ya que se estaría trastocando el estado de derecho…”. En las observaciones se enfatizó en el punto relativo al necesario 10 por ciento de la participación ciudadana establecidos por la Ley de Participación Ciudadana ya que de publicarse el Decreto se estaría vulnerando el Estado de Derecho, en perjuicio de la sociedad bajacaliforniana”. En el veto se incluye el punto de la delimitación territorial bajo la premisa de que “la descripción adolece de precisión técnica que necesariamente debe tener la definición de una poligonal”. Además mencionando que se solicitó las constancias, estudios técnicos, opiniones de los ayuntamientos, el dictamen de la comisión del Congreso, en suma, toda la documentación sobre el tema que nunca les fue entregada. Las observaciones fueron entregadas el 17 de julio del 2013. Pero el viernes 09 de agosto, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales sesionó votando a favor de un dictamen donde “No se aprueban las observaciones del Decreto 490 presentadas por el Gobernador del Estado José Guadalupe Osuna Millán, exactamente con los mismos argumentos que habían mostrado en el dictamen votado el 28 de junio por la municipalización. Ese mismo dictamen se programó para bajarlo al pleno el martes 13 de agosto, aunque la tarde del lunes se informó que la sesión había sido trasladada para el viernes 16. “Se trata de crear una nueva autoridad –explica Luis Irineo, el subsecretario jurídico del estado– esa autoridad va a realizar va a realizar actos de molestia a los particulares, el cobro de predial por ejemplo. ¿Qué pasa con una autoridad que tiene vicios en su Constitución?…proliferan los amparos”, responde a manera de conclusión. Los números del sur El municipio de Ensenada -desde Playas de Rosarito hasta el Paralelo 28- comprende un territorio de 51 mil 952 kilómetros cuadrados, de los cuales solo 61 corresponden al área urbana del puerto; eso implica que existan poblados alejados cerca de 700 kilómetros de la cabecera municipal, originando que en la zona sur se presente una gran marginación en cuanto a servicios básicos, infraestructura educativa y de salud. En la región sur se ubican cerca de 15 poblados, entre éstos Eréndira, San Quintín, San Vicente, Camalú, Colonia Vicente Guerrero, Lázaro Cárdenas, El Rosario, El Mármol, Cataviña, Puertecitos, Punta Prieta, Bahía de los Angeles, Punta Colonet y Villa de Jesús María, en un área de 40 mil 425 kilómetros cuadrados y aproximadamente cien mil habitantes. Una de las actividades principales es la agrícola, siendo San Quintín el tercer productor de tomate a nivel nacional y el segundo de fresa. Aparte tiene riqueza minera, pesquera y turismo. El Valle de San Quintín es ubicado como uno de los más marginados -cerca de la mitad de su población es migrante-, aunado a un rezago en servicios básicos de infraestructura educativa y salud. De acuerdo a datos sintetizados en el Dictamen 206, en la región existen 193 planteles educativos de todos los niveles con más de 22 mil alumnos, la mayoría en el nivel básico. Hay nueve instituciones de salud -todas públicas-, 17 oficinas de dependencias federales, 29 estatales y ocho municipales. En el estudio financiero se concluyó que se podrían generar cerca de 77 millones anuales de ingresos -impuestos municipales derechos, aprovechamientos y participaciones- contra un egreso de 20 millones, lo cual se traduce en un aproximado a 56 millones de diferencia que podrían destinarse en obras públicas para la región. La infraestructura se caracterizó como inadecuada, ya que la Carretera Transpeninsular es la única vía que comunica a la región, pero resulta insuficiente -aparte muy estrecha-, no hay vías Este-Oeste, el transporte intrarregional es deficiente, solo dos o tres calles cuentan con pavimento y en las principales comunidades, el drenaje es inexistente. Fuente: Proyecto para la Creación de un Municipio, 1998, Gobierno del Estado de Baja California La municipalización en frases “Está bien que se vea el tema de la legalidad, pero creo que es más importante que se vea un acto de justicia para 120 mil habitantes que históricamente, hemos sido abandonados”.- Martiniano Hernández, residente de San Quintín. “Pobres ya estamos, marginados, no se nos manda nada de participaciones, no hay avance, los semáforos son los mismos de hace años. No hay nada que podamos decir que estamos recibiendo apoyo ni del Ayuntamiento, ni del gobierno estatal, ni del Gobierno Federal”.- Miriam Cano, habitante de SQ. “Es como el huevo o la gallina, mientras no se regularice y se dé un enfoque municipalista, no va a tener mejores privilegios. Si estás parado en San Quintín y quieres hacer cualquier trámite, tienes que viajar tres horas a Ensenada, si vives más al sur, diez horas. El Estado ya debió de haber impulsado la municipalización de San Quintín, o en su caso, haber hecho un rescate especial para la zona”.- Julio Felipe García, diputado del PRI. “Nosotros (los panistas) somos municipalistas, pero tenemos que ser muy responsables y ver todas las condiciones para que sea un municipio que nazca fuerte, competitivo y autosuficiente”.- María del Rosario Rodríguez, diputada del PAN.
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