El problema principal que padecen los pueblos y comunidades indígenas es el del reconocimiento, como tales, de nuestras tierras y territorios. Sus recursos naturales, usos y costumbres, lenguas, culturas… se encuentran en peligro de extinción. Todo esto se debe a la codicia insaciable de las corporaciones y a la complicidad activa de los gobiernos estatales y federal, a sus leyes y a su desconocimiento dentro de nuestros propios territorios. La estrategia de nacionalizar la propiedad de la tierra es el primer paso para su entrega a manos privadas. No les importa que existamos ni dónde estamos. Lo hacen por la fuerza y sin ninguna maña. Nos preguntan: ¿oye indio, dónde está tu título primordial de propiedad?, ¡que es el título de la tierra en la que hemos vivido durante siglos! Una vez declarada “nacional¨ (es decir: estatal, nunca pública), la tierra es ofrecida en subasta. “En ocasiones se la ofrecen hasta a sus propios pobladores originarios, para que se vean obligados a comprarla. Para nosotros, la tierra no es eso. La tierra es donde estamos, nomás”. Pero ese “nomás” significa, en realidad, “todo”. El crimen perpetrado por el estado y las corporaciones comienza por dar la forma mercancía a cada metro cuadrado del terreno, hasta acumular miles de hectáreas. Los pueblos indígenas, sin embargo, saben que pertenecen a la tierra que les pertenece. “Esa estrategia que condena a muerte el régimen comunal, supone la desintegración física, social y cultural de las comunidades”. Por eso existe el peligro de extinción. Sus leyes son inhumanas”. Los proyectos en curso: turismo, minería, carreteras, latifundios vinícolas… con un largo y criminal etcétera que incluye la ampliación del gasoducto Baja-Norte (el mayor entre México y EEUU) por las empresas Sempra y PGE, cruzando los municipios de Ensenada, Rosarito, Tijuana y Tecate. El gobierno federal ha implementado un programa llamado “Oportunidades” destinado a familias sin recursos (una pequeña ayuda económica para educación y otra para alimentación) cuyo acceso exige asistir a la visita semanal de una caravana sanitaria que viaja de pueblo en pueblo. No acudir a esa visita implica la retirada del apoyo, y la utilidad de esa asistencia sanitaria es testimonial. Las personas sólo tienen permiso para enfermar durante unas horas a la semana, en el momento en que la caravana se encuentra de visita. Cualquier emergencia exige un desplazamiento hacia la ciudad más cercana –70 kilómetros desde San José de la Zorra, 200 en otros casos–. En eso consiste el derecho a la salud. Desde que la escuela entró a las comunidades se ha ido extinguiendo la lengua y, con ella, ha ido desapareciendo la posibilidad de transmitir la cultura de generación en generación. El proyecto de recuperación de la lengua implementado por el gobierno responde, en realidad, a una estrategia de expropiación e inhabilitación. Cualquier iniciativa autónoma es respondida mediante una intervención institucional desde el estado, como cualquier iniciativa individual de un docente digno es censurada desde el estado. El poder no nos deja hacer lo que debemos hacer, y nada hay más injusto que prohibir lo que se debe hacer. La respuesta de las administraciones ante cualquier iniciativa de auto-organización es de “tolerancia cero”, cortando las iniciativas comunitarias y apropiándose de sus reivindicaciones. Pero ya no más. La supervivencia de nuestra cultura es nuestra supervivencia. La privatización ha secuestrado a las comunidades en su propia tierra, lo que a menudo supone no poder acceder a la recolección de los alimentos básicos y tradicionales. ¡Volvemos al problema de la tierra! La privatización de la costa nos ha robado el mar. La privatización de tierras en el interior nos ha robado nuestra propia agua de riego, bajo pretexto de la necesidad de solicitar un título de concesión expedido por el gobierno o registrar legalmente cada pozo. Beber nuestra agua o regar con nuestra agua es un delito. Más aún: vivir en su propia tierra es un delito para los kumiai y el resto de pueblos de la península. Otras actividades tradicionales y de primera necesidad, como la caza o la pesca, también se ven imposibilitadas por el cercado de tierras. En la costa “siempre hay vigilancia de la Marina, no sé si protegiendo al pez y al marisco o a las personas que viven allí, o al turismo. En todas esas tierras hay hoteles, restaurante. El caso de los cucapá de Mexicali… su tierra es piedra, toda la vida han sobrevivido con la pesca. Viven pegados al mar. Les han prohibido pescar y comerciar con el pescado, el gobierno les ha decomisado las lanchas. Los grandes pesqueros vienen y van arrasando la costa, mientras a ellos se les empuja hacia el interior del desierto y, por ende, a la desaparición. El desplazamiento es otra consecuencia de ese mismo conflicto. Con el régimen ejidal, ellos armaron un plan a futuro. Con el pretexto de proteger las tierras, las robaron. Repartieron las llaves y… así, cada nuevo propietario, antes comunero es un nuevo vendedor potencial. Saben que la pobreza va a obligarle, tarde o temprano, a vender y desplazarse a la ciudad. Son expulsados voluntarios, sin dinero para trabajar la tierra. Es lo que ocurrió, entre otras, en la comunidad kiliwa. O en Jamau, una parte de territorio pai pai, donde las familias fueron despojadas de sus tierras por la invasión de un empresario ganadero amparado por el gobierno. Fausto no es el único miembro de la comunidad de San José de la Zorra que ha sido acusado de “despojar de sus tierras” a los terratenientes que las robaron con ayuda del gobierno. “No nos rendimos ante su avaricia, su soberbia ni sus cárceles”, nos dice alguien que ya ha sufrido agresiones, amenazas de muerte y encierro. “Las comunidades se están organizando. Los pueblos se están uniendo. En comparación con los pueblos en resistencia en otros estados, nosotros no somos muy numerosos. Y estamos lejos. En Baja California somos pai pai, kumiai, cochimíes, cucapá, kiliwas”… Pero la lucha crece. El CNI (Congreso Nacional Indígena) sigue con su trabajo por la unión de todos los pueblos indígenas de México y, por extensión, por el encuentro de las luchas de todos los pueblos originarios de América. Entrevista a Fausto Díaz Carrillo al Estado español, con motivo del XIII Seminario de Solidaridad Política (Zaragoza, 15-25 abril 2013, en memoria de Don Juan Chávez Alonso). Héctor Ramón González Cuéllar Tijuana, B.C.
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