Ignora diputada tema de estacionamientos

La reforma aprobada por el Congreso del Estado obliga a toda edificación pública o privada a brindar el servicio de estacionamiento de forma gratuita. Los primeros en oponerse a la medida fueron los comerciantes de la región, preocupados por las pérdidas que esto representaría para el sector. Por su parte, la diputada Virginia Noriega defiende la iniciativa que presentó ante el Pleno, “estamos considerando a los ciudadanos que también son afectados, al cobrarles una cuota adicional al servicio que les prestan”. De acuerdo a la Cámara Nacional del Comercio (CANACO), en Baja California operan mil 500 estacionamientos de centros comerciales o negocios particulares, los cuales cobran una tarifa por este servicio. En Tijuana se concentran alrededor de 900 negocios de este tipo. Karim Chalita, presidente del organismo, convocó a 30 miembros, algunos representantes de hasta cinco plazas comerciales, para preparar una carta dirigida al gobernador, José Guadalupe Osuna Millán y solicitar el veto a la reforma, que aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de Baja California. La preocupación de los empresarios se concentra en las pérdidas de 3 mil 800 millones de pesos, recaudados al año por cuotas de estacionamiento, indicó el representante de CANACO. “La aplicación de la Ley afectaría la prestación del servicio de seguridad, que es un complemento del estacionamiento”, afirmó el empresario, quien considera incompetente al Estado para brindar seguridad a las plazas comerciales. El costo del “gratis” en la Ley En su Artículo 22, la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California indica: “Toda edificación debe contar con un área de estacionamiento”, con la reforma aprobada el 5 de agosto de 2013 por los legisladores locales, se agrega “de carácter gratuito” al final del enunciado, para continuar con las demás especificaciones, como el número mínimo de cajones. Entre los argumentos de la iniciativa, presentada desde septiembre de 2012, “brindar un mejor servicio al ciudadano que acude a esas instalaciones o edificaciones” y  la renuencia a pagar por utilizar el estacionamiento “cuando se llega precisamente a esos lugares a consumir, comprar o recibir servicios”. Sobre las consideraciones previas a la iniciativa, Karim Chalita se declaró molesto por no haber sido consultado en su calidad de representante de la Cámara de Comercio, aunque dijo, ha sido una práctica recurrente de los legisladores. En la reunión de CANACO, comerciantes externaron su intención de retirar el servicio de seguridad de sus estacionamientos. Además, alertaron sobre el posible incremento de los costos de construcción y del valor de la tierra, porque los comerciantes ya no podrán obtener una ganancia adicional mediante esta vía. Al respecto, la arquitecta Patricia Peterson, ex titular del Colegio de Arquitectos de Tijuana, refirió que los costos de construcción no deben verse impactados, debido a que “el estacionamiento en un negocio debe ser un servicio al cliente, y la  inversión debe considerar ese tipo de servicio”. Asimismo, consideró que la afectación económica se concentra en los costos de mantenimiento y operación. Aunque durante la reunión celebrada el 14 de agosto en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, algunos comerciantes externaron alternativas a la iniciativa, como brindar los primeros minutos de estacionamiento gratuitos, su titular afirmó que “las primeras dos horas de estacionamiento generan el 60 por ciento de los ingresos por este concepto”. En la opinión de la diputada priista Virginia Noriega, “el problema es que, aun siendo por Ley, los espacios que deben proporcionar a los usuarios, los centros comerciales los concesionan a un tercero para hacer negocio”. Buscan veto a una “medida populista” Uno de los principales detractores de la reforma, es el gerente de Plaza Río, Alfredo López Osuna, quien la consideró una “medida populista y absurda”.  Con 3 mil 300 cajones de estacionamiento, en un día promedio, el centro comercial recaba 60 mil pesos en cuotas a los usuarios, aunque en fines de semana llega a recibir hasta 30 mil visitantes. Actualmente preparan un nuevo proyecto de expansión para superar los 4 mil espacios de estacionamiento, pero la iniciativa, afirmó el empresario, “frena nuestras intenciones, porque mientras no sepamos en qué va a quedar esta modificación, no podemos pensar en seguir adelante”. El centro comercial contrata 50 turnos de vigilancia en 24 horas, además de 25 empleados a cargo del control del estacionamiento, y otras 30 personas encargadas del mantenimiento. En su nómina mensual, destina 650 mil pesos al personal ocupado de seguridad. Además de la inversión de un millón de dólares para la instalación del actual sistema, los argumentos del empresario para oponerse a la medida, radican en el exceso de espacios de estacionamiento a los obligados por Ley. A pesar de que a los locatarios se les cobra una cuota de mantenimiento mensual, por ejemplo las cadenas de tiendas departamentales más grandes aportan hasta 100 mil pesos, López Segura afirma que estas tarifas no serían suficientes para cubrir el costo operativo del estacionamiento. Desde hace 15 años, el centro comercial comenzó a cobrar por el servicio de estacionamiento. Previo a este cambio, afirmó el gerente, se reportaba el robo de un vehículo al día, en comparación a uno al año que se registra actualmente. El empresario concluyó que si el Ejecutivo estatal no concede el veto a la reforma al Artículo 22 de la Ley de Edificaciones, entonces buscarán un amparo. “Al ciudadano nadie lo defiende”: Diputada De las acusaciones del sector empresarial en contra de los legisladores, de promover “una medida populista, porque ya van de salida”, la diputada Virginia Noriega opinó: “Son más los ciudadanos que resultan afectados que los empresarios que señalan eso”. En entrevista con ZETA, aseguró que el sector empresarial “siempre se va a proteger cuando ve afectados sus ingresos y ganancias, pero al ciudadano nadie lo defiende”. Para la legisladora, quien consiguió 17 votos a favor, principalmente del grupo parlamentario tricolor, “el servicio de estacionamiento es una necesidad social”. Si bien, la legisladora priista dijo desconocer cuántos comercios se verían obligados de ofrecer este servicio gratuitamente, aceptó no haber realizado un estudio previo para considerar las afectaciones y distinciones necesarias para establecer hacia quiénes aplicar la reforma. “La iniciativa tiene como base las demandas del ciudadano de una necesidad diaria”, consideró, además, que ningún ciudadano debe pagar por un servicio que el comerciante tiene la obligación de ofrecer, “como si no fuera suficiente ya con lo que los clientes consumen”. En relación a los comercios que cuentan con mayor número de cajones de estacionamiento a los obligados por Ley, dijo: “Si logran demostrar eso, entonces no nos vamos a meter, pero yo no estoy enterada que los empresarios hagan más espacios y por eso los cobren”. Autoridad no aplica reglamento Consultada sobre el tema, la arquitecta Patricia Peterson, ex presidenta del Colegio de Arquitectos de Tijuana, externó que la autoridad no aplica la actual Ley de Edificaciones, ni los reglamentos municipales. “La autoridad no cuenta con la cantidad ni calidad de personal necesario para vigilar que se cumpla correctamente con los lineamientos necesarios”, comentó. Además, expuso que durante el trámite de la licencia de construcción la autoridad verifica si el establecimiento cuenta con el estacionamiento como es requerido, “después ya no hay vigilancia”. Sobre el posicionamiento de los empresarios, quienes consideran que la medida golpearía al sector inmobiliario, declaró: “No tener estacionamiento es un inhibidor, cobrarlo también, que sea gratuito impacta las posibilidades de negocio, pero no el costo de construcción”. La reforma nacida de “las demandas de los ciudadanos” y sin un estudio técnico previo, tiene pocas posibilidades de prosperar en un escenario de presión por parte de los empresarios. “Ellos siempre se van a unir y protestar cuando se ven afectados, pero al del salario mínimo, nadie lo defiende”, fue el argumento que pudo utilizar, a su favor, la diputada.