A diez días del operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en la canalización del Río Tijuana para desalojar a los indigentes que ahí viven, la situación de la zona regresó a su estado habitual. Un recorrido efectuado por ZETA constató que el “Bordo” volvió a ser poblado, sin mayor esfuerzo de las autoridades municipales en el tema. La justificación del operativo fue apoyar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cual tiene planeada la limpieza de la canalización. Sin embargo, el delegado Eduardo Ledesma Romo, aceptó no tener conocimiento previo del hecho, ya que los trabajos están programados para iniciar dentro de 15 días aproximadamente. La única estrategia contemplada para “solucionar de fondo” el problema de la indigencia, es la aplicación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia, pero el presupuesto federal de 39 millones de pesos aún no han sido entregado a la ciudad, según comentó el secretario de Desarrollo Social Municipal, José Osuna Camacho. Los indigentes y deportados de regreso en la canalización, manifiestan que son constantemente “visitados” por la Policía Municipal. Otro número de personas permanecen en campamento instalado en la Plaza Constitución, a unos cientos metros de distancia. De acuerdo a la doctora María Dolores Paris Pombo, investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el gobierno municipal comenzó a trabajar en el fenómeno de la indigencia al revés, una problemática vieja en la ciudad sin un estudio para conocer el tipo de población existente. “No se pueden tomar medidas sin tener primero un conocimiento del impacto que van a tener. Antes de cualquier desalojo, sobre todo masivo, es indispensable que haya un diagnóstico de esa zona y ver de esas personas cuántas están viviendo ahí, cuántas están únicamente para consumir, cuántas tienen trabajo, cuántas podrían tener un trabajo y han llegado ahí por falta de oportunidades”. Lo anterior, sostuvo, es necesario para contemplar políticas de reinserción a la sociedad mexicana o de traslado a sus ciudades de origen, pues mientras algunos tienen la capacidad de integrarse al campo laboral o la posibilidad de regresar a su lugar de origen, otros ya no tienen a dónde ir. “Algunas de estas personas tienen una capacitación, un oficio, podrían perfectamente insertarse en nuestro país. Por ejemplo, muchos hablan perfectamente el inglés, podrían tener una inserción en call centers en algunos espacios laborales, pero al no ver ninguna posibilidad, vemos cómo van decayendo”, declaró. Otros problemas planteados por la investigadora son la falta de espacios para albergar a indigentes en la ciudad y de políticas de reducción de daños, como los esfuerzos para evitar enfermedades de transmisión sexual o situaciones violentas dentro del canal. “Es el gobierno quien tiene que dar una respuesta, y para ello, primero tiene que conocer qué es lo que hay ahí y definir una serie de planteamientos en torno al alojamiento de estas personas. Es decir, los van a sacar del ‘Bordo’, pero a dónde se van a ir”, aseveró Paris Pombo.
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