Decomiso de casas: una vacilada

Los anunciados “aseguramientos” de propiedades realizados por la Procuraduría General de la República a los narcotraficantes desde la década de los noventa a la fecha, en Baja California y en el resto del país, no han pasado de ser “estrategia publicitaria” y “mecanismos administrativos”. Una vacilada de mal gusto. Son confiscaciones para efectos de actos administrativos porque los decomisos reales solo los puede dictar un juez civil tras un largo proceso, y eso “…hasta donde yo recuerdo, no ha sucedido”, dijo José Antonio Gama Macías, director en la Procuraduría General de Justicia del estado, de la Unidad Contra Narcomenudeo y ex subdelegado de la PGR Baja California en 2010. La realidad es que al final de los procesos judiciales civiles, sin importar que las propiedades hayan sido adquiridas con recursos ilícitos, la mayoría de los inmuebles han sido regresados a las familias de los criminales. En el menos peor de los casos, los bienes continúan asegurados –como parte del cuerpo del delito– bajo la administración del SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) mientras concluye el proceso judicial, pero eso no significa que no recuperarán las propiedades. Hasta antes del 2013 la excusa oficial era que no había leyes lo suficientemente sólidas que permitieran al Ministerio Público pelear las propiedades ante los jueces civiles. Tras la entrada en operación de la Ley Antilavado de Dinero, la de Delincuencia Organizada que trata el tema de complicidad y la recién estrenada y aún no aplicada, Ley de Extinción de Dominio. ZETA realizó un recorrido por algunos de los inmuebles asegurados en Baja California y Baja California Sur y el común denominador fue que las casas confiscadas están convertidas en otra muestra de la impunidad delictiva y la incapacidad de las autoridades.    Descuido e irregularidades en Baja California Sur Las residencias donde fueran capturados entre enero y febrero de 2010 los narcotraficantes Teodoro García Simental “El Teo” o “El Tres Letras”, José Manuel García Simental “El Chiquilín” y Raydel López Uriarte “El Muletas”, pasaron a partir de la primera semana de julio de 2013 a manos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Durante un recorrido periodístico por las viviendas incautadas, fue detectado que las tres casas lucen descuidadas, pero dos de ellas están habitadas por personas sin uniforme, sin identificación ni equipo de seguridad que aseguraron ser agentes de seguridad privada de la compañía DILME, contratada el año pasado para ofrecer el servicio de custodia para el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en Baja California Sur y Baja California, información que se puede encontrar en la página del SAE. DILME S.A. de C.V. es una empresa que ofrece servicios de seguridad “confiables”, con matriz en la ciudad de México, y “creada en 1989 por un grupo de ejecutivos en relaciones industriales de la universidad Iberoamericana, asesorados por militares de alto grado para hacer frente a la creciente demanda de servicios profesionales de seguridad”, según su página electrónica. La versión de estos supuestos vigilantes no fue confirmada por ninguna de las autoridades locales, pero su presencia en los inmuebles tampoco ha sido cuestionada o motivo de alguna intervención oficial. En el recorrido realizado el 31 de julio de 2013 se detectó lo siguiente. 1.- La vivienda de Teodoro García Simental, localizada en la calle Pezvela núm. 710 del Fraccionamiento Fidepaz, era resguardada por dos hombres y una mujer, y quienes prácticamente estaban dentro de la vivienda con la puerta del estacionamiento abierta y afuera una vieja camioneta tipo vagoneta. Sin uniformes o equipo de seguridad, como tolete, gas lacrimógeno y esposas y sin identificación a la vista, los vigilantes de la morada de quien alguna vez fuera el criminal más buscado por los gobiernos de México y de Estados Unidos, cuidaban desde el patio trasero la mansión valuada en más de 5 millones de pesos. La propiedad aparece bajo el folio 1816154. 2.- La vivienda Raydel López Uriarte “El Muletas”, localizada sobre la calle de Tomás Zúñiga núm. 142 de la colonia Civilizadores II, era resguardada por un solo vigilante y quien se encontraba sentado en la cochera de la casa. En chancletas, sin uniforme e identificación a la vista, el cuidador de una casa deteriorada tras tres años de estar completamente vacía y la cual fue utilizada –en su momento— como centro de operaciones del negocio de droga y muerte en Tijuana vía La Paz. La propiedad aparece bajo el número de folio 1815930. 3.- La vivienda de José Manuel García Simental “El Chiquilín”, localizada en la calle  Perímetro núm. 320 del Fraccionamiento Bellavista, es la única que ha podido pasar a manos del fisco porque el propietario actualmente libra un largo litigio para demostrar que la casa es de su legítima propiedad y la cual estaba en tratos para ser vendida, pero nunca fue pagada y la cual forma parte de una privada de 7 casas residenciales valuadas en 3 millones de pesos. Las tres viviendas fueron incautadas tras la detención de los criminales, bajo el número de averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/009/2010 y las cuales pasaron a la Dirección de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de la República (PGR), y después de tres años, pasaron a manos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SEA) de la SHCP y las cuales tendrán que salir a remate posteriormente.   Los aseguramientos Zona Costa en Baja California ZETA hizo un recorrido de muestra en 16 inmuebles “asegurados” en Tijuana, el resultado fue que solo una casa se encuentra bajo administración del SAE, otra tenía vigilancia policiaca, con la aclaración que la PGJE la aseguró apenas el 2 de julio de 2013 en un tema de secuestro. El resto no tiene sellos a la vista ni vigilancia, cinco estaban abandonadas, desocupadas, sin vigilancia, y las otras 9 ya están en uso, sea como casa habitación o negocios.   De las casas entregadas en febrero de 2012 por Raydel López Uriarte tras su captura, solo una está bajo la administración del SAE, se trata de la ubicada en el Fraccionamiento Misión del Mar en Rosarito, sobre los lotes 46 y 47 de la calle Circuito Misión San Juan Capistrano, la habían cateado antes en octubre de 2008, entregada al traficante Luis Ramírez Vázquez “El Güero Camarón”. El inmueble tiene un engomado que acredita la posesión del SAE y luce los estragos del vandalismo. Los primero meses del aseguramiento, la empresa contratada para cuidarla, no cumplió su obligación y le fue retirado el contrato. La casa de “El Morro” localizada sobre el kilometro 39 de Rosarito en las inmediaciones del Cristo de la Montaña, también entregada por López Uriarte en la misma confesión, no tiene vigilancia ni engomado de autoridad alguna, solo un letrero en el que se indica que es propiedad privada y está protegida por un sistema de vídeo vigilancia. La casa está sobre un terreno acreditado a la familia Salceda, propietarias del servicio de grúas con el mismo nombre, el inmueble luce limpio y cuidado.   Habitado narcotúnel En cuanto al túnel del crimen organizado, el pasadizo localizado en julio de 2012 por elementos del ejército mexicano sobre la calle Eusebio Kino con entrada bajo un lavamanos en el interior de un inmueble presuntamente dedicado al reciclaje llamado “ R y Derivados”, el edificio tiene residentes a pesar de que está totalmente destruido. A lo largo de el año ha sido quemado y robado, en el recorrido ZETA pudo observar a por lo menos dos personas, una moviéndose en lo poco que queda de un segundo piso y otra más en la parte baja, uno de ellos vestido con un chaleco fosforescente de los usados por personal dedicado a la colecta de basura.   Negocios operando En cuanto a los edificios asegurados en el pasado que siguen operando como empresas productivas se pudieron localizar dos ejemplos. Taller mecánico del 527 de la avenida Mutualismo en la Zona Norte de Tijuana donde fue detenido en agosto de 2009  Manuel Ivanovich Zambrano Flores “El Jimmy”, las investigaciones originales de la PGR y la DEA indicaban que el inmueble era de él, sin embargo al final del proceso no fue asegurado, actualmente continúa como taller mecánico en la fachada solo cambió el nombre, antes se llamaba “M” la razón social ahora es “Baja Collision”. En condiciones similares está el inmueble asegurado en septiembre de 2008 como “Marisco del Pacífico” que conforme a las autoridades con “prestanombres” era parte de las propiedades de Manuel Núñez López “El Balas”, situación que aparentemente no pudieron probar dado que desde entonces el inmueble ha sido transferido para su explotación en dos ocasiones, en ambas ha funcionado como restaurante, la única diferencia es que la especialidad ya no es la venta de mariscos.   Incautaciones recientes Oficialmente al lunes 29 de julio de 2013 en el municipio de Tijuana hay seis casas aseguradas recientemente, una por la Procuraduría del estado y cinco por la PGR, cuatro en la delegación la Presa, una en Otay por el decomiso de droga, y otra en la colonia Tres de octubre por secuestro. Están asignadas a la custodia de la Policía Municipal, sin embargo la corporación no tiene establecidos puestos fijos de vigilancia, solo las “cuida” mediante recorridos. ZETA visitó dos de los inmuebles en el número 22237 de la calle Zihuatanejo de la colonia El Pípila, no había patrullas, sí sellos, en el patio estacionados dos autos, un foco del patio prendido, un perro guardián y la casa en perfecto estado. En cuanto a la casa de la calle 12 de agosto de la colonia Tres de octubre donde capturaron a un grupo de plagiarios apenas el 2 de julio, la patrulla estaba instalada sobre un cerro, en la falda a unos 30 metros la casa en cuestión, con acceso desde el otro extremo de la loma, los candados de las puertas se apreciaban violados.   Laboratorio sin sellos La casa que explotó en junio de 2012 en el fraccionamiento Villas de Baja California porque era usada como laboratorio de cristal, continúa bajo vigilancia según testigos. “…las patrullas municipales se dan sus vueltas, es más, ayer vinieron dos veces porque alguien les informó que estaban sacando cosas de la casa”.  La fachada luce cerrada, sin embargo los sellos que la acreditaban como un inmueble asegurado fueron retirados, en el interior no se ven muebles.   Dueña amparada Respecto a la casa del número 6436 en el fraccionamiento Villa Colonias que fue asegurada dos veces, en 2003 cuando capturaron a unos narcotraficantes  y en marzo de 2008, en este año dentro de la casa decomisaron carros blindados, cientos de kilos de marihuana, y armas, incluidas granadas de fragmentación. La propietaria Adriana López Ramírez recuperó la casa, promovió un amparo en 2008 ante el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Baja california 239/2008 y obtuvo el fallo a su favor. Después de todo el trámite, el 7 de septiembre de 2009 se dio cumplimiento a la sentencia del amparo y el agente del MPF Héctor Salvatella Flores, asistente de la Unidad Especializada en investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS) de la PGR se trasladó con la parte quejosa al inmueble ubicado en la calle Ramo de Agua asegurado en la averiguación previa AP/PGR/TIJ/677/2008-M-VI para hacer la entrega material y jurídica de la finca señalada al apoderado legal de la quejosa, licenciado Roberto Santiago Navarro Vázquez, recibiéndolo de conformidad y procediendo a romper los sellos de aseguramiento.   Los Arellano venden En cuanto a la casa decomisada en el año de 1993 como parte de las propiedades de los hermanos Arellano Félix, localizada en la calle Ottawa del fraccionamiento El Paraíso, el inmueble forma parte de un lote de inmuebles recuperados por abogados, actualmente en la barda que da a la avenida Las Américas, aparece un letrero que la ofrece en venta, postores que han ofertado indican que los dueños piden medio millón de dólares porque desean recuperara básicamente la inversión en el terreno dado que la casa está en ruinas. La casa donde fue detenido Eduardo Arellano Félix en octubre de 2008, el número 14344 en la avenida Misión del Pedregal no presenta ni sellos de la autoridad ni letreros de que se venda. Los accesos están cerrados de una forma rústica, sobre la fachada se visualizan los estragos del tiempo y la falta de cuidado, los orificios provocados por las balas percutidas durante su detención no han sido reparados y nadie ha entrado o limpiado por un largo tiempo.   La mayoría rentadas Además de los dos negocios –restaurante y taller mecánico– otras seis casas de las visitadas por ZETA durante el recorrido entre el 30 y el 31 de julio de 2013, están siendo habitadas. Acreditadas en julio de 2009 como propiedades de la familia Ibarra Cardona, presuntamente dedicada al trafico de efedrina y otras actividades ilícitas, tres casas colindantes ubicadas en la calle Bahía de Los Ángeles de la calle Chilpancingo en la colonia Buenos Aires Norte, actualmente dos están ocupadas por familias con niños y una luce vacía y descuidada.  Ninguna tiene sellos que indiquen que están aseguradas, Gerardo Ibarra, uno de los propietarios fue detenido en uno de los inmuebles en julio de 2009 (en posesión de 3.6 millones de dólares, y otros 7 millones de dólares en valores, joyería y autos) dando origen a una investigación que concluyó con su liberación en noviembre del mismo año, cuando un juez determinó que no había delito porque el dinero lo había heredado se su padre muerto. Actualmente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene una alerta sobre esta familia por presuntos nexos al narcotráfico. También habitadas por familias  y luciendo patios y jardines cuidados con juguetes y carros estacionados están las residencia de “La Cúpula” de calle San Carlos número 13431 en La Mesa –escenario de una balacera en diciembre de 2008–, y las casas de la calle Jícama del Fraccionamiento Villa Floresta con los números 546 y 605 que en 2008 fueron aseguradas porque se usaban para cuidar secuestrados.   Olvido de aseguramientos en Mexicali Solo un predio en Mexicali cuenta con resguardo policiaco las 24 horas, los demás se encuentran olvidados por las autoridades. Derivado de una detención en la colonia Pueblo Nuevo, en enero de 2013 se pudo seguir el rastro hasta un sofisticado túnel a 2 cuadras de la línea internacional utilizado para transportar droga al vecino país. El narcotúnel ubicado en un local marcado con el número 612 de la avenida Madero se encuentra custodiado desde el pasado 5 de enero por un elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal las 24 horas del día, sin embargo es el único domicilio que tiene resguardo. Dentro de la ciudad existen diversos predios que se han utilizado para cometer diversos delitos, entre ellos una vivienda en el callejón Madero y Calle C en donde se inició uno de los más sofisticados túneles con la intención de cruzar droga hacia Caléxico. Cateado el 1 de septiembre del 2008 fue localizado uno de los más importantes narcotúneles del Cártel de Sinaloa, el predio fue celosamente vigilado día y noche los primeros meses pero después olvidado por las autoridades, el mismo túnel fue “redescubierto” durante el 2012 luego de que provocara un derrumbe en uno de los carriles vehiculares de la avenida Madero. Actualmente el domicilio fue derrumbado, pero no así la entrada a la construcción subterránea la cual fue penosamente “sellada” con una hoja de triplay de 1.5 metros, la construcción no fue ni siquiera cercada para evitar que nuevamente pudiera ser utilizada. Otro caso. Apenas el 6 de junio del 2013 fueron liberados 5 personas que se encontraban privadas de su libertad y resguardadas en la vivienda marcada con el número 3188 de la avenida Torreón en el ex ejido Coahuila. Los migrantes fueron abandonados, por lo que cuando llegaron los agentes policiacos aún se encontraban amarrados y vendados de cara y ojos además de haber sido golpeados en repetidas ocasiones. Actualmente la vivienda cuenta con energía eléctrica además de que continúa con mantenimiento, por lo que no aparenta encontrarse abandonada, en el lugar no se encuentra ningún tipo de vigilancia. Ese mismo día pero en la avenida Casas Grandes y Río Paraná del Fraccionamiento Valle Dorado, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a 3 personas las cuales tenían secuestrados a 2 migrantes por lo menos desde 4 días antes. La vivienda cuenta con consumo eléctrico, el bote de la basura se encuentra afuera del domicilio desde hace varios días, la vivienda se encuentra totalmente cerrada y sin vigilancia. En cuanto a los viejos aseguramientos, en mayo del 2008 fue secuestrado el empresario Ricardo Malo Valadez, los captores pertenecientes a las células de los Arellano Félix privaron el mexicalense desde el 28 de abril del mismo año, durante casi 2 meses estuvo encerrado en la vivienda marcada con el número 1547 del callejón Larroque entre las calles G y H, luego de un tiroteo fue liberado y detenidos 6 de los secuestradores, actualmente la vivienda fue restaurada y es habitada por una familia. Otra de las viviendas olvidadas por las autoridades fue la ubicada en Ciudad Cuauhtémoc en el fraccionamiento Villanova, abandonada en su momento, hoy se encuentra limpia y restaurada, apenas el 5 de junio fue localizada en el patio trasero la fosa donde descansaban los restos de Bardo Parra Arce, quien fuera secuestrado el 23 de abril del 2013 cuando salía de la preparatoria Siglo XXI ubicada en la colonia Cuauhtémoc. La casa presenta reparación en puertas y ventanas, además de que fue limpiada, no cuenta con resguardo oficial y el suministro eléctrico fue interrumpido.   Las propiedades del narco Contrario a Estados Unidos, donde  los miembros del crimen organizado firman convenios sellados a cambio de penas corporales blandas y pago de multas millonarias –Benjamín Arellano 25 años y 100 millones de dólares, Sandra Ávila 70 meses y 5 millones de dólares– porque el gobierno lo que busca es quitarles dinero, en México, estos mismos criminales no pagan multas o los importes son mínimos, además pasan poco tiempo encarcelados y la familia conserva los bienes. Los Arellano Félix son la prueba fehaciente del este hecho. Los bienes pueden recuperarlos incluso con un juicio de amparo, maquinaria costosa usada para hacer narcotúneles ha sido regresada aunque los procesos penales continúan abiertos, pero básicamente los inmuebles han retornado a las familias delictivas como resultado de juicios civiles. Los inmuebles puestos a nombre de la familia de los traficantes se han regresado porque  a la fecha el gobierno no se ha esforzado en comprobar que el dinero con que se compraron, es de procedencia ilícita. Las casas presuntamente rentadas a narcotraficantes, tampoco se han perdido; las autoridades tampoco han trabajado en probar que “el dueño” es cómplice o prestanombres, o en su defecto, sabía para qué actividades ilícitas, se estaba desarrollando en la propiedad. Y la implementación de la Ley de Extinción de Dominio no hará mucho cambio al respecto. De hecho, el único ejemplo público reciente al que se le pueden aplicar las nuevas leyes y que implica bienes, está en Culiacán y a raíz que la Oficina de Control de Activos extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso una alerta –30 de julio de 2013– contra del notario José Antonio Núñez Bedoya, por crear “El Parque Acuático Los Cascabeles, el Centro Comercial y Habitacional Lomas, el Rancho Ganadero y Agrícola Los Mezquites”, para lavar dinero del narcotráfico producido por Ismael “El Mayo” Zambada. El secretario de gobierno del estado de Sinaloa dijo que inició una investigación, lo cual no implica que tendrá un final negativo para el supuesto cómplice del cártel de Sinaloa. Además que la federación no ha mencionado ninguna investigación pese a la implicación del crimen organizado. Al final, los integrantes de la delincuencia conservan las propiedades porque el Ministerio Público no acredita con “pruebas documentales, circunstanciales, o nexos circunstanciales de unas pruebas con otras que se vinculan entre sí” que la casa se obtuvo con dinero ilícito o que el dueño no sabía que el domicilio se usaba como “instrumento y objeto” del delito.   Ley estatal Artículo 4. La Extinción de Dominio es la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes mencionados en el Artículo 5 de esta Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado, cuando se acredite el hecho ilícito en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud de competencia estatal, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; y el afectado no logre probar la procedencia lícita de dichos bienes y su actuación de buena fe, o que estaba impedido para conocer su utilización ilícita. Artículo 5. Se determinará procedente la Extinción de Dominio, previa declaración jurisdiccional, respecto de los bienes siguientes: I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió; II. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos de la fracción anterior; III. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo; IV. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. El supuesto previsto en la fracción III de este artículo será aplicable cuando el Agente del Ministerio Público acredite que el tercero utilizó el bien para cometer delitos patrimoniales, delitos contra la salud de competencia estatal, delincuencia organizada, secuestro, trata de personas o robo de vehículos, y que el dueño tenía conocimiento de esa circunstancia.   La extinción de dominio en BC En el caso Baja California, con la Ley de Extinción apenas puesta en funciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado está en espera de la certificación del Ministerio Público del fuero Común especializado en la materia, y definiendo en cuáles casos actuarán y en cuáles no. Por ejemplo, no invertirán recursos en los inmuebles de poca valía, como autos baratos, o donde el MP esté imposibilitado de probar que el inmueble “…es instrumento, objeto o producto del delito; ha sido utilizado o destinado a ocultar o mezclar bienes producto del delito; o para la comisión de delitos por un tercero, aunque el bien esté  intitulado a nombre de terceros, existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada”. El problema es que la incapacidad de probar podrá ser recurrente. “En materia civil, la prueba debe ser concluyente, casi, casi tangible, no hay tanta subjetividad en la valoración de pruebas y circunstancias como la hay en el proceso penal.  En materia penal, las pruebas no requieren tanta formalidad como en material civil” explicó el licenciado José Antonio Gama Macías. El tema es que si el Ministerio Público pierde uno de estos juicios, el Estado es condenado a pagar los gastos y costos que significa más menos el 20 por ciento del valor del bien en disputa. En tono positivo, el funcionario habló de casos de éxito, como en el Distrito Federal, con los dueños de negocios que vendían partes de auto robadas. Y en Baja California, concretamente en Ensenada -que será el primero en presentarse ante un juez-, donde el dueño de una casa fue detenido en flagrancia mientras vendía enervantes en el inmueble de su propiedad. “Ahí el delincuente no tiene para donde hacerse”. Sin embargo, Gama reconoció: “Si la casa está en copropiedad, los otros dueños podrían pelearla y ganarla, si el MP no puede probar que el resto de los dueños sabían de los delitos que se cometían en el inmueble”. Actualmente la PGJE trabaja en otros dos expedientes para Extinción de Dominio, uno en Tijuana y otro en Mexicali. “En uno de los casos el dueño dice que renta, pero el criminal detenido asegura que el dueño  sabía, y los vecinos afirman que el criminal y el propietario convivían y se emborrachaban en la casa asegurada, que el propietario vivía a un lado y las propiedades se conectaban. Por ejemplo, este caso tiene posibilidades de éxito, pero aún estamos concentrando pruebas, porque sabemos que es complicado”, detalló el consultado.   El SAE, depositario Por Ley, cuando el Ministerio Público, con el auxilio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) asegura bienes en una averiguación previa o durante el proceso penal, “…que puedan ser objeto de prueba, serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes”, el cual procederá a su administración, enajenación o destino, conforme a los procedimientos que establece la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y su Reglamento. Los productos de la enajenación “serán entregados  en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, y a la Secretaría de Salud, y los recursos que correspondan a la Secretaría de Salud deberán destinarse a programas de prevención y rehabilitación de farmacodependientes”. En un breve recorrido por la página del SAE, que contiene actualizaciones limitadas y hasta septiembre de 2012, se puede apreciar que tratándose de bienes inmuebles, casas y terrenos  puestos a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por la PGR o el Poder Judicial, la mayoría no son susceptibles de ser enajenados. Incluso, las últimas licitaciones públicas del SAE durante 2012 solo incluyen autos y joyas entregadas por la Procuraduría, nada de casas o terrenos decomisados al crimen organizado. Hasta septiembre de 2012, el padrón del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes indicaba que tenían mil 872  inmuebles asegurados “que no son susceptibles de venta, y 557 son inmuebles vendidos en proceso de entrega”. Ese total se acumuló de julio de 2003 -año en que se creó la dependencia- hasta 2012. Durante ese último año se habían incorporado al listado alrededor de 270 casas, y se regresó un promedio de 100 inmuebles; dinámica similar a la de los años anteriores. Pero “el que estén bajo la administración de SAE, incluso aunque éste lo haya entregado alguna asociación -como el caso del Club de Niños y Niñas de Tijuana, que tiene una casa en custodia-, no significa que terminado el proceso judicial, tal vez deban regresarla al dueño” sentenció Gama Medina. Además de la casa entregada al Club de Niños y Niñas, otros dos organismos no gubernamentales en Baja California operan en casas recuperadas del crimen organizado Se trata de la Casa del Túnel en la colonia Federal, y la Asociación Tijuana en Apoyo al Sordo (/APSOR),  pero legalmente están en calidad de depositarios.