Decomiso de casas: una vacilada

  Los anunciados “aseguramientos” de propiedades realizados por la Procuraduría General de la República a los narcotraficantes desde la década de los noventa a la fecha, en Baja California y en el resto del país, no han pasado de ser “estrategia publicitaria” y “mecanismos administrativos”. Una vacilada de mal gusto. Son confiscaciones para efectos de actos administrativos porque los decomisos reales solo los puede dictar un juez civil tras un largo proceso, y eso “…hasta donde yo recuerdo, no ha sucedido”, dijo José Antonio Gama Macías, director en la Procuraduría General de Justicia del estado, de la Unidad Contra Narcomenudeo y ex subdelegado de la PGR Baja California en 2010. La realidad es que al final de los procesos judiciales civiles, sin importar que las propiedades hayan sido adquiridas con recursos ilícitos, la mayoría de los inmuebles han sido regresados a las familias de los criminales. En el menos peor de los casos, los bienes continúan asegurados –como parte del cuerpo del delito– bajo la administración del SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) mientras concluye el proceso judicial, pero eso no significa que no recuperarán las propiedades. Hasta antes del 2013 la excusa oficial era que no había leyes lo suficientemente sólidas que permitieran al Ministerio Público pelear las propiedades ante los jueces civiles. Tras la entrada en operación de la Ley Antilavado de Dinero, la de Delincuencia Organizada que trata el tema de complicidad y la recién estrenada y aún no aplicada, Ley de Extinción de Dominio. ZETA realizó un recorrido por algunos de los inmuebles asegurados en Baja California y Baja California Sur y el común denominador fue que las casas confiscadas están convertidas en otra muestra de la impunidad delictiva y la incapacidad de las autoridades.    Descuido e irregularidades en Baja California Sur Las residencias donde fueran capturados entre enero y febrero de 2010 los narcotraficantes Teodoro García Simental “El Teo” o “El Tres Letras”, José Manuel García Simental “El Chiquilín” y Raydel López Uriarte “El Muletas”, pasaron a partir de la primera semana de julio de 2013 a manos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Durante un recorrido periodístico por las viviendas incautadas, fue detectado que las tres casas lucen descuidadas, pero dos de ellas están habitadas por personas sin uniforme, sin identificación ni equipo de seguridad que aseguraron ser agentes de seguridad privada de la compañía DILME, contratada el año pasado para ofrecer el servicio de custodia para el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en Baja California Sur y Baja California, información que se puede encontrar en la página del SAE.