Corrupción e incompetencia

Caso Sara Benazir 7 años después Ante el contrasentido de que el 19 de agosto de 2013, Emanuel Valencia Pérez “El Backstreet” haya sido detenido y deportado con los mismos “elementos” de prueba que fue liberado hace siete años y medio  por el homicidio de la joven Sara Benazir Chavolla Ruiz en Tijuana, el subprocurador de Justicia Zona Tijuana, Ricardo Salas Bravo, contraargumenta que cuando Valencia Pérez visitó por primera vez el Ministerio Público, días después de los hechos, lo hizo en condición de testigo, toda vez que como informó la Procuraduría a la familia, una prueba microscópica del cabello no fue suficiente para determinar su responsabilidad.  Sara, de 15 años de edad, fue secuestrada la tarde del 7 de diciembre de 2005, horas después, su cuerpo, con las manos atadas con un cincho plástico en la espalda, fue arrojado desde una camioneta Pathfinder en movimiento a la vialidad frente al hotel Pueblo Amigo de Zona del Río,. Su frágil nuca se estrelló contra la banqueta, quedó en estado de coma y, seis días después, falleció.  El 14 de diciembre de 2006, la Procuraduría anunció que habían localizado e incautado provisionalmente al auto de los presuntos responsables “identificados” por testigos. Lo manejaba Emanuel Valencia, estaba a nombre de su madre y, en una revisión pericial, localizaron en la parte trasera del auto un cabello que, determinó la autoridad, pertenecía a la víctima. “Tú a las personas las puedes presentar como testigos -según la versión de Salas, así fue como presentaron a Emanuel cuando lo detuvieron en el auto-, y luego cambiar el carácter a indiciados, pero es parte de la investigación, es la esencia de la investigación el que una persona pueda aparecer como testigo y luego pueda ser el indiciado”, apuntó el subprocurador.  En entrevista, el ex procurador Antonio Martínez Luna refirió que en 2005, Valencia Pérez solo había sido presentado como testigo, a pesar de que la subprocuradora María Teresa Valadez Morales y el director de Homicidios de la PGJE, habían dicho a los padres de Sara que el cabello encontrado en el auto “relacionaba directamente” a Valencia y sus amigos con el homicidio de su hija. — ¿Existe alguna irregularidad en como se manejaron las investigaciones en 2005?, se le pregunta al subprocurador.  “Bueno, yo lo que hasta ahorita puedo ver es que fue una investigación que derivó en una orden de aprehensión, y finalmente, está a disposición del juez; entonces yo entiendo que se hicieron las diligencias adecuadas. Te digo, a lo mejor los tiempos son los que actúan en contra de una investigación, mas en el caso aquel de que no se tenía el laboratorio propio de ADN, como ya lo tiene esta administración, tenía que enviarse a San Diego.  “Y si el tiempo normal son varias semanas aun con laboratorio, pues imagínate tenerlo que enviar a San Diego, pues debe tardar. Y bueno, debes tomar también en consideración a la Constitución, no puedes detener si no hay orden de aprehensión, y si no hay flagrancia”. Originalmente, cuando reportaron el hallazgo del cabello, los peritos de Tijuana habían hecho  a través de microscopio una comparación de la muestra “con escaso margen de error”. Según el entonces jefes de Homicidios, Francisco Castro, era de Sara, prueba que daba el 50 por ciento de certeza y era suficiente para iniciar el proceso. Pero Valencia Pérez fue liberado. No confesó y, con testimonios, su defensa lo ubicó en otro lugar el día y hora del ataque. El abogado también alegó que la Ministerial no pudo establecer que la Pathfinder de la familia Valencia era la misma que se había usado para el crimen, ni que el cabello localizado pertenecía a Sara Benazir, al no tener muestra de la víctima para comparar.  Los padres de la víctima responsabilizaron de la liberación “al abuso de poder”, aseguraron que dos parientes del presunto victimario habían hablado con el entonces gobernador Eugenio Elorduy; su tía Claudia Valencia, entonces asesora del Gobierno del Estado; y su esposo, el consejero de la Judicatura, Adrián Humberto Murillo González.  Fue hasta el 29 de diciembre de 2005 cuando los padres de Sara escucharon en voz de Antonio Martínez Luna, entonces procurador de Justicia del estado, que los cabellos no se consideran prueba contundente en las averiguaciones, “pues éstos son únicos entre quinientos”, por lo que el caso ya no se consideraba resuelto. Las pruebas de ADN que se mandaron hacer a San Diego del cabello encontrado en el auto que manejaba Emanuel, llegaron hasta el 27 de marzo de 2006, arrojando resultados positivos. Para entonces Valencia Pérez llevaba ya tres meses fuera del país, y se sabía que cruzó a San Diego, California. Aun con el ADN, la Procuraduría se tomó su tiempo, debieron pasar tres meses para que el 7 de junio de 2006,  tras constantes actos de presión pública por parte de la familia de Sara Benazir, consignaran ante el Juzgado Tercero de lo Penal. Otro mes le llevó al juez Ramón Donaciano Ruiz González, dictar la orden de aprehensión en contra de Emanuel Valencia, que se obsequió el 13 de julio de 2006. Como sucedió en 2005, esta semana el expediente de Valencia fue turnado ante el Juzgado Tercero de lo Penal, después de haber sido detenido en Estados Unidos. Según la versión de la PGJE, como resultado de una alerta migratoria emitida desde 2006. La Procuraduría no ha mostrado dicho documento públicamente, y los padres de la víctima aseguran que tampoco a ellos -como interesados directos- les permitieron verlo. Pese a la detención y la conferencia de la PGJE, “El Backstreet” no está aún formalmente preso, la Procuraduría lo presentó como presunto responsable y su defensa solicitó la ampliación del terminó constitucional de 72 a 144 horas después de su detención, por lo que el juez tiene hasta el domingo 25 de agosto de 2013 para definir si lo declara formalmente prisionero, o lo libera. Los Chavolla Ruiz La detención de Fernando Emanuel Valencia Pérez significa para la familia Chavolla Ruiz, más un golpe de suerte que voluntad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, además, aseguran que se trata del primer paso en la resolución del crimen donde su hija resultó muerta, hace ya siete años y medio. “Nos dicen que hay muchas aristas por las cuales el juez puede determinar o no el auto de formal prisión, y después de que se emita la orden de aprehensión, hay otros muchos pasos que dar para que se confirme la sentencia y que (Valencia) quede preso, que pague por su delito”. Desde 2005,  los padres de la víctima sostienen que la liberación se trató de una estrategia ordenada por el entonces procurador para retrasar las investigaciones y proteger al responsable, que hasta el momento de su detención, residió en el vecino país. Entrevistados, recuerdan cómo trataron de responsabilizarlas a ellos y a su hija Sara dentro del proceso, los ministeriales buscaron un perfil oscuro en la familia como línea de investigación. Argumentan que fueron amenazados abiertamente por Martínez Luna de ir a la cárcel por comercializar  pornografía y autorizar que sus hijas asistieran a fiestas con alcohol, drogas y sexo. “Se buscó por todos los medios protegerlo -a Emanuel Valencia-,  y fue cuando empezaron a interrogar a compañeros de la escuela, cuando empezaron a decir que mis hijas andaban en esto, en aquello, y hasta de trata de personas nos acusaron”, recuerda Manuel Chavolla, padre de Sarita.  Respecto al juez Ramón Donaciano Ruiz González, Juez Tercero de lo Penal que dictó la orden de aprehensión, reclama: “Fue el mismo que desechó cientos de hojas y decenas de diligencias integradas dentro de la averiguación previa, ordenadas por la subprocuradora Valadez Morales”. Donaciano Ruiz González también desechó las declaraciones de personas relacionadas con el presunto culpable, donde se asegura que, por ejemplo, estuvo en lugares distintos en la misma hora y fecha. En junio de 2006, en el intento de exonerar a Valencia, la PGJE detuvo  también a Gamaliel González Rivera como presunto involucrado en los hechos, sin embargo, tiempos después se descartó tal sospecha y el tipo permaneció dos años en la cárcel, por otros delitos como corrupción de menores y pornografía infantil.  “Así me hubiera hablado quien tú me pongas”: Martínez Luna Señalado por los padres de Sara Benazir como uno de los principales involucrados en lo que insisten, es un caso de corrupción, Antonio Martínez Luna sostiene a su favor que se implementaron mecanismos de búsqueda con apoyo de las autoridades estadounidenses para dar con el indiciado, una vez que las pruebas de ADN dieron positivas. Sin embargo, el hecho de que se actuara meses después de los hechos y de que a decir de los Chavolla Ruiz, las líneas de investigación tomaran otro rumbo, fue decisión del Ministerio Público.  “Así lo decidió, habría que ver que con lo que se siguió haciendo, se logró esta orden de aprehensión, no sé si la Procuraduría practicó otras diligencias después de que nos fuimos nosotros, pero era prioridad darle el avance y transparencia”. Explicó que fue necesario abrir varias líneas de investigación, entre ellas una de la vida personal de la familia, puesto que no encontraron reportes en el Centro de Comunicación, Control y Comando (C4) de privación ilegal de la libertad. “Si alguien se la llevó a la fuerza, queríamos ver si había un reporte o si alguien vio algo, o si Sarita se subió a un carro porque conoció a la persona, entonces teníamos que el Ministerio Público y la Policía Ministerial abrió varias líneas de investigación, incluyendo lo personal, sea cual fuera el resultado, eran importantes para determinar hacia dónde ir, continuar o dirigir la investigación”. Asegura que lo encontrado no se utilizó parta incriminar a la familia, sino que fue estrictamente para abonar a la averiguación previa.  — Se protegió al hoy indiciado, la familia argumenta que se involucró su tío político, ex consejero de la Judicatura, planteó ZETA.  “En todos los asuntos donde hay una persona detenida o presentada, que era el caso, estaba presentada nada más, todos los asuntos por lo regular van parientes a hablar con ellos, quien me conoce sabe que así me hubiera hablado quien tú me pongas, no iba a cambiar la situación”. Hasta la sentencia Pese a los amparos que la defensa de Valencia Pérez ya ha intentado promover en el Juzgado Tercero de lo Penal,  Manuel Chavolla y Sara Ruiz buscan en primer término el auto de formal prisión en contra del detenido. De darse esto, aseguran que seguirán de cerca el eventual juicio hasta ver dictaminada una sentencia por el delito de homicidio. “Yo creo que tenemos que comenzar con lo primero. Primero vamos a buscar que se gire la formal prisión, y entonces, teniendo ese primer paso, ver si hubo omisión o desvío, si hubo criminalización de nuestra familia en ese entonces. Nosotros vamos a solicitar que se investigue, nos vamos a apegar a la Ley de Víctimas para exigir que se proceda conforme a derecho”, indicaron los padres de la joven asesinada. “Estoy solicitando a la Procuraduría que a nosotros se nos debe dar trato de víctimas, que se nos borre toda aquella criminalización que en su momento integró el anterior procurador por órdenes de no sé quién, con dolo. El primer paso ahorita es auto de formal prisión para el indiciado”, finalizó el matrimonio Chavolla Ruiz. El día del crimen El 7 de diciembre de 2005, Manuel Chavolla, padre de Sara Benazir, le permitió a ésta romper la rutina familiar diaria, justificada por un trabajo escolar que era necesario para no perder puntos de su calificación final en la preparatoria donde cursaba el primer semestre. La joven  tenía consentimiento para llegar más tarde de lo normal.  A falta de teléfono celular, pues éste le fue robado junto con su mochila ese mismo día, la quinceañera se comunicó con su padre aproximadamente a las siete de la noche, desde un teléfono público ubicado en un centro comercial muy cercano a su hogar en Otay Cali, según relata el propio Chavolla en un texto publicado en el libro “Grito de Justicia”, del periodista Arturo Geraldo.  Padre e hija acordaron que ella caminaría para llegar a su casa, sin embargo, un trayecto que debía durar máximo cinco minutos, demoraría más, tanto que obligaría a Manuel Chavolla a iniciar la búsqueda de su segunda hija. Sin éxito llegaron las ocho de la noche, tiempo en el que al celular del preocupado padre entraría una llamada de María Teresa de Jesús Valadez Morales, en ese entonces subprocuradora de Justicia de Zona Tijuana, quien le informaría del atentado que sufrió Sarita. Maniatada, Sara Benazir fue arrojada desde un automóvil en marcha en la Avenida Centenario, frente al centro comercial Pueblo Amigo. Las consecuencias fueron fracturas en el cráneo que, después de seis días en estado de coma, la llevaron a la muerte en la Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Según el parte forense, sufrió traumatismo craneoencefálico.