Bustamante sin dinero para pagar

Alcalde creció la nómina en más de 500 trabajadores, y más de 150 millones de pesos A punto de concluir su trienio como alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante carece de liquidez hasta para el pago oportuno de la nómina municipal, misma que ensanchó con 500 empleados más durante su periodo. Y sin un plan b para menguar el aprieto económico, la administración bustamantista optó por el camino fácil: contraer un crédito bancario por 200 millones de pesos para el pago de un mes de salarios. El colofón de una administración sin orden. Eso sí, aseguró ufano el alcalde, lo pagará en el corto plazo, antes de que concluya su gobierno. No contar con fondos suficientes para garantizar el pago catorcenal de los 8 mil 658 empleados que laboran en el XX Ayuntamiento, es signo inequívoco de inestabilidad económica, califican expertos. Pero el empresario tijuanense no lo reconoce, aunque los yerros con los que ha llevado el timón de la administración pública salten a la vista:  – La no materialización de la Ruta Troncal, para lo cual la Federación le asignó un presupuesto de 482 millones aún no ejercidos. – El fraude del programa de ahorro de energía mediante la sustitución de luminarias que no funcionan, y que se han debido reemplazar, gastando el erario municipal.  – La falta de cobro a los grandes deudores del Impuesto Predial. Las tres no acciones, representan una pequeña muestra de la mala administración que ha significado el XX Ayuntamiento de Tijuana. Al borde del abismo Tres meses y una semana restan de un gobierno que, a la fecha, no ha logrado cumplir con el programa de estabilidad y crecimiento económico al que se comprometió. Lejos de ello, la economía del  municipio parece pender de alfileres, el primer indicio se dio al inicio del mes de julio de 2013, cuando algunos empleados municipales, de niveles inferiores por cierto, no recibieron a tiempo su pago catorcenal. “Fue por un error técnico”, explicó el regidor Enrique Parra Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, al negar de inmediato la falta de liquidez. Un mes después de ese “error”, el Cabildo de Tijuana aprobaba un punto de acuerdo en el que se autorizó a Bustamante contratar y ejercer créditos y empréstitos por 200 millones de pesos para financiar el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2013, en apego a la nueva Ley de Deuda Pública de Baja California. “El empréstito es simplemente para no quedar mal con el pago de los trabajadores sindicalizados y de confianza, tener una garantía de que se les van a estar liquidando oportunamente sus catorcenas”, advirtió Parra Romero, quién de nuevo salió al paso para minimizar la falta de fondos en las arcas municipales. Al requerir la aprobación al cuerpo edilicio reunido la tarde del jueves 15 de agosto, Carlos Bustamante se comprometió a pagar el nuevo crédito “antes del término de la administración, con los mismos recursos que se reciben vía participaciones”, y enfatizó que dicho préstamo “no es deuda pública”. Del crédito bancario no dieron mayores pormenores, solo que “se contratará con la institución que ofrezca las mejores condiciones”, sostuvo Enrique Parra. Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Sergio Rosete Weben, arguyó que el facultar al presidente municipal para contratar empréstitos de carácter temporal, no implica necesariamente la solicitud de nuevos préstamos, sino que “únicamente se está actualizando la Ley de Deuda Pública”. Pero al intentar justificar que a esa “actualización” se le puso la cantidad correspondiente a dos catorcenas, no tuvo más que argumentar la necesidad de contar con fondos suficientes que garanticen el pago de la nómina, “ante la demora en la entrega de las participaciones federales y estatales”. Dicho argumento fue refutado por el secretario de Planeación y Finanzas del gobierno de Baja California, Manuel Aguilar Bojórquez, quién aseguró que las aportaciones tanto del Estado como de la Federación, son ministradas en tiempo y forma a los cinco municipios de la entidad, “de acuerdo a un calendario preestablecido desde diciembre de 2012”. El funcionario estatal se mostró extrañado de la justificación que el XX Ayuntamiento da para obtener el crédito a corto plazo. “Está muy raro eso”, dijo. Aunque se pague en el corto plazo, el empréstito de 200 millones se suma a los 400 millones de pesos con los que se acrecentó la deuda pública de Tijuana, así lo admitió Rosete Weben al precisar que la deuda pública se recibió en 2 mil 083 millones de pesos, y se dejará en 2 mil 400 millones de pesos. Este compromiso financiero coloca a Tijuana como el segundo municipio más empeñado del país. No endeudar más a la ciudad es otra de las promesas incumplidas por el alcalde Bustamante. El desinterés por concretar el proyecto de infraestructura de transporte masivo es de extrañar, sobre todo cuando el municipio ya recibió de la Federación 482.8 millones de pesos para la ejecución del Corredor 1 Puerta México-El Florido. El recurso asignado a fondo perdido tiene una particularidad: para poder ser ejercido, el municipio debe aportar una cantidad similar a la aprobada, eso quizá explica por qué el gobierno de Bustamante optó por designar la Vía Lenta como el corredor de la ruta, lo cual le ahorraría la inversión. Aun así, solo se ha limitado a consensuar con los transportistas el diseño de las rutas alimentadoras del proyecto, sin invertir ni un solo peso de lo que es el proyecto ejecutivo. Éste “tendrá que ser ejecutado por las próximas autoridades”, sentenció el secretario de Administración Urbana, Esteban Yee. Las causas Y si la falta de flujo económico que permita al gobierno local sus necesidades básicas, como lo es el pago de los sueldos a sus empleados, no deriva de la falta de cobijo financiero por parte de los gobiernos federal y estatal,  entonces tiene que explicar las verdaderas razones. “Y hacer una corrida que le permita no solo garantizar el pago de la nómina hasta el final del actual periodo de gobierno, sino dejar liquidez suficiente para el pago de los sueldos en diciembre, mes en el que se pagan tres catorcenas y el aguinaldo; de lo contrario significará un problema para el gobierno entrante”, sostuvo Rubén Roa Dueñas, ex presidente del Colegio de Economistas de Baja California. El relajamiento en el manejo de la administración municipal se dio desde el inicio de su periodo de gobierno, la austeridad comprometida no se ha reflejado más que en la escasa ejecución de obras. Para muestra, la obesa nómina que, lejos de disminuir, como también lo prometió el presidente municipal, aumentó con 528 empleados. Bustamante inició su administración con 8 mil 130 trabajadores, y actualmente paga sueldos a 8 mil 658 empleados, entre sindicalizados y de confianza.  Son las plazas de confianza las que han registrado una ampliación mayor, particularmente las que paga por tiempo y obra, ya que de base, el aumento fue de 45 plazas. Y si el número de empleados municipales creció, por ende el presupuesto para el pago de nómina también se elevó. Así, de 2 mil 041 millones de pesos establecidos para su pago en 2011, para el presente año fue necesario presupuestar 2 mil 200 millones de pesos. Un crecimiento de 159 millones solo para el pago de personal. El ahorro en los servicios tampoco se le da al alcalde, ya que de un presupuesto de poco menos de 74 millones de pesos que eran asignados al pago de energía eléctrica al inicio de su gestión, para 2013 se presupuestó un gasto anual de 134.6 millones de pesos en ese rubro. Y aunque el presidente municipal admitió el fracaso del proyecto de luminarias que efectuaría Global Sight, empresa con la que se signó un contrato de 144 millones de pesos, inversión fallida que no ha logrado recuperarse y el departamento jurídico del XX Ayuntamiento ni muestra da de siquiera intentarlo, su titular, Roberto Ordorica Ruiz, solo atina a declarar que se está “en la integración del expediente”. En un pago elevado al doble en el servicio de energía eléctrica y 144 millones de pesos echados a la basura, terminó el ambicioso programa de ahorro de energía, tan ponderado por el actual gobierno. La falta de firmeza del alcalde en el cobro a los grandes deudores del Impuesto Predial, uno de los principales ingresos que recibe por cuenta propia la Hacienda municipal, poco ha ayudado a fortalecer las finanzas de Tijuana. El gobierno ha sido condescendiente sobre todo si se trata de sus amigos, a quienes mejor condona créditos fiscales a cambio de adjudicarles obras de infraestructura pública. La deuda solo se salda en papel, pues las obras no se realizan, muestra de ello son los contratos signados con Raymundo Arnaiz -compadre del alcalde-, Grupo MUSA o Grupo Urbi, por citar algunos, a quienes ha perdonado impuestos por alrededor de 200 millones de pesos. No solo eso. Empresas como el centro comercial Pueblo Amigo, de Jorge Hank, ni siquiera se han tomado la molestia de pagar el Predial durante el gobierno de Carlos Bustamante, a sabiendas que éste no procederá en consecuencia. Y aunque quienes rentan los espacios comerciales cubren este gravamen con el pago de la renta –5 mil pesos al año aproximadamente-, éste no es reportado a las arcas de Tijuana. Fracasa asesoría La selección de los mejores perfiles para los puestos clave en la administración municipal ha sido otro de los desaciertos del alcalde en turno. No le funcionaron para llevar el buen rumbo de las finanzas públicas, ni con asesoría. Es evidente que la ampliación de la nómina no se tradujo en una mayor eficiencia administrativa, por el contrario, se pagaron cantidades millonarias por una asesoría que además de deficiente, fue irregular, así lo calificó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (ORFIS). Durante su gestión, Carlos Bustamante ha signado alrededor de una veintena de contratos por asesoría externa, la mayoría de ellos con la consultora de su compadre Gustavo Almaraz Montaño, Grupo de Especialistas Políticos, S.C., siete en total, cuatro a cambio del pago de 6 millones de pesos y tres a cambio de un porcentaje no determinado “sobre el monto logrado en gestiones”. Entre las gestiones cobradas al erario de Tijuana por la empresa, se encuentra la donación de asfalto entregada por Petróleos Mexicanos al XIX Ayuntamiento, así como recursos que ha recibido a través del Subsidio para la Seguridad  en los Municipios, (SUBSEMUN), irregularidad observada por el ORFIS. La inversión en el pago de asesorías, Bustamante la mantiene en la opacidad, y en su Presupuesto de Egresos la engloba en el rubro de servicios profesionales, en el cual, a lo largo de su administración, ha dispuesto recursos por el orden de los 265 millones de pesos. Las principales áreas que han recibido ayuda externa para realizar su chamba son la Secretaría de Administración y Finanzas, la Dirección Jurídica y Comunicación Social. La realidad muestra que los asesores no desquitaron sus millonarios pagos.