Les condona impuestos, les da obra, y subsidia casas para desarrolladoras No pagan impuestos al fisco municipal por el desarrollo de su actividad; tampoco adeudos o recargos acumulados por el incumplimiento en su contribución, pero a cambio, son recompensados con la asignación directa de contratos millonarios. Se trata de los consorcios inmobiliarios que han sido privilegiados por el XX Ayuntamiento de Tijuana de Carlos Bustamante Anchondo. Vaya, ni los derechos de urbanización o los terrenos que deben ser entregados en donación al municipio son cubiertos al cien por ciento por algunos desarrolladores. Esos beneficios para la ciudad son negociados, normalmente, a cambio de que las constructoras paguen en especie –con obra de infraestructura urbana–, pero se han reportado casos en que ni con eso cumplen. A lo largo de la administración de Carlos Bustamante, empresas como CYD Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V. –filial de Grupo Urbi–, Fraccionadora Arnaiz, S.A. de C.V. –propiedad de su amigo y compadre Raymundo Arnaiz–; y Grupo MUSA –empresa de Raymundo Múzquiz–, han logrado signar convenios que les son, a todas luces, ventajosos. Vender en plazos a las fraccionadoras los mismos terrenos que dieron en donación al Ayuntamiento es “una práctica muy común entre las constructoras”, planteó a ZETA una fuente de Fraccionadora Arnaiz que pidió no ser citada. La indulgencia del alcalde Bustamante lo ha llevado a entregar obras de desarrollo urbano municipal sin licitación de por medio, además de fomentar el desarrollo particular de estas empresas al asignar, en el caso del Grupo Urbi y Fraccionadora Arnaiz, S.A. de C.V., subsidios de alrededor de más de 200 millones de pesos para la ejecución de vivienda popular, programa donde apenas se han ejecutado alrededor de mil 200 viviendas. Aparte los contratos de obra signados con los desarrolladores tampoco se han cumplido, mientras éstos aseguran ir al corriente con sus contribuciones al municipio. Inmobiliarias solapadas Roberto Méndez Meza, presidente del Colegio de Ingenieros de Tijuana, consideró sobre estos acuerdos entre desarrolladoras y Ayuntamiento: “a todas luces se encuentran fuera del marco de la ley y que representan para el resto de las constructoras una competencia desleal”, aseveró Roberto Méndez Meza, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana. El Ayuntamiento de Tijuana firmó un convenio con CYD Desarrollos Urbanos para “obtener la Mayor cantidad de Obras de Urbanización y Equipamiento Urbano de Utilidad Pública…”. En tres dictámenes, el gobierno de Bustamante le adjudicó a CYD obras directas que ejecutaría a cambio de compensarle con créditos fiscales, o de no donar al municipio los terrenos correspondientes de futuras obras de urbanización. Los tributos municipales que el Ayuntamiento podría condonar a las empresas: – Pago del Impuesto Predial. – Pago por derechos en trámites para subdividir terrenos, lotificaciones, o fusiones. – Pago por registros y cancelaciones de claves catastrales. – Certificaciones diversas. – Pago por autorización de regímenes de propiedad en condominio y sus modificaciones. – Pago por licencias de construcción, permisos de movimiento de tierra, tramitación y obtención de acuerdos de fraccionamiento. – Exención en cobro por derechos de diversos trámites municipales. Además de permutar el pago de impuestos, el gobierno de Bustamante acordó la entrega de terrenos como “pago en especie de dichos trabajos mediante la trasmisión de propiedad, previa desincorporación de los bienes inmuebles municipales reciba o hubiese recibido en donación por parte de la empresa contratista…”. El convenio resultó un cheque en blanco para la empresa, pues tras la autorización del cabildo para ser suscrito, la adjudicación subsecuente de obras al desarrollador podría darse solo con un dictamen previo emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y aprobado por el presidente, sin tener que ser avalado ya por Cabildo. El Ayuntamiento adjudicó a CYD 11 contratos por 83 millones de pesos, divididos en dos segmentos. De los once contratos, la desarrolladora solo ha ejecutado tres. En el primer paquete de contratos se incluyeron seis obras de equipamiento urbano por 47 millones 350 mil pesos: un centro comunitario, Estación Múltiple de servicios, unidad deportiva y oficinas municipales, todas ubicadas en Lomas de San Pedro, fraccionamiento desarrollado precisamente por Urbi; además de una obra de equipamiento urbano en el Parque Morelos y mobiliario para DIF Insurgentes. El segundo segmento agrupó cinco acciones de infraestructura por una inversión de 35.6 millones de pesos: regeneración de Bulevar El Rosario, Bulevar Cucapah, guardería y consultorio médico en Villa del Álamo, así como un vivero y albergue animal. La crisis económica en el sector inmobiliario, que ha llevado a Urbi a pactar pagos o trueques con sus acreedores, afectó a la filial CYD Desarrollos para cumplir su parte del convenio con el Ayuntamiento. Enrique Muñoz, director de Urbi en Tijuana declaró a ZETA: “solo se concluyeron tres”, pero no quiso precisar cuáles obras fueron las que sí concluyeron. El mismo Muñoz informó que cinco de las once obras no serán ejecutadas, y que otras tres quedarán inconclusas, pues considera conveniente firmar “un nuevo acuerdo con la próxima administración para culminar los proyectos pendientes”. Dicha información da cuenta que de las 11 obras encargadas a CYD Desarrollo por parte del Ayuntamiento de Tijuana a cambio de condonarle impuestos o el pago por derechos y servicios, la constructora únicamente concluyó tres, el resto, ocho, no las terminarán. Otro directivo del Grupo dijo a ZETA que los contratos fueron aprobados por Cabildo, que no afectaron las arcas municipales, pues el convenio fue por nuevos impuestos; además que construirían las obras que la sociedad necesita en ciertas áreas, específicamente en zonas de bajos recursos. Sobre el caso opinó Walberto Rodríguez, secretario del Colegio de Ingenieros de Tijuana: “Este acuerdo debería estarse cabildeando ya, aunque lo más factible sería que Urbi entregara al municipio los terrenos de donación en lugar de comprometer obra que dada su situación financiera le será difícil ejecutar”. Un tercer acuerdo tomado en diciembre de 2011 permitió convenir con la misma empresa CYD Desarrollos Urbano, S.A. de C.V. un contrato en el que el municipio de Tijuana se obligaba a destinar recursos provenientes del pago de contribuciones de los tijuanenses, para subsidiar a personas con ingresos menores a cinco veces el salario mínimo, con la intención de que adquirieran una vivienda. Para la implementación del programa municipal de apoyo a la vivienda económica fue necesario aprobar la condonación de la carga impositiva municipal que el desarrollador inmobiliario, en este caso CYD Desarrollos Urbanos, se veía obligado a cubrir dada su actividad, para que ésta a su vez no se transfiriera a los adquirientes de esas viviendas. Con ese argumento el gobierno de Carlos Bustamante borraba de un solo plumazo todas las posibles contribuciones que se estimó podrían derivarse de la actividad de la empresa, durante la presente administración. La cancelación adelantada de gravámenes sumó 181 millones 896 mil pesos, a cambio, el desarrollador se comprometió a aportar a fondo perdido la cantidad de 85.6 millones de pesos, con la finalidad de subsidiar la adquisición de vivienda nueva. De esa manera CYD Desarrollos Urbanos se deslindaba de sus obligaciones fiscales con el municipio y amarraba un contrato de adjudicación directa. Cada vivienda se tasó a razón de 258 mil pesos, de los cuales 18 mil 356 sería aportación del desarrollador, 57 mil 644 se subsidiarían a través de la Comisión Nacional de Vivienda, 39 mil pesos los aportaría el gobierno municipal. El adquiriente, por su parte, tendría que pagar 143 mil pesos. Para el inicio del programa el municipio destinó una partida de 39 millones de pesos, recursos que integrados a la contribución permutada a la constructora para constituir un fondo de un importe inicial de 111 millones 150 mil pesos a ejercer durante 2012 y 70.7 millones para aplicarse en 2013, recursos con los que podrían subsidiarse más de 4 mil 600 viviendas. A la fecha URBI sostiene haber ejecutado 2 mil 700 acciones de vivienda. Para Enrique Muñoz, lo fundamental de estos contratos “no era el que URBI se pusiera al corriente con sus adeudos ante el Ayuntamiento de Tijuana, sino el acercar algunos beneficios a la comunidad”. “Con esas obras se finiquitaría al cien por ciento la deuda de Urbi (con el Ayuntamiento de Tijuana) que ascendía a 80 millones de pesos, se iba a fondear del desarrollo de vivienda pero como no se logró la meta, se tuvo que pagar en efectivo poco más de 45 millones de pesos para cerrar la administración con cero adeudos”, aseguró. El representante inmobiliario calificó estos contratos como “oportunidades de negocio para hacer más vivienda, y descartó que dichos convenios constituyan una competencia desleal. “¿Consentidos por la administración actual? No, somos queridos porque nos ayudamos”, acotó. Desventajosos trueques Fraccionamiento Arnaiz, S.A. de C.V. (FRASA), representada por Raymundo Arnaiz Gamboa, es una de las principales empresas beneficiadas con el pago en especie por la presidencia municipal de Carlos Bustamante. En enero de 2012, el XX Ayuntamiento de Tijuana recibió en donación 13 áreas ubicadas en Colinas de la Presa; once correspondían a vialidades, áreas verdes y equipamiento urbano, las restantes eran dos terrenos, uno de 36 metros cuadrados y otro de 20 mil 937 metros cuadrados. Once meses después, en diciembre de 2012, el Ayuntamiento regresó a la constructora Fraccionamiento Arnaiz S.A. de C., el predio de 20 mil 937 metros cuadrados Es el lote de mayor dimensión, el que posteriormente, en diciembre de 2012, fue devuelto a Fraccionamiento Arnaiz S.A. de C.V. mediante un contrato de “compraventa a plazos con reserva de dominio”, a razón de 22 millones de pesos, recursos que de cualquier manera, no ingresaron a las arcas de Tijuana, pues mejor se acordó la ejecución de un programa de vivienda para los trabajadores del Ayuntamiento de Tijuana en el que el municipio estaría aportando un subsidio de 30 mil pesos por cada casa. Aunque para la aprobación de este programa se habló de un listado de 500 interesados, lo cierto es que la apatía predominó entre los empleados municipales, adhiriéndose a él un promedio de 300. Aun así la constructora, administrada por el hijo del compadre del Alcalde Bustamante, continuará con el pago en especie a un ritmo lento que trascenderá la administración actual, pues el convenio no estipula un plazo para el pago de los 22 millones de pesos. Para Walberto Rodríguez, secretario del consejo directivo del Colegio de Ingenieros de Tijuana, está mal que se comprometan los bienes del Ayuntamiento, “si se enajena que sea dentro del plazo en el que está en funciones el ayuntamiento”. Los trueques inmobiliarios desventajosos para el municipio son ya una constante en la administración de Carlos Bustamante, para muestra está la plaza comercial San Ángel, hoy sede de las oficinas de la Delegación Centro, inmueble valuado en 26 millones de pesos y adquirido por Bustamante a razón de 63.5 millones de pesos. Grupo Múzquiz es otra de las empresas constructoras beneficiadas con los contratos inmobiliarios de la administración de Bustamante. A Múzquiz se le condonó una deuda superior a los 30 millones de pesos y se le aceptó un contrato de renta a 15 años por el inmueble donde se ubican las oficinas de DIF Municipal. Otra mala decisión financiera en quebranto de las arcas municipales: la desincorporación del predio de la Ocho, y el derrumbe del edificio de la Comandancia sin la aprobación del Cabildo, lo cual constituyó una pérdida al patrimonio de los tijuanenses, de 12 millones de pesos, estimó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS). En 2012 Bustamante pretendió retornar a su antiguo dueño un terreno de 13 mil metros cuadrados en el fraccionamiento Cuesta Blanca, a pesar que el espacio era utilizado como área de recreación por los vecinos, un frente común conformado por éstos impidió la enajenación del predio a Promotora Sinaloense de Vivienda, S.A. de C.V. Otros terrenos más han sido desincorporados, pero solo en contados casos el producto de la enajenación se destina a obras de un beneficio específico para la comunidad. En general el producto de la venta va a parar “a la licuadora del gasto común”, admite el secretario de finanzas del XX Ayuntamiento, Antonio Rosete Weben. Aun así califica las permutas realizadas por la actual administración “como un método eficaz de dotar a la ciudadanía de obras necesarias, sin que se afecten los recursos económicos de la hacienda municipal”.
Publicidad
