El transportista está sujeto a diversos a trámites costosos para que sus vehículos circulen en territorio nacional y para cruzar la frontera. Sin embargo, son cuotas establecidas a nivel nacional que resulta difícil modificar en beneficio del prestador de servicio El trabajo cotidiano de un transportista, por lo menos en Baja California, está condenado a una obsoleta burocracia que los afectados no entienden del todo. Para que las llantas de un transporte de carga rueden en carreteras del estado, primero tienen que sortearse una serie de trámites y en el peor de los casos multas que, por supuesto, merman sus ganancias. Los transportistas relatan a ZETA el proceso burocrático con sus desgaste de tiempos y costos, desde la gasolina, pagar por un gafete para los patios aduanales 5 veces más del costo de impresión, la licencia, la expedición de placas, dar de alta seguros, y realizar cada seis meses una inspección vehicular que no tiene mayor seguimiento que el de operativos carreteros “temporales y programables”. Pero los dueños de las empresas de fletes no tienen otra opción. Deben seguir los procesos ordenados tanto por la Administración de la Aduana como por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, algunos sin costo en los Estados Unidos donde, por ejemplo, se hace más de una revisión mecánica anual. Un transportista que tiene a su cargo 5 unidades, 2 camiones de carga y 3 panales –camionetas tipo Van–, gana semanalmente por exportar o importar materia prima, alrededor de mil 450 dólares a la semana si consideramos que se hacen alrededor de 15 cruces cotizados entre 90 y 110 dólares cada uno. A una ganancia mensual estimada en 71 mil pesos –según el tipo de cambio actual– habría que restarle de entrada 20 mil pesos al mes por el concepto de gasolina y 24 mil de nómina para sacar una ganancia bruta, sin considerar gastos variables y en números cerrados, de: 27 mil pesos cada 30 días. De lo restante hay que sacar para los requisitos federales y aduaneros anteriormente referidos, unos anuales y otros semestrales. Sobre el mismo ejemplo, este transportista debe considerar anualmente 9 mil 700 pesos y 2 mil 450 dólares –30 mil 135 pesos– cada año en pólizas de seguro, también, 3 mil 700 pesos en placas federales y estatales en México, y mil 420 dólares en láminas americanas –17 mil 466 pesos. Pero también está el costo de la verificación que es obligatoria cada seis meses, hay que pagar por vehículo de carga 786 pesos y en caso de multa la cifra ascendería a 7 mil 771 pesos, cosa muy factible por la dinámica del negocio, según las consultas de ZETA. “Ya casi estamos tablas con este negocio, por eso te digo que mes con mes que va subiendo la gasolina, van bajando las ganancias para nosotros”, comenta un transportista y agrega que de subir los precios de fletes para recuperarse el monto saldría del rango de competencia entre el gremio. Por su parte, la subdirectora de transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Baja California, Sandra Berenice Ávila Piñuela, sostiene que son requisitos y costos determinados en la Ley Federal de Derechos de la secretaría, mismos que han mantenido sus costos desde diciembre del año pasado, “realmente no considero que sea un cobro excesivo cada uno de los conceptos”, expresa. Gafete obsoleto y caro Cada chofer de transporte de carga debe contar con un gafete que le permitirá el ingreso a los patios aduanales y la realización de sus actividades ahí dentro, se requiere uno por cada recinto fiscal: Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada. Dicha identificación tiene vigencia, independientemente de la fecha de expedición, hasta el 31 de diciembre de cada año. Según los “Lineamientos para el trámite de gafetes de identificación en los recintos fiscales y fiscalizados”, son 13 las agrupaciones autorizadas para su expedición. En el caso de Baja California solo la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga A.C (Canacar) y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), pueden hacerlo. Y aunque el apartado 2.3.10 de las Reglas en Materia de Comercio Exterior dicta que el precio final de éste, no debe exceder los 60 pesos, en las agrupaciones autorizadas la tarifa rebasa los 200 pesos. Existen dos precios, para agremiados y no agremiados, en Canacar son 200 y 350 pesos, mientras que en la Asociación de Agentes Aduanales solo tiene un costo para no afiliados de 393 pesos. Sin embargo, un chofer entrevistado, expresó que ha pagado por el trámite alrededor de 60 dólares en una agencia aduanal, según su dicho, el argumento es una “cooperación para mejorar los patios aduanales”, cosa no existente en los reglamentos. Entrevistado al respecto, Alejandro González Guilbot, asegura que son 60 pesos por gafete lo que se debe cobrar en Talleres Gráficos de México –únicos facultados para su impresión– no obstante, sobre la diferencia de las cuotas reales, responde: “La verdad que los desconozco porque son gastos que tienen ellos, de los cuales la aduana no se entera, nosotros desconocemos, cuál es el costo”. Refiere que su único trabajo en el tema es recibir la documentación requerida, los gafetes impresos –previamente gestionados y vendidos por las agrupaciones– y la oficialización de éstos con su firma. En todo caso podrían actuar si hubiese queja de los transportistas o choferes: “se tomaría y se analizaría para hablar con la administración”, pues refiere que son lineamientos de aduana central. Por su parte, Alfonso Isaías Esquer Millán, delegado de Canacar en Tijuana, Tecate y Ensenada argumenta que se trata de costo de impresión y gastos de operación, que Canacar México es responsable de adquirir el cartón impreso, del traslado y la gestión con los transportistas. Definió la responsabilidad como un “permiso incómodo”. “Nosotros como transportistas estuvimos en desacuerdo de que fuera ese el formato pero la regla la pone aduanas no Canacar, entonces Canacar está siguiendo el requisito, para facilitar las cosas a sus choferes agremiados y no agremiados, pues puso una oficina de gestión de gafetes”, comenta a su favor. Además, insiste en que es necesaria la modernidad en estos procedimientos para ganar efectividad, menores precios y mayor vigencia en el gafete, “me parece una aberración que el gafete tenga que ser un cartón oficial, que lo tenga que firmar el chofer, el transportista, el administrador cuando hay formatos electrónicos, en donde tú aplicas en línea con aduanas y subes la información para que se valide…de manera que el trámite sea más barato gasta menos en papel y menos en tantas vueltas”. Falta de disposición de SCT Por otro lado, está la renovación de licencias de chofer de carga emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Un requisito que para librarse tiene que llevar de por medio un examen médico y un curso donde cada dos años se ofrece el mismo conocimiento. “Teoría y práctica, la practica la da un mecánico, prácticamente son tráileres, si tú manejas un camión más pequeño te dan el curso para tráileres grandes. Te dicen como enganchar, desenganchar, revisarle presión a las llantas, todo eso que ya saben muchos choferes”, menciona el transportista quejoso. La licencia tiene una vigencia de cinco años, no obstante, tanto el examen médico como el curso deben hacerse cada dos años sumando 3 mil 396 pesos, tomando en cuenta que el dictamen médico asciende a mil 620, el curso a mil 776 pesos. Esquer Millán explica que con anterioridad, estos procedimientos eran hechos directamente por personal de SCT, sin embargo, ahora se cuenta con los servicios de terceros especializados en el área médica y mecánica. Precisa que se trata de exámenes completos, físicos y psicológicos que comparados con los costos de médicos particulares, no se podría hablar de una alta tarifa. No obstante, coincide en que, en el caso del curso de mecánica, se trata de una “mala disposición” de la SCT, pues sería prudente que para los choferes que ya hayan adquirido cierto conocimiento se les ofertaran habilidades distintas, o que en todo caso, al que demuestra la capacidad se le dé el certificado. Verificación sin seguimiento constante Después de haber sido un requisito anual, a partir de julio del 2012, la revisión físico-mecánica y de contaminantes en el transporte de carga adquirió el carácter de semestral, según consta en el Diario Oficial de la Federación del viernes 29 de junio del mismo año. En el documento regulador además se emite una calendarización con la que, según el número de placas, cada chofer asistirá a uno de los centros en el Estado concesionados por la SCT: Tres en Tijuana, uno en Mexicali y otro en Ensenada. Así, cada seis meses, se pagan por vehículo 499 pesos de la inspección físico-mecánica y 287 por la de gases contaminantes, 786 pesos en total. Sin embargo, para hacer la revisión, cada camión tiene un margen de dos meses semestralmente, y de haber un día de retraso la multa llega a 7 mil 771 pesos –6 mil 476 mecánica y mil 295 contaminantes–. Esta última debe ser saldada en la SCT. Consultada al respecto, la subdirectora de transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Baja California, Sandra Berenice Ávila Piñuela, refiere que los costos ya están establecidos en la Ley de Derechos de la secretaría. Sobre lo recaudado por concepto de multas en la SCT dice no tener conocimientos, sin embargo, los ingresos derivados por el concepto caen directamente a la secretaría para “cubrir gastos de operación e inversión en tecnología y programas vinculados al autotransporte”, según la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. De acuerdo con Alfonso Esquer, es “muy factible” que los transportistas y choferes caigan en retraso, la razón es que los estrictos periodos de revisión son cortos y por la naturaleza de esta actividad laboral, a veces no es posible coincidir con los tiempos. “No puedes perder tiempo productivo para que te inspeccionen el camión, y en ocasiones se te va y no lo sacas porque el camión cuando fue, el centro no estaba disponible, y cuando el centro está disponible el camión andaba de viaje”. Además, explica que el transporte de carga bajacaliforniano está sujeto a inspecciones del otro lado de la frontera a cargo de la policía comercial de California, allá la revisión se hace por lo menos dos veces al año en cuestiones de seguridad, documentación y pesos permitidos, pero sin costo alguno, “se rigen por una regla adicional que lo hace seguro por default”. “Entonces nosotros no necesitábamos que vinieran desde México para decirnos que cada seis meses tienes que inspeccionar un camión, nuestros camiones ya estaban seguros, con sus contadas excepciones como en cualquier parte no”, asevera el delegado de Canacar. Además de las multas por retraso, existen otras sanciones que también superan los 4 mil pesos. Faltos de tecnología en cuanto al almacenamiento de información se refiere, los choferes están obligados a llevar consigo toda la documentación que los acredite como transporte seguro y libre de contaminación, de no ser así serán sujetos a pagar un costo por no traer un papel original en la guantera del vehículo. “Lo malo del asunto es que la información no va a una base de datos de manera que se pueda revisar, si el oficial te detecta con una inspección en copia o sin inspección, te va a detener el camión, y te va a multar, te ponen la multa porque te agarraron sin físico-mecánica. Está mal, si ya estamos en estos tiempos donde la información es tan accesible a todos, suban la información a una base de datos, y el que sea que te detecte que te vaya a inspeccionar, pues que acceda a esa base de datos”, sugiere. Donde hace más hincapié el de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, es la falta de puntos de inspección a lo largo del Estado –solo hay uno en la carretera de Mexicali a San Luis Río Colorado, Sonora, rumbo a la capital–, situación que vuelve un absurdo la obligatoriedad de requisitos que pocas veces son requeridos. “Si estamos hablando de seguridad, al final del día creo que el gobierno de nosotros tiene que ser en primer término la seguridad de los usuarios y de las carreteras por donde andan los camiones, entonces desde esa perspectiva, pues es sano que el chofer sea sujeto de un examen médico, es sano que esté capacitado, pero también es necesario que el chofer sea revisado cuando está trabajando, no por el patrón, porque su opinión puede ser parcial”, argumenta. Por su parte, la subdirectora de transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Baja California, Sandra Berenice Ávila Piñuela, sostiene que existen operativos “temporales y programables” para, en coordinación con la Policía Federal, hacer inspecciones físico-mecánicas y de “peso y dimensiones”. “No podemos estar diariamente, pero es a través de operativos para seguridad de las carreteras. Por ejemplo, hace unos días tuvimos un operativo carretero de peso y dimensiones aquí en la Salada y se estuvieron revisando las condiciones físico-mecánicas de las unidades”.
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