El predio luce vacío, sin ocupantes ni la casa rodante antes estacionada. Los días 16, 23 y 24 de abril de 2013, el lote 27 del Ejido Tampico fue invadido por personal de Inmuebles Especializados Matrix, empresa del presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo. Bajo el amparo de policías municipales y mediante el uso de vehículos oficiales propiedad del Ayuntamiento, Enrique Bosquez, velador del terreno ubicado detrás del hangar propiedad del alcalde, fue expulsado sin razón, menos alguna orden judicial que así lo dictara. El caso, documentado en la edición 2039 de ZETA, fue retomado por el regidor panista Erwin Aréizaga, a través de una queja en Sindicatura Municipal presentada el 30 de mayo de 2013. Hasta el 10 de julio, recibió respuesta, incompleta, pero que demuestra lo temido por David Borroel Robles, propietario del terreno ejidal: los agentes de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública actuaron por petición de Rafael Mejía Sauceda, jefe de seguridad del hangar. El mismo que el 17 de abril, retó con un grito al velador: “¿Qué estás haciendo aquí, güey?”, mientras traspasaba la propiedad privada. Más tarde, ese día, llamaría a la abogada del propietario para amenazarla: “Lárgate de aquí, porque en esto está el alcalde… no se metan en problemas”. Sin embargo, en el oficio emitido el 27 de junio -pero entregado al regidor panista dos semanas después-, el secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, justifica el envío de sus agentes por “una turnación a la Agencia del Ministerio Público del orden común, por el reporte de un allanamiento por personas rompiendo una malla ciclónica, se procedió a realizar las acciones preventivas para resguardar la seguridad de los habitantes y transeúntes de la zona”. Como segunda razón, se explica: “Rafael Mejía Sauceda pidió apoyo a oficiales de la delegación Otay, por lo que se constituyeron en el predio antes mencionado con el objeto de evitar, prevenir e impedir cualquier incidente que pudiese suscitarse durante la instalación de la malla ciclónica”. Inconsistente la respuesta del secretario, puesto que Rafael Mejía fue quien cometió el allanamiento, como quedó registrado en fotografías y vídeos, además de que la malla ciclónica delimitada es propiedad del ejidatario David Borroel. “Está muy claro, hubo un abuso de poder, de autoridad, pero Sindicatura cubrió la acción que llevó a cabo Seguridad Pública”, responde el edil Aréizaga. Del hecho que patrullas hayan permanecido estacionadas durante semanas frente al predio y sin la petición de los propietarios del terreno, la SSPM no emitió respuesta. Sindicatura Municipal tampoco investigó la utilización de la camioneta Suburban blindada utilizada el día de la invasión del predio, y consignada a Policía y Tránsito Municipal, con valor superior a 4 millones de pesos. En la queja presentada ante Sindicatura, se señaló el costo aproximado del operativo, 45 mil pesos, entre los salarios de los cuatro policías activos y el uso de recursos públicos. El regidor Erwin Aréizaga insiste sobre la respuesta de Sindicatura: “Esto y nada es lo mismo, hubo una respuesta sin ningún documento, no anexaron la copia de la denuncia presentada ante el Ministerio Público”. El panista analizará con sus asesores legales, las posibilidades de solicitar documentos adicionales, la petición de Rafael Mejía y la denuncia ante el Ministerio Público para despejar sus dudas sobre la complicidad de Sindicatura Municipal. Inés García
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