Derogación de delitos contra el honor, pendiente del Congreso: Artículo 19

A pesar de las recomendaciones emitidas desde hace cuatro años por organismos internacionales, Baja California continúa penalizando los delitos contra el honor, difamación y calumnias con hasta dos años de prisión. En conferencia de prensa, el abogado de Artículo 19, Leopoldo Martínez, denunció que la entidad se ubica entre las 13 en el país, que no han derogado este tipo de delitos de sus códigos penales. La organización ha trabajado durante más de 27 años defendiendo la libertad de expresión, enfocada en la protección a periodistas, por lo que consideraron estos delitos no solamente inconstitucionales, sino un “modo de censura indirecta por las consecuencias amedrentadoras” hacia los medios de comunicación. El posicionamiento de Artículo 19 surgió a partir de la denuncia presentada por el diputado local Rubén Alanís, el 26 de abril de 2013, cuando acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a levantar una querella por calumnia y difamación. Días antes, el panista se había convertido en noticia nacional, cuando se difundió, vía internet, la grabación de una conversación con un sujeto, quien admite tener 15 años de edad y sostener una relación amorosa con el legislador. A pesar de que Rubén Alanís dijo presentar la denuncia “contra quien resulte responsable”, el activista de Artículo 19, Francisco Sandoval, dijo tener conocimiento de la denuncia en contra de cuatro portales informativos, entre ellos AFN y Periodismo Negro. Por lo que el ex reportero de ZETA consideró que los personajes públicos -entre ellos los políticos- deben “tener la piel más dura en este tipo de señalamientos, porque están expuestos al escrutinio público”. Consideró además que la denuncia del legislador buscaría fincar responsabilidad en quienes cumplieron solamente la función de mensajero. “Se recomienda que se deroguen estos delitos, generan un efecto enfriador o disuasivo en el libre flujo de información. Amedrentan a los periodistas sobre situaciones que son de interés público”, expuso el representante legal de la organización. Añadió que en cuatro ocasiones, tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Organización de Estados Americanos (OEA), han hecho una recomendación a Baja California para que derogue los delitos contra el honor. En septiembre de 2011, la bancada del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa para derogar estos delitos, encontrados en los artículos 185 a 197 del Código Penal de Baja California, y reformar el Artículo 1794 del Código Civil, sobre el daño moral. Sin embargo, la iniciativa no se ha discutido aún en el Pleno del Congreso. Para no dejar desprotegido al ciudadano común, quien no goza del poder de un funcionario público, los activistas encuentran como alternativa una reforma al Código Civil para proteger el derecho a la reputación y el honor. Sobre la libertad de expresión, aseguraron que Artículo 19 no lo considera un “derecho absoluto”, sino que admite restricciones no desproporcionadas, como las establecidas penalmente. Al mismo tiempo, exhortaron a que los medios de comunicación mejoren sus prácticas periodísticas y sean quienes “se autorregulen”. “Estamos haciendo este llamado urgente para que estos delitos dejen de existir, porque es una herramienta de control político que muchas veces se utiliza para callar las voces críticas”, aseguraron. Inés García