“No, aquí todavía no hay nada”, expone llanamente una empleada de Oficialía de Partes del edificio principal del Poder Judicial en Mexicali, al preguntar sobre el espacio para los juicios orales mercantiles. Igual responden en los Juzgados Civiles, donde nadie sabe nada. De acuerdo a las reformas constitucionales publicadas desde el año pasado en el Diario Oficial de la Federación, los juicios orales mercantiles debían implementarse en toda la República a partir del 1 de julio de 2013. Tan solo en el Distrito Federal, en enero de este año se abrieron 20 Juzgados de Oralidad Mercantil con diez empleados cada uno: un juez, tres secretarios de Acuerdos, cinco secretarios de Actas, dos secretarias. Ahí inició el modelo que se repetiría en todas las entidades. Según los expertos, la justicia oral en el terreno mercantil implica mayor transparencia y agilidad en los procesos, a lo que se suma la seguridad de que cada juez llevara personalmente los casos. De hecho, el 26 de junio, en Baja California el Poder judicial aprobó la entrada en vigencia del Nuevo Sistema de Juicios Orales Mercantiles a partir del 1 de julio de 2013, así lo publicó en su portal oficial, donde textualmente asienta: “Se hace del conocimiento del público en general que el pleno del Consejo de la Judicatura, mediante sesión ordinaria con fecha 26 de junio del presente año, ha declarado el inicio de vigencia de los juicios orales mercantiles, y su puesta en práctica dentro del Poder Judicial de Baja California, a partir del primero de julio del presente año, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de las reformas al Código de Comercio publicadas en el Diario oficial de la Federación el 9 de enero de 2012”. El documento lo firma el secretario general del Consejo de la Judicatura, Enrique Magaña Mosqueda. Pero en realidad, a la fecha no hay nada, ni infraestructura, ni salas especiales, ni personal preparado. Apenas el 23 de mayo de este año, el Congreso del Estado rechazó una petición del Poder Judicial para una ampliación presupuestal por 39 millones de pesos, de los cuales 18 millones se destinarían a la implementación de los juicios orales mercantiles. El argumento fue la inviabilidad financiera, y esto se comunicó desde la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, de acuerdo a lo expuesto en el Dictamen 252 de la Comisión de Hacienda en el Congreso de Baja California. Sin embargo, pasaron 40 días, llegó la fecha, se aprobó la vigencia, se publicó el acuerdo en el portal del Poder Judicial de Baja California y hasta ahí, porque los juicios orales mercantiles no se han implementado. En ese contexto, hoy viernes 12 de julio inició formalmente el periodo vacacional de todo el Poder Judicial, regresando a labores hasta el lunes 5 de agosto. De acuerdo al abogado Fernando Rosales, desde abril de 2012 se publicó la reforma al Código de Comercio, donde se estipulaba que el 1 de julio de 2013 entraría en vigencia el Nuevo Sistema de Justicia Oral Mercantil en todo el país. Dice que a raíz de la implementación de esa reforma, estados como Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Sonora, Aguascalientes y Distrito Federal, empezaron a prepararse para esa vigencia. Rosales menciona el ejemplo de este último, donde se crearon los Juzgados y las salas, se capacitó a jueces, personal administrativo y actuarios. “La justicia oral es un reto distinto a lo escrito”, sostiene Rosales Figueroa, y menciona las reglas de la publicidad, dela contradicción, de la inmediación -que obliga al juez a estar presente- de la oralidad y de la concentración como principios rectores de la justicia oral mercantil. También señala casos como el del Estado de México, donde se prepararon con tiempo y presupuesto suficiente; igual se dio en Sonora, Nayarit, Michoacán y Baja California Sur, donde sí atendieron el mandato de la reforma. Pero en el caso de Baja California “no sucedió tal cosa”, dice en función de que no se obtuvo presupuesto federal, ya que desde esa instancia se debió tramitar el apoyo financiero por ser el Código de Comercio materia federal donde se aplica la llamada “jurisdicción concurrente”, donde el ciudadano puede acudir a la justicia local, o en su caso, a la federal. Rosales menciona que el Congreso del Estado no aprobó la ampliación presupuestal, por lo que se dice preocupado que la administración de justicia no esté cumpliendo su fin. El abogado cachanilla precisa que la declaratoria hecha por el Poder Judicial local fue por obligación marcada en el Código de Comercio, “pero se hace una declaratoria sin presupuesto, sin capacitación, sin Juzgados, sin salas, prácticamente sin nada”. El abogado y ex presidente del Colegio de Abogados Penalistas considera una lástima que un estado vanguardista y progresista no se implemente, y menciona ejemplos como el cambio de gobierno en 1989, la primera credencial electoral con foto y el ser referente nacional con las instalaciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal. De ahí que cuestiona el que otros estados, con menos infraestructura, ya implementaron la justicia oral mercantil. “Creo que los abogados que se dedican al área mercantil o civil deberían estar pugnando, impulsando esto”. Por consiguiente, insiste en que el próximo gobierno tiene varios retos, entre ellos, dar
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