Politizan ayuda de SEDESOL

Sin ningún tipo de control o blindaje electoral, los productos de Liconsa que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) distribuye en las zonas más marginadas, en la colonia Tijuana Progreso son manipulados para favorecer a candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Sin recato, los artículos son entregados por la dependencia federal en una vivienda utilizada como bodega, donde pende una lona con propaganda a favor de la candidatura de Jorge Astiazarán Orcí, aspirante del PRI a la presidencia municipal de Tijuana. El inmueble es uno, de las tres viviendas que acapara la señora Irma Chávez Pérez, presidenta del comité de colonos de Tijuana Progreso, acusada por sus vecinos ante ZETA, el Ayuntamiento y SEDESOL, de manejar a su albedrío y a favor de su partido la “ayuda”  que los tres órdenes de gobierno canalizan a través de ella. Ilegalidades que a pesar del reclamo de sus vecinos, ni las autoridades electorales ni SEDESOL están dispuestos a observar y sancionar.   Manipula ayuda oficial Cual cacique urbana, Irma Chávez acapara tres viviendas de asistencia social ubicadas en igual número de esquinas del cruce de la Avenida XII Ayuntamiento con XIV Ayuntamiento, en la colonia Tijuana Progreso. En uno de los inmuebles, se ubica la tienda de Liconsa, en otro su vivienda y un tercero es utilizado como almacén de los productos de SEDESOL; tanto en su vivienda como en la que sirve de bodega, se puede apreciar publicidad del candidato tricolor. Entrevistada, Martínez explicó que la casa que funge como bodega de Liconsa se la renta a una funcionaria del Gobierno del Estado, una doctora de nombre Matilde Villegas. Y el inmueble que ocupa actualmente la lechería está a nombre de su hija, María Oliva Reséndiz Chávez, quien nunca la habitó. La tienda que Chávez administra opera en forma irregular, pues al tratarse de un asentamiento con fines exclusivos de vivienda, el municipio no libera permisos para la apertura de negocios, por lo que el abarrote ya le fue clausurado por el municipio hace un par de meses, cuando éste se ubicaba en lo que ahora es la bodega de Liconsa. El cierre del mencionado negocio no se dio por iniciativa del gobierno local. Derivó de quejas de vecinos que acudieron a la autoridad municipal para denunciar que la señora  Chávez los amenazaba por hacerle la competencia y atreverse a abrir trastiendas en la colonia. Incipientes comerciantes de carne, papelería y abarrotes, recibieron la advertencia de quien oficialmente es su representante ante el municipio, “que si no cerrábamos, nos echaría a los inspectores de Reglamentos para que nos clausuraran, porque nuestros permisos están en trámite”, apuntaron los temerosos colonos. A decir de Daniel León, actual director general de Gobierno y anterior titular de Inspección y Verificación, el fraccionamiento carece de factibilidad para uso comercial, ya que su fin es exclusivamente de vivienda popular, por eso todos fueron cerrados. Sin embargo, la dependencia que estaba a su cargo recibe una y otra vez solicitudes de trámites interminables, y por atender esas gestiones de permisos no otorgados, cobra en promedio 5 mil pesos. El negocio es redondo porque las licencias tampoco son negadas del todo, de hecho la propia dependencia insta a los interesados a iniciar los trámites en más de una ocasión, solo para cobrarles una y otra vez el mismo trámite. Y en el inter, les permite operar en la irregularidad. En esas condiciones se encuentra una veintena de mini-comercios en la colonia Tijuana Progreso, entre éstos el de Irma Chávez, quien luego de la clausura, solo tuvo que mover el negocio a otro domicilio ubicado contra esquina del anterior, con la venia de las autoridades de Inspección y Reglamentos de la subdelegación La Presa Rural. En esta nueva dirección, a la señora no le fue aplicado el reglamento, de hecho,  la autorización oficial para que su negocio operara le fue concedida hace tres meses. Las autoridades de Liconsa también han sido flexibles con la líder, permitiéndole desde hace dos, comercializar sin problemas los productos subsidiados en un establecimiento irregular. Basada en un listado de 200 familias, pero en el que muchos de los habitantes del citado asentamiento no han logrado ingresar -a pesar de así solicitarlo-, Irma Chávez realiza la distribución de productos de Liconsa, como leche, arroz y azúcar, y de otro tipo de artículos que le son distribuidos por Diconsa a bajo precio. El distribuidor de Diconsa en Tijuana precisó que en esa colonia promueve otro tipo de leche a un costo de 21 pesos por dos litros, la cual debería ponerse a la venta al público en general, pero en el abarrote de Irma Chávez no es así. No solo los artículos de SEDESOL son manipulados por la líder. Los vecinos la acusan de comercializar la ayuda oficial que le es entregada, ya sea por el municipio o por el Gobierno de Estado. “El año pasado a mí me ofreció paquetes de útiles escolares para que los vendiera en mi papelería”, apuntó uno de los quejosos. Últimamente, durante el periodo de campañas electorales, la ayuda sí es repartida gratuitamente entre los colonos que ella elige a su albedrío, “no llegan a todos los necesitados”- aseguran sus acusadores-, y el argumento para relegarlos es que no califican para el apoyo. En la colonia, que de acuerdo a sus residentes, se encuentra prácticamente en el abandono -acusan los residentes, “… en tres ocasiones (Irma Chávez) ha solicitado firmas para pavimentación”-, las calles del asentamiento se encuentran prácticamente intransitables, y en temporada de lluvia los vecinos quedan incomunicados.   “El PRI es mi ideología” Irma Chávez, promotora de Liconsa, admitió a ZETA ser militante del PRI y que en la actual contienda electoral opera como jefa de Zona del Distrito XIII por su partido. Al hacerle la observación de la irregularidad de que en su domicilio y en el que renta como bodega, hay publicidad del PRI, la operadora de SEDESOL apuntó: “Es mi ideología, desde que empecé a votar lo hago por el PRI”. De inicio, negó ser operadora activa de ese partido, como lo es para la Secretaría de Desarrollo Social, pero al serle detectado en su domicilio paquetes de propaganda del PRI, terminó admitiéndolo. “Ahorita en campaña soy jefa de Zona del Distrito (XIII), y es válido hacer nuestro trabajo”, manifestó tajante al observar que ZETA fotografiaba un bulto de bolsas con el logotipo del PRI ubicado al interior de su domicilio, al que amablemente invitó a pasar. Chávez hizo hincapié que no condiciona la entrega de ayuda y atribuyó todos los señalamientos vertidos en su contra a las líderes del Partido Acción Nacional. “Me tienen envidia, por eso me hostigan, pero ya estuvo bueno, voy a ir a Derechos Humanos”, advirtió. Como presidenta de la colonia Tijuana Progreso, la señora Irma dice haber gestionado la lechería de Liconsa para beneficio de los colonos, “… en una reunión convoqué a las tenderas y les propuse que alguna de ellas se hiciera cargo de su venta, como nadie quiso, me quedé con la tienda”, justificó al momento que admitió ya no estar dispuesta a ceder el negocio para que otro colono lo maneje.   Bajo la complacencia de SEDESOL A raíz del escándalo en Veracruz, entidad en la que la ayuda de Desarrollo Social pretendió ser desviada para favorecer las campañas del PRI, hubo un acuerdo entre la Presidencia de la República y los líderes de los partidos políticos: Blindar la ayuda de asistencia social de cualquier tipo de proselitismo político. “Ningún promotor de SEDESOL puede tener algún tipo de publicidad política, hacer proselitismo o condicionar la entrega de los productos, esa línea viene desde la Presidencia de la República, vía Secretaría de Desarrollo Social”, refiere Pedro Espinoza, vocero de la delegación de la SEDESOL en Baja California. A la semana de esta afirmación, la propaganda del abanderado priista pendía de la bodega de Liconsa. No obstante, el caso de Tijuana Progreso parece pasar inadvertido para la dependencia federal, aun cuando algunos vecinos se atrevieron a denunciarlo ante la unidad de Diconsa. Como respuesta, les dijeron que contra Irma Chávez nada podían hacer, ya que cuenta con el apoyo total de SEDESOL, incluyendo asistencia jurídica. En forma contradictoria, Pedro Espinoza, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California, manifestó que la dependencia no puede actuar en forma directa contra la líder, “… porque SEDESOL tiene el convenio para la distribución de los productos de Liconsa con Diconsa, quien a su vez maneja a sus repartidores en zonas marginadas”. De acuerdo a la reglamentación para la entrega de los artículos de Liconsa, el programa tendría que ser vigilado desde la afiliación hasta su entrega final por la Auditoría Superior de la Federación, además del órgano interno de la Secretaría de Desarrollo Social. Esta regulación también faculta a los vecinos a tener una contraloría social para que el programa de beneficencia  no sea utilizado con fines particulares, la cual no existe y nadie se ha encargado de promover. En Tijuana operan un total de 51 tiendas Liconsa.   Asentamiento olvidado Conformado durante el trienio de Jorge Hank Rhon, el fraccionamiento de tipo social Tijuana Progreso solo es considerado por el gobierno municipal en turno para la venta de viviendas. Pies de casas de escasos 180 metros cuadrados que se comercializan por el municipio a razón de 142 mil pesos, con 10 mil pesos de enganche y mensualidades que fluctúan en los mil pesos, y sin impermeabilizar, se trasminan techos y paredes. Gran parte de los recursos con los que se edificó el asentamiento, provienen del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), operado también por SEDESOL. Una vez entregado el inmueble, el municipio convertido en inmobiliaria se ocupa de emitir amenazas de embargo a quienes se demoran en las mensualidades, pero no atiende las necesidades más apremiantes en cuanto a servicios. De hecho, desde la administración del XVIII Ayuntamiento de Tijuana (2004-2007), las viviendas de la primera etapa se promovían con la promesa de que las calles serían pavimentadas en breve, y, quienes ahí habitan, escucharon el mismo ofrecimiento de la boca del siguiente alcalde (2007-2010), Jorge Ramos, cuando ahí mismo hizo entrega de una segunda etapa; así como del actual alcalde, Carlos Bustamante, cuando hizo entrega de la tercera fase. A la fecha, las calles de Tijuana Progreso siguen llenas de surcos, intransitables. Ubicada a un costado de un establo, a la altura del Kilómetro 153 de la Carretera Libre Tecate-Tijuana, su acceso es casi imposible. Desde su conformación, más de 500 viviendas han sido entregadas a igual número de familias, pero solo la mitad se encuentran habitadas, el resto están abandonadas y vandalizadas. Es la Inmobiliaria Municipal de Tijuana, antes Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana, es la encargada de comercializar y cobrar los pies de casas que son entregados en beneficio de familias de escasos recursos económicos. Además de las mensualidades de las viviendas, la inmobiliaria recibe el pago del servicio de agua, toda vez que hasta la fecha éste no ha sido entregado a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). En la misma situación se encuentra el servicio de drenaje y la planta de tratamiento de aguas residuales que opera en el asentamiento. Las viviendas embargadas se reasignan con una ligera rehabilitación en la que el municipio invierte 6 mil pesos, así la Secretaría de Desarrollo Urbano que dirige Esteban Yee Barba, prepara la colocación de 30 casas a través del Instituto Municipal de la Mujer. En obra y servicios, este año el Ayuntamiento de Tijuana solo tiene contemplado realizar “una raspadita a la terracería” y dejar listo un proyecto ejecutivo para que el próximo gobierno sea quien invierta en la pavimentación. Isabel Mercado