No recaudan, pero sí condonan

Con la llegada de la modernización catastral para el municipio de Ensenada, promovida desde el 2008 por Banobras y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las autoridades locales esperaban mejorar su recaudación, pero esto no ha ocurrido. El denominado “Sistema de gestión cartográfica, documental y procesal de catastro del municipio de Ensenada, Baja California”, que inició su operación en el gobierno municipal desde diciembre de 2012, y actualmente se encuentra en proceso de mantenimiento y llenado de datos, no ha generado cambios en la recaudación local. Hasta el momento, el único organismo que ha obtenido beneficios es la empresa privada Teléfonos del Noroeste (TELNOR), dado que fue contratada para elaborarlo. En total, el 1 de febrero de 2011 el Congreso del Estado autorizó 12 millones 747 mil 935.03 pesos para este fin. La mayor parte de ese dinero se le pagó a TELNOR para que desarrollara el software e hiciera el escaneo con fotografía digital aérea en alta resolución de la mancha urbana de Ensenada, información que se integraría al programa. El dinero fue obtenido a través de un crédito con Banobras, bajo número 10472, y se deberá pagar en un plazo de 57 meses. Al 31 de marzo de 2013, el adeudo del municipio por el dinero utilizado para la modernización catastral era de 10 millones 564 mil 145.71 pesos. TELNOR hizo el trabajo y lo entregó al Ayuntamiento el año pasado. El sistema ya es utilizado en las oficinas de catastro y tiene múltiples aplicaciones. Pueden identificarse camellones, luminarias, semáforos, puentes, áreas verdes, espectaculares, postes, monumentos, cabinas telefónicas y cualquier edificación que se desee. No obstante, la vinculación con las áreas de recaudación, que es uno de los principales objetivos de su creación, todavía no ocurre. Hace una semana, a finales de mayo, el recaudador de rentas del municipio, Jorge Manuel Labastida Bonifant, no quiso explicar cómo operaba el sistema, y remitió al reportero de ZETA a las oficinas de catastro, donde sí conocían el programa. En efecto, en catastro el personal conoce la operación del sistema y sabe de las herramientas que tiene para identificar predios, desglosar su uso, verificar su estado y crear categorías para diversos giros. Pero aún no existe una vinculación operativa entre recaudación y esas oficinas. Ensenada, junto con otros 12 municipios (Mexicali, La Paz, Gómez Palacio, Durango, Guadalajara, Zapopan, Villa de Álvarez, Colima, Ixtapaluca, Coatzacoalcos, Othón P. Blanco, y Mérida), fue parte del proyecto piloto del denominado “programa de modernización catastral 2008-2010” de Banobras, que inició en 2008. Le tomó 5 años terminar el sistema. Lo relevante para Banobras ha sido desde un inicio el asunto del dinero, específicamente el “fortalecimiento financiero de los municipios del país a través de una mayor recaudación de impuesto predial”, como lo mencionó en su programa de modernización 2008-2010, donde advertía que, “en México la recaudación de impuesto predial representa solo el 0.2 por ciento del PIB, que significa el 10 por ciento del promedio recaudado en los países miembros de la OCDE; esta cifra se ubica incluso muy por debajo de lo registrado en países latinoamericanos, cuyo promedio es 0.9 por ciento”. Aun cuando en el municipio de Ensenada los resultados de la modernización catastral no se han visto reflejados en ahorros en las cuentas públicas, el Director General de Banobras, Alfredo Del Mazo Maza, entregó al Alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, a mediados de mayo de 2013 en León Guanajuato, un cheque con un valor de 4.8 millones de pesos, porque a su ver, el municipio fue uno de los que ejecutaron “exitosamente proyectos que hacen más eficientes sus administraciones”, concretamente por haber implementado (con 5 años de atraso), el sistema de la modernización catastral. Tras regresar a Ensenada, se le preguntó a Pelayo Torres hacia dónde canalizaría los 4.8 millones de pesos, a lo que respondió que primero debía tener el dinero, pues el cheque que recibió de Del Mazo Maza era simbólico, y Banobras todavía no le entregaba los 4.8 millones. Los reportes de recaudación de rentas, del detalle de las finanzas requeridos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, simplemente no aparecen en las búsquedas del sitio de transparencia del gobierno municipal. De lo único que se sabe en el Cabildo son de las constantes peticiones de condonación de recargos que realiza el recaudador Labastida. La última de ellas, el 30 de mayo de 2013, fue una petición al Cabildo girada por el Alcalde bajo oficio número 944, donde Labastida Bonifant pide sea considerada “de urgente y obvia resolución, la propuesta de condonación sobre pago de derechos de casinos, con la finalidad de brindar un incentivo a los contribuyentes que acuden a Recaudación de Rentas con la intención de regularizar su situación fiscal, durante el periodo comprendido del día 01 de Junio al 31 de Julio del presente año”. La petición no fue aceptada de inmediato por los regidores, quienes optaron por enviar el tema a comisiones. Y es precisamente en la comisión de Hacienda y patrimonio municipal, que preside el regidor del Partido Nueva Alianza, Alberto Moren Garayzar, donde el próximo martes 11 de junio tienen prevista una comparecencia del recaudador de rentas. El asunto es que ni siquiera los regidores conocen los pormenores del estado de la recaudación del XX Ayuntamiento y por ello han solicitado la comparecencia de Labastida. Entre los cuestionamientos que podría recibir se encuentran el tema de la petición para condonar a los casinos Caliente y Skampa; aclarar la efectividad de las condonaciones hacia la comunidad en general que se han realizado constantemente desde los primeros días que inició actividades el X Ayuntamiento, en diciembre de 2010; aclarar los miles de cobros hechos a los usuarios de la plancha municipal que ingresan en sus vehículos a consumir bebidas alcohólicas cada fin de semana; y aclarar precisamente, de qué manera está aprovechando el nuevo sistema catastral, entre otras cosas. Desde el 11 de mayo de 2010, el entonces Cabildo del XIX Ayuntamiento de Ensenada había autorizado al Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), que pudieran conformar una Comisión de Seguimiento del Programa de Modernización Castastral (CSPMC). Solicitud hecha por el entonces y todavía director del IMIP, Guillermo Arámburo Vizcarra. La comisión, creada para garantizar y optimizar los recursos aprobados para el tema de la modernización, no ha sesionado en mucho tiempo, tanto, que ni en el propio IMIP se acuerdan cuándo fue la última vez que se juntaron. La integran como consejeros, el regidor coordinador de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico del XX Ayuntamiento, actualmente la regidora del Partido Verde Ecologista, Hilda Chanes Miranda; el coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, la regidora del Partido Revolucionario Institucional, Adriana Lencioni Ramonetti; un representante del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), que es actualmente Jorge Mario Valdez Miranda. También un representante de los colegios de ingenieros civiles, que es Francisco Javier Barraza Salazar; un representante de clubes altruistas, y organismos no gubernamentales, que es Óscar Sánchez del Palacio; un representante del grupo Foro de Ensenada, A.C. que es Jorge Guevara Escamilla; el Secretario de Administración Urbana del XX Ayuntamiento, cargo acéfalo desde mediados de 2011; y el secretario técnico del Consejo del IMIP, que es Guillermo Arámburo Vizcarra. Sin conocimiento en el Cabildo, sin reuniones de los responsables del seguimiento en el IMIP, sin informes del recaudador de rentas, la modernización catastral no ha pasado de ser una aplicación sofisticada, con potencial que aún no ha sido abierta al público. Quizá el 11 de junio, el recaudador Labastida aclarará muchas de las dudas que tendrán los regidores.