Mar de delincuentes

Incapaces de vigilar con efectividad los litorales mexicanos, autoridades federales y estatales, rebasadas por la delincuencia, se han mantenido como espectadoras de la anárquica explotación de recursos naturales, trasiego de drogas y tráfico de personas en las costas de la Península de Baja California. La operatividad (casi simbólica para integrantes del sector pesquero y acuícola) de las instituciones militares o civiles, se refleja en esporádicas detenciones y decomisos que ocurren más por casualidad, que por estrategia definida. Un día sí, un día no, son dados a conocer actos delictivos en las costas y aguas nacionales, en su mayoría, derivados de sucesos fortuitos. En ocasiones, la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) descubre una embarcación a la deriva, atestada de migrantes abandonados; en otras, encuentran bidones de combustible o paquetes con droga flotando en el mar, sin rastro de sus dueños; o las autoridades civiles detectan, por casualidad, cargas ilegales de especies protegidas o en veda. Hay agresiones a balazos que terminan en detenciones y otras que no, y en lo general, ninguna autoridad tiene éxito en las denuncias que atienden, pues aseguran, las distancias no les permiten llegar a tiempo tras las llamadas de los denunciantes, a pesar de que les detallan los movimientos de traficantes. Las operaciones de vigilancia se dan en desorden y con poco personal. Básicamente, los inspectores corren de un lado a otro de la Península, del Océano Pacífico al Golfo de California, de Norte a Sur, atendiendo denuncias, y, para colmo, llegan tarde. Son apenas ocho los inspectores habilitados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) para vigilar todo el Estado. Mil 493 kilómetros de litorales que representan el 13.4 por ciento del total nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado (SEPESCA) aporta cinco inspectores para vigilancia en esa misma extensión de litoral. La SEMAR apoya, tras peticiones directas de inspectores civiles, con embarcaciones y personal. Aun así, aseguran los inspectores de la SEPESCA, “es físicamente imposible estar en todos lados”, incluso con el apoyo de la SEMAR. De la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no hay datos concretos o actualizados respecto al número de inspectores que tienen. En las oficinas de Ensenada no quieren confirmar cuántos son. Afirman que a la prensa no pueden decirle nada “sin permiso de los superiores”, ni siquiera el número de inspectores. En las oficinas de la PROFEPA en Mexicali tampoco pueden contestar la pregunta, no tienen el dato concreto. Y en las oficinas de Tijuana tampoco saben, aunque tomaron nota. Dijeron que lo iban a investigar y que luego se comunicarían, o que ZETA marcara después, si es que ellos no llamaban. Así responden. La información que generan las autoridades respecto a lo que está ocurriendo en las costas bajacalifornianas, carece de estructura. Justamente una falta de estructura en su operatividad, es lo que denuncia el gremio del sector pesca y acuacultura en Baja California. Así lo han hecho durante años las cooperativas pesqueras, industriales, pescadores formales, buzos; los procesadores de pescado de escama, de pelágicos menores, comercializadores de abulón, de almeja, langosta y moluscos, etcétera. Todos ellos, denuncian piratería constante. Lo hacen de manera recurrente, sin obtener buenos resultados. “La SEMAR siempre muestra disponibilidad”, refieren los inspectores de la SEPESCA en relación al combate a los piratas. Sin embargo, esa disponibilidad no ha aportado en la disminución del problema de saqueo de especies de alto valor comercial, o de actividades ilícitas. Las denuncias del gremio pesquero y acuícola, advierten que la piratería amenaza la sustentabilidad de los recursos, dentro y fuera de las zonas permisionadas. A mediados de mayo de 2013, personal de la Cooperativa Pescadores Nacionales de Abulón (PNA), planteaba (a un candidato que visitaba Isla de Cedros) el problema de la piratería. A finales de 2012, aseguraron que empleados de la empresa habían sido golpeados por piratas que saquean sus cultivos de abulón en la zona conocida como Punta Norte. “Ahí tenemos que estar las 24 horas, alertas a cualquier llamado, porque esto no descansa”, expuso en su momento un trabajador de PNA. Tan solo para vigilancia, esta empresa dedica al menos 18 empleados, más que los de CONAPESCA y SEPESCA tienen para todo el territorio de Baja California. Aseguran que los arribos de los piratas han ocurrido “de día o de noche, y a saquear todo el producto, todo el tipo de producto; chiquito, grande… todo se llevan, y varias lanchas, con armas”. Residentes de Cedros hablan de que anteriormente existía un destacamento militar en el poblado, que con ello se habían calmado las actividades ilegales. Se encontraba instalado en una escuela secundaria, pero fue removido sin explicación. Ahora, la presencia militar se mantiene distante, la SEMAR tiene embarcaciones que vigilan la isla, pero sin efectos en la incidencia delictiva. La gente se dice abandonada, con ministerios públicos que tardan hasta 14 horas en atender un llamado. Según datos de Rigoberto Castro, secretario de Administración de la PNA, en los últimos cinco años la producción de abulón en Cedros ha reducido considerablemente. De 180 toneladas que producían al año, en 2013 apenas han superado las 35. Los principales motivos: el clima y la piratería. El escenario no es muy distinto en otras islas de Baja California. El 7 de mayo del año en curso, representantes de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (CANAIPESCA) denunciaron lo que consideraban 13 embarcaciones de pesca comercial provenientes de Estados Unidos, disfrazadas de pesca deportiva, cuyos propietarios buscaban obtener permisos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través del organismo Terra Peninsular A.C., para explotar especies en Isla Guadalupe. Denuncia que terminó en que los dueños de esas 13 embarcaciones, desistieran y abandonaran el trámite. A esa denuncia, CANAIPESCA sumó que la propia CONAPESCA reconoce la operación de 150 embarcaciones de pesca en esa isla, considerada reserva natural. Por su parte, inspectores de la SEPESCA confirmaron que embarcaciones piratas provenientes de costas de Sonora o Sinaloa, arriban a islas del Golfo de California a explotar especies de manera ilegal, algo que ocurre de manera cotidiana en la zona de Bahía de Los Ángeles, y no es novedad para los pescadores locales. La piratería en el Golfo se denuncia desde el extremo sur de la Península, hasta el Delta del Río Colorado. Tráfico de especies protegidas bajo normas oficiales mexicanas, o en veda permanente como la totoaba, han sido decomisadas en al menos tres ocasiones durante los últimos meses. El caso más reciente fue el 22 de mayo, donde autoridades federales descubrieron un cargamento ilegal que involucró a la empresa Mar de Coruña, de Alejandro Arias, quien pertenecía a la CANAIPESCA, organismo que días antes denunciaba piratería de extranjeros. De acuerdo a un comunicado emitido por PROFEPA, fueron decomisados 898 mil 660 ejemplares de Pepino de mar secos; 78 mil 676 ejemplares muertos de caballitos de mar; y cerca de mil cajas de vejiga congelada y seca de totoaba. El cargamento ilegal, que estaba a punto de ser embarcado con destino al mercado asiático desde el puerto de Ensenada, fue valuado en más de 2 millones de pesos, y descubierto por personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), CONAPESCA y PROFEPA. Extraoficialmente trascendió que se había descubierto, porque en el SAT le tocó semáforo rojo al camión que lo llevaba, aunque esta información no pudo ser confirmada. De totoaba fueron 108 kilogramos de panza seca, 21 cajas de vejiga seca, y 955 cajas de vejiga congelada. El 19 de febrero de este año, CONAPESCA reportó haber asegurado 494 kilogramos de totoaba en el Alto Golfo de California; 17 ejemplares les fueron decomisados a dos pescadores piratas. De acuerdo a CONAPESCA, el decomiso fue resultado “del fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia para incrementar el cumplimiento y la observancia normativa en la región”, donde participaron la PROFEPA y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con apoyo de la SEMAR. En sus operativos en el Alto Golfo, dentro de su plan de protección en la zona de la vaquita marina -de enero a marzo de 2013-, PROFEPA aseguró precautoriamente cuatro embarcaciones menores: 26 artes de pesca y 2 mil 250 kilogramos de producto pesquero. En ese mismo periodo, en lo que respecta a las otras 176 áreas naturales protegidas y litorales en todo el país, distribuidos en Tamaulipas, Campeche, Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur, Oaxaca, Nayarit, Colima, Jalisco, Sonora, Chiapas, Tabasco, Baja California, Michoacán y Veracruz, la dependencia había asegurado tres embarcaciones e manera precautoria. En todo el año 2012 aseguró diez. En su más reciente reporte anual, que data de 2011, PROFEPA informó haber asegurado 100 unidades entre vehículos y embarcaciones en todo el país, derivado de operativos de vigilancia de recursos marinos y ecosistemas costeros. Ese mismo año aseguró 26 motores fuera de borda, y puso a disposición del Ministerio Público a 63 personas. Las estadísticas de robos de embarcaciones y motores fuera de borda, un problema externado por grupos de pescadores en Baja California, son inexistentes. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se deslinda de llevar esos registros, bajo el argumento de que el asunto es de competencia federal. La Procuraduría General de la República (PGR) se deslinda de llevar esos registros, bajo el argumento de que los robos son competencia del Estado. Sumado a los enredos estadísticos por todos los frentes, las autoridades se saben, y se dicen superadas constantemente por la delincuencia. “Sí, pero no podemos decirlo abiertamente”, es una expresión se repite entre un entrevistado y otro en relación a que son opacados por los piratas y narcos. Apenas en agosto de 2012, inspectores de la SEPESCA se libraron por centímetros de una ráfaga de metralleta dirigida desde tierra hacia la embarcación en que realizaban inspecciones, a la altura de San Juan de las Pulgas, al sur de la ciudad de Ensenada, cerca de Santo Tomás. El inspector Jaime Abonce, de SEPESCA, refirió que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) respondió al llamado de auxilio de los inspectores, que veían botar el agua a un costado de su embarcación, luego de los balazos que les estaban tirando. Sin armamento y recorriendo zonas mucho más lejanas, donde no hay señal de celular ni teléfono, inspeccionar es una tarea de alto riesgo. En lo que va de la actual administración federal, la SEMAR no ha enviado un solo comunicado respecto a detenciones de embarcaciones con drogas, o de alguna actividad de piratas. Lo más cercano, además de comunicados de conmemoraciones de eventos y concursos literarios, ha sido un comunicado en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM), advirtiendo a los migrantes que no se dejen engañar por aquellos que quieren cruzarlos hacia Estados Unidos por mar. El problema de connacionales que han intentado cruzar a Estados Unidos por vía marítima, y que son abandonados por traficantes de personas en altamar, de acuerdo a la SEMAR y el INM, es de una frecuencia de 10 a 12 eventos por mes, afectando en promedio a 150 personas; es decir, mil 800 personas en riesgo de perder la vida anualmente frente a Baja California. La gran mayoría de estos casos, han pasado desapercibidos hacia la sociedad mexicana. No son reportados por la SEMAR, y muchos son dados a conocer públicamente en las listas de aquellos rescatados. Sin datos de los abandonados, sin datos de los posibles traficantes. Los problemas de los piratas son planteados en todas las reuniones de CONAPESCA, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Martín Gutiérrez García, representante no gubernamental del Comité Estatal Sistema Producto Pelágicos Menores en Baja California, comentó que representantes de la CONAPESCA vendrán a Ensenada esta misma semana para abordar problemas relacionados con la pesca. En lo que respecta a pelágicos menores (sardina, macarela y anchoveta), a pesar de ser un área más complicada para los piratas, ocurren otros problemas como la extracción del producto, por debajo de las tallas permitidas. Las estimaciones de Gutiérrez, son que existen personas que extraen la sardina hasta en un 25 por ciento por debajo de la talla. La pesca de la sardina en Baja California asciende a 800 mil toneladas anuales, de esa cantidad, el 90 por ciento es exportado. Pesquerías como almeja generosa y langosta, de un alto valor comercial, representan otro foco rojo para el sector. Los problemas de traslapes de polígonos de extracción no han sido resueltos, y la extracción furtiva continúa. El 30 de mayo de 2013, el diputado ensenadense Alfonso Garzón Zatarain, titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca, plantearía ante el Congreso solicitar la intervención de las autoridades federales para combatir a los pescadores furtivos. Su propuesta fue aprobada y, entre sus planteamientos, Garzón advertía que la “riqueza” de las especies en las costas bajacalifornianas se encontraba “intensamente afectada a consecuencia de la práctica de pesca furtiva”, y pidió enviar un exhorto al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Enrique Martínez y Martínez; al subdelegado de CONAPESCA, José de Jesús Gallo Ramírez; y al titular de SEPESCA, Alberto Faustino Silva Galindo, para “instaurar los mecanismos necesarios a efecto de combatir la pesca furtiva que se practica en nuestro Estado, en especial atención a la Laguna Manuela, ubicada en el municipio de Ensenada”. La imposibilidad de la SEMAR, PROFEPA, CONAPESCA, CONANP, y SEPESCA, de proteger adecuadamente las costas, incluso derivó en propuestas de investigadores del Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO), de la Universidad Autónoma de Baja California, para buscar una solución. Isaí Pacheco Ruiz, ex director del IIO, comentó que fueron dos alternativas las que plantearon los científicos a la SEMAR para mejorar su vigilancia. Una de ellas, invertir en una prometedora tecnología de radares de alta frecuencia, utilizados para el monitoreo de corrientes marinas, que podrían ser instalados a lo largo de la línea costera, y donde serían detectadas las embarcaciones que por ahí circulan. Otra, consiste en el monitoreo de las costas utilizando aviones no tripulados, conocidos como drones, con tecnologías de comunicación y cámaras de video-vigilancia que podrían patrullar los litorales. La SEMAR se mostró interesada en los proyectos, los cuales podrían ser impulsados en un futuro a través del IIO. Sin embargo, hasta la fecha, no ha pasado de ahí, y en los hechos siguen igual, apoyando cuando les llaman y como pueden.