Burócratas amenazan finanzas públicas

Trabajadores gubernamentales no sindicalizados han comenzado a interponer una serie de demandas en contra de las dependencias centrales y paraestatales del Estado, argumentando que si trabajan igual que un empleado sindicalizado, merecen las mismas prestaciones laborales. Esta “nueva tendencia” de exigencia jurídica está resultando favorable a los empleados demandantes, los cuales llegan a recibir pagos millonarios por décadas de pagos omitidos. Si las demandas prevalecen, podrían generar una “avalancha” de entre los 8 mil 412 empleados no sindicalizados que causarían graves afectaciones al erario. El resultado sería el aumento de impuestos o el embargo de bienes públicos para solventar estos compromisos económicos.   No hay futuro para los viejos A sus 59 años, Felipe Rodríguez tiene dos hijos y dos nietos, otro más viene en camino. De lunes a viernes se levanta temprano para ir a trabajar, disfruta su labor y, aunque aún está fuerte y sano, ya comienza a pensar en su retiro, como muchos hombres de su edad. Su sueño es un día jubilarse con una pensión digna que le permita despreocuparse del dinero y dedicarse a escribir y cuidar sus arbolitos bonsai. Por 21 años ininterrumpidos, Don Felipe ha trabajado en el área de construcción de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). Comenzó laborando en el área de almacén, después en control de obras, ahora trabaja en licitaciones. Ingresó a la CESPT por ahí de 1992 y fue contratado como empleado de confianza. En ese entonces ni siquiera consideró sindicalizarse, tampoco se lo ofrecieron, además su plan no era laborar ahí mucho tiempo; pero pasaron los años y comenzó a darse cuenta de que si trabajaba igual que sus compañeros sindicalizados, merecía las mismas garantías laborales. Cierto, contaba con los mismos días de vacaciones y un aguinaldo similar, así como los servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios de Baja California (ISSSTECALI), más no un programa de ahorro para el retiro. “Ya no estoy joven y ahora me pongo a pensar, ¿qué voy a hacer cuando me quiera retirar?”, lamentó Rodríguez. Después de años de exigir a sus superiores el derecho a una pensión y no ver una solución administrativa viable, decidió exigirlo en los tribunales. Lo mismo han hecho otros 100 compañeros suyos no sindicalizados de la CESPT, quienes han interpuesto demandas solicitando esta garantía laboral. Cuando los trabajadores demandantes han acudido a ISSSTECALI para calcular cuánto deben recibir de pensión por cada año laborado, se les estima que alrededor de 100 mil pesos. Este monto originalmente debió haber sido cubierto a partes iguales por la CESPT y por el empleado, pero como administrativamente el empleado nunca tuvo esa opción, deberá ser la paraestatal, la encargada de efectuar el pago completo. Como Don Felipe lleva 21 años trabajando, estima que la suma de su pensión podría alcanzar los 2.1 millones de pesos. En promedio los empleados que han demandado a la CESPT, tienen 18 años de antigüedad. De resultar vencedores en los juicios interpuestos, la paraestatal podría verse obligada a pagar a los demandantes hasta 180 millones de pesos. Debido a los precedentes judiciales de otros empleados que han resultado vencedores en sus demandas, todos ellos tienen posibilidades de ganar los juicios. El problema financiero para la CESPT es mayor si los 700 empleados no sindicalizados restantes, deciden reclamar sus aportaciones para la jubilación. Tan solo por cada año de antigüedad de esos 700 trabajadores, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana tendría que erogar 70 millones de pesos. ZETA solicitó a ISSSTECALI información sobre las demandas interpuestas por los trabajadores no sindicalizados de la paraestatal, pero ésta no fue proporcionada al momento del cierre de edición. Si los 3 mil 341 empleados de confianza del gobierno central, y los 5 mil 071 de las paraestatales -8 mil 412 en total- decidieran reclamar tan solo un año de dicha prestación, el Gobierno del Estado gastaría 841.2 millones de pesos. En reiteradas ocasiones, este Semanario solicitó información a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado sobre las demandas y posibles afectaciones a las arcas públicas. Tampoco hubo respuesta.   Empleados demandantes: La Ley está de su lado En 2001 se interpuso una de las primeras demandas efectuadas por un trabajador no sindicalizado del Gobierno del Estado que exigía el pago de sus pensiones. El expediente 1144/2001 argumenta que el Artículo 123 de la Constitución establece, en términos generales, que a trabajo igual, debe haber una compensación igual, por lo que el Artículo 1 de la Ley de ISSSTECALI, que establece que solo los trabajadores sindicalizados merecen recibir los beneficios y pensiones derivados de la seguridad social, violaba sus derechos constitucionales. La resolución de la demanda dictaminó que “si bien estos trabajadores están limitados en cuanto a sus derechos laborales, tal limitación no comprende los beneficios de la seguridad social”. De esta manera se abrió la puerta a que más empleados no sindicalizados exigieran cotizar para su pensión. Sin embargo, tal resolución ordenó a los patrones a pagar, mas no estableció si debían pagar todas las aportaciones omitidas, o si los empleados también debían pagar las aportaciones que les correspondían. Fue hasta 10 años después, cuando se interpretó la contradicción del caso 122/2011, al momento en que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que “corresponde exclusivamente al empleador, pagar el capital constitutivo en este caso”. En años recientes, demandas interpuestas contra las comisiones estatales de Servicios Públicos de Tijuana y Mexicali han resuelto a favor de los trabajadores. En la demanda 108/2011, interpuesta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, un trabajador que ingresó a la CESPM en 1979 y se sindicalizó ocho años después, logró que la paraestatal cubriera las aportaciones correspondientes a ese periodo. En Tijuana, la demanda laboral 3121/2009, interpuesta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, fue resuelta el 18 de abril de 2013, a favor del trabajador demandante, luego de que se fuera a amparo directo ante el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guadalajara, Jalisco. Por unanimidad, los magistrados Francisco Olmos Avilez, María Olarte Ruvalcaba y Jorge Luis Melchor, resolvieron que “todo trabajador, independientemente de que sea de base o de confianza, tiene derecho a gozar de la Seguridad Social, que a favor de éstos consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Ahora este tipo de demandas están siendo interpuestas por empleados gubernamentales de otras dependencias del Gobierno del Estado, y están ganando. En el juicio 710/2009, interpuesto por un empleado de la Dirección de Educación Pública de Baja California, el Tribunal de Arbitraje del Estado falló a favor del demandante, condenando al Gobierno de Baja California a reconocer la antigüedad del trabajador y a cubrir las aportaciones pendientes.   Demandas contra el gobierno: Una nueva tendencia Para el abogado bajacaliforniano Armando Atilano Peña, el incremento en el número de demandas de trabajadores no sindicalizados para exigir el pago de pensiones, es una tendencia que se ha comenzado a observar, ya que si una autoridad judicial resuelve a favor de los demandantes, sienta un precedente, de manera que asuntos similares que radiquen en ese Tribunal, se deben fallar en el mismo sentido. “Eso no solo anima a los abogados (a interponer demandas), sino a los trabajadores” expuso el vicepresidente en la Región Noroeste, de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. “Eso podría causar un problema grave al erario”, advirtió el abogado, ya que si la parte demandada carece de bienes o solvencia para cumplir, se podrán embargar bienes muebles, inmuebles o cuentas bancarias, no importa si se demanda a dependencias del Gobierno Central o paraestatales, ya que “son un apéndice de ésta y tienen obligación solidaria de cumplir”. Para Atilano, esta situación debe ser un tema de relevancia para los contribuyentes bajacalifornianos, ya que una de las salidas del gobierno para enfrentar la crisis económica, podría ser el aumento en los impuestos. Cuestionado si algún tipo de responsabilidad podría ser atribuida a los funcionarios públicos que provocaron esta situación, la fomentaron u omitieron darle solución, Armando Atilano consideró que sería complicado porque en el gobierno “funcionarios vienen y van”, complicando determinar si existe responsabilidad por acción u omisión. “Sin embargo, considero que es justo que los ciudadanos reclamen la responsabilidad”, concluyó el especialista.   La solución de fondo: Servicio profesional de carrera El problema de fondo proviene de los constantes cambios de personal en la función pública que se genera con cada cambio de administración pública, según consideró el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Víctor Espinoza Valle. Esto genera que las nóminas se inflen porque el funcionario saliente gestiona las bases para dejar acomodadas a las personas que sirvieron durante su gestión, mientras que los funcionarios entrantes, buscan acomodar a la gente con la que se comprometió durante su campaña. “Entonces el costo es muy alto, no solo en término económico, sino de capacitación y tiempo de aprendizaje para los funcionarios entrantes”, sostuvo el experto en procesos políticos y administración pública. Aunque reconoce la necesidad de cambiar a los funcionarios de primer nivel, Espinoza considera que de jefes de departamento para abajo, deberían ser empleados de servicio profesional de carrera, que tengan que concursar por un puesto y estar sujetos a capacitación constante para lograr su permanencia. A diferencia de naciones como España o Francia, en México no existe el servicio profesional de carrera, aunque se intentó implementar a nivel federal en 2001, pero fue muy limitado y prácticamente se ha reducido a unas cuantas dependencias gubernamentales, como el Servicio Exterior Mexicano y el Instituto Federal Electoral. “Ahí hay un círculo vicioso que solo se podría romper con una reforma a la administración pública” finalizó.   Las pensiones humanitarias Las batallas judiciales que ahora se disputan en Tijuana, llevan más de seis años peleándose en la Capital del Estado, acumulando alrededor de 600 demandantes en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali por el derecho a la pensión. Muchos de los juicios interpuestos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y fallados en contra de la CESPM, se han ido al amparo en los tribunales federales de segunda instancia, retrasando sistemáticamente los procesos judiciales. En su intento por negociar extrajudicialmente algún tipo de fondo para el retiro, empleados de la CESPM han propuesto tres prototipos de convenios que podrían satisfacer a ambas partes. Uno de los esquemas aplicaría para los empleados de confianza que llevan más de 30 años laborando en la paraestatal, y deben irse separando de sus puestos de manera escalonada; otro para los que tienen más de 12 años de antigüedad; y finalmente, uno más para los que llevan menos de 12 años laborando y aún no han creado algún tipo de derecho de antigüedad. “Desafortunadamente no ha habido voluntad de continuar con las negociaciones”, expresó Manuel Guerrero Luna, empleado de la CESPM con 17 años de antigüedad. Guerrero pertenece a un grupo de trabajadores que en septiembre de 2011 sostuvo una huelga de hambre, en exigencia de pensiones humanitarias para trabajadores enfermos que no cuentan con recursos para atender sus problemas de salud. “Si en este momento me pasa algo, mi familia quedaría en la calle”, lamentó Guerrero, insatisfecho porque tan solo seis de sus compañeros obtuvieron las pensiones humanitarias. “Para nosotros es una tristeza que los políticos no asuman este asunto con seriedad” manifestó.