La aprobación de la Cuenta Pública Tijuana 2012 tiene presumibles fallas y errores, por lo que existe la posibilidad que los legisladores que integran el Congreso del Estado de Baja California, y los funcionarios del Órgano Superior de Fiscalización, hayan incurrido en varios delitos: – Peculado. – Administración fraudulenta. – Falsificación de documentos. En el Congreso de Baja California “analizaron y auditaron” conforme a sus facultades, y de igual manera, “estudiaron y dictaminaron” a favor una cuenta que es copia parcial de un dictamen previo, una “Cuenta Pública 2012” en la que no se menciona ninguna observación, dato o cifra de ese año, sino de 2011. Entrevistados, los diputados niegan irregularidades, aseguran que las observaciones de años atrás se repiten porque no se han solventado, y que la duplicación de cifras y ausencia de datos del ejercicio 2012 fue porque “todas las dudas fueron solventadas”; pero agregaron que revisarán. Como si se tratara de la Cuenta Pública de Tijuana 2012, aprobaron un texto cuya parte medular se basó en observaciones clonadas de la Cuenta Pública Tijuana 2011, los redactores ni siquiera se esforzaron. En palabras de un usuario de computadora, el texto es un “copy paste” -copiar un texto, cortarlo y pegarlo en otro documento-. Usualmente, esta actividad resulta en plagio, pero en esta ocasión puede concluir en falsedad de parte de las autoridades. Ambas cuentas las aprobaron en la misma fecha, 19 de febrero de 2012, así que los 20 diputados que votaron a favor, ni siquiera pueden alegar haber olvidado el contenido del primero cuando leyeron el segundo. Con las mismas cifras y muestreos de 2011, aprobaron las cuentas públicas del año siguiente. En esas condiciones, diputados de Baja California, el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso (ORFIS) y el XX Ayuntamiento de Tijuana encabezado por Carlos Bustamante, habrían faltado a sus responsabilidades y violentaron el Código Penal, al agraviar la “fe pública” puesta en ellos, cuando por deber jurídico “deben ser fehacientes y verdaderos”, ya que la información a la que tienen acceso, es tan importante como la confianza depositada en sus cargos. La falsedad y/o falsificación se tipifica cuando se altera un documentó, una parte, o el contexto del escrito oficial; en el caso especifico se trata de la Cuenta Pública Tijuana 2012, y adquiere significación como delito porque puede resultar en perjuicio del erario y, ante la posibilidad de que no se hayan auditado correctamente las cuentas 2012, los tijuanenses no pueden saber cómo se aplicaron los cerca de 4 mil millones de pesos del presupuestos el año pasado en Tijuana, y esa falta cumplimiento de obligaciones puede producir efectos jurídicos. La repetición de números, cantidades, nombres entre un documento y otro a pesar de tratarse de diferentes años, y la no actualización de las cifras al año 2012, indica varias situaciones presumibles: – Ni el ORFIS ni el Congreso realizaron en el caso 2012, la auditoría escrupulosa a la que están obligados. – En febrero de 2013 aprobaron como dictamen de Cuenta Pública Tijuana 2012 una imitación parcial, una copia alterada del dictamen de Cuenta Pública 2011. – Sin fiscalizar celosamente la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, subsidios y recursos del Ayuntamiento de Tijuana en 2012, le aprobaron la cuenta. En cuanto a los responsables: 1. Los 25 diputados integrantes del Congreso, facultados y obligados a “… revisar, analizar y auditar por medio del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, las cuentas anuales de las entidades fiscalizables, y dictaminar la aprobación o no aprobación de las mismas, en los términos de la Ley de la materia”. 2. Los nueve legisladores integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, responsables de “participar en los trabajos, deliberaciones y discusiones”, de “…el estudio, consulta, supervisión, vigilancia, investigación, opinión o dictamen de los asuntos que esta Ley o la Mesa Directiva les atribuya…”. 3. El Órgano Superior de Fiscalización. Las versiones extraoficiales indican que el documento falseado no salió del ORFIS, que fue copiado por personal de los diputados priistas; sin embargo, han transcurrido más de tres meses de que el dictamen votó y se hizo público, sin que el titular Manuel Montenegro haya denunciado haber sido suplantado en sus funciones. 4. El gabinete fiscal del XX Ayuntamiento de Tijuana que convenientemente callaron. Todos los funcionarios inmiscuidos pudieron conducirse conforme a las leyes, tuvieron la oportunidad de cumplir puntualmente con su deber, pero actuaron de forma contraria y eso es un acto doloso contra la sociedad que gobiernan. Sin embargo, tratándose de servidores públicos, aunque existan los delitos, todas las leyes indican que para configurarse debe haber “dolo directo”, la intención plena de causar daño, y que esa intención sea comprobable. Sin embargo, lo que queda evidenciado es que no realizaron una revisión minuciosa a como están obligados, y en ese sentido, mostraron “desprecio hacia el orden jurídico” al no acatar las leyes. Información 2012 Conforme al texto del dictamen, la información de la Cuenta Pública 2012 se empezó a fiscalizar el 8 de noviembre de 2012, sin embargo, datos allegados a ZETA indican que el oficio donde el Ayuntamiento informa que le hace llegar al Congreso 12 carpetas y dos discos compactos con la información pertinente, está fechado el 5 de febrero de 2013. Lo que significaría que primero el ORFIS y después la Comisión de Fiscalización tuvieron apenas 14 días (la aprobaron el 19 de febrero de 2013) para realizar la auditoría de la aplicación y solventar las observaciones en el gasto de 4 mil 334 millones 563 mil 746 pesos con 94 centavos, aprobados como presupuestos para Tijuana en 2012. “Pero además no es cierto que recibieron el 5 de febrero, las carpetas llegaron hasta el 15 de abril de 2013”, aseguró una fuente de información cercana al Congreso. Dado que lo aprobaron copiando observaciones de 2011, en las que refieren irregularidades de años pasados, y no agregaron ninguna observación adicional, significaría que esos más de 4 mil millones se gastaron de manera perfecta, y no se cometió ninguna irregularidad o que todas las observaciones fueron solventadas. También significaría que extrañamente no hubo el más mínimo cambio ni imprecisión en las deudas por cobrar, en el número de fraccionamientos que se crearon, en los permisos provisionales para venta de alcohol aprobados, en los pases médicos para cruzar la línea entregados, en los permisos de transporte público concedidos, en los policías contratados por civiles para seguridad entre otros padrones; lo que es imposible, porque todos los padrones crecieron. Todo en 2012, fue exactamente igual a 2011 en el XX Ayuntamiento de Tijuana. La obviedad del “copy paste” Como copia parcial del dictamen 2011, la Cuenta Pública Tijuana 2012 es burda, sin embargo, los bajacalifornianos no cuestionaron su autenticidad porque confiaron en sus representantes, los diputados, quienes al votarla, la convirtieron en un documento oficial, le dieron veracidad y consumaron la falta a la fe pública. Todas, las 32 observaciones de la cuenta 2012 tienen su gemela en la cuenta 2011; 21 son exactamente iguales, las otras 11 tienen leves diferencias, como cambios de fecha (2011 por 2012) o eliminación de incisos. La de 2011 tiene más información, detalles de inversiones, de gastos, números de contratos y permisos. En 2012 eliminaron todo eso. Solo la cuenta 2011 contiene el número de oficio y la fecha en que el ORFIS emitió su opinión; la 2012 no. Conforme a lo expuesto en los dictámenes oficiales, la cuenta 2011 se revisó y analizó en 11 meses. La 2012 en tres meses, porque su auditoría inició el 8 de noviembre de 2012 y se dictaminó en febrero de 2013. Las mismas cifras Además de copiar prácticamente palabra por palabra, usan las mismas cifras, como si los dos años hubieran tenido los mismos resultados. A continuación algunas muestras: Observación 4, cuenta 2011; observación 1, cuenta 2012. En uno y otro año, el Ayuntamiento dejó de recaudar los mismos 5 millones 061 mil 016 pesos por supervisión mecánica de transporte público, como si en 2012 no se hubieran otorgado más permisos. Observación 40, cuenta 2011; observación 2, cuenta 2012. El Ayuntamiento otorgó en los dos años “sin fundamento legal” la misma cantidad, 103 permisos temporales para la venta de alcohol, y para las dos auditorías se hizo una inspección física en julio de 2012. En la cuenta de 2011 dice que eso sucedió durante el ejercicio 2011, y en la de 2012 solo dice “durante el ejercicio”. Para el caso 2012 eliminaron cuatro párrafos, el resto, exactamente igual. Observación 44, cuenta 2011; observación 5, cuenta 2012. Curiosamente, según la auditoría en los dos ejercicios fiscales (en un documento dice 2011 y en el otro 2012) se cobraron los mismos 5 millones 783 mil 200 pesos por venta de pases para Cruce Ágil para Servicios Médicos y Turismo. En ambos casos revisaron seis expedientes, y se dieron cuenta que no se celebraron convenios para la entrega de pases. Observación 47, cuenta 2011; observación 7, cuenta 2012. En los dos años, el saldo por recuperar por la prestación del servicio de vigilancia policiaca, es de 920 mil 795 pesos, pero en una dice que el saldo es por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2011, y en otra por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2012. Como si las mismas personas hubieran contratado, y las mismas hubieran dejado de pagar. Los datos anteriormente aportados son imprecisos porque los padrones se modificaron: Ejemplo 1. Septiembre 2012. El regidor David Ruvalcaba denunció haber detectado la operación de transportistas con “permisos temporales” sin anuencia del Cabildo en por lo menos tres rutas irregulares. La excusa del entonces director de Transporte, Bernardo Sánchez, fue: “Nosotros no damos rutas ni concesiones, eso lo hace exclusivamente Cabildo, solo damos permisos temporales para cubrir necesidades específicas”. Ejemplo 2. Agosto y diciembre 2012. En sesiones públicas de Cabildo se aprobaron 24 permisos para venta de alcohol; 16 la primera vez, y seis al final del año. Ejemplo 3. Agosto 2012. Raquel Stabinsky Velasco, directora de Fomento Comercial y Turístico del XX Ayuntamiento, declaró a los diarios de Tijuana: “En lo que va del año se han vendido 161 mil 550 pases médicos, con lo que ya se superó por mucho lo alcanzado durante todo el 2011, en el que se colocaron 156 mil 550 pases; cada mes se expiden entre 15 mil y 20 mil pases médicos”. Además, en las cuenta 2012 los auditores no detallan -como es su obligación- los montos y saldos de los conceptos que están observando. Por ejemplo, hablan de irregularidades en la aplicación de los fondos federales para seguridad SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad en los Municipios) y FORTAMUN (aportaciones para el fortalecimiento de los municipios), pero no especifican cuánto se recibió y cuánto se aplicó. Respuesta oficial ZETA se comunicó vía telefónica con los diputados priistas Juan Vargas Rodríguez (presidente) y Juan Bautista Montejano (secretario), de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público. Se les planteó que las 32 observaciones que integran en su totalidad la Cuenta Pública Tijuana 2012, son un “copy paste” de otras 32 observaciones contenidas en la Cuenta Pública Tijuana 2011, que aprobaron el mismo día. Se les preguntó cómo era posible que fueran las mismas observaciones, que las cifras no cambiaran y que en el dictamen del Ejercicio fiscal 2012, no hubiera una sola observación del mismo año. También respecto a si recibieron la información del Ayuntamiento el 8 de noviembre de 2012, o el 5 de febrero de 2013. Vargas Rodríguez explicó: “Tengo oficina de ORFIS en el Congreso que llevamos parte del control de todos, de hecho es la vinculación. Y sí es posible que se repitan porque son situaciones que no se han solventado todavía”. — ¿Eso quiere decir que no hubo ninguna observación adicional en 2012, que no tiene cuentas por cobrar, que todo lo demás lo hizo muy bien el Ayuntamiento de Tijuana? “Las auditorías se hacen a lo largo de todo el año, sobre todo de las entidades grandes, como en este caso son los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali, y por eso es factible que tengamos esta fecha del 8 de noviembre de 2012, cuando en la compilación global de todo y habiendo pasado por el Cabildo, nos lo envían hasta el 5 de febrero”. El regidor panista de Tijuana, Erwin Jorge Aréizaga Uribe, informó que al 29 de mayo de 2013, esas cuentas no han pasado por Cabildo. — ¿Entonces significaría que en 2012 todo se hizo muy bien? replanteó ZETA. “¿Estás diciéndome que no hay nada nuevo porque las de 2012 ya aparecían en 2011? – repreguntó el diputado-, eso sí ya tendría que verlo con los documentos a la vista”. Bautista Montejano de la Torre respondió de primera instancia: “¿Son exactamente las mismas, no habrá algún error ahí? Voy a preguntar”. Unos minutos después se comunicó y agregó: “Fui y consulté al Congreso, y sí, efectivamente se repiten porque son concurrentes, siempre se han repetido”. — Entonces ¿no hay una sola observación de 2012? “Ahí le va, lo que pasa es que las observaciones que hubo de 2011 y 2012 ya fueron solventadas, ése es el trámite, se les da la garantía de audiencia antes de pasarlas a votación al pleno, el Órgano de Fiscalización tiene la facultad de hablarles a los funcionarios responsables del manejo de las cuentas para que aporte pruebas suficientes de lo que ha hecho observación el Órgano de Fiscalización. Todas las que se repiten vienen desde 2008, 2009, 2010, 2011; algunas como el Impuesto sobre Nómina desde 2008”. —-Sí, pero ¿no debería ser cantidad diferente en cada ejercicio? “Ah no, eso sí”. — En éstas las cantidades son exactamente iguales… “Si tienen la misma nómina, va a ser igual, oiga”. — Sí, pero debe especificar cuánto fue de cada año y sumarlo, ¿no? “Como si no se hubieran modificado los padrones, traen las mismas cantidades, ahí sí no sabría, tendría que revisar más”. En cuanto a las fechas y los 14 días que tuvieron para revisar las cuentas 2012, Montejano declaró: “No; el ORFIS la analiza mucho antes, lo que pasa es que a veces citan a sesiones de la Comisión, y por alguna razón se prorrogan o no se votan (las cuentas). “Sí tenemos las salvedades de cada uno de ellos, pero la gran mayoría fueron solventadas, tanto del Ayuntamiento de Tijuana como Mexicali”, y agregó que si hay irregularidades sin solventar, ellos no aprueban. La política, el centro de la falsificación Precisamente en febrero de 2013, antes que se aprobaran las cuentas y que el alcalde Carlos Bustamante renunciara a sus aspiraciones de ser candidato a la gubernatura de Baja California en favor del ex diputado Fernando Castro, empleados cercanos a ambos políticos informaron a ZETA que estaban negociando. Al munícipe lo estaban presionando para declinar, y a cambio sus cuentas públicas, a pesar de las observaciones, serían aprobadas por el Congreso de mayoría tricolor, que se ha sujetado a los requerimientos de Fernando Castro Trenti. El coordinador de la bancada, Felipe García, ha admitido en más de una ocasión la buena relación y trabajo coordinado con quien fuera senador y diputado federal. “El reto es Grande. Pero mi compromiso también lo es… Por eso soy uno más en apoyo a Fernando Castro Trenti, GOBERNADOR” escribió en su página juliofelipe.tumblr.com, donde se presenta como diputado. Bustamante renunció el 10 de febrero y anunció su apoyo a Castro, quien registró su candidatura única el día 15 del mismo mes y, cuatro días después, el 19 de febrero, ambas cuentas fueron aprobadas. El Órgano Fiscalizador Con las mismas preguntas planteadas a los diputados, se entrevistó al titular del ORFIS, contador público Manuel Montenegro Espinoza, quien respondió: “Lo que pasa es que en el caso nuestro, nosotros nos basamos en la información que obtenemos de las entidades a través de los auditores que hacen el trabajo, no es extraño que haya ocasiones en que se repitan, a pesar de las sugerencias de corregir. “Pero no cambian los números, como si no se hubieran dado más permisos ni concesiones, o más adeudos. “Pues déjeme revisarlo”. Panista Máximo García señala al ORFIS “Es una irregularidad que se tiene que atender en el Órgano de fiscalización, porque si bien es cierto en muchos de los casos, los detalles los tiene el ORFIS, quien es quien revisa cada una de las cuentas “Esto se tiene que investigar, sería una sanción al Órgano de Fiscalización, porque no es posible que esté duplicando los números. “Porque al final nosotros lo que vemos en una revisión de lo que se nos presenta en la comisión a través del ORFIS, que es quien hace la investigación y auditoría, y nosotros actuamos a razón de la Opinión Técnica del Órgano de Fiscalización, entonces si aquí existe esta irregularidad, la verdad de las cosas es que no están haciendo bien su trabajo, y además, están cometiendo hasta un delito de omisión. Es grave lo que ustedes detectaron, y seguramente vamos atenderlo a la brevedad para conocer por qué razón se está actuando de esa manera. “Entendemos que pudiera ser la parcialidad con la que se ha manejado últimamente el Órgano de Fiscalización, pero sí es lamentable que se haga de esa manera tan burda y desaseada”. — Pero ustedes aprobaron esa cuenta, fueron 20 votos a favor y las dos las revisaron y votaron el mismo día. ¿Cómo no se dieron cuenta? “Hay un asunto ahí de sobre confianza, jamás en la historia que yo recuerdo, había sucedido algo de esta naturaleza, sí es muy lamentable que lo haga de esa manera el ORFIS. “En este caso tendríamos que replantear ese dictamen (Cuenta Pública Tijuana 2012), el ‘copy paste’, no se vale que el ORFIS aproveche la buena fe de nosotros los diputados”. — ¿No se dieron cuenta y la revisión de documentación adicional? “No, entregan los documentos unos minutos antes y te dejan en condición de indefensión”. Evidentemente, ni los diputados ni sus secretarios técnicos, cumplieron con su obligación de revisar. Congreso cambia opinión ORFIS a modo, cuida a priistas y ataca a panistas Luego de dos años y medio de retraso, el Congreso del Estado decidió rechazar las cuentas Públicas de 2010 del Ayuntamiento de Mexicali -que encabezó el panista Rodolfo Valdez- en los rubros de Ingresos, Egresos, Patrimonial y Deuda Pública, después de modificar la opinión del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (ORFIS), la cual se tenía preparada desde el 31 de enero de 2012. Adicionalmente, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso negó de manera parcial las cuentas públicas de Egresos y Patrimonio de Tijuana (Jorge Ramos, PAN), Tecate (Donaldo Peñalosa, PAN), Ensenada (Pablo Alejo López, PAN) y Playas de Rosarito (Hugo Chabert, PRI); aunque en la sesión del martes 28 de mayo de 2013, las dos últimas quedaron pendientes. Esta decisión -más la premura de aprobar aun con 150 observaciones las cuentas de 2012 del alcalde priista, Carlos Bustamante- se da en medio del proceso electoral para renovar precisamente las cinco alcaldías, el Congreso del Estado y la gubernatura. El ORFIS presentó los dictámenes que fueron discutidos y aprobados en menos de 45 minutos dentro de Comisiones, y turnadas cuatro días después en un procedimiento a todas luces irregular. Mexicali modifica dictamen técnico En el oficio DMMF/OP3/2012, en poder de ZETA, el ORFIS entregó el informe de resultados de las cuentas públicas relativas al Ayuntamiento de Mexicali por el ejercicio fiscal 2010. El resolutivo, recibido desde el 31 de enero de 2012, niega la cuenta de Patrimonio, pero también manifiesta que “es procedente otorgar la aprobación de las cuentas públicas de Ingresos, Egresos y Deuda Pública del H. Ayuntamiento de Mexicali, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010”. Sin embargo, el informe presentado por el ORFIS el viernes 24 de enero de 2013, se modificó para negar la totalidad de las cuentas públicas de la administración de Rodolfo Valdez. La principal estocada fue contra el ex alcalde Rodolfo Valdez, ya que el Órgano señaló una mala aplicación de la tasa de impuesto a 49 predios, lo que provocó que se dejaran de recaudar 2 millones 912 mil 427 pesos; sin embargo, la irregularidad fue detectada desde 2006 -aun en la administración del priista Samuel Ramos-, y en la primera opinión, no fue causal para negar la cuenta de Ingresos. En Egresos, la causal de desaprobación fue la concesión del Relleno Sanitario a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V., firmada el 24 de septiembre de 2010, pese a que Sindicatura había contratado a una empresa privada para fiscalizarla, y en su momento no localizó irregularidad alguna. En el mismo dictamen se incluye que se presentaron dos denuncias penales por desviación de recursos públicos para la compra de combustibles por 2 millones 966 mil 860 pesos por el delito de peculado, bajo el expediente 280/11/104/AP, y otra por la compra de vehículos y maquinaria por 19 millones 620 mil 724 pesos, amparadas con facturas apócrifas, lo que provocó la negativa en Deuda Pública al comprarse con crédito de Banobras. Tijuana y el PIRE En Tijuana, el ORFIS localizó diversas irregularidades, entre ellas la contratación de la empresa Global Sight, S. A. de C. V., donde se pagó 37 millones 10 mil 125 pesos, sin proporcionar evidencia que sustente la recepción del servicio y de los elementos que sirvieron de base para determinar los montos pagados. Entre los puntos observados, destaca la celebración de contratos sin licitación correspondiente de los recursos federales del SUBSEMUN. También se revisó la contratación de la obra pública del Programa Integral de Repavimentación (PIRE), donde se estimó un importe de mil 489 millones 906 mil 671 pesos, de los cuales 758 millones 307 mil 148 pesos (50.90 por ciento), corresponden a conceptos originalmente contratados; y 731 millones 599 mil 523 pesos (49.10%), a conceptos extraordinarios no contemplados en el presupuesto original. Tecate, cuenta negada de última hora El dictamen 357, correspondiente a las cuentas públicas de Tecate, también fue modificado, por lo que al final fue negada la cuenta de Egresos y Patrimonio, derivado de las observaciones al rubro de bienes inmuebles y diferencias en los estados contables. En su estado financiero al 31 de diciembre de 2010, la cuenta de Bienes Muebles presenta un saldo de 61 millones 362 mil 180 pesos, mientras que el padrón otorgado por Oficialía Mayor asciende apenas a 38 millones 97 mil 84 pesos, sin aclarar la diferencia en los registros contables. Además, Tecate presentó un adeudo a Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California (ISSSTECALI) por 17 millones de pesos, además de un cierre del ejercicio con pasivos de impuestos y cuotas por pagar por 59 millones 301 mil 326 pesos, no enteradas a las instancias fiscales correspondientes. Observaciones técnicas, dictámenes políticos Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Julio Felipe García, declaró que el daño patrimonial -en la suma de las cuentas no aprobadas- asciende a 2 mil millones de pesos, pero aún hace falta revisar algunas de 2009 y todas las paraestatales. “El ORFIS actúa con documentos reales, no puede inventar nada y simplemente está saliendo a la vista lo que la temporalidad ya es necesario aprobar y desaprobar cuentas, y en este caso, fueron desaprobadas las de gobierno de Acción Nacional. El Congreso es una mayoría priista, ha sido un Congreso multipartidista, es un tema donde no estamos mezclando la parte electoral, muchos coincidimos con el proyecto de Fernando Castro, pero es un tema muy aparte éste de las cuentas públicas” afirmó Julio Felipe. — ¿Se cambió la cuestión técnica por la política? “Indiscutiblemente sí, aquí hay un trasfondo político y, ante la falta de preferencia de los candidatos de la alianza del PRI, seguramente empiezan a generar este tipo de reacciones”. Rubén Alanís, coordinador del grupo parlamentario del PAN, criticó el actuar del ORFIS y de la Comisión de Fiscalización. Afirmó que fue un proceso completamente desaseado, por lo que los diputados del PAN votaron en contra del dictamen, al no tocar ni el fondo del tema porque no les permitieron tener acceso a los expedientes. (Cristian Torres) Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California ARTÍCULO 4.- Los Diputados son responsables de los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo, pero no podrán ser privados de su investidura, de su libertad, ni ejercer en su contra acción penal, hasta que seguido el procedimiento constitucional, se determine la separación del cargo y el ejercicio de la acción penal, con sujeción a proceso ante los tribunales competentes.
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