La duplicidad de observaciones en las cuentas públicas de Tijuana 2011 y 2012 evidencia la simulación en su integración para ser remitidas al Congreso del Estado y explica por qué el periodo correspondiente al 2012 no se sometió antes a la consideración del Cabildo, como lo establece la normatividad. De hecho, personal que labora en el municipio de Tijuana reveló que el ORFIS aún trabaja en la revisión del periodo administrativo de 2012, en oficinas facilitadas por el propio Ayuntamiento; el mismo procedimiento diferido lo aplicó para aprobar la cuenta 2012 del DIF municipal. Agotados los tiempos para que el XX Ayuntamiento cumpliera con la rendición de cuentas, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público salió al paso copiando 32 observaciones emitidas del periodo correspondiente al 2011, duplicándolas como salvedades dictaminadas del ejercicio del 2012. Curiosamente, los dictámenes 287 y 289 aprobados en sesión de fecha 19 de febrero de 2013 por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público solo varían en cuanto al número de observaciones, porque en cuanto a contenido, las 32 salvedades de 2012 son idénticas a las integradas en 2011. Este disimulo permite efectuar una revisión aún no concluida de las cuentas públicas de 2012, flexibilidad que resulta ilegal considerando que la fecha límite para su entrega fue el último día hábil de marzo de 2013. La administración de Carlos Bustamante no solventó en tiempo y forma las 150 observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior sobre los yerros en los que incurrió durante los dos primeros años de gobierno, cuyo plazo feneció en la segunda quincena de abril. Tampoco aplicó las medidas correctivas o ejercitó acción legal alguna para resarcir el daño patrimonial, que en el caso de la demolición de la antigua comandancia de policía ubicada en la Calle 8 se antoja imposible. Apenas esta semana el ORFIS recibió tres cajas con los archivos que supone contiene las justificaciones de las más de 700 irregularidades aglutinadas en 150 salvedades, 118 correspondientes a la cuenta pública de 2011 y 32 al ejercicio de 2012. Sindicatura Municipal, por su parte, admitió que no dio respuesta al cien por ciento de las observaciones y solo envió una parte. El plazo incumplido parece no importar, ni al ORFIS ni a la Comisión de Fiscalización del Gasto público que preside Juan Vargas Rodríguez, quien sin haber efectuado la revisión previa de los documentos recibidos sostiene que el XX Ayuntamiento de Tijuana “sí contestó a tiempo”. Aunque esgrime, “lo relativo a la demolición de la Calle 8 si el Cabildo no autorizó, en principio no lo va a poder solventar (el municipio), por lo que debe quedar pendiente”, a lo cual Sindicatura deberá ejercitar las acciones administrativas y legales que procedan. Pero Yolanda Enríquez de la Fuente, Síndico Procuradora de Tijuana, desconoce los contenidos de la respuesta emitida al ORFIS, tarea que dejó en manos del contralor de Sindicatura, Alfonso Islas, quien a su vez sostuvo que una parte de las salvedades fueron ya justificadas, mas no dio cuenta de si se reparó el daño. Por lo que el diputado Vargas Rodríguez advierte: “Si Sindicatura no hizo lo correspondiente, entonces procederá el juicio político”. De ser así, sería el segundo proceso que Enríquez de la Fuente estaría enfrentado por omisión de responsabilidad. Las faltas Las 150 observaciones del Órgano de Fiscalización superior dan cuenta de un manejo irregular del erario público por más de 1.5 millones de pesos, la mayor parte de estos recursos provienen de fondos federales destinados a socorrer a los sectores más marginados de la población. En la aplicación del Fondo III del Ramo 33 es donde se registra la mayor cantidad de irregularidades, además de signar contratos fuera de normatividad, pagar de obras no ejecutadas, o sobrevaloradas, el ORFIS determinó que la Secretaría de Desarrollo Social de Tijuana no cuenta con mecanismos y sistemas que le permitan una aplicación correcta de los recursos. La administración de Carlos Bustamante ha pretendido ocultar esta situación emitiendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un reporte distinto al presentado al Congreso del Estado, acción que también fue detectada y observada. Del Fondo III del Ramo 33 se auditaron 69 obras que sumaron un monto de 44.3 millones de pesos, de un total de 160 millones de pesos ejercidos, sin que se proporcionara información que justificara el proceso de adjudicación de las obras. Pactar con contratistas el pago de un anticipo del 30 por ciento del monto total de la obra y pagarle el 50 por ciento son irregularidades detectadas en cuando menos 8 obras, en las que se aplicó una inversión de 2.7 millones de pesos. En 14 contratos de un monto de 14.1 millones el ORFIS no pudo corroborar si las acciones llegaron a los beneficiados, aquí se incluye el suministro de paquetes de material para impermeabilización entregados en un mega evento efectuado en 2011en el estadio Caliente, para lo que se erogó 10.2 millones de pesos. El 84.28 del importe autorizado se adjudicó en forma irregular a contratistas que no reunieron los requisitos ni presentaron la mejor oferta. El monto de 1.9 millones de pesos aplicados en cuatro obras que no beneficiaron directamente a población en rezago social y pobreza extrema, es algo que la síndico de Tijuana supo cómo se justificó ante el ORFIS. Contratar directamente a montos bajos para no licitar, o bajo el procedimiento de invitación simplificada, y luego elevar el importe final, es una estrategia harto recurrida por el gobierno de Bustamante. Muestra de ello son las obras del canal pluvial en calle Baja California, de la colonia 18 de Marzo y la pavimentación con concreto hidráulico en calle Vallarta, en la colonia Guadalajara, con importes ejercidos de 660 mil y 956 mil 968 pesos, respectivamente, cuyos montos se elevaron en 370 y 148 después de los contratos. Una obra ejecutada en la colonia El Niño por un importe de un millón 300 mil pesos fue adjudicada a Corporativo Integral de Vivienda, S.A. de C.V., se pagó en exceso, no se ejecutó y no se devolvió un exceso pagado de 70 mil pesos. Misma situación registra la obra de 560 mil pesos que se adjudicó a Promotora California, S.A. de C.V., a la cual se le otorgó un anticipo de 61 mil 650 pesos para la pavimentación del callejón Z, la cual no se llevó a cabo ni se devolvió el anticipo. A R & R Edificaciones, S. de R.L. de C.V., le fue adjudicada la construcción de diversas obras en la Unidad Deportiva Reforma II, ubicada en la colonia del mismo nombre por un monto de 2.5 millones de pesos, observando el ORFIS que la propuesta de la empresa debió ser desechada por haber presentado precios unitarios de un monto incorrecto, denotando que las propuestas no fueron evaluadas. La pavimentación de diversas vialidades en asentamientos de las delegaciones Playas de Tijuana y San Antonio de los Buenos de un importe de los 3.4 millones de pesos fue adjudicada a Saldom Construcción y Obra Civil, S.A. de C.V., cuyo proyecto ejecutivo carece de especificaciones técnicas. Misma situación enfrenta el contrato de 2 millones de pesos signado con Gitasa Constructora, S. de R.L. de C.V. para la pavimentación de una calle en la colonia La Morita; el firmado con Grupo Construcciones planificadas, S.A. de C.V. a quien se le asignó la pavimentación con concreto hidráulico de la calla San Juan de la colonia Magisterial por un importe de un millón de pesos y el establecido con José Armando Meza Buelna, a quien se le adjudicó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Niño, por la cantidad de 1.2 millones de pesos. Río Tijuana Compañía Constructora S. de R.L. de C.V. también se brincó ese requisito y aun así obtuvo el contrato para obras de pavimentación en la colonia El Florido Primera Sección, por un monto de 1.2 millones de pesos. Si especificaciones técnicas para la construcción de un centro comunitario en la colonia Lomas Taurinas, por un importe de 1.5 millones de pesos, el proyecto se concedió a Jorge Israel Padilla León. Entre las irregularidades observadas por el ORFIS, destaca la falta cometida por Francisco Antonio Romero Romero, quien siendo trabajador de Tesorería cobró indebidamente durante dos años las catorcenas de dos maestros que habían dejado de laborar desde el ejercicio de 2008. Sin reportar la baja, el mal funcionario sustrajo los cheques de sueldos y prestaciones de los docentes desde el 31 de octubre de 2008, hasta el 24 de septiembre de 2010; el monto del desfalco fue de 409 mil 247 pesos. El robo fue detectado al inicio del XX Ayuntamiento de Tijuana, pero la administración de Carlos Bustamante lejos de actuar en consecuencia optó por celebrar un irregular convenio con el desleal empleado. Sin acreditar personalidad jurídica que lo faculte para efectuar tal acuerdo Luis Javier Covarrubias Hays, entonces Recaudador de Rentas, el 6 de diciembre de 2011 convino con el deudor el pago de la cantidad cobrada indebidamente; el daño al erario público se cubriría a razón de 2 mil pesos mensuales, por lo que éste será liquidado en 18 años. No se presentó denuncia ante Ministerio Público del Fuero Común como establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de Baja California, ni al lucro obtenido se le sumó dos tantos, tampoco se estimó una multa por los daños causados, ni se añadió recargos generados por la prórroga. Peor aún, al cierre del 2012 en las arcas del municipio no había reporte alguno que diera cuenta que el saqueador haya cumplido con el pago de las mensualidades. La anómala administración de Bustamante también se refleja en los contratos ilegales y desventajosos para el municipio signado con empresas como Sala Basic y Global Corporation, además del daño patrimonial de 24 millones de pesos que derivó la demolición del inmueble de la Calle Ocho. Todas estas acciones son merecedoras de sanciones pues representan faltas a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Régimen Municipal, Ley de Hacienda Municipal, Ley de presupuesto y Gasto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. No obstante, Sindicatura Municipal fue omisa al no proporcionar información que el ORFIS solicitó al momento de las revisiones efectuadas de las cuentas públicas 2011 y 2012. Por ello, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, en voz del Juan Vargas Rodríguez, espera que en la documentación recibida esta semana estén las respuestas que, en su momento, el XX Ayuntamiento no pudo, o no quiso, otorgar. Minimizan alteraciones Para la diputada Nancy Sánchez Arredondo las salvedades observadas corresponden a errores administrativos mínimos en los que no hay daño patrimonial, “además fueron en beneficio de la ciudadanía”, justificó de antemano. “De la Ocho no te sé decir si hay un daño patrimonial, tendría que ver en el expediente para determinar cómo se puede solventar (su demolición)”, adelantó No obstante, la diputada integrante de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público reconoció que el inmueble no debió destruirse, “si hay daño patrimonial entonces se procederá en consecuencia”, dijo. Ahí es donde la Sindicatura debe ejercitar las sanciones legales que procedan en función de la dimensión y alcance de la falta, circunstancia que la coloca en juez y parte, “pero el mecanismo así está establecido, por lo que la dependencia debe preservar el interés público apegándose a lo que marca la Ley, que en este caso la obliga a actuar como un ministerio público administrativo”, dilucida Vargas Rodríguez. Y sentencia, “si sindicatura no hiciera lo correspondiente entonces el Congreso tendría que intervenir, procediendo en consecuencia el juicio político, como ya se hizo en el XVII legislatura”. El congresista local precisó que ha emitido al Congreso del Estado 15 iniciativas de responsabilidades de entrega y recepción, así como modificaciones a la Ley de obra pública y de licitaciones que permita un proceso más claro y una revisión más ágil y dinámica de las cuentas públicas. De los paquetes recién recibidos por parte del XX Ayuntamiento de Tijuana, estipuló que no hay plazo para su análisis, pero aseguró que urgirá al ORFIS a que ésta se dé en forma ágil y expedita. Libera 51 permisos para venta de alcohol El ayuntamiento de Tijuana otorgó 51 nuevos permisos para la venta, almacenaje y consumo público de bebidas alcohólicas, al menos 30 de ellos requeridos durante la administración de Carlos Bustamante Anchondo, entre los que se encuentran 20 restaurantes. En tres dictámenes, el Cabildo de Tijuana aprobó más de medio centenar de solicitudes “rezagadas” para la comercialización “en envase cerrado” de productos etílicos. “En muchos de los casos la autorización se da por mandato judicial, porque los propietarios se ampararon al no tener respuesta; son solicitudes rezagadas que no se atendieron en su momento por anteriores administraciones y que nos toca hacer frente”, justificó el regidor Eduardo Enrique Parra Romero. El asunto es que la autoridad falseó en sus afirmaciones, porque a pesar de la moratoria existente para impedir el otorgamiento de permiso para venta de alcohol en envase abierto, resultó que no todos los permisos aprobados son para venta de bebidas embriagantes en envase cerrado. El 40 por ciento de ellos se expidieron a restaurantes que operan desde temprana hora. Adicionalmente, es mentira que todas las solicitudes aprobadas provengan de administraciones anteriores, el 60% de las anuencias se asignaron a expedientes integrados de 2011 a la fecha, dentro del XX Ayuntamiento que preside Carlos Bustamante. Una sola muestra de ello, es el aval concedido al negocio Crepas Lou Lou Café & Deli, ubicado en la plaza Pueblo Amigo, o del restaurant bar Portland, permisos demandados en 2012. La justificación expuesta por Parra Romero, fue que la venta de alcohol se autorizó en establecimiento que ya operan con ese giro, con la protección de amparos que han tenido que promover al no ser atendidos por anteriores gobiernos. Subrayó que en esas condiciones se encuentran muchos establecimientos más, por lo que advirtió, “la liberación de permisos tiene que seguir”. El edil destacó que el otorgamiento de los 51 nuevos permisos para la comercialización de bebidas embriagantes generó un ingreso a las arcas municipales de 12.5 millones de pesos, los cuales se fueron al gasto corriente. En la misma sesión de Cabildo celebrada el martes 21 de mayo, se sometió a consideración la negativa de cuatro solicitudes para venta de bebidas embriagantes, “por no reunir los requisitos que establece la Ley de Alcoholes y su reglamento”.
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