Choque de opiniones hubo en torno a la petición que el Congreso del Estado envió al XX Ayuntamiento de Ensenada el 14 de mayo, para que en un plazo no mayor a 30 días hábiles, respondiera si ve conveniente o inconveniente la municipalización de San Quintín. El asunto es que entre los propios diputados existen dudas sobre la validez de esta petición, hecha por el presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, diputado Juan Bautista Montejano de la Torre. De acuerdo a la regidora Lizbeth Mata Lozano, Montejano mandó el oficio de manera independiente, sin someterlo a la comisión que preside. “Un acto irregular de su parte”, consideró Mata, quien es vocal de dicha comisión. Aunado a ello, agrega, el Congreso del Estado todavía no ha emitido un dictamen en relación al plebiscito para la municipalización e San Quintín, realizado en 2012, donde no se alcanzó el mínimo necesario del 10 por ciento de la participación del padrón. Algo que es necesario definir antes de que el Ayuntamiento pueda ser consultado respecto a la viabilidad. En su inciso IV, el Artículo 27 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California especifica lo siguiente: “Una vez obtenidos los resultados del plebiscito, si éste resulta aprobatorio, se deberá solicitar la opinión fundada de los Ayuntamientos afectados, respecto de la conveniencia de la creación o supresión que se propone, la cual deberán remitir dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se les comunique la solicitud. De no hacerlo, se entenderá como opinión favorable”. El Congreso del Estado aún no ha aclarado formalmente si fue o no aprobatorio el plebiscito de 2012, y el oficio de Montejano dirigido al Ayuntamiento daría por hecho que sí lo fue. En opinión de la diputada panista, otra irregularidad. Bajo el oficio JBMT/591/2013, Montejano solicitó al presidente municipal de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, emitir “formal opinión fundada respecto de la conveniencia o inconveniencia de la pretensión de municipalización de la región de San Quintín”, y agregó que de no obtener respuesta en un plazo de 30 días hábiles a la fecha de recepción, “se entenderá como opinión favorable”, tal y como lo refiere el mencionado Artículo 27. Pese a tener conocimiento del tema y tratarse de un asunto de relevancia para todo el territorio, los integrantes del Cabildo no abordaron el tema en la última sesión ordinaria que sostuvieron el jueves 30 de mayo. Llevan dos semanas en silencio. Posterior a la sesión, Pelayo Torres mencionó a ZETA que ya había instruido al secretario del Ayuntamiento para que respondiera el oficio de Montejano en sentido inconveniente a la municipalización. Desde su perspectiva, el territorio de San Quintín no mejorará sus condiciones siendo municipio, y eso lo haría ver en la carta de respuesta al Congreso. Las formas de pregunta y respuesta para la diputada Mata, son señal de que el asunto de San Quintín se ha convertido en un tema de coyuntura electoral, violando reglamentos para agilizar opiniones. También consultado por este Semanario, el diputado Alfonso Garzón Zatarain aseguró que no se están violando leyes al enviar la carta al XX Ayuntamiento. Refirió que la opinión que les hagan llegar, será integrada en un expediente para que el Congreso determine lo que hará con San Quintín. ZETA cuestionó a Garzón sobre la validez o invalidez del plebiscito que no ha sido confirmada por el Congreso. Su respuesta fue que ese asunto también está en proceso de integración dentro de las comisiones, formará parte del expediente y eventualmente, de un posicionamiento o determinación sobre el futuro de la región sur.
Publicidad
