El desalojo y abuso que sufrió David Borroel de su predio, fue atendido a través de una denuncia interpuesta por el regidor Erwin Aréizaga en Sindicatura Municipal, el 29 de mayo. Un mes y medio después de que ocurrieran los hechos en el Ejido Tampico, frente al hangar de Inmuebles Especializados Matrix, empresa del alcalde Carlos Bustamante. Tal y como se documentó en la edición 2039 de ZETA, el 16 de abril, agentes municipales invadieron el lote 27, propiedad del ex presidente ejidal David Borroel, para desalojar a su familia y empleado. Para ello, utilizaron vehículos propiedad del XX Ayuntamiento, incluyendo una Suburban modelo 2007, blindada y con un valor de 4 millones 443 mil pesos asignada a Policía y Tránsito Municipal, de los cuales descendieron empleados de Matrix para perpetrar el despojo. “Dimos constancia que había ocurrido una situación irregular, no nos corresponde atender la situación de los particulares, si hay despojo o desalojo, pero sí conocer por qué se están utilizando unidades de la Secretaría de Seguridad Pública para atender una situación ajena a sus responsabilidades”, argumentó el regidor panista. Así, la queja formal denuncia “los actos u omisiones en contra de los servidores públicos de la administración municipal que resulten responsables por el manejo irregular de bienes presumiblemente propiedad del Ayuntamiento de la ciudad”. Aréizaga resaltó: “Ahí están todos los hechos y las pruebas, y se tiene que determinar la responsabilidad de quién actuó erróneamente”. Además, que se presentó copia del reportaje publicado el 26 de abril en ZETA, como prueba adicional. Hasta el momento y a pesar de los cuestionamientos realizados por este Semanario, la autoridad municipal, Carlos Bustamante Anchondo y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella Ibarra, no han informado de las razones por qué se asignaron unidades y elementos para resguardar el predio, las 24 horas del día, durante semanas. Al respecto, el regidor del XX Ayuntamiento sospecha que la unidad utilizada ese día es la misma que se emplea para resguardar al secretario, “nos cercioramos que la Suburban, del mismo modelo y color que la utilizada ese día, no muestra placas”, detalló. La queja, recibida por empleados de Sindicatura Municipal, sostiene como principal prueba la utilización de recursos económicos y materiales del Ayuntamiento de Tijuana para beneficiar a un particular. El documento señala que el costo del operativo, en el cual participaron cuatro policías activos, alcanzó los 45 mil pesos, entre salario y recursos para movilizar a las unidades. “Es evidente que la acción u omisión en el manejo de bienes y recursos públicos para intereses particulares, ha causado no solo daño patrimonial, sino ha impedido el pleno ejercicio de las obligaciones constitucionales de prestar efectivamente seguridad pública municipal”, refiere la acusación. Por lo anterior, se solicita a Sindicatura actuar para sancionar a las autoridades municipales responsables por acción u omisión, de acuerdo a Ley General de Bienes del Estado de Baja California, así como diversos reglamentos municipales. Por último, se agregó una petición especial para notificar al Ministerio Público por la posible comisión de delitos patrimoniales en contra del Ayuntamiento de Tijuana.
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