Revela transas en desincorporación de La Ocho

Saúl Torres Barbosa, presidente del Comité Pro Defensa del Parque Benito Juárez, se ha encargado de desarrollar una investigación documental sobre la desincorporación y demolición de la ex comandancia conocida como “La Ocho”, y a partir de ello, ha  detectado por lo menos una irregularidad cometida en la administración municipal de Tijuana, misma que ha hecho saber al Gobierno del Estado. El ciudadano ha titulado a su investigación “La Transa de Desincorporación de La Ocho”, y a su decir, está conformada por actas de sesiones de Cabildo, diarios oficiales del Estado y documentos extraídos de un juicio de amparo interpuesto tras la demolición del bien inmueble. Según el propio Torres Barbosa, el argumento central de su recopilación es el de una presunta violación al Artículo 16 de la Ley de Régimen Municipal de Baja California, que dicta que para enajenar un bien municipal, es necesaria la realización de un dictamen técnico donde conste que ese bien no es apto para utilizarse a favor de la comunidad, cosa que -a decir del quejoso- no se hizo. Agregó que el 25 de marzo envió toda la documentación que avala su tesis al gobernador, José Guadalupe Osuna Millán, para que éste ejerza su autoridad como presidente del Consejo del Patrimonio Cultural de Baja California, aunque no ha recibido respuesta. Para Torres, aunque “La Ocho” no fue declarada Patrimonio Cultural del Estado, el inmueble se ganó un lugar en el listado de edificios históricos de la entidad, por sus más de 49 años de existencia, tal como refiere la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural de Baja California. Para concluir, advirtió que en el municipio existen más edificios históricos que no han sido declarados como Patrimonio Cultural, por lo tanto, están en peligro de sufrir el mismo destino que “La Ocho”.