San Luis Río Colorado, Sonora.- El exalcalde priista de esta ciudad, Manuel Baldenebro, se encuentra entre dos fuegos: investigaciones oficiales por irregularidades en los manejos financieros, y sospechas de haber defraudado a su partido, el PRI. Por un lado, la actual administración municipal -de corte panista- lo acusa de irregularidades en el manejo de cerca de 17 millones de pesos, donde se incluye el descuento a funcionarios municipales de cuotas partidistas por 7 millones de pesos que nunca llegaron a las arcas del partido tricolor. Contraloría Municipal ha abierto siete expedientes, donde se incluye la compra de material por un aproximado a 3 millones de pesos para un parque acuático, los cuales están inservibles; material que se compró a un proveedor que, acusan desde Contraloría, fue “aviador” del Ayuntamiento durante varios meses. Hay más. Se cuestiona la compra de motoconformadoras que ya no funcionan, la venta ilegal de autos almacenados en la yarda municipal, e inclusive, la pérdida de un iPad que costó 7 mil pesos y que ahora “nadie sabe dónde quedó”. El otro frente lo tiene en su propio partido, el Revolucionario Institucional, desde donde el actual dirigente, Juan Antonio López señala -con los documentos partidistas en la mano- que el dinero de las cuotas salió del Ayuntamiento, en cheques a nombre del ahora ex alcalde y su sucesor, pero que nunca llegaron al PRI; lo cual además de ser violatorio de los propios estatutos, pudiera considerarse la comisión de un posible delito. Manuel Baldenebro se defiende. Asegura que ese dinero se utilizó en actividades partidistas -para un proyecto político que él mismo encabeza desde hace tiempo-, y acepta que también se gastó en su campaña, cuando buscó fallidamente la diputación federal por ese distrito sonorense. Muestra documentos donde los empleados municipales firmaron una suerte de contrato para el descuento, y que nunca se consideraron como cuotas partidistas. Se dice atacado debido a su gestión social, antes, durante y después de su periodo, y asegura que hasta recibió un premio nacional por la buena administración que –además- se caracterizó por la escasa deuda municipal que dejó en las finanzas. Los 7 millones que no llegaron al PRI A funcionarios de la anterior administración municipal -que incluyen a Baldenebro y su sucesor, Joel Aguirre Yescas-, la actual Contraloría Municipal les ha abierto siete expedientes. También se involucra al ex titular administrativo Carlos Vélez, a su sucesor Marcela Avilés Torres y a María Guadalupe Meza, ex tesorera municipal; al ex titular del organismo del agua (OOMAPAS), y a la ex titular del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), áreas donde a los empleados también se les descontaron las supuestas cuotas partidistas. Y es que Baldenebro estuvo al frente del XXV Ayuntamiento desde septiembre de 2009 hasta marzo de 2012, cuando renunció para buscar la diputación federal del PRI en el Distrito 01, que abarca una docena de municipios sonorenses en esta parte Noreste del estado. Jesús Isidro Alvarado Osorio, contralor municipal, refiere que desde que inició esta administración, en septiembre pasado, recibieron un documento relativo a una auditoría que comprendió de enero a octubre de 2012, elaborada en la parte final del XXV Ayuntamiento, y la empresa JMBA Asesores, que encabeza la contadora Maximina Estrada Ulloa, quien fue la encargada de elaborarla. En el documento se estampan cerca de 32 observaciones a las finanzas municipales, donde además, se incluye una serie de recomendaciones. El contralor explica que de esas observaciones ya hay doce solventadas; en cuatro se sigue trabajando, pero quedan 16 sin solventar. De esas observaciones se hacen algunos procedimientos, pero el Cabildo formó una comisión plural de entrega-recepción, la cual hace observaciones que concluyen en un dictamen fechado en diciembre pasado. Aparte, hubo una carpeta de entrega-recepción donde surgieron más elementos. De toda esa información se derivaron veinte expedientes, de los que resaltan siete, sobre todo por la importancia, los montos y los involucrados. Uno es el de los descuentos a cerca de 330 empleados municipales, vía nómina y del 7.5 por ciento de su salario, bajo la justificación “descuentos para el PRI”, explica el contralor municipal. En octubre de 2012, desde el comité municipal del Revolucionario Institucional, solicitaron acceso a la información de esos descuentos, y después turnaron un documento donde manifiestan que nunca recibieron ese dinero. Considerando se trataba de dinero público, Contraloría Municipal hizo un requerimiento a quienes recibieron esos cheques para que lo regresaran al Ayuntamiento. El monto total se calcula en 7 millones 055 mil pesos, descontados a empleados municipales durante tres años de la administración que inició Baldenebro y que concluyó Aguirre Yescas. Alvarado Osorio comenta que ya se ha citado a ex empleados a declarar, pero en revisiones en los expedientes de los 330 empleados de todos los niveles, solo localizaron a 40 que autorizaron el descuento. Los cheques salieron a nombre de los dos ex alcaldes en proporciones distintas, pero también a nombre del director de Servicios Administrativos, Carlos Vélez Landeros, y a otra funcionaria, Marcela Avilés. Más irregularidades Existen otras irregularidades como la compra de mega albercas inflables que instalaron en una suerte de parque acuático denominado La Tortuga. Se gastaron más de 3 millones de pesos en un material ahora en desuso, y adquirido a Antonio Lugo Delgado. Al revisar el costo de ese material, personal de Contraloría detectó que los precios se inflaron más del doble para una compra donde no existe evidencia de una licitación pública. Aparte, se encontró que ese proveedor estuvo cobrando casi 30 mil pesos mensuales por casi 18 meses, como asesor en desarrollo económico y turismo. También la venta irregular de vehículos en yardas municipales que aún eran parte de procesos judiciales, además de la compra de maquinaria sin licitar, dos motoconformadoras por las que se pagó cerca de un millón de pesos; una de éstas ya no funciona. Capoteando en política El líder municipal del PRI en San Luis Río Colorado, Juan Antonio López, dice que él, como el torero, lleva listos una espada y un capote, y de preferencia utiliza este último para enfrentar la problemática cotidiana, aunque siempre tiene lista la espada. Desde noviembre denunció que las cuotas partidistas descontadas a los empleados municipales durante el trienio anterior, no llegaron a las arcas del PRI. Que hubo funcionarios y empleados municipales que solicitaron les descontaran de su sueldo la aportación partidista; en algunos casos el 5 por ciento, en otros el 7.5%. “Estatutariamente al partido le correspondía el 5 por ciento”, asume el dirigente, en alusión al recurso que nunca llegó a las arcas del partido. Refiere además que en su administración, solo recibieron 30 mil pesos por seis meses, es decir, 180 mil pesos de los más de 7 millones que les descontaron a los empleados en tres años. Vía Transparencia, el abogado egresado de la Universidad de Sonora solicitó al XXV Ayuntamiento el informe de los descuentos y montos por cuota partidista; la respuesta fue que “no había salido ese recurso”. Insistieron con la actual administración y lograron un paquete informativo con la relación de todos los descuentos, con nombre y cantidad. “Estamos de manera institucional en la misma postura, que al partido le entreguen lo que le corresponda”, expone López. Muestra los documentos partidistas, el Artículo 277 de los Documentos Básicos del PRI, donde en el inciso VIII se marca que, en el caso de los servidores públicos, tendrán la obligación de aportar el 5% de sus sueldos y dietas. Especialmente la parte de las sanciones, donde se habla que la expulsión de las filas del PRI procede -entre otras causas- por “enajenar o adjudicarse indebidamente bienes o fondos del partido”. El dirigente sanluisino enfatiza: “Ellos no pueden disponer de un recurso que el interesado dijo que le descontaran para el PRI”, y advierte la posibilidad incluso de interponer una demanda penal contra el ahora ex alcalde, aunque no dice cuándo. “Yo no podía subirme al ring cuando él era el alcalde, pero ya no lo es, ya estamos parejos”, asevera. Descuentos salariales “para el proyecto” “Entiendo que dentro del PRI, como dentro del PAN o el PRD, pueda haber diversas corrientes políticas”, dice el ex alcalde Manuel Baldenebro, médico cirujano adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y participante en las filas tricolores desde hace más de 20 años. En 2009 encabezó una campaña que anticipaba derrota, pero triunfó. Al llegar a la alcaldía, con su equipo cercano decidió prepararse para tiempos políticos futuros: “Tomamos la decisión de que todos los que entráramos a trabajar nos íbamos a descontar, por cooperación para el proyecto (político). Los regidores, de común acuerdo, firmaron un contrato donde dicen que se van a descontar el 25 por ciento de su sueldo, de los cuales 15 por ciento manejaban como una ventanilla única de atención a la comunidad”. Muestra una copia de un documento donde se asienta: “Convenio único de participación para el apoyo económico de actividades políticas y sociales externas”, con el nombre del regidor como “participante”, y el del jefe de servicios administrativos, Carlos Vélez Landeros, como “capitalizador”. El formato del convenio tiene solo algunas variantes si se trata de empleados de primer nivel, regidores o base, y en ninguna parte incluye que se trata de cuotas partidistas. Baldenebro muestra también la copia de un documento donde una empleada expone que no puede aportar esa cuota, y una serie de copias donde funcionarios y empleados de su administración, dan su autorización para el descuento y destino que se dé a esos recursos. Enseña, asimismo, documentos partidistas donde se entregaron diversas cantidades al instituto político, pero en tiempos de la anterior dirigencia, antes de la llegada de Juan Antonio López. “Era vox populi que nosotros nos hacíamos descuentos para nosotros”, dice Baldenebro en alusión a que ese dinero era para el proyecto político que encabeza. “No hubo un trabajador que interpusiera una queja, que no estuviera de acuerdo con el descuento”, asume quien renunció al cargo para emerger en 2012 como candidato a la diputación federal que finalmente perdió. Justifica que en 2009 tuvieron un voto social muy importante, que involucró el trabajo de mucha gente, pero también el gasto en ese involucramiento: “Cómo me voy a esperar a que el partido me mande recursos”, plantea. Baldenebro asume que sí se descontó ese dinero, que era ya no dinero público, sino parte del salario de los empleados y que nunca se dijo que eran para las cuotas partidistas, sino para un “proyecto político” que él ha encabezado. Del por qué salían los cheques a su nombre, aclara que así lo marcan “las características” del comité que conformaron -encabezadas por el alcalde-, y que ese dinero él lo recibía y endosaba para gastos diversos. Además que, asegura, puede comprobar en qué se utilizó. “El comité da las atribuciones para que el presidente, el secretario o el tesorero puedan recibir las cuotas”. De los otros señalamientos, Baldenebro expone que aún no ha sido citado, pero también aclara que no hay tales irregularidades y que su administración recibió hasta un premio nacional por eficiencia, además de que abatió la deuda.