Fue en el XVIII Ayuntamiento cuando se pactó con Global Corporation -empresa representada por Luis José Fuentes Colomo- un convenio que la propia administración de Jorge Hank Rhon dejó fracasar, dando origen a una demanda a la que el alcalde Carlos Bustamante pone fin con un acuerdo extrajudicial, en el cual se compromete a desembolsar 150 millones de pesos del erario público y a requerir multas ya impagables. Así, el XX Ayuntamiento de Tijuana resuelve en forma por demás generosa un lío legal del que solo estaba obligado a reportar a la parte demandante el “equivalente al 65 por ciento del total de los recursos captados por los rubros y conceptos del programa ‘Gobierno Electrónico’”. Es decir, el municipio solo tenía que pagar el dinero de las multas recuperadas y no por infracciones captadas por las cámaras, pero no ingresadas a las arcas del municipio. Además de la aportación millonaria que se hará a Global Corporation, la administración de Bustamante se comprometió a cobrar multas que, de acuerdo al Artículo 190 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Baja California, ya prescribieron, por lo que los infractores no están obligados a pagar. Herencia de Hank Fue durante la administración de Jorge Hank Rhon que se signó con Global Corporation un contrato a todas luces desventajoso para Tijuana, con el cual la empresa proporcionaría el servicio de video vigilancia. Entonces se instalaron cámaras se seguridad, estacionómetros digitales y detectores de vehículos particulares para registrar posibles violaciones al Reglamento de Tránsito, generando así una multa electrónica, la cual era cobrada durante el canje de placas o revalidación de licencia o tarjeta de circulación. Sin embargo, el gobierno del ex inquilino del Penal del Hongo no reportó a Global la parte convenida, lo que derivó que el 22 de noviembre de 2007, Global Corporation de Tijuana, S.A de C.V. demandara mediante juicio ordinario mercantil al XVIII Ayuntamiento de Tijuana en el Juzgado Tercero de lo Civil, bajo el expediente 1387/2007. El gobierno de Jorge Ramos, iniciado en diciembre de ese año, desestimó ese juicio, aunque dice haber reportado a la empresa el porcentaje correspondiente a multas ingresadas durante su gestión. “No llegamos a ningún acuerdo con Global porque la empresa quería que le pagáramos multas no ingresadas en caja, a lo que sí accedió el actual gobierno”, apuntó Raúl Corona, director jurídico durante la administración ramista. Fue precisamente en el periodo de Ramos como alcalde que se dio la sentencia del Juzgado Tercero de lo Civil en Tijuana, condenando en los resolutivos: Segundo, “… al pago como contraprestación por los servicios recibidos al amparo de dicho contrato, equivalente al 65 por ciento de los recursos captados por los rubros y conceptos del programa…”; Tercero, “No se realiza especial condenación en costas”. El tercer punto es claro, a Global solo le corresponde el porcentaje de la multa pagada, es una sentencia que no se puede modificar, lo que hace el actual gobierno es cambiar su alcance, en detrimento de los tijuanenses, dilucida Corona Sesma. Y continuó: “Entregar 150 millones a la empresa es un acto generoso de pagar algo que no se debe a cambio de nada, porque no hubo una retribución, ni una sentencia que obligara al municipio a pagar tal cantidad. Tijuana fue absuelta en ese sentido”. Tanto el ex alcalde Jorge Ramos como su entonces director jurídico, sostienen que la demanda sí se atendió, tan es así que se logró que el 12 de marzo de 2009, el juez Alfonso Fonseca Vizcaíno dictara tal sentencia. “Nuestra defensa se basó en no pagar por lo no ingresado, en ese sentido podemos decir que ganamos”, consideró Ramos Hernández. Al arribo del gobierno de Carlos Bustamante Anchondo, la empresa insistió en su demanda de requerir una millonaria indemnización y la recuperación del porcentaje de 8 mil millones de pesos de multas vencidas que fueron registradas en las cámaras de video vigilancia. La negociación Tras siete años de un litigio que trascendió tres gobiernos municipales, Bustamante y la empresa llegan a un acuerdo extrajudicial en 2011, haciéndolo oficial el 23 de enero de 2013 al ser aprobado por Cabildo, estipulándose el siguiente esquema de pagos: Un primer pago de 54 millones de pesos, tres abonos mensuales de 9 millones, uno más de 20 millones y cinco mensualidades posteriores de 9 millones de pesos, para concluir con un pago final de 4 millones de pesos. La suma de esos abonos, que equivale a 150 millones de pesos, tendrá que cubrirse en su totalidad antes del 30 de noviembre de 2013, último día del gobierno de Carlos Bustamante. Asimismo, el actual gobierno deberá disponer de infraestructura humana y tecnológica para cobrar multas que a la vuelta de cinco o seis años ya prescribieron, lo cual, a decir de Armando Atilano Peña, vicepresidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México en la Región Noroeste, podría derivar en amparos e incitar un repudio social que solo representará un desgaste al gobierno. La Ley de Hacienda Municipal es clara en sus artículos 188, 189 y 190, mientras que en el 197 determina: “La prescripción en favor del Fisco del Municipio de la acción de los particulares para reclamar créditos a su favor, se interrumpirá por cualquier gestión de cobro que se verifique ante el Fisco o ante alguna otra autoridad competente”. Es decir -explica el abogado-, si la autoridad hubiera en algún momento requerido el pago de las multas vencidas a los infractores, en sus domicilios, la prescripción se habría interrumpido; pero al no haber sido demandado el pago por cinco años ininterrumpidos, e incluso más tiempo, la sanción simplemente ya no es válida y el ciudadano no está obligado a pagar al municipio la infracción. Rufo Ibarra Batista, actual Secretario de Finanzas de Tijuana, sostiene que el compromiso del gobierno es requerir a los ciudadanos y reportar en un plazo de 30 días al Gobierno del Estado para que las multas vencidas se incluyan en el cobro del canje de placas o revalidación de licencia o tenencia vehicular, pero omite explicar qué pasará si el pago no se da, particularmente porque ya no es válido.
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