Tijuana, sede del Foro y Análisis de la Ley de Transparencia

La reforma constitucional a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue el motivo del primer Foro de Análisis y Reflexión entorno al tema en el país; Tijuana, la primera de las diez ciudades calendarizadas para iniciar estos debates. El viernes 1 de febrero –precisamente el primer día del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión–, se reunieron comisionados, consejeros de institutos y comisiones de transparencia de diferentes estados, así como representantes del IFAI. El foro “La reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública en México” fue organizado en conjunto por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (ITAIPBC) y la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP). Presidida por el consejero ciudadano presidente del ITAIPBC, Adrián Alcalá Méndez y con la presencia de Eugenio Monterrey Chepov, presidente de COMAIP, durante el día se abordaron los puntos cruciales que, de ser aprobada en la Cámara de Diputados, la reforma constitucional traerá en cuestión de transparencia y acceso a la información pública. El presidente del órgano que a su vez agrupa a los 33 institutos de transparencia de todo el país refirió que la propuesta fue aprobada en diciembre de 2012 por el Senado de la República y fue turnada al Congreso de la Unión para ser aprobada. De ser así, se deberá expedir una Ley General de Transparencia a partir de la cual se reformarán o expedirán leyes en cada estado y a nivel federal. De esta forma, todas las entidades federativas y la misma federación adecuarán sus leyes bajo los procedimientos, plazos, criterios, información de oficio y garantías. En opinión del también titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, esta reforma contribuiría a que cada órgano se vuelva autónomo e independiente de los poderes que están obligados a vigilar y supervisar. Por ello, afirmó tal autonomía le debía ser dotada desde la reforma al artículo sexto constitucional de julio de 2007. El segundo impacto a considerar, es la posibilidad del ciudadano a impugnar la respuesta o no respuesta recibida por el órgano garante de su entidad ante la federación. De esta forma, ya no se recurriría a la actual opción de amparo. Respecto a las sanciones, aseguró que el debate vislumbrará no solo si cada instituto de transparencia será dotado de la capacidad de sanción para hacerlo de forma directa, ya sea económicamente o mediante una amonestación pública al sujeto obligado incumplido. Sin embargo, se mantiene bajo reserva la posibilidad de que el propio instituto actúe como contralor. “Se debate si esta sanción se debe plasmar a nivel de ley y no remitirlo a través de una ley de responsabilidades”. Ejemplificó la situación en el Estado de México, entidad con la capacidad legal para iniciar procedimientos de responsabilidades en contra de servidores públicos de forma directa. Pero consideró que este litigio no es la mejor opción porque se desvirtúa la naturaleza de los órganos garantes, nos instalan también en una contraloría. Se espera que antes del 30 de abril, fecha en que finaliza el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, se tome una decisión respecto al futuro de la reforma.