Tres historias, tres vidas, tres familias víctimas de la delincuencia en Baja California Sur; tres casos que están lejos de resolverse, ahora son el motor de lo que se conoce como Movimiento por la Paz, y el domingo 17 de febrero, tres familias se manifestaron en el malecón de la Paz contra la violencia. El movimiento lo encabezan los padres de Carlos Vega Andrade, oficial de Policía abatido a balazos el 2 de febrero de 2010 en el fraccionamiento La Fuente; de Jonathan Hernández Ascencio, joven ultimado el 4 de marzo del mismo año en un bar de la zona dorada de La Paz; y de Lisset Soto Salinas, menor desaparecida el 14 de octubre de 2010, en el fraccionamiento Camino Real. Los tres casos tienen algo en común: aseguran que la Procuraduría tiene estancadas las tres averiguaciones. Daniel Hernández, padre de Jonathan Hernández, abogado ultimado en el bar Las Micheladas, señaló que los asesinatos en la entidad se han disparado de manera desmedida, y ya es tiempo que la población exija a sus gobernantes. “Ningún estado inició con mil asesinatos, empezaron con uno, como ciudadanos nos hicimos de que no pasaba nada y mira ahorita, ellos siguen declarando que no pasa nada, que es el estado más seguro del país; no es cierto”, declaró Hernández. A la manifestación se unieron historias de supuestas injusticias por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado que dirige Gamill Arreola Leal. Teresa Matus denunció que su hijo de apenas 23 años, de ocupación pescador, fue levantado por ministeriales cuando se dirigía a realizar compras, acusado de robo con violencia. Asegura que los testigos del hecho afirmaron que los agentes ministeriales traían en la patrulla los artículos robados. “No fue como ellos dijeron, que lo habían encontrado robando dentro de un taller, el muchacho ya tiene desde esa fecha hasta ahora 13 días en el CERESO, no me dicen quién lo está acusando, no me dan una respuesta; me dicen que el delito que el cometió es grave, pero hasta ahí, no me dicen quién lo está acusando, pues”, insistió. Para Teresa y otros ciudadanos, los procesos en la PGJE están estancados. Incluso en el Centro de Readaptación Social de La Paz, es sabido que actualmente, de 700 internos, 230 están en espera de que se les dicte sentencia. Algunos llegan a pasar hasta dos años esperando la resolución de su proceso. El Movimiento por la Paz anunció que cada fin de semana asistirá al malecón de La Paz para crear conciencia ciudadana respecto al estado que guardan éstos y otros casos de evidente violencia y corrupción.
Publicidad
